¿Qué lecciones deja el embate de El Universal contra un grupo representativo de la generación de la transparencia?
Con la alternancia, la corrupción se extendió por todo el país. Ante la indignación de la ciudadanía consciente, las minorías que gobiernan hicieron algunas concesiones –más simbólicas que reales– y hace cinco meses aceptaron que figuras representativas de la sociedad civil entraran en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los ciudadanos pronto se hicieron incómodos y de las entrañas del poder salió una ofensiva para desprestigiarlos. El Universalse prestó para la maniobra y concedió las ocho columnas a un inconforme que denunció “trampas” y “cuotas” del grupo seleccionador. Para rematar la faena, el periódico dio otra nota principal a las declaraciones de un senador del Verde dispuesto a secundar la crítica. La inquina del diario resultaba incomprensible porque enlodaba a plumas que enriquecían sus páginas.
En México una posición ganada rara vez se abandona. Por ello sorprendió que seis columnistas y cuatro organismos civiles con espacios dentro del diario renunciaran sin inventar excusas. Hicieron a un lado la cortesía habitual y pusieron en duda la ética de El Universalque, dijeron, dejó pasar “notas imprecisas, sin sustento fáctico” lo que formaba parte de “un giro en la línea editorial y la disminución en el rigor periodístico”. El diario publicó sus inconformidades pero guardó silencio sobre los motivos tras un embate que deja la impresión de haber sido hecho por alguno de esos poderosos que mangonean al país.
La batalla deja buenas noticias. Una de ellas es que la transición ha ido dejando una reserva de excomisionados y exconsejeros comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. En este caso la figura más representativa es Jacqueline Peschard, presidente del Comité Coordinador del SNA. Académica reconocida, estuvo asociada al IFE de José Woldenberg y fue comisionada presidente del IFAI. Es decir, estuvo en la época dorada de esas instituciones, antes de que fueran atrapadas por las miasmas de la partidocracia.
Además de Jacqueline, renunciaron tres líderes académicos: José Luis Caballero Ochoa que encabeza el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Sergio López Ayllón Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Pedro Salazar Ugarte Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cargos y perfiles individuales evidencian como están metiéndose en la batalla por las libertades algunas instituciones educativas.
También abandonaron el diario líderes de la sociedad civil. Enrique Cárdenas Sánchez del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Edna Jaime Treviño de México Evalúa. Cuatro organizaciones en solidaridad dejaron los espacios que tenían: Alianza por la Salud Alimentaria-Actúa por la Salud, Fundar, GIRE y Oxfam México.
Los protagonistas del rechazo a El Universal representan a la generación de la transparencia que, basándose en los aciertos y errores de generaciones previas, hacen a un lado protagonismos, ideologías o filias para unirse contra la corrupción y la impunidad. En su mayoría jóvenes, están bien educados y saben negociar con el poder preservando su independencia y apoyándose en las transformaciones que, pese a todo, vive México. En este caso aprovecharon el final de los monopolios informativos. Dejan un diario importante pero tienen la posibilidad de incorporarse a empresas periodísticas que basan su éxito en la independencia y el rigor.
Termino la disección mencionando las grandes ausencias. El Comité Editorial de El Universal ha guardado un incomprensible silencio. Los partidos, por el contrario, han sido leales a su esencia: condenan en el discurso la corrupción pero se paralizan cuando les cae esa gota fría que presagia la pérdida de privilegios y canonjías y el fantasma del desempleo. Los organismos públicos encargados de proteger a quienes defienden derechos se ausentaron como siempre.
La guerra contra la corrupción seguirá. Acompañemos a los ciudadanos y organizaciones que desde el SNA están buscando cómo frenar y desenmascarar a los corruptos que, enquistados en el poder, pregonan como chachalacas su falso compromiso con la honestidad.
Ricardo Anaya, el nuevo cómplice de las televisoras
El crimen organizado es arcilla propicia para tallar fantasías. Una bastante nociva es el mito sobre las inmensas fortunas de los grandes capos del narcotráfico.
Cuando el financiamiento del muro de Trump enfrentó resistencias, al senador Ted Cruz se le ocurrió proponer la Ley EL CHAPO (Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order (EL CHAPO) Act). Cruz dio por buena la estimación hecha por la justicia estadounidense de que El Chapo tiene bienes por 14 mil millones de dólares y propuso incautarlos para construir el “muro que dará seguridad a los estadounidenses e impedirá el flujo ilegal de drogas, armas e individuos” que cruzan su frontera sur.
Hay una fascinación mediática con las grandes fortunas criminales. Sobre Meyer Lansky –uno de los grandes arquitectos de la mafia– se decía que tenía el equivalente de mil millones de dólares (mmd) actuales. La revista Forbes incluyó al colombiano Pablo Escobar Gaviria en su lista de potentados durante siete años (de 1987 a 1993) y le asignó tres mmd. Joaquín El Chapo Guzmán estuvo en la misma lista entre 2009 y 2012 con mil md. Los aludidos guardan silencio por cautela o porque disfrutan del reconocimiento público; en Sinaloa, por ejemplo, se puso de moda el número 701, ése era el lugar dado al Chapo en la lista de Forbes.
Las cifras sobre Lansky y Escobar Gaviria son invenciones. En una espléndida biografia sobre el gángster estadounidense, el británico Robert Lacey demostró que la fortuna era un mito inventado por un periodista de Miami; tenía 500 mil dólares. En 2011 el hijo de Escobar Gaviria, Sebastián Marroquín aseguró “Forbes miente” sobre el monto. La justicia en los Estados Unidos tampoco explica cómo calculó los 14 mmd de El Chapo; cuando Ted Cruz lanzó su iniciativa Dolia Estévez publicó en Forbes un texto sobre los 14 mmd y todos los entrevistados expresaron su escepticismo.
Cuando piensen en delincuencia organizada tengan cautela con las cifras. Al incluir al Chapo en su lista, Forbes explicó que calcula las fortunas de los capos con la metodología empleada con los empresarios: entrevistan a “expertos, funcionarios y académicos que tienen los conocimientos para hacer estimaciones”. Es un error porque las empresas legales sí proporcionan evidencia sobre la composición de la fortuna y porque quienes hacen negocios en la clandestinidad carecen de contabilidad y usan prestanombres para ocultar propiedad. Sí, como Javier Duarte.
Los criminales que han hablado sobre dinero coinciden en que ganan y gastan fortunas porque gustan de la ostentación y el lujo y porque la corrupción de funcionarios de todos los niveles cuesta tanto como los elaborados sistemas para protegerse o asesinar a sus enemigos. Cuando son detenidos tienen que pagar honorarios de abogados durante largas temporadas.
Las fantasías tienen consecuencias. La más medible es el riesgo en que se pone a la familia del presunto potentado. El hijo de Escobar Gaviria asegura haber sufrido diez intentos de secuestro de los cazadores de la mítica fortuna. Un efecto más corrosivo es que se convierte a los capos en modelo a ser emulado en un momento de la historia en el cual uno de los principales indicadores de éxito es la acumulación y ostentación de la riqueza.
El otro gran arquitecto de la mafia estadounidense, Charles Lucky Luciano, terminó sus días desterrado en Nápoles, Italia. En el libro donde relata su vida incluye una reveladora anécdota. Un periodista le pregunta si elegiría la misma vida en caso de poder empezar de nuevo. Respondió que “lo haría de manera legal. Aprendí demasiado tarde que se necesita el mismo cerebro para hacer un millón sucio que un millón honesto”. Además, dijo, en esta “época tú puedes obtener una licencia para robar a la gente. Si tuviera la oportunidad de repetir mi vida, me aseguraría de ser el primero en obtener una de esas licencias”. La amarga reflexión tal vez se debía a que en el momento de su muerte en 1962, sólo tenía 16 mil dólares en el Banco Americano de Nápoles.
Lucky Luciano pasó por México en 1946. De haberse quedado y naturalizado mexicano no hubiera necesitado de ninguna licencia. Para hacer fortuna le hubiera bastado con entrar en la política.
En rueda de prensa del sábado primero de abril por la mañana y desde Nogales, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, dijo: “Una foto dice mucho,” haciendo una clara alusión a una imagen que se viralizó por las redes sociales la tarde del viernes 31 de marzo. En esta aparecía retratado un oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) disparando directamente a un hombre con unos niños que huían en el operativo de desalojo de la carretera Hermosillo- Bahía de Kino.
Desde la mañana de ese último viernes de marzo, la carretera numero 100, la que va a Bahía de Kino, fue cerrada por un grupo de manifestantes del poblado Miguel Alemán que demandaba el regreso unos autobuses que eran su principal medio de transporte a la capital y a los que el gobierno estatal les había retirado la concesión para darle preferencia a unos camiones que aunque tenían la misma ruta, no daban el mismo servicio por no tener los viajes suficientes, así como los horarios en la tarde y en la noche.
De acuerdo a la información que dio el Secretario de Seguridad Pública los intentos de negociación entre las autoridades y los manifestantes de la costa duraron siete horas, tiempo que les pareció suficiente para encontrar una solución. Desafortunadamente no llegaron a un punto de coincidencia y eso fue motivo suficiente para que tanto policías municipales como estatales despejaran la rúa con el aval de sus autoridades haciendo uso de armas no letales, como lo fue gas pimienta y balas de goma.
Una foto dice mucho…
Volvemos a repetir lo que dijo el Conito Morales, Secretario de Seguridad Pública: “una foto dice mucho”, porque es verdad, y en eso coincidieron los usuarios de las redes que viralizaron la imagen del policía apuntando con la supuesta pistola de balas de goma. “Una foto dice mucho”, tanto que el Secretario la interpreta de una manera, mientras que el resto de otra.
Para el secretario la foto dice, palabras textuales, que: “los policías no iban armados”. De esa forma explicaba que la única pistola de balas de goma era la que portaba el oficial que aparecía en las fotos y que el resto solamente llevaban escudos y toletes. Por otra parte los usuarios de las redes veían en esa terrible imagen la represión del estado y la clase de gobernantes que se tiene en la entidad, incapaces de dialogar, así como de resolver conflictos.
Buscando justificar el abuso de autoridad, el conito sostiene que se siguieron los protocolos internacionales para disolver conflictos, respetando los derechos humanos. Por este motivo es que para calmar la presión informa que el policía retratado en la imagen viralizada ha sido suspendido de sus funciones y que se la ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador ante representantes de la Comisión de Honor y Justicia, “que es lo que establece nuestro reglamento y la ley respectiva a efecto de que se determine si hubo exceso de uso de fuerza en la actuación”, expresó el funcionario.
De acuerdo a la versión de los hechos del informe oficial, en la liberación de la carretera las fuerzas del orden no portaban armas de fuego, usaron únicamente escudos protectores, toletes, gases y una pistola de goma, siguiendo cuidadosamente los protocolos internacionales. Sin embargo, si revisamos la Pirámide Resistencia-Control, que se usa para ver qué nivel de control se debe usar por parte de las fuerzas públicas, de manera correspondiente al nivel de resistencia que manifiesta la ciudadanía, encontramos que el uso de armas no letales como lo puede ser una pistola de goma, es desproporcionado al nivel de resistencia que se manifestó en la costa de Hermosillo.
La Pirámide Resistencia – Control que se usa en los protocolos internacionales para disolver conflictos maneja siete niveles de control por parte de la autoridad que corresponden a los siete niveles de resistencia ciudadana que debe manifestarse para ser merecedor de una acción por parte de la policía. Los niveles de control van desde la presencia policial en el nivel más inferior, hasta el uso de armas letales cuando existe violencia mortal por parte de la ciudadanía. El uso de armas no letales, como son las pistolas de goma o las tanquetas, se usa cuando los manifestantes utilizan palos o bombas molotov, es decir que existen agresiones activas y el escenario es muy violento. En los videos del desalojo de la carretera que se ven a través de las redes sociales apenas se alcanza a ver resistencia pasiva y tal vez en algunos casos un poco de resistencia defensiva, lo que no amerita el uso de armas no letales o intermedia, la correcta reacción de las autoridades debió haber sido el uso de técnicas suaves de control físico o en algunos casos, con quienes se pusieran en actitud defensiva, el uso de técnicas duras de control físico, es decir encapsulamientos y sometimientos.
Por eso la foto que según el conito “dice mucho”, efectivamente dice mucho, es una muestra de que la policía estatal y el secretario de seguridad pública desconocen los protocolos internacionales para disolver conflictos que respetan derechos humanos o que conociéndolos no los aplican, del mismo modo la imagen confirma lo que ya se había visto en Nogales durante las manifestaciones del No Al Gasolinazo de esa entidad, y es que la política para el manejo de conflictos es la del rápido uso de las armas no letales.
Los motivos de las protestas
Quienes protestaban el viernes 31 de marzo en la carretera no eran únicamente los trabajadores inconformes a quienes les habían quitado la concesión como transportistas, sino también usuarios cotidianos entre los que había mujeres y familias completas, además de estudiantes universitarios del poblado que necesitan este servicio para ir a sus clases. Las 21 concesiones del Servicio Suburbano de Transporte pertenecientes al Poblado Miguel Alemán fueron retiradas por la dirección de transporte desde el 21 de marzo y según Eleuterio Rodriguez, uno de los concesionarios, esto se debe a que se quejaron por las malas condiciones de las calles en la comunidad costera.
Para conocer la importancia que tienen el servicio de transporte suburbano para los habitantes del poblado, es necesario tomar en cuenta algunas de las condiciones que tiene esta comunidad. Esta población rural de la costa de Hermosillo, que bien podría no depender de la capital de Sonora y ser el municipio numero 73 de la entidad, se dedica principalmente a la producción agrícola y es el hogar de los jornaleros agrícolas que trabajan para los productores de la costa. Aislado de Hermosillo, a mitad del camino entre la capital y su balneario, el poblado Miguel Alemán es ignorado por la soberbia hermosillense que no reconoce las necesidades de movilidad de esta comunidad que es parte de su municipio. Por este motivo es que para los habitantes del poblado es tan importante su sistema de transporte suburbano, es el que los mantiene conectado con la ciudad que es encargada de sus servicios, así como donde se puede acceder a una educación superior.
Aparte de el servicio de transporte suburbano del poblado, creado en la administración pasada, está la línea de camiones de la costa de Hermosillo, un sistema más viejo y que no está pensado en las necesidades particulares de los habitantes del poblado, sino que más bien conecta a Hermosillo con Bahía de Kino y pasa por el poblado. El dueño de los camiones de la costa de Hermosillo es el empresario Carlos Rodríguez Freaner, supuestamente cercano a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Por lo anterior es que se maneja que la gobernadora dio la orden de revocar las concesiones del transporte suburbano, para beneficiar así a los camiones de la costa, dándole el monopolio del servicio de transporte y pagando así compromisos hechos con el empresario Rodríguez Freaner.
El pleito entre el PRI y el PAN no justifica el abuso de autoridad
Entre los medios de comunicación y las voces de la opinión pública que son parte del aparato de poder del gobierno del estado, comenzaron a justificar que el supuesto enfrentamiento entre manifestantes y policías fue provocado por panistas que se beneficiaban con las concesiones al servicio de transporte suburbano. De esta manera es que el discurso oficial buscó deslegitimar una autentica protesta social por parte de los habitantes del poblado. El argumento de aquellos que quieren que la opinión pública vea al conflicto cómo un pleito entre el PRI y el PAN, evita que se reconozca la problemática de una sociedad que se encuentra aislada y necesita un gobierno capaz de resolverle la necesidad de estar mejor comunicados.
Por este motivo es que el domingo 3 de abril en el poblado Miguel Alemán sus habitantes marcharon para pedir respeto y dignidad, así como dar a conocer que a pesar de la violencia ejercida en su contra, no les han metido miedo. Los estudiantes universitarios, a quienes agredieron con más fuerza, manifestaron que no quieren ser un próximo Ayotzinapa, pero no por eso dejaran de demandar el transporte público que merecen y a hacer frente a una autoridad estatal que ha demostrado que no le importa desconocer los protocolos internacionales de derechos humanos. La imagen del policía disparando balas de goma a un señor con sus hijos en medio de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino si dice mucho, habla de la represión del gobierno estatal y de una forma de manejar las protestas sociales que se repite una vez más, la de no dialogar y usar el gas y las bolas de goma para silenciar.
Hay tres novedades sobre la guerra contra el crimen organizado: 1) se libra simultáneamente en centenares de frentes; 2) crece la autonomía del ejército que exige una ley y presiona replegándose en algunas entidades; y, 3) hay condiciones para mejorar el trato dado a las víctimas del conflicto.
Hace unos meses, Miguel Ángel Osorio Chong presumía que el gobierno había neutralizado a “cien de los 122 [líderes del crimen organizado] identificados como prioritarios”. Para el titular de Gobernación ello significaba que “todos los carteles habían sido golpeados estructuralmente”. Con este criterio la política de descabezamiento y fragmentación es un éxito.
Cuando inició la guerra hace una década, había nueve organizaciones criminales; en la actualidad sobreviven el Cartel del Pacífico (Sinaloa) y el Cartel Jalisco Nueva Generación que disputan a sangre y fuego el control de diversas plazas. Las otras organizaciones se han atomizado en pequeñas bandas. De acuerdo con Lantia Consultores en enero de 2017 había 249 grupos dedicados al crimen organizado. Por ejemplo, Los Zetas se han escindido en 36 grupos que buscan distinguirse y adoptan nombres convencionales: Hijos del Diablo; descriptivos: Los Negros o enigmáticos: Néctar Lima. La violencia no ha desaparecido; se ha desperdigado afectando amplias regiones.
Ni el Estado mexicano ni Washington parecen tener la estrategia para un escenario de esta naturaleza. Una consecuencia es que los protagonistas están preparándose para guerras irregulares de larga duración. El caso más llamativo es el ejercito que exige certidumbre jurídica (el general secretario Salvador Cienfuegos lo expresó con gran claridad). Como el Congreso tiene a la Ley de Seguridad Interior en la indefinición están presionando con una novedosa política de rifles guardados. En una reunión con la Junta de Coordinación Política de los diputados, Osorio Chong comentó que las fuerzas armadas están replegándose en algunos estados (Claudia Salazar, Reforma, 6 de marzo de 2017). En otra ocasión daré una interpretación sobre la trascendencia e implicaciones de la creciente autonomía de las fuerzas armadas.
La incertidumbre no debe ser motivo para que siga regateándose la atención a las víctimas y la protección a los grupos vulnerables. Las víctimas viven una paradoja: pasaron de la marginalidad a un protagonismo irrelevante. Me explico. Cuando fue imposible ignorar el costo humano, quienes gobiernan crearon instituciones y les asignaron generosos presupuestos. Fuego fatuo. Bien pronto se hizo evidente que sigue imperando la improvisación, las ocurrencias y los golpes de timón. En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto presumió de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. A los dos años puso a un inepto para dirigirla y para 2017 la dejaron sin presupuesto.
Algo similar ocurre con dos gremios amenazados. Para protegerlos crearon en 2012 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que depende de Gobernación. El pasado enero visitó México un relator especial de Naciones Unidas; Michel Forst detectó carencias en el Mecanismo, lo consideró tan útil (“crucial” fue el adjetivo que empleó) que recomendó se garantizara su “presupuesto” y “sustentabilidad financiera”. Nadie explicó al relator que para 2017 el presupuesto del Mecanismo también es de cero pesos (está funcionando con recursos que tenía guardados en un fideicomiso).
Se antoja difícil que en los próximos dos años se hagan ajustes de fondo a la política de seguridad; la clase política anda encandilada con las elecciones de 2018. Pese a ello hay un par de instituciones que no dependen del desenlace electoral de 2018 y pueden hacer bastante por las víctimas. En los próximos días saldrá del taller la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; le cambiaron motor, hojalatería y sistema de dirección. Si se confirma su renacimiento debería hacer mancuerna con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va saliendo de la irrelevancia. Esa alianza podría arrastrar a otras instituciones a dar un trato diferente a las víctimas. Es indispensable que se atienda este ángulo porque si se mantiene el repliegue de las fuerzas armadas crecerá la letalidad de la violencia criminal. La guerra sigue.
Del Congreso depende que la seguridad nacional salga del olvido. Cuando se discuta la Ley de Seguridad Interna deben recordar el trasiego legal e ilegal de armas.
México es cuerno de la abundancia para quienes gustan de las armas. Una consecuencia es la epidemia de muertos y heridos silenciada y minimizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos y por las empresas estadounidenses que abastecen de material bélico a los dos bandos. Los militares y policías lo adquieren legalmente; el crimen organizado de manera clandestina. Se trata de mercados formalmente separados pero con muchas interconexiones entre ellos.
Según el The Washington Post, entre 2012 y 2015, el gobierno de México le compró a los Estados Unidos 3 500 millones de dólares en armamento. John Lindsay-Poland —analista del Comité de Servicios de los Amigos Americanos (cuáqueros)— encontró la evidencia sobre un contrato hasta ahora desconocido. En abril de 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió con Sig Sauer —compañía estadounidense con matriz en Alemania— a adquirir hasta 265 millones de dólares en pistolas, rifles de asalto, y otras armas de fuego. Si se tratara solamente de armas cortas, la Sedena recibiría en los próximos años 400 mil unidades.
Una parte de este arsenal será utilizado por las fuerzas armadas; otra será enviada a corporaciones policíacas de estados y municipios. Los lotes que se entregarán a los gendarmes podrían terminar en manos de los criminales porque México carece de controles adecuados. En otras palabras la Sedena estaría armando a sus enemigos en el campo de batalla.
Hay una dimensión siniestra en el acuerdo Sedena-Sig Sauer. Una parte de las ganancias que obtiene Sig Sauer en México, pudo haberlas utilizado para respaldar política y económicamente a quien nos ha insultado una y otra vez. Esa compañía contribuyó al menos con 100 mil dólares a la campaña del actual presidente de los Estados Unidos y no hay constancia de que Sig Sauer se haya deslindado públicamente de las agresiones que hemos recibido. Tampoco sabemos si la Sedena o Los Pinos les exigieron una aclaración.
Sig Sauer tampoco se ha preocupado demasiado por el contrabando ilegal de sus armas a nuestro país. El sicario que mató en 2010 a Marisela Escobedo, la madre de una joven asesinada que protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, utilizó un arma marca Sig Sauer. Por cierto, un activista alemán de derechos humanos, Jürgen Grässlin, tiene demandada a esa empresa por su responsabilidad en esa y otras muertes de mexicanos inocentes.
Es tan intolerable el costo en vidas como la indolencia de nuestras autoridades: permiten que el país que tolera el abastecimiento ilegal de armas a los criminales luego nos critique por no poder controlarlos. Entiendo las dificultades de cancelar un contrato ya firmado o de imponer controles estrictos sobre el armamento que reciben corporaciones policíacas. Sin embargo, es urgente que el Congreso, en particular el Instituto Belisario Domínguez del Senado pueda revisar la problemática de las armas y los términos del contrato Sedena-Sig Sauer para imponerle algunas condiciones y para explorar la posibilidad de cancelarlo. Es igualmente necesario que algunos legisladores conscientes se involucren en este tema.
Nuestra seguridad requiere de una cirugía mayor y una estrategia integral que dé garantías a las fuerzas armadas y reestructure a las policías teniendo como prioridad la protección de la sociedad. Ante el pasmo presidencial, corresponde al Congreso investigar lo que está sucediendo con las armas, recordando que es una variable fundamental para frenar la sangría y entender aquellas regiones que se encuentran en situación de guerra.
La miscelánea
Entre los muchos pendientes para el Congreso está averiguar quién lleva la política de seguridad con los Estados Unidos. Dolia Estevez difundió primero que el 31 de enero hubo una reunión secreta, en Tapachula, entre Luis Videgaray y los comandos Sur y Norte de los Estados Unidos. El encuentro fue negado por la Secretaría de Relaciones Exteriores pero confirmado por Reuters, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México y el Pentágono. ¿Quiénes asistieron y qué acordaron? ¿También le entregaron la seguridad nacional a Videgaray? ¿Qué les pasa?
Año record: 11 periodistas asesinados.
Mientras se sofistica y propaga el acoso al periodismo independiente, las instituciones estatales se burocratizan y autolimitan.
La Embajada de Suecia organizó la semana pasada una reunión con una muestra representativa de periodistas amenazados de todo el país. Explicaron, ante diplomáticos y funcionarios federales, la precariedad de su existencia y la cortedad de las políticas gubernamentales de protección.
En mi experiencia es más riesgoso opinar ahora que en el México de Gustavo Díaz Ordaz. Se multiplican, sofistican y diversifican las agresiones y el Estado crea instituciones con poca capacidad de respuesta; sin profundidad, profesionalismo y audacia. Tomo como ejemplo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo).
Es indudable que el Mecanismo mejoró en actitud y eficiencia durante la gestión de Sara Irene Herrerías. Progresó, pero le falta. Su nueva titular, Patricia Colchero y el subsecretario Roberto Campa, tienen la oportunidad de erradicar la modorra burocrática y reconocer que tras las amenazas hay patrones en constante renovación. Es el caso con la difamación por Internet, las demandas por daño moral y la parcialidad de los jueces que analizo tomando el caso de Carmen Aristegui y el mío.
En las redes sociales se difama, intimida y prepara el terreno para agresiones mayores. En octubre de 2015 critiqué al entonces gobernador Javier Duarte y es posible que él estuviera tras un texto virulento y difamatorio de Francisco Rodríguez quien me acusó de robarme “250 millones de pesos del presupuesto” del Archivo General de la Nación. Encontré evidencia de una agresión bien estructurada; la presenté al Mecanismo que evadió el asunto. Reconoció la “animadversión” pero no detectó “una intención de causar algún tipo de daño a [mi] vida, libertad y/o integridad”. Fue una opinión carente de investigación. Tampoco lo han hecho con Carmen Aristegui, Denise Dresser y muchos más. Las redes, tan necesarias para la libertad de expresión, son instrumento de los enemigos de la libertad de expresión.
Humberto Moreira me tiene demandado por 10 millones de pesos y Aristegui carga el fardo de cuatro litigios. Las demandas por daño moral están siendo empleadas por políticos o empresarios que buscan castigar, desgastar e inhibir la crítica. Se benefician de que, por consigna o convicción, un sector importante del Poder Judicial aborrece al periodismo independiente. El Mecanismo ignora el carácter sistémico del acoso que sí es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
Es decir, hay formas de agresión ignoradas por el Mecanismo que carece de una visión integral de las amenazas. Está bien que atienda las particularidades de cada asunto, pero se olvida de los patrones que demuestran la existencia de una cultura arraigada de persecución al periodismo independiente. Tampoco ejercen a plenitud la facultad de coordinar otras instancias oficiales (CNDH, CSN y PGR). De hacerlo podrían combatir mejor la difamación, las demandas absurdas y la parcialidad de los jueces. El Estado receta analgésicos pudiendo diagnosticar el cancer y extirpar sus tumores.
Es posible que Campa y Colchero reorienten el andar de un Mecanismo burocratizado y autolimitado. En tanto se deciden, en la embajada sueca sentimos el apoyo de los diplomáticos acreditados en México. Lo complementa el aliento que recibimos día a día de quienes valoran nuestro trabajo y el respaldo constante de organismos como Artículo 19 y Propuesta Cívica.
La libertad de expresión está amenazada. ¿Hasta cuándo se decidirán, el Mecanismo y el Estado, a proteger en serio la libertad de expresión?
La Miscelánea
Estamos indefensos ante una banca ineficiente, voraz y abusiva. Banamex-Citibank tiene nueve meses persiguiendo a una pensionada con discapacidad. Le cobra sus errores y deficiencias porque sabe que la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) es otra dependencia de nombre largo, presupuesto generoso y efectividad magra. ¿Habrá en el Congreso quienes defiendan a la pensionada y a los usuarios del expolio?