NUESTRA APARENTE RENDICION

Clases de rector

 A la memoria de Raquel Tibol, otra vida ejemplar

Sólo vivió 56 años pero ¡cuántas enseñanzas nos heredó Javier Barros Sierra! Aprovecho que este 25 de febrero es el centenario de su nacimiento para recuperar una clase de probidad y otra de equidistancia institucional.

Rescato, para empezar, su pasión por esa juventud que en 2015 padece la violencia, la mediocridad educativa, la corrupción generalizada y un mercado laboral deprimido y explotador. En diciembre de 1967 Barros Sierra –en ese momento era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México– pronunció un discurso condenando a quienes creían que los “únicos tratamientos que a [la juventud] pueden dársele son la represión y la corrupción, sea para neutralizarlos o para utilizarla como instrumento”. Él apostaba por “educarla” y eso incluía la “formación social y política”.

Proponía enseñar con el ejemplo y su vida fue cátedra sobre cómo ser un funcionario probo. Javier Barros Sierra estuvo entre los 18 fundadores de la ahora gigantesca constructora “Ingenieros Civiles y Asociados” (ICA). Cuando Adolfo López Mateos lo invitó en 1958 a ser secretario de Obras Públicas ¡vendió sus acciones de ICA para evitar el inevitable conflicto de interés! Su postura yace olvidada en uno de los trasteros de la transición extraviada. ¿Ejemplos? Las evasivas del presidente de la República, el secretario de Hacienda y el jefe de Gobierno de la ciudad de México a la hora de esclarecer sus nebulosas relaciones con las constructoras. Esperemos que el Congreso vote el Sistema Nacional Anticorrupción, con el espíritu del exrector Barros Sierra.

El Movimiento estudiantil de 1968 fue un encontronazo entre un sistema basado en la obediencia y la violencia y otro que aspiraba –y aún anhela– un México tolerante que se transforma con métodos pacíficos. El 2 de octubre nos marcó tanto porque fue el manotazo presidencial aplastando a los insumisos. La brutalidad del hecho disimuló que en los dos bandos (estudiantil y estatal) había violentos y pacíficos.

Javier Barros Sierra tomó una difícil postura equidistante. Defendió los métodos pacíficos al poner la bandera a media asta y encabezar una marcha de protesta (según Carlos Monsivaís ese día “proclam[ó] al Movimiento del 68 causa legítima de la República”). Tiempo después explicaría, en sus conversaciones con Gastón García Cantú, que “me habían puesto entre dos fuegos: de una parte, el gobierno que me exigía una actitud… de solidaridad activa con la represión [y de la otra los] estudiantes, que querían que yo fuese una especie de vocero de la oposición contra el gobierno”.

Han transcurrido 47 años desde el Movimiento del 68 y Ayotzinapa y sus secuelas nos están diciendo que el país padece tres violencias claramente diferenciadas en origen y consecuencias: la criminal, la estatal y la social. En estos tiempos de incertidumbre e inestabilidad un camino viable y sensato fue propuesto por Barros Sierra quien apostó por una institucionalidad que equilibra lo justo con lo legal. En el 68 el rector de la UNAM jugó un papel que no le correspondía; en 2015 ya hay instituciones diseñadas para este propósito.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estuvo tantos años encabezada por simuladores que olvidamos que se trata de un organismo pensado para mediar entre las múltiples expresiones de la violencia. El 24 de febrero se cumplieron los primeros cien días de Luis Raúl González Pérez como nuevo presidente de la CNDH y, afortunadamente, empieza a dar señales de una mayor disposición a regresarle autonomía a la institución.

Hace unos días el gobierno mexicano pasó la vergüenza de tener que reconocer  en Ginebra, ante la Organización de las Naciones Unidas, que desconoce el número de desaparecidos que hay. Fue el presidente de la CNDH quien aceptó, en un documento de 35 páginas, el hecho y puso en evidencia el desdén del Estado mexicano hacia el terrible costo social que paga el país por una guerra necesaria, pero que en términos del bienestar de los inocentes fue mal concebida y pésimamente implementada.

 Reconocer una omisión no la resuelve pero es el primer paso para atenderla. Eso hizo Javier Barros Sierra como rector, eso esperamos de una CNDH que tal vez se regenere.

 

La miscelánea

El renacer de la CNDH contrasta con el resquebrajamiento de la autoridad moral de un Instituto Nacional Electoral sometido a la voluntad del PRI y del Partido Verde.

 

 

 

A los periodistas la violencia social nos compete

Publicado en Marco Lara Klahr

Esto me sorprendió: «El padrote que no pudo comprar la ley». No tanto por el tema ni por la historia periodística misma, sino por su tratamiento editorial en portada —eso que en el mundillo de las salas de redacción llamamos su «puesta en plana».

La esfinge

A la memoria de mi inolvidable maestro Moisés González Navarro

Quienes gobiernan la capital sostienen un idilio clandestino con las constructoras. Si el Presidente se hizo de una Casa Blanca, ellos se apropiaron del suelo de una urbe. Ese romance defeño está siendo enturbiado por vecinos bien organizados.

La alternancia hizo añicos el centralismo presidencialista pero incrementó la tradicional especulación con tierras urbanas. Por eso es que las ciudades y pueblos mexicanos han crecido de manera desordenada. La izquierda gobierna la capital desde 1997 y es encomiable la atención que ha dado a grupos vulnerables y la ampliación de derechos, aunado a la implementación del sistema de bicicleta compartida, Ecobici.

Es igualmente constatable su envilecimiento cuando justificaron la especulación urbanística con la Norma 26 que arropa la barbarie invocando la construcción de “viviendas de interés social”. Fue tanta y tan evidente la corrupción que Marcelo Ebrard interrumpió una norma que ha dejado cicatrices por toda la ciudad.

Josefina MacGregor, de Suma Urbana, fue entrevistada por Carmen Aristegui  el pasado viernes 6 de febrero. Asegura que 4,000 edificios ilegales se tramitaron como Norma 26 y cada uno de sus departamentos se vendió en un promedio de 5 millones de pesos. Por ese negocio multimillonario no hay un solo sancionado pese a que fueron copartícipes de la rapiña funcionarios de instituciones federales, capitalinas y delegacionales.

No me voy a detener en la denuncia; prefiero celebrar una victoria del interés general. La batalla por la defensa del suelo capitalino la han librado vecinos de toda la ciudad que han perseverado pese a derrotas y soledades. De esas experiencias nació esta curiosa organización: Suma Urbana,queasesora a movimientos vecinales y cabildea a políticos y funcionarios apoyándose en información de muy buena calidad. Sus integrantes han equilibrado las protestas con propuestas basadas en la comprensión de las leyes y las normas, las tranzas y los moches.

Se han convertido en una organización confiable para medios de comunicación, académicos y aquellos funcionarios honestos que todavía tiene la ciudad, como Javier “El Güero” González Garza. Ese conocimiento especializado les permitió frenar, en el verano de 2014, el intento por reciclar la Norma 26 con un nombre diferente. La semana pasada se enfrentaron exitosamente a una guerra relámpago orquestada desde el gobierno central.

El 30 de enero la oficina de Miguel Ángel Mancera envió a la Asamblea Legislativa una nueva versión de la Norma 26. Ricardo Pascoe la calificó como “lo mismo pero más perverso”, porque abría absolutamente todas las colonias del Distrito Federal a la especulación. Es un absurdo que el perredismo vaya denunciando la opacidad peñanietista, pero imite la cultura priista: mantuvieron en secreto el contenido de la normatividad que los asambleístas debían aprobar el 6 de febrero.

Suma Urbana empezó a difundir información entre vecinos y entre quienes tienen la capacidad de decidir. Lograron que la bancada del PAN en la ALDF se pronunciara en contra, al igual que algunos asambleístas del PRD. Una buena noticia es que los principales cuadros de Morena en la capital se pusieron a favor de la petición ciudadana de contar con una política urbanística respetuosa de sus habitantes.

El jueves 5 de febrero la Asamblea reculó y suspendió la sesión extraordinaria en la cual debería aprobarse una legislación irracional. Se impuso el interés general. Se frenó la corrupción. Es una victoria temporal porque sigue la ofensiva contra la capital. Lógico que así sea. Los cambios de uso de suelo son una fuente de ingresos que permite a políticos y funcionarios mejorar sus ingresos, financiar sus carreras políticas o hacerse de ese “guardadito” que les permitirá sobrellevar cualquier tropezón en la incierta política.

En la batalla por el urbanismo defeño el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha adoptado la actitud de la esfinge: está sumido en el mutismo pero deja que continúe la ofensiva hormiga contra el suelo. Tiene preguntas que responder: ¿el haber sido abogado de constructoras ha influido en su laxitud frente a las construcciones irregulares?, ¿está a favor o en contra de la Norma 26?, ¿cuál es su proyecto urbanístico? Ni él, ni el PRD parecen entender que después de la Casa Blanca y Malinalco la relación entre políticos y constructoras se ha convertido en asunto de interés nacional. 

 

 

 

¿Punto final?

 Por la pronta recuperación de Manuel Camacho Solís

Sigue desinflándose el mito del presidente estadista y eficaz. Bien pronto naufraga el intento de Enrique Peña Nieto de poner punto final a la tragedia de Ayotzinapa. El país flota en el firmamento de los imponderables.

Considero innecesario abundar en la archicomentada comparecencia del procurador Jesús Murillo Karam en la cual anunció, el 27 de enero, que el gobierno federal ya tenía la “verdad histórica de los hechos” de Ayotzinapa cuando lo que nos presentó es una verdad jurídica, que se usa para proceder legalmente contra los presuntos responsables.

La falta de rigor de Murillo Karam estuvo determinada por un anuncio hecho por el presidente Peña Nieto una hora antes en otro lugar. En un discurso sobre otro tema, el Presidente decretó que ha llegado la hora de superar el “dolor y [la] tristeza” por la “desaparición de [los] 43 jóvenes”. Después adoptó la entonación propia de quienes van por la vida motivando audiencias para exhortarnos a no “quedarnos… parados, paralizados y estancados”; la patria unida debe “seguir avanzando y caminando”. Puso nudo al argumento anunciando, de pasada, que “a la Procuraduría General de la República, corresponderá determinar con precisión lo ocurrido” con los normalistas.

Peña Nieto decretó el punto final en una alocución sobre educación superior y dedicó 78% de su tiempo a ese tema. Casi al final asignó 311 palabras a Iguala y desde aquel día no ha vuelto a tocar el tema. Es una majadería la escasa prioridad que le concede a un caso que ha sacudido al país y al mundo.

Peña Nieto siguió el mismo guión con la corrupción y los conflictos de interés. El 18 de noviembre y al final de otro discurso pronunciado en Ecatepec, Estado de México, anunció que había “pedido a [su] esposa, que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana, y ante la opinión pública, cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó”.  Para el Presidente con eso basta.

Delegar en otros las explicaciones no le está funcionando como blindaje de su imagen; basta ver su caída en las encuestas de opinión. Queda la percepción de un gobernante timorato que evita el abordaje de los temas incómodos escudándose tras otros, y adoptando aires de grandeza totalmente fuera de lugar hasta para un país con democracia tan mediocre como es el nuestro. Pedirnos que superemos el trauma de Ayotzinapa es olvidar que, como argumenta Tatiana Rincón Covelli, cuando un relato sobre atrocidades ignora a las víctimas no puede ser equiparado a una verdad histórica.

Y las víctimas salieron rápidamente a contradecirlos. A las pocas horas de los discursos los padres y madres de las víctimas respondieron señalando diversas lagunas; entre ellas, la ausencia de una explicación sobre el entorno de corrupción política que hizo posible la desaparición y que es indispensable para el deslinde de responsabilidades individuales e institucionales. Están castigando a algunos, no a “todos los responsables” como nos prometieron.

Por otro lado es infantil querer bajar la cortina una semana antes de que el gobierno de México exhibiera sus carencias en Ginebra, ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y cuando en el escenario están las comisiones de derechos humanos nacional e interamericana (CNDH y CIDH) realizando investigaciones sobre el caso con recursos públicos. En suma, verdades así dictadas, jamás serán acatadas.

Desde una perspectiva más amplia, esos discursos forman parte de un reajuste en la estrategia de seguridad en Michoacán y Guerrero. En el primero, Los Pinos remueven a uno de los leales del Presidente para entregar el manejo de la seguridad al ejército; es el regreso triunfal de las instituciones. En Guerrero intentarán restaurar el orden confiando que Ayotzinapa se desinflará.

Decretar la verdad histórica y reajustar la estrategia de seguridad son disposiciones montadas en un razonamiento demasiado optimista. Vivimos una situación que me recuerda el diagnóstico presentado por Winston Churchill a la Cámara de los Comunes poco después de su reunión con Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin en Yalta (febrero de 1945): “estamos entrando al mundo de los imponderables […] es un error ver demasiado adelante. Sólo es posible manejar un eslabón de la cadena del destino a la vez”.

 

 

 

“¿Ser o no ser?”

“¿Qué es más digno para el espíritu?, sufrir los golpes” de nuestos partidos o tomar “armas contra [los] océanos de calamidades”. Así comienza el Hamlet de Shakespeare, así me siento cuando pienso en el 7 de junio. ¿Votar por el “menos malo”, abstenerse, boicotear, anular? He ahí el dilema.

El 14 de enero el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova nos informó que el multimillonario “financiamiento del estado a los partidos, representa la confianza… que como sociedad les hemos otorgado a estas organizaciones”; en ese mismo acto el consejero Ciro Murayama Rendón les prendió otra varita de incienso al decir que el dinero público “permite a los partidos desempeñarse con total probidad política”. Afortunadamente, sólo 22% de la población adulta piensa como estos consejeros y confía algo o mucho en los partidos (Reforma, 13 de diciembre de 2014).

El otro 76% de la población (los desertores de la institucionalidad democrática que creemos “poco o nada” en los partidos y que no comulgamos con los azucarados spots del INE) deambulamos, como Hamlet, por los laberintos de la indecisión. ¿Qué hacer el primer domingo de junio?

La confusión es natural porque tenemos cinco caminos alternativos: 1) Sacarnos la lotería y tener la certidumbre de que tal aspirante es honesto y eficaz, sea independiente o de partido; 2) abstenerse y desairar con un silencio estoico al INE y a los partidos; 3) lanzar –como propone el poeta Javier Sicilia– un “verdadero boicot electoral” como etapa previa para “rehacer a la nación” por medio de un nuevo constituyente; 4) ir a la urna y anular el voto –con un mensaje o rompiéndolo en pedacitos-- para dejar constancia del rechazo; o, 5) irse a Guerrero a quemar oficinas del INE y corretear a funcionarios electorales. 

Me encantaría tener la opción 1 (encontrar manzanas sanas) pero me temo que en la mayoría de los cargos optaré por la alternativa 4 y anularé mis boletas. Cuando expreso mi intención de anular el voto me llueven los regaños y los chantajes, sobre todo de los “morenos” y las “morenas”: estás ayudando al “régimen de injusticia y desigualdad que nos oprime”, “le estás haciendo el juego al PRI”, “¿para quién trabajas?”.

La afirmación de que el voto nulo favorece al PRI carece de fundamento. No hay estudio que lo demuestre. Uno de los principales conocedores del tema, el profesor del CIDE, José Antonio Crespo, me aclara que hay encuestas de salida de 2009 demostrando que la anulación del voto afectó a todos los partidos en una proporción similar a la intención de voto a su favor. Suena lógico porque el desencanto no reconoce siglas.

Me detengo en esta ocasión en el partido Morena por ser el único que combate abiertamente el boicot, la abstención y la anulación. Ellos quieren que vayamos a las urnas a votar por ellos porque, según insistió su presidente, Martí Batres, durante su prolongado debate con Sicilia en las páginas de Proceso, es una “falsedad que todos los partidos políticos son iguales”. Martí nos dice que Morena es diferente y nos traslada la responsabilidad de creerle pero, ¿puede el observador discernir si Morena es diferente?

Sí y no. Lo es cuando pienso en Martha Pérez Bejarano, la candidata morena a delegada de Álvaro Obregón; la conozco desde hace 25 años y doy fe de su honestidad y eficiencia. La sonrisa se convierte en mueca cuando pienso en el moreno Rabindranath Salazar; él es un senador por Morelos y lo he visto proteger a depredadores urbanos y a funcionarios corruptos.

Ignoro cómo andará el censo de las Marthas y los Rabines al interior de Morena. Creo que ni ellos mismos lo saben. De seguro lo constataremos cuando los veamos gobernar y legislar despuésde las elecciones de junio de 2015; entonces sabremos si pueden limpiar la mugre corruptora o terminarán siendo convencidos de las propiedades medicinales del “moche” y la cuota.

Con todo, felicito a los ciudadanos, líderes políticos y consejeros electorales que creen en los partidos. Bienaventurados sean los que tengan el don de la fe. En mi caso confío en las virtudes de la evidencia y la razón y por ello seguiré militando en la hermandad de los descreídos. Hamlet no pudo resolver el dilema de resignarse o luchar; yo lo he resuelto porque el domingo 7 de junio anularé mis boletas para que sean contabilizadas como un rechazo consciente a los partidos corruptos, ineptos y cínicos; sólo votaré a favor del candidato(a) de mi jurisdicción cuya biografía me convenza.

 

 

 

Ni «juicio», ni «homicida», sino el primer proceso acusatorio del DF

Publicado en Marco Lara Klahr

Esto puede ser útil para el periodismo de hoy o un dato para cápsula del tiempo que permitiría en el futuro conocer una poderosa razón mental por la que va costándonos tan extenuante esfuerzo edificar un sistema de justicia penal eficiente y justo en México.

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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