NUESTRA APARENTE RENDICION

¿País de idiotas?

Los partidos y sus instituciones se la pasan desdeñándonos y maltratándonos y ahora nos convocan a votar como si no pasara nada. ¿Creen qué somos un país de idiotas?

Fui uno de los 54 mil “abajo-firmantes” que pedimos al Senado frenar a Eduardo Medina Mora, el candidato del Presidente para ministro de la Suprema Corte. Salvo excepciones, los senadores vieron con menosprecio la iniciativa y un ex presidente del PAN nos regañó llamándonos “enemigos” de la democracia para luego restregarnos nuestra insignificancia numérica. Es cierto que somos bien pocos frente a los 31.5 millones de votos que recibieron en 2012 los senadores del PRI, el PAN y el Partido Verde.

Dos consideraciones me permitirán ligar lo anterior con la calidad y legitimidad de las elecciones. ¿Cuántos de esos 31.5 millones fueron votos conscientes, cuántos comprados, coaccionados o inducidos con propaganda mentirosa? Las encuestas miden bastante bien lo que una sociedad va pensando. Según Reforma, en diciembre de 2014, 65% de la población confiaba “poco o nada en el Congreso”. Podría argumentarse que los 54 mil firmantes representábamos a 54 millones ciudadanos.

Desconocemos la calidad de nuestras elecciones en parte porque nuestras autoridades electorales (Instituto y Tribunal) están más interesadas en encubrir los fallos que en investigarlos para corregirlos. Uno de sus métodos es fetichizar las instituciones: ellos nunca se equivocan, ellos hablan como si deambularan en olor de santidad. Esta idea se difundió durante la etapa en que fue presidente José Woldenberg; nadie le regatea a aquel IFE el meritorio papel jugado. Los partidos se encargaron de acabar con la autonomía de esa institución y lograron transformarla en instrumento a su servicio, un hecho convenientemente olvidado.

El caso del actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, es paradigmático porque replica la evolución de sus dos predecesores (Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita). Córdova tiene una personalidad mesurada y pulcra, y sus neuronas han sido educadas en el rigor y la disciplina académica. Antes de llegar al cargo podía sacar el bisturí y hacer disecciones de precisión. Rescato algunas frases de columnas que escribió para El Universal en 2011.  

Describía a los partidos políticos como “aparatos de control de clientelas” que se distinguían por lo “pragmático, convenenciero y… cortoplacista”. Eso provocaba que “las elecciones [fueran] meras competencias entre membretes” que disputaban “campaña[s] impactante[s]  mediáticamente, pero generalmente vacía[s]”. Eso era posible porque habíaunas “autoridades electorales debilitadas que no logra[ba]n remontar la crisis de confianza”.

Al igual que Ugalde y Zurita, al momento de ocupar el cargo, Córdova arrumbó el espíritu crítico para transformarse en defensor fiero de la institución. Su drama –que es la tragedia de nuestra democracia– es que se acumula la evidencia de que al INE lo controla el tricolor y el tucán por medio de Marco Antonio Baños y su banda; y con sus fallos el Tribunal Electoral demuestra servir a los mismos amos. Lo más escandaloso es  la impunidad del Verde; si quiere ser tomado en serio, Córdova debería impulsar la cancelación de ese registro. Eso sería respetar la ley y la ética. 

La fatiga democrática también se debe a la desmovilización de una sociedad civil desilusionada. Un ejemplo es la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, un adalid de elecciones libres y confiables. El pasado 16 de enero el presidente de la Coparmex-DF, José Luis Beato, convocó a la prensa para anunciar la campaña #NOVotesporChapulines. Supongo que fue asediado por el club de amigos de las instituciones porque tres meses después, el 16 de marzo, Beato cambió la propuesta inicial por un llamado a votar por "los menos malos". ¿Cuándo presentará el señor Beato los criterios para calificar a “buenos” y “malos”?, ¿con seis puntos se hacen merecedores a nuestro voto?, ¿y qué hacemos si en lugar de “menos malos” hay “puros pésimos”?

Lo habitual es que los senadores nos desdeñen, los partidos sean merolicos insustanciales y los árbitros se concreten a poner las urnas y contar los votos olvidándose de la calidad de los comicios. Me niego a sufragar por los “menos malos”. Iré a la urna a votar por quien me convenza. Las otras papeletas las anularé o romperé como un acto de dignidad y protesta hacia quienes actúan pensando que somos un país de idiotas.

 

 

 

La toma de Cananea, río Sonora y el sindicato

Por:  Leopoldo Santos Ramírez

 

El pasado lunes 16 de marzo, aproximadamente 2 mil habitantes de los siete municipios del río Sonora, y la sección 65 del sindicato nacional minero, tomaron el predio conocido como Los Patos, hacia el este de Cananea.

 

En este lugar Grupo México mantiene las instalaciones de enormes tanques que rebombean el agua que extraen de cuando menos 120 pozos, conduciéndola a los molinos donde se procesa la remolienda de roca para separar los minerales, agua esencial para mantener en operación la mina.

 

Después de más de siete meses del macroderrame que en agosto del año pasado destruyó gran parte de la vida del río Sonora, y con ello barrió la economía de esa región, los pobladores ribereños, pacientes, nobles pero tercos, cansados de ir y venir de Herodes a Pilatos, tratando de resolver sus problemas, decidieron que Germán Larrea debe bajar a las negociaciones en mesas en cada uno de los municipios afectados y acordar, bajo presupuesto cotizado, la reparación del río y las tierras, la dotación de agua potable y la debida atención a los enfermos y las demandas que cada una de las localidades han estado presentando durante esos largos siete meses. Del gobierno federal demandan la cancelación de la concesión de explotación de la mina al Grupo México.

 

Su carta de negociación es la retención del rebombeo, que no tardará en causar efectos en la producción de minerales. La consigna en el mitin posterior a la toma fue que si no hay agua para los pueblos del río, tampoco la habrá para la mina.

 

Con esta acción, prácticamente los ribereños y los mineros están tomando el nervio central de la mina, y con ello repudian las promesas incumplidas y los engaños de los gobiernos federal y estatal y del mismísimo Grupo México. En este punto fue esencial la acción sorpresiva de los mineros, que lograron desalojar a los guardias y granaderos que resguardaban el predio.

 

Lo sucedido con el movimiento de los pueblos y el sindicato en Cananea muestra un aprendizaje mutuo que no es cosa menor en el noroeste mexicano. Por primera vez los ribereños (siete municipios, más los pescadores de la presa El Molinito, cercana a Hermosillo) se pusieron de acuerdo para realizar una acción conjunta, viajando más de 300 kilómetros, superando el ambiente de división e intrigas que los personeros de Germán Larrea habían trabajado en las comunidades. Los ribereños faltos de experiencia en la lucha agraria (salvo los ejidatarios del Bacanuchi, que lograron la expropiación del rancho cinegético que Ronald Reagan tenía en los años 90 allí mismo) empezaron a aprender rápido; jornaleros, ejidatarios, comerciantes, servidores de servicios, se agruparon en el Frente Unido Todos Contra Grupo México. En este acuerdo fueron claves dos factores; los presidentes de los comisariados ejidales que movieron a sus agremiados a acciones más contundentes, y la paciente y efectiva política de la sección 65, que convenció a los sectores involucrados en firmar la denuncia penal contra los crímenes ecológicos del Grupo México y explicar pacientemente cuáles son sus objetivos en la huelga que mantienen ya por siete años.

 

Un río de dignidad

Son las cuatro y media de la mañana cuando Don Apolonio Fimbres le llama al maestro Juan Antonio Pavlovich, quiere saber cuántas personas vendrán por él para ir a Cananea y así saber cuántos burritos y café tiene que preparar con su esposa para ser un buen anfitrión. La amistad entre Don Apolonio y Juan Antonio se forjó en medio de la peor tragedia ambiental en la historia de la minería mexicana. El primero es un hombre de 77 años que como él se describe, es una persona sencilla y de buena salud que tiene una huerta frutal y prepara machaca para vender, ahora se ha convertido en un activista medioambiental que desde Ures, uno de los pueblos afectados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora, ha organizado a los afectados para que con los mineros y otros pobladores afectados tomaran la estación “Los Patos” de la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México el 16 de marzo del 2015. Por su parte, Juan Antonio, Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académico de la Universidad de Sonora, se ha convertido en un activista social en defensa del Río Sonora desde que en octubre del 2014 llegó a la plaza de Ures con otros maestros universitarios a ofrecer su ayuda para que los afectados puedan organizarse en la defensa de sus derechos humanos.

 

La salida de Hermosillo tenía que ser temprano porque era necesario llegar a Ures entre 5:30 AM y 6:00 AM, hora en la que se estimaba que los camiones recogerían a los pobladores que se habían apuntado para ir a tomar la mina con los mineros de la sección 65 del Sindicato Minero Nacional. En cada uno de los pueblos afectados se llenaban dos o un camión de pasajeros y se sumaban carros de tal manera que se fue formando una caravana que parecía un río que subía la Sierra Madre Occidental, un río de dignidad, de rabia, de impotencia. Un río de reclamos que unía a todos los pueblos del Río Sonora y a los mineros de la mina de Cananea.

 

En la casa de la familia Fimbres estaba también Monserat, un incondicional compañero de Don Apolonio que desde las primeras asambleas en la plaza de Ures siempre ha estado presente opinando y escribiendo corridos sobre la tragedia ambiental. Monse, como lo llama Apolonio, es un hombre de edad avanzada, aparentemente tímido pero hábil con las palabras y un humor acido como las aguas contaminadas por la minera.

-Oye Monse – le grita Apolonio que se sienta en el asiento del copiloto – ya viste que traen micrófonos pa que cantes tus corridos en el plantón.

- Canto si tú no te pones nervioso con los federales.

- ¿A poco va a haber des esos que salen en la tele allá con los guachos?

- ¿Pues a poco crees que nos van a dejar entrar así como así?

En el camino Apolonio y Monse hablan de su vida bucólica, de ranchos en la sierra, de paisajes en los que el río se abre camino. La carretera llena de baches, las cuestas empinadas y la misma caravana hacen que el recorrido por la sierra sonorense sea lento y que el paisaje del río herido manifieste un poco de lo que Apolonio y Monse cuentan que veían antes de que ocurriera el derrame.  

 

La llegada a Cananea

Por la entrada a Cananea de la carretera al Río Sonora, la caravana de afectados por el derrame es esperada por  los dirigentes del sindicato minero de la sección 65, que los reciben montados a caballo en un gesto que dice que son iguales a ellos, gentes del pueblo de Sonoro e hijos del mismo río. Los carros de los ribereños  hacen un embotellamiento en la entrada a la ciudad minera. El sindicato minero comienza a tomar la estación de bombeo de “Los Patos” que está en la salida a Agua Prieta.

Días antes se había soltado el rumor de que se tomaría la mina. Los federales mandaron grupos antimotines en cada una de las instalaciones de Buena Vista del Cobre, esperando que los mineros fueran en grupos pequeños a todas las instalaciones. No fue así. Tanto mineros como habitantes del río se concentraron en un solo punto, “Los Patos”. Porque la consigna era: “Si los afectados del Río Sonora no tienen agua la mina tampoco.”

Los primeros en llegar a la estación de bombeo fueron cómo 300 mineros que de inmediato hicieron frente a los granaderos.  Los segundos al verse reducidos en  inferioridad numérica no atacan al contingente y más bien se dedican a resistir lo más que se pueda el ataque. Cuando ven que los primeros 300 mineros eran únicamente la vanguardia y que llegaban camiones llenos de ribereños enfurecidos, los granaderos no tienen de otra más que huir dejando la puerta libre a los más de dos mil manifestantes que se apoderaban de “Los Patos”.

 

La ocupación

En la puerta  de la estación de bombeo de la mina Buena Vista del Cobre se instala un mitin donde tanto mineros y pobladores afectados lanzan discursos de repudio a Grupo México y al Fideicomiso Río Sonora que únicamente intento dividirlos con dinero. Entre los oradores también estuvieron profesores del Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora, así como las personas que casi todos los fines de semana se presentaban en las asambleas en las plazas de los pueblos del Río Sonora.

En cada uno de los discursos se reiteraba la idea de que Grupo México es una empresa que no respeta la vida y que únicamente desea que los pueblos del Río Sonora sean abandonados para continuar con el saqueo del mineral. Sin embargo, el más impactante de los discursos no fue el de ningún líder sindical o el de algún representante de algún pueblo, fue el de Doña Maura una sencilla jornalera que se ganaba la vida recogiendo berros a la orilla del río en San Rafael del municipio de Ures.

Esta mujer, desde la más pura desolación que provoca el abandono en el cual los órganos de gobierno dejaron a los habitantes del Río Sonora en medio del desastre ecológico, habla con toda la dignidad del mundo y explica cómo no le importa perder la vida con tal de luchar porque a Grupo México se le retire la concesión de la mina Buena Vista del Cobre y se haga justicia indemnizando a los más de 22 mil afectados. Así comienza la ocupación de los ribereños y mineros que luchan por sus derechos humanos y por el trato digno que se merecen. Poco a poco las carpas se van instalando y las hogueras se encienden, porque el plan de esta gente es no moverse hasta que Grupo México pierda la concesión de Cananea y que el gobierno les obligue a pagar el daño a cada uno de los afectados por el derrame, incluyendo a los más humildes, a gente como Doña Maura que no merece estar abandonada en medio del desastre ecológico.

 

Son Los Pinos

Estaciono mi indignación para centrarme en comprender el por qué. Mi hipótesis de trabajo es que el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS –soy parte de él– fue orquestado y acordado entre la empresa y Los Pinos.

Sabemos que la negociación entre Carmen y MVS encalló en la negativa de recontratar a Daniel Lizarraga e Irving Huerta. MVS dijo tener “razones suficientes”tras la “pérdida de nuestra confianza” pero nunca las explicitó. Sólo queda, como motivo, el error de los periodistas al usar las siglas MVS cuando anunciaron su participación en MexicoLeaks, una plataforma que protege el anonimato de quienes denuncien la corrupción. Se merecían una amonestación y procedía una rectificación pero es absurda la decisión desde una óptica empresarial.

En los medios de comunicación el prestigio se traduce –generalmente– en mayor flujo de caja. Porque MVS ganaba dinero con la independencia de Carmen y su equipo, resulta incomprensible cesar a dos de los periodistas que sacudieron al país en 2014 con la Casa Blanca. Es como si el Washington Posthubiera atendido las presiones del gobierno de Richard Nixon y despedido en 1973 a Bob Woodward y Carl Bernstein por investigar Watergate.

Las personalidades importan pero en este asunto el epicentro se encuentra en el “periodismo de investigación” un género que hurga en la manera en como se usa el poder. Cuando un periodista o analista mexicano entra en ese terreno se desatan las furias de los poderosos y por eso crece incontenible la lista de periodistas asesinados, amenazados o despedidos por difundir detalles incómodos.

De acuerdo con la investigadora Sinaia Urrusti Frenk, en 2012 había 1556 estaciones de radio. Todos los concesionarios se comprometieron a proporcionar información oportuna, veraz y objetiva. La inmensa mayoría se olvida de la audiencia–sin que Gobernación haga nada– y usa la concesión como arma para negociar con los poderosos más beneficios. El periodismo de investigación es poco frecuentado y el resultado es que se priva al público de una información relevante y de calidad.

Rara vez nos enteramos de lo qué pasa en los cenáculos de los concesionarios. Es paradójico que Joaquín Vargas Guajardo de MVS abriera el cortinaje, en agosto de 2012, y nos permitiera atisbar el flujo de presiones y concesiones. Vargas estaba irritado por el maltrato del gobierno de Felipe Calderón y criticó públicamente la “actuación sesgada de funcionarios públicos, que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa”.

También dio pormenores sobre el despido de Aristegui en febrero de 2011. En el origen estuvo aquel llamado de Carmen a Los Pinos para aclarar el rumor sobre un “supuesto problema de alcoholismo del Presidente”. Según palabras expresas de Vargas, “minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”. Carmen no lo hizo y Vargas la despidió.

La reacción social fue tan fuerte y los cabildeos tan intensos que los Vargas dudaron. Javier Lozano era secretario del Trabajo y con la claridad y elegancia que lo caracteriza le dijo a Vargas: “si recontratas a la periodista, a tu proyecto [empresarial] se lo lleva la chingada”. En el haber de MVS está haber recontratado a Carmen y a su equipo.

Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia como el reformador de México. Múltiples factores han ido obstaculizándolo; uno de ellos fueron las revelaciones sobre su residencia. Se ha endurecido y hay evidencias sobre los intentos de su gobierno por controlar la información incómoda y las voces críticas,  y silenciar los conflictos de interés. Terminaron quebrando la resistencia de los Vargas; según algunas versiones, Eduardo Sánchez Hernández, director de Comunicación Social de Los Pinos, desde el 6 de marzo, jugó un papel central ayudado por sus nexos históricos con MVS.

En México el modelo empresarial de comunicación en radio y televisión es reacio al periodismo de investigación que ayudaría a reavivar un país ahogado por la corrupción y los conflictos de interés. Al eliminar a Carmen y a su equipo del cuadrante han lanzado una advertencia a quienes piensen en hablar claro. Pero en la vida y en la historia una cosa es querer y otra poder. No menosprecio la fuerza de gobernantes y concesionarios; nos quitaron un espacio privilegiado pero pueden estar seguros que seguiremos diciendo lo que pensamos.

 

 

 

Carpetazo a Tlatlaya

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos quiere regresar a la década de los 70’s. La involución es tal, que pretende llevarnos nuevamente a las catacumbas en todo: derechos humanos, libertad de expresión, crisis económica, vacío de gobierno, descomposición del sistema político y por supuesto, en procuración de justicia.

Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia como Luis Echeverría. Para ello, prepara el carpetazo no solamente a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también de la matanza de Estado, el crimen cometido por el Ejército en Tlatlaya.

Han pasado ocho meses y medio y la respuesta del gobierno mexicano ha sido la simulación. Desde el principio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó enmascarar la masacre a través de comunicados y también de tweets como este:

“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”.

Sedena está acostumbrada a mentir. Miente con ese aplomo que solo otorga la impunidad. Y de eso mucho sabe el general Salvador Cienfuegos que sigue al pie de la letra los protocolos militares para proteger a su tropa y elementos de mando por encima de cualquier crimen que hayan cometido por más horrendo que sea. Este es el primer intento de dar carpetazo al caso Tlatalaya.

Estamos cansados de leer los comunicados oficiales que hablan de esos sospechosos “enfrentamientos” donde siempre mueren los “agresores”, los “sicarios”, los “narcos”, los “delincuentes”; pero nunca los militares. ¿Quién puede creer semejantes versiones oficiales que hablan de 30 o 40 delincuentes abatidos y ningún militar muerto, ni lesionado?. Esos, como he dicho reiteradamente, no son enfrentamientos, son matanzas, masacres, crímenes de Estado.

En Tlatlaya, el general Cienfuegos encabezó como de costumbre, el intento de protección hacia los militares asesinos que ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas, pero contó con cómplices muy importantes, principalmente el gobierno federal y luego el gobierno del Estado de México.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas es amigo personal de Peña Nieto, tanto que ofrece escolta a su hijo Diego quien vive con su madre Maritza Díaz Hernández, servicio que debería ser otorgado por el Estado Mayor Presidencial, pero como Angélica Rivera se opone a aceptar al niño en el seno familiar, pues su padre ha preferido discriminarlo y colocarle una mala escolta.

Dicho esto, 20 funcionarios a cargo del gobernador Eruviel Ávila fueron los encubridores directos de los militares delincuentes y los encargados de torturar a los sobrevivientes con el fin de hacerles firmar confesiones y declaraciones falsas.

Ninguno de estos funcionarios como ministerios públicos, peritos y agentes de la policía de investigación, han sido retirados de su cargo, porque según el procurador gozan de “presunción de inocencia”, un beneficio que tuvieron los 22 jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Documentos judiciales señalan  que las autoridades del Estado de México supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen y habían cometido las ejecuciones extrajudiciales. Este es el segundo intento de carpetazo del caso Tlatlaya a manos del gobernador del Estado de México, amigo del señor Peña Nieto.

El tercer intento, lo encabeza nada menos que la Procuraduría General de la República (PGR) que violando todos los acuerdos internacionales e incluso las propias leyes mexicanas, ha reservado durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya. A pesar de que el IFAI le ha dado varios ultimátum, la PGR se los pasa por el arco del triunfo. Finalmente en México se crean instituciones para simular, sin dientes, sin tener capacidad suficiente para ofrecer resultados y esa es la triste realidad del IFAI que poco o nada sirve en estos casos.

Y si la PGR no hace su trabajo, si se ocupa de proteger a los militares asesinos, difícilmente el Estado cumplirá su función de ofrecer acceso a la justicia a las víctimas. Sencillamente el intento de carpetazo tendrá éxito, porque todo está diseñado para permitirlo.

Por lo pronto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha señalado a 53 personas como víctimas; 22 directas y 31 indirectas, incluidas las tres mujeres que sobrevivieron y sus respectivas familias. El comisionado Adrián Franco está a cargo del caso Tlatlaya y ofrecerá la reparación integral del daño con una compensación económica de un millón de pesos en promedio a cada uno de los 15 personas ejecutadas extrajudicialmente de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El pasado reciente nos demuestra que cuando la Marina o el Ejército indemnizan víctimas de sus crímenes que van desde tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, normalmente lo que buscan las Fuerzas Armadas es la impunidad hacia su tropa investigada. En este caso, la CEAV tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la pretendida impunidad.

El cuarto intento de carpetazo del caso Tlatlaya lo ofrece todo el sistema que está hecho para ofrecer todo tipo de garantías de protección a los militares. Nunca en este tipo de crímenes de Estado son enjuiciados los elementos de mando que conducían la tropa acusada de cometer los delitos. Tenientes, coroneles y generales son protegidos hasta el último momento. Y generalmente los que pagan son los soldados. Por eso, los familiares de los soldados detenidos para ser investigados ya han protestado en el movimiento #YoSoy26, argumentando que los soldados “recibieron órdenes” y dando a entender, que fue la obediencia debida la que actúo en este crimen de Estado que aún no tiene puestos de mando sujetos a proceso.

Si el crimen de Estado de Tlatlaya queda en la impunidad, al igual que el crimen de Estado de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto se acerca irremediablemente al abismo, a ese hoyo negro por donde caen lentamente las miles de víctimas que no encuentran justicia en México y por donde caerán también los funcionarios, militares y policías impunes.

Esos 65 jóvenes unidos por las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, unos masacrados, otros desaparecidos, seguirán a Peña Nieto hasta el final de sus días.

 

 

 

 

La contradicción

Columna terminada sin saber a quién seleccionó el Senado para la Suprema Corte

Mientras en Londres Enrique Peña Nieto alababa los derechos humanos, sus operadores empujaban la polémica candidatura de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte y la principal funcionaria de Gobernación en el tema, Lía Limón, se iba como candidata del Verde, un partido que impulsa ¡la pena de muerte!

Casi todos nuestros gobernantes siguen atrapados en una contradicción hecha pública en 1989. Aquel año, Carlos Salinas creó en Gobernación una Dirección General de Derechos Humanos y para dirigirla nombró a Luis Ortiz Monasterio, un funcionario honesto y comprometido (los hay) al que neutralizó rápidamente el titular Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje con linaje de represor. 

Y ahí siguen. Crean burocracias y aprueban leyes y presupuestos creyendo ingenuamente que así devienen en paladines de modernidad. Tenemos uno de los tejidos institucionales más grandes del mundo, y tal vez el más inútil. Entre 2009 y 2013 doce organismos públicos federales dedicados a los derechos humanos se repartieron 28 mil 553 millones de pesos, y en esos mismos años casi se duplican las críticas de la ONU a México en sus Exámenes Periódicos Universales. La última reprimenda internacional se las dio Juan Méndez, relator de la ONU, quien asegura que la tortura es una práctica generalizada.

Ha habido, hay, algunos funcionarios comprometidos. Pienso en Jorge Carpizo, primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, en dos años seis meses en el cargo, empujó el tema en serio. Para premiarlo, o para librarse de él, Carlos Salinas se lo llevó de procurador en 1993 y de secretario de Gobernación en 1994. El golpe a la autonomía de la CNDH fue brutal; ahí inició su trote hacia la intrascendencia llevándose con ella a casi todos los organismos públicos de ese tema. Espero que la nueva CNDH revierta el proceso y saque a estas burocracias de su irrelevancia. Entretanto, horroricémonos con el festín de incongruencias.

El caso de Eduardo Medina Mora es sintomático. Me detengo –por conocerlo en detalle– en una de sus manchas más importantes. Cuando era procurador fue informado por el gobierno estadounidense de los infames programas de contrabando controlado de armas a México. Era legítimo que buscaran conocer las rutas del contrabando, pero su método fue atroz: se enterarían cuando se recuperaran las armas en las escenas del crimen. Fuimos sus conejillos de indias porque con esas armas se ejecutó a bandidos y se asesinó a inocentes (por ejemplo, los jóvenes de Villas de Salvárcar).

Rápido y Furioso (y quienes lo precedieron) también es infame porque desde que fue interrumpido en diciembre de 2010, por la muerte de un oficial estadounidense, ninguna autoridad mexicana ha esclarecido las responsabilidades. Y así vemos al presidente llenar sus discursos de los derechos humanos mientras propone a Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. En el trasfondo está, insisto, la insensibilidad hacia millones de víctimas mexicanas. Esa falta de empatía con quienes ven sus derechos violados es lo que facilitó a Lía Limón a dar el salto mortal de funcionaria de Gobernación encargada del tema a candidata del Verde, un partido canalla.

Jesús Murillo Karam es un caso intermedio. Desde la perspectiva de las víctimas fue un buen procurador porque, entre otras medidas, incorporó a su equipo a funcionarios con un nivel de compromiso bastante superior a la media. En concreto, pienso, en Eliana García, encargada de la subsecretaria de Derechos Humanos, y Laura Borbolla, fiscal responsable de atender a los periodistas. Pese a esa mayor sensibilidad Murillo Karam naufragó cuando enfrentó la horrenda tragedia de Ayotzinapa. Entender a los damnificados de la violencia requiere algo más que discursos.

Al país le conviene que nuestra clase política salga de esa contradicción y se tome en serio el respeto a la dignidad humana. Una forma, brutal pero efectiva, sería un programa para que convivan durante 24 horas con un grupo de víctimas para escucharlas y entenderlas. A lo mejor y se desencadena una que otra metamorfosis.

           

La miscelánea

El Instituto Nacional Electoral (INE) debería aprovechar el insólito consenso al interior del círculo rojo e iniciar los procedimientos para quitar el registro al Partido Verde. El INE recuperaría una parte de su credibilidad maltrecha. ¿Se atreverán o dejarán que siga funcionando ese foco permanente de corrupción?

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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