NUESTRA APARENTE RENDICION

La capitulación

 A la memoria de Don Salvador Nava.

 

Las leyes secundarias de telecomunicaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto son un retroceso grosero de algunos logros democráticos.

Van tres ejemplos: 1) vuelven a ponerle cadenas al usuario de telefonía celular porque liberan a las telefónicas de la obligación de desbloquear gratuitamente los celulares después de pagado el equipo; 2) se menosprecia y castiga de diversas maneras a medios públicos, comunitarios e indígenas, y 3) se le regresa a la Secretaría de Gobernación la regulación de los “contenidos” de las transmisiones. Reviso en más detalle este último aspecto.

Con la regulación de los contenidos el Estado salvaguarda los “derechos de las audiencias” que incluyen en primer lugar, el compromiso que adquieren los concesionarios de proporcionar en sus barras informativas información veraz, objetiva y oportuna; segundo, limitan la cantidad de publicidad que puede ser incluida durante cada hora; y tercero,  protege a la infancia de programación considerada nociva.

Lo que tenemos ahora es tóxico para una democracia de calidad: 1) por conveniencia o miedo un buen número de medios dan trato de privilegio en sus noticieros a la versión oficial; 2) las pantallas son claraboyas de las cuales salen torrentes de anuncios que nadie mide; y 3) un buen número de programas se arman sobre revolcando la dignidad de los participantes.

La Secretaría de Gobernación siempre ha tenido la capacidad legal para vigilar y sancionar a los medios electrónicos. En lugar de monitorearlos en el Palacio de Cobián se han escrito páginas gloriosas de ineficacia y vasallaje ante aquellos medios cómplices. Por ello es que fue tan bien recibida la reforma constitucional que otorgaba la regulación de contenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); organismo que nos ha dado la grata sorpresa de acreditar su autonomía en diferentes momentos y, sobre todo, al declarar como empresas predominantes a Televisa y a Telmex. Otorgarle vigilancia de los contenidos es técnicamente viable porque el Ifetel puede llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Elecciones (INE antes IFE), la dependencia que tiene equipos y experiencia en el monitoreo de contenido de los medios.

La iniciativa de Peña Nieto es un retroceso porque regresa la regulación de lo que se ve a la Secretaría de Gobernación. Es un intento de reconstruir un presidencialismo y unas complicidades caducas que tienen un agravante: Gobernación ha ido acumulando tantas tareas que ya muestra los síntomas de la fatiga causada por la obesidad. Si Gobernación no ha logrado hacer que funcione el minúsculo “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, ¿quieren que les creamos que querrán y podrán defender a las audiencias frente a las televisoras? ¡Por favor!

Peña Nieto desea inscribir su nombre en la historia como el presidente capaz de reformar al país y algunos de sus fans lo adulan llamándolo “presidente estadista” (es el caso del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila). Para ganarse el calificativo tendrá que satisfacer la sed de cambios anhelados por la mayor parte de la sociedad mexicana.

Con estas propuestas de leyes, Peña Nieto replica la añeja historia de los gobernantes que boicotean su propio proyecto. Vicente Fox quedó aplastado por su vanidosa frivolidad y la desbocada ambición de su señora esposa; Felipe Calderón se ahogó en su mediocridad como comandante en jefe y en las penumbras de un espíritu vengativo y atormentado.

Enrique Peña Nieto está dejándose llevar por el lado oscuro del estilo político

mexiquense. Quiere cambios y un Estado eficaz, pero su cultura y el pago de deudas políticas le impide dar una calidad homogénea a su equipo, combatir en serio a la corrupción que destruye la ética pública y enfrentarse a los poderes fácticos para beneficiar a la sociedad. Esas propuestas de leyes son una capitulación incondicional. En la regulación de contenidos no se comporta como estadista sino como consejero delegado de las televisoras.

Por lo anterior –y aunque se enoje el senador Javier Lozano–me he sumado al Frente por la Comunicación Democrática. 

 

La miscelánea

El gobierno mexiquense alimenta las tensiones sociales. En Coyotepec los defensores del agua siguen siendo hostigados. En Nicolás Romero la agrupación Antorcha Campesina, ¡escoltada por la policía estatal!, se lanza contra integrantes de Alianza Única del Valle. ¿Qué le pasa al PRI de Peña Nieto?

 

 

 

Justicia transicional para el desmantelamiento del régimen de prohibición de drogas

La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y de extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Sin embargo, fue luego del aumento masivo de asesinatos y violaciones a los derechos humanos producidos por la Guerra contra las drogas en México, diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su despenalización y la instrumentación de políticas de reducción de daño, y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos como el reclamo de juicio al ex presidente de México Felipe Calderón ante la Corte  Internacional de Justicia. Estas estrategias han probado tener alcances muy limitados, debido a que no hay una articulación política entre ambas propuestas y porque la reforma de políticas contra las drogas son mejor recibidas e instrumentadas cuando provienen de países consumidores. Los magros resultado se pueden explicar también por la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia nacional al procesar casos de violación a los derechos humanos en que participaron agentes del Estado y la incapacidad de los defensores de los derechos humanos por incorporar la defensa de la dignidad humana de quienes no fueron violentados, más que indirectamente, por el Estado. Por eso, como principal recomendación que se desprende de mis investigaciones sobre historia de la drogas y el narcotráfico propongo que  se creen instrumentos analíticos y de movilización social similares a los propuestos por la literatura sobre justicia transicional durante el siglo XX. Estos instrumentos deberán incluir 1) comisiones de la verdad que evalúen los daños  de las guerras contra las drogas desde el establecimiento del régimen global de prohibición de drogas a principios del siglo XX hasta nuestros días y que propongan mecanismo de reparación de los daños, y 2) la creación de contenido educativo para el uso responsable de drogas que acompañen las políticas de reducción de daños y el avance del desmantelamiento del régimen global de prohibición de ciertas drogas.

 

La «mala suerte» del 'Noroeste'… y los sinaloenses

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Para Adrián, con mi mayor solidaridad y afecto

De 2012 a la fecha, documenta la World Association of Newspapers and News Publishers, han sido denunciados penalmente 60 actos delictivos contra personal del Noroeste, sin contar amenazas constantes, incluidas las que siguieron a la cobertura de la detención de Joaquín Guzmán Loera, en Mazatlán, a mediados de febrero [2014].

Es el contexto en el que ocurre la agresión contra Adrián López Ortiz, director general de ese prestigiado diario sinaloense, el miércoles [abril 2, 2014], en Culiacán ―lo cual puede constatarse en «Noroeste bajo ataque», recopilación escalofriante disponible en línea.

Todo lo que ha seguido al ataque contra Adrián, quien fue robado y herido a balazos de madrugada, es la misma torpeza gubernamental que ya conocemos y no hace más que enviar un clarísimo mensaje a quien piense en atacar a un periodista o un medio de noticias: «Tus probabilidades de impunidad son altísimas, actúa».

Como principal responsable político de lo que sucede en Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez ha sido, por supuesto, el gran protagonista de la gran farsa mediática.

Imaginemos: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2013, del INEGI, casi el 80 por ciento de los sinaloenses mayores de 18 años se percibe inseguro, en niveles semejantes a los de Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal.

No es, por cierto, una percepción infundada: en el periodo de medición de dicha encuesta, casi un tercio de los habitantes de ese estado del noroeste mexicano sufrió al menos un delito y casi la mitad de todos esos delitos fueron cometidos con arma de fuego, produciéndose una de las tasas de homicidio doloso más altas del país [48 por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional].

¿Y cuántos de esos delitos fueron denunciados ante la instancia competente? Menos del 10 por ciento. ¿Por qué? Porque las víctimas prefirieron no denunciarlos al percibir ineptitud, burocratismo, corrupción o colusión criminal de la policía, el ministerio público y los jueces. Y de los delitos denunciados, ¿cuántos de sus autores fueron llevados ante un juez, procesados y condenados penalmente? Menos del 2 por ciento ―todo lo cual, repito, está contenido en la encuesta del INEGI citada.

No obstante esta sobrecogedora realidad, que denota un estado crítico de inseguridad permanente y la parálisis estructural del sistema sinaloense de justicia penal, el gobernador López Valdez, denigrando su propia investidura, se erigió instantáneamente en fiscal y juez, y a las pocas horas del ataque contra Adrián, emitió su primer veredicto: el atentado no tiene relación con la línea editorial del Noroeste, añadiendo un toquecito de misterio: «Ya hay detenidos».

Haciéndole segunda, al día siguiente [abril 4, 2014] el procurador general de Justicia Marco Antonio Higuera Gómez hizo pública la identidad de tres jóvenes detenidos y tres prófugos a los que responsabilizó del asalto al periodista. Insultando su investidura de fiscal y suplantando igual que el gobernador al Poder Judicial, se erigió en juez de facto para declarar responsables a esas personas y desechar el móvil relacionado con el trabajo del Noroeste o la propia víctima.

Por supuesto, el procurador sinaloense se basó, como él mismo lo dijo, en las declaraciones de las personas detenidas, algo predecible en una institución donde, ante la incapacidad de investigar científicamente, las acusaciones se sostienen en declaraciones ministeriales autoincriminatorias o de supuestos testigos, y no mucho más.

Al final, en una redición del «Lástima Margarito», el gobernador López Valdez remachó: Adrián tuvo «mala suerte», o sea, el asalto en su contra nada tiene de atentado contra la libertad de expresión. Es todo. Vaya. ¿Y el Poder Judicial? No cuenta, porque sentencia condenatoria ya hay, de facto.

El Noroeste es, en mi experiencia, uno de los pocos diarios mexicanos verdaderamente profesionalizados. Me consta que posee no solo una de las más robustas estructuras de procesos editoriales que hay en el país, sino que el liderazgo del propio Adrián y otros experimentados periodistas en sus redacciones de Mazatlán y Culiacán lo han llevado a distinguirse por sus estándares deontológicos y también su política laboral.

El ataque a Adrián, cuyo móvil ―en virtud de la incompetencia institucional― probablemente nunca conoceremos con veracidad, no es un dato menor; muestra una vez más que los periodistas estamos en todo caso realmente vulnerables, en gran medida porque los actores políticos y procesales del sistema penal incumplen sus responsabilidades y se suplantan mutuamente para regular el timming mediático, incentivando sin duda nuevos ataques. «Mala suerte», Adrián; «mala suerte», sinaloenses. Lo lamento.

marcolaraklahr.mx

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Un optimista

Hay tantas carencias que lo habitual es quedarse en lo podrido, aunque a veces se tape lo luminoso. Va una columna (razonablemente) optimista.

En la Tierra viven más de 7 mil millones de personas organizados en 244 entidades profundamente diversas (la mayoría son Estados), sus similitudes radican en que todas tienen una relación entre gobernantes y gobernados. En torno a esta relación crece por doquier el convencimiento de que para atacar los problemas de raíz la ciudadanía debe participar en los asuntos públicos.

Tengo medio siglo pensando el cambio y todavía me abruma lo gelatinoso del concepto y la dificultad de encapsularlo en uno de esos recetarios de plática motivacional. Aun así, y con la cautela del caso, puedo asegurar que nuestro país reúne las condiciones para un aumento en la participación ciudadana en beneficio de las mayorías. ¿Cómo lograr ese incremento?

En Brighton, Inglaterra tiene su sede el Development Research Centre que coordinó una investigación hecha por 60 expertos que estudiaron, en 30 países, 150 casos de involucramiento social a favor del cambio en alguna política pública de beneficio general (Blurring the boundaries, www.drc-citizenship.org).  Es un texto que presenta de manera sintética las complejas relaciones que se establecen entre Estado y sociedad y detecta patrones de fracasos y éxitos. Entre los factores que menciona está la presión internacional para que los Estados abran los espacios al involucramiento ciudadano o el papel estratégico de medios e intelectuales.

Me detengo, para profundizar, en una frase de ese texto. Las transformaciones se dan cuando “hay una conexión entre los campeones del cambio en el Estado y la sociedad”. La renovación positiva (también la hay negativa y se expresa en la corrupción) se alimenta de una empatía creadora entre activistas y funcionarios. Esta fórmula tan sencilla se enfrenta a gigantescos y diversos obstáculos. Uno es el peso de los estereotipos. Es frecuente que el ciudadano indignado categorice a todos los funcionarios como ineptos, corruptos o ilegítimos. Son correspondidos porque un buen número de políticos ven a los ciudadanos autónomos con las tonalidades que desprende la bilis. En condiciones de tanto encono se hace imposible un diálogo de calidad.

Suponiendo que la relación se dé, los organismos civiles generalmente enfrentan dos tipos extremos de funcionarios: los que valoran su trabajo y los que quieren domarlos, controlarlos o destruirlos. Los funcionarios ilustrados generalmente tienen antecedentes o nexos con la academia y el activismo, y, por lo general, se sienten incómodos con la corrupción sistémica de la política mexicana. Entienden a quienes protestan, los respetan, tienen conciencia histórica de modo que escuchan y atienden, hasta donde pueden, los deseos de la sociedad.

Los autoritarios creen que los cargos y presupuestos les pertenecen, y por ello desconfían de la sociedad, la desdeñan y la tratan como simple objeto. En consecuencia, se sienten muy incómodos cuando se les solicita una explicación o se les exige atender un problema. Ignoran, recelan y descalifican a los peticionarios, atribuyéndoles intenciones ocultas. Frente a ellos, hay que estar preparado para las evasivas, las negativas, las desgastantes esperas y los intentos de comprar la conciencia de los solicitantes. Es difícil llegar a algún acuerdo con personajes de este perfil.

Pese a estos problemas siguen multiplicándose en México los ejemplos de interacción exitosa: las autodefensas en Michoacán, los vecinos que enfrentan al urbanismo salvaje, la madre que defiende a sus hijos haciendo antesala con el juez para usar la “audiencia de oídas”, es decir, la entrevista.

La democracia no es una pradera llena de flores. Es un espacio de forcejeos y confrontaciones que a veces desembocan en alianzas para atacar un problema de raíz. Para cambiar se requiere que la ciudadanía dialogue y establezca acuerdos con quienes, desde el interior del Estado, se inclinan a favor del cambio. Por supuesto que no es fácil, pero tampoco imposible. 

 

La miscelánea

Se acerca la pausa de la Semana Santa y el espíritu también clama por su dosis de sol y oxígeno. Recomiendo un libro apropiado para esos días: El evangelio social del obispo Raúl Vera de Bernardo Barranco Villafán (Grijalbo). Es un texto de esclarecedoras conversaciones entre un experto mexicano en religión y un obispo que tomó la opción preferencial de los pobres. 

 

 

 

Buscaglia y Garzón ven riesgo en autodefensas de Michoacán

Los expertos en seguridad y justicia, advirtieron del peligro y riesgo que representa no sólo para Michoacán sino para el país, dejar crecer el fenómeno de las autodefensas.

El investigador, Edgardo Buscaglia, opinó que la creación de las autodefensas en el país no funcionara como ocurrió en Colombia. Por el contrario, advirtió un escenario adverso y de riesgo para México.

Los grupos de autodefensa de Michoacán no son tan auténticos como los de Guerrero.

"No son genuinos, no son grupos que surgieron a través de un voto popular o de usos y costumbres como en Guerrero , entonces sepan distinguir a los ángeles y sepan distinguir a los demonios y separen a los dos, de lo contrario México va a terminar como Colombia" Ejemplificó 

Por su parte el juez español, Baltazar Garzón, también advirtió que el movimiento civil armado, no es el mejor camino para combatir la inseguridad y violencia generada principalmente por la delincuencia organizada.

Señaló que la seguridad pública, debe ser otorgada ´por el  Estado Mexicano, y los ciudadanos no tienen por qué armarse para defenderse, no es su competencia.

"El fenómeno de las autodefensas no es un buen camino para conseguir la seguridad en una ciudad, estado y país; las experiencias propias de otros países no han sido buenas aunque y hay buena voluntad de quienes promueven ese movimiento, acaban mal." Precisó 


Ambos estudiosos de la seguridad y justicia, coincidieron en señalar que el actual escenario que enfrenta Michoacán, sin duda representa un delicado riesgo para México.

Tanto Buscaglia como Garzón acudieron este fin de semana a un Foro de Seguridad organizado por la corriente perredista que encabeza René Bejarano.

 

Tuiteada masiva por el derecho a la información independiente en Sonora

Ciudadanos hermosillenses en apoyo a la Radio Ciudadana 97.7 FM, cuyas transmisiones fueran interrumpidas el pasado martes por IFETEL y la policía federal, lanzaron un llamado a las autoridades a que respeten el derecho a la libre expresión tal como lo contempla la Constitución Mexicana.

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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