NUESTRA APARENTE RENDICION

El México bronco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un duro informe sobre la tragedia en Iguala. Para aquilatarlo hay que revisar el contexto.

En 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó operativos que provocaron violaciones masivas de derechos humanos y la muerte de 44 inocentes en Tlatelolco (utilizo la cifra de Kate Doyle y Jacinto Rodríguez Munguía). Era el monarca de un Estado fuerte que controlaba a casi toda la sociedad con mano de hierro; entonces no había instituciones que ampararan víctimas.

Después del 68 vino una apertura que Jesús Reyes Heroles justificó con dos frases que formarían parte del lenguaje político cotidiano. Para evitar al “México bronco” el priismo debía crear instituciones que frenaran los abusos porque “lo que resiste, apoya”. El político veracruzano fue celebrado y citado una y otra vez; pero rápidamente fue desechado.

Hace 25 años nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al principio señaló los errores, omisiones y excesos de los gobernantes. Los partidos pronto la castraron echándole talegas de presupuesto y poniéndole presidentes grises y timoratos. Se convirtió en una costosa burocracia, utilizada para cultivar clientelas y complicidades (algunos senadores fueron muy favorecidos). Durante muchos años fue un ostentoso florero que se ponía en los presídiums para pregonar el falso compromiso del Estado con los derechos humanos.

La tragedia en Iguala –septiembre de 2014– desnudó la simulación y pudimos ver a un Estado débil, un presidente ausente e instituciones, como la CNDH, incapaces de atender a las víctimas. Raúl Plascencia andaba haciendo campaña para su reelección pero ni por eso fue a dialogar con los padres de las víctimas de Ayotzinapa que reaccionaron negándose a recibir a los visitadores de la CNDH. Perdió el cargo y los senadores entendieron que debía cambiarse el perfil del ombudsman nacional.

El 13 de noviembre de 2014 fue elegido Luis Raúl González Pérez y los senadores le pidieron que se reuniera a la brevedad posible con los padres de los normalistas (lo hizo en febrero de 2015). Un día antes el ejecutivo había firmado un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que enviaran a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Grupo) que recorre México desde hace meses. Con Luis Raúl y el Grupo buscaban la credibilidad perdida.

Este 23 de julio, el ombudsman lanzó una señal de autonomía al presentar un duro informe montado sobre la tesis de que Iguala es “el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos […] de cuantos haya memoria reciente en este país.” Es un documento con algunas omisiones (es preliminar) pero entre sus méritos está tirar la “verdad histórica” presentada en enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El informe desnuda el patrón de incompetencias y descuidos del Estado mexicano. La CNDH señala los errores y asigna tareas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades estatales y municipales de Guerrero. También recuerda que en seguridad hay desigualdad; salvo los mexicanos cuidados por Guardias Presidenciales o por mercenarios importados de Israel, la población está a merced de una delincuencia cruel y de un gobierno débil e inepto.

El 1º de septiembre Enrique Peña Nieto presenta su Informe y a los pocos días hará los mismo el Grupo (el texto final de la CNDH no tiene fecha). Es indispensable que el ombudsman y el Grupo concilien sus investigaciones para evitar el desperdicio de recursos, talento e información. Son evidentes las ventajas del trabajo coordinado. La CNDH tiene competencia para entrevistar a los militares que estuvieron en los municipios de Iguala y Cocula durante la tragedia, y el Grupo tiene más libertad para ir hasta el fondo en el delicado tema de la manera como los funcionarios y los políticos de todos los niveles subrogaron el monopolio en el uso de la fuerza a grupos criminales. Habría otras áreas  de complementariedad.

El trabajo combinado de la CNDH y el Grupo permitiría tener una visión más profunda y creíble sobre lo ocurrido. El “México bronco” ya despertó y anda causando destrozos por todo el territorio; la sociedad necesita que la CNDH y el Grupo diagnostiquen lo sucedido en Iguala y deriven propuestas de validez general. Seguramente se enojarán y repelarán quienes gobiernan. Hay que recordarles que “lo que resiste, apoya”.

 

 

 

Cués y Toledos

Gabino Cué es arquetipo de los gobernantes que traicionaron sus promesas; Francisco Toledo es ejemplo de compromiso ciudadano. Esto sucede en Oaxaca, pero podría ser en casi cualquier ciudad mexicana.

En 2010 la mayoría de los oaxaqueños se embriagaron de “gabinomanía” convencidos por una coalición de partidos —PAN, PRD, Convergencia y PT— y organismos ciudadanos. Gabino ganó la gubernatura y parecía que Oaxaca se convertiría en cornucopia de transformaciones tan apetitosas como su gastronomía. "Oaxaca ya tiene otro rostro”, presumió Cué el día de la victoria, para luego hacer una promesa: “voy a aplicar la ley”.

El pasado jueves 16 de julio, Cué escuchó en la capital los reclamos por su capitulación frente a la poderosa Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En respuesta a una diputada se interroga a sí mismo: “Qué hace el gobernador de Oaxaca cuando llegan mil maestros a tomar una instalación”, y luego se explica: “yo, diputada, necesito cuando menos 3 mil elementos para desbloquear eso”, lo cual es imposible porque es el total de la policía estatal. 

  Gabino Cué sufre de amnesia ética. La capital de Oaxaca está llena de las heridas y cicatrices causadas por el urbanismo salvaje. Iniciaba 2014, cuando el secretario de Turismo, José Zorrilla, anunció que se preparaba el proyecto de un Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, principal pulmón verde de la ciudad y un espacio de enorme simbolismo histórico y cultural. 

Once meses después, en noviembre, Zorrilla tuvo que excusarse de seguir participando por estar inmerso en un conflicto de interés; es copropietario del Hotel Victoria, vecino del Centro de Convenciones y, por tanto, beneficiario directo de esta construcción de 600 millones de pesos de recursos públicos. Una vez más, se repite la historia del funcionario agraciado, como por arte de magia, por la obra pública.

Gabino minimizó el hecho diciendo que Zorrilla es socio pero no dueño. Si no hay problema ¿por qué se excusó de participar?, ¿cuántas acciones tiene?, ¿quiénes son los otros socios? Lo único que sabemos es que Zorrilla sigue en el cargo y que es tan cercano a Cué que el día de las elecciones en el 2010 Gabino instaló su cuartel general en el Hotel Victoria.

Con esa actitud el gobernador se convierte en cómplice de cualquier irregularidad y en presunto beneficiario de las posibles ganancias. Al paso que va, pronto veremos aparecer en pantalla a Cué, muy serio diciendo que “Gabino y el Verde sí cumplen”.

El ataque al Cerro del Fortín provocó una revuelta ciudadana que tiene como principal promotor a Francisco Toledo, un artista juchiteco de 75 años que sigue poniendo recursos, prestigio y tiempo a causas de beneficio general. El Frente en Defensa del Fortín hace peticiones justas al gobierno estatal: diálogo serio con la ciudadanía, respeto a la legalidad y el medio ambiente, transparencia y honestidad.

Visité Oaxaca y me quedé con la impresión de que la defensa del Cerro del Fortín tiene buenas posibilidades de éxito. Su argumentación es sólida, su crítica certera y sus peticiones sensatas. Por ahora, el proyecto ya entró al grueso catálogo de conflictos de interés. 

El proceder de Toledo trae a colación, una vez más, el asunto de la participación ciudadana bajo la premisa, verificable, que cuando el involucramiento es positivo beneficia a la democracia. En México se participa poco y por eso mismo se espera que aquellos con conciencia, tribuna o reconocimiento donen parte de su tiempo o recursos al interés general.

Es indispensable y urgente un mayor involucramiento porque el país vive un estado de emergencia. En las décadas que llevo estudiando nuestro sistema político jamás había visto tan debilitado y desorientado al Estado mexicano. Es un actor vapuleado y zarandeado por los poderes fácticos entre los cuales destaca por supuesto, aunque no solamente, la delincuencia organizada.

Involucrarse en asuntos públicos es un imperativo pragmático. La acción organizada puede frenar la voracidad o los desatinos de los malos gobernantes y puede apuntalar a quienes hacen un esfuerzo por gobernar pensando en las mayorías. No todos son corruptos. Actualmente, comprometerse es actuar en legítima defensa.

Cué habló mucho como candidato pero hasta ahora ha sido rehén de los maestros de la Sección 22 (imposible anticipar las consecuencias de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Publica)  y vasallo de los depredadores urbanos. Toledo es más bien hermético pero ¡cuánto ha hecho por su estado! Necesitamos más, muchos más Toledos y menos, bastante menos Cués.

 

 

 

Tres gangsters

Para apreciar mejor lo qué significa la fuga revisemos la historia de tres gangsters.        

El crimen organizado se formalizó en 1932 y su gran sacerdote fue el italoamericano, Charlie “Lucky” Luciano (1897-1962). El colombiano Pablo Escobar Gaviria (1949-1993) trasladó el epicentro de esta actividad a Medellín y Joaquín “El Chapo” Guzman Loera llevó a una etapa superior las ideas de Luciano y los métodos del colombiano aprovechándose de nuestra priviliegiada ubicación geopolítica.

En 1998 Time calificó a Luciano como uno de los “titanes” estadounidenses del siglo veinte. Pocos años después, Forbes modificó el dictamen. El Chapo es el gangster “más grande de todos los tiempos”; para la DEA es el “padrino del mundo de la droga”. Tienen razón y lo fundamentaré con unas comparaciones.

Los tres fueron a prisión. A Luciano lo liberó el gobierno antes de tiempo por los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial pero lo deportó a su natal Italia. Escobar Gaviria simplemente dejó un presidio que él mismo construyó y gobernó. El Chapo ya lleva dos escapatorias comprando funcionarios y derrochando inteligencia, organización y tecnología.

Guzmán Loera está pasando a la historia por su capacidad empresarial. Ha transformado a la Confederación de Sinaloa en una empresa globalizada y diversificada asentada sobre una sólida base social y territorial. El Chapo es temido, respetado y querido en sus territorios y seguro que en Sinaloa ya ensayan los corridos que estrenarán durante las celebraciones.

Me dirán que El Chapo es el retoño de un estado enclenque, ineficaz y corrupto. Es cierto, pero lo mismo pasó con los otros dos. Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia tuvieron etapas de gran debilidad agravadas por su tendencia a evadir la realidad. El legendario fundador del FBI, John Edgar Hoover, rechazaba su existencia y en Colombia llegaron al extremo de aceptar que Escobar Gaviria, su gangster, se convirtiera en diputado suplente.

El intento del colombiano de meterse a la política y el uso del terror provocaron un rompimiento con las élites que, con el apoyo de Washington, eliminaron a Escobar Gaviria en un tejado de Medellín. Luciano murió por un ataque cardiaco propio de Hollywood. Esperaba, en un aeropuerto italiano, a los productores de una película sobre su vida y el vanidoso italoamericano ya había elegido al protagonista ideal. El Chapo, por el contrario, seguirá haciendo historia por un buen tiempo. 

Ahora bien, los Estados Unidos y Colombia corrigieron la negación y se lanzaron contra el crimen organizado al cual fragmentaron. El Estado mexicano, y en particular Enrique Peña Nieto, sigue sin reconocer el fracaso de la estrategia mexicana contra la delincuencia organizada. Cuando el presidente mexicano compareció en París era una coyuntura ideal para anunciar una revisión a fondo de las políticas; en lugar de ello nos informó, en cinco ocasiones, que ya había girado instrucciones e indicaciones a subalternos. ¡Por favor!

Es urgente que el Estado mexicano adopte una visión integral y regional que reconozca —sin proclamarlo— la existencia en México de dos estructuras de poder nacional. Una la encabeza Peña Nieto y la otra tiene como jerarca a El Chapo Guzmán. Los gobiernos mexicanos han seguido el ejemplo de los Estados Unidos y Colombia y han resquebrajado algunas bandas, pero sigue intacta la Confederación de Sinaloa que acaba de demostrar su consistencia, organización y poderío.

 Esa nueva política debería tomarse en serio el combate a la corrupción y al lavado de dinero además de legalizar rápidamente la marihuana para reducir en algo la riqueza de las bandas. Es mucho más urgente atender las conexiones de nuestra criminalidad con el exterior. México ni puede ni debe seguir actuando como un siervo de los Estados Unidos; tenemos que exigirles un esfuerzo serio para frenar ese contrabando de equipo bélico que arma a los criminales. Nuestro país debe también sacudirse el papel de gendarme de la frontera sur y lanzarse a promover enfoques comunes con el resto de la Cuenca del Caribe y entendimientos precisos con Guatemala y Belice.

En síntesis, necesitamos una política realista. Nos guste o no, El Chapo preside una organización criminal que tiene décadas aclimatándose a cada país como parte de un crecimiento regional. Y en su México florece la herencia de los Lucianos y los Escobares. A lo mejor y lo detienen pero con ello no desaparecerá el Estado paralelo que carcome a México.

 

 

 

El general y MAM

El secretario de la Defensa se queja de los gobiernos y malas policías locales, y el jefe de Gobierno y el procurador capitalinos se apresuran a validar la crítica.

Un general retirado, Jorge Carrilo Olea, me comenta que nuestro “ejército tiene mucho tiempo confundido en sus fines”. Y sí, quienes gobiernan este país han utilizado constantemente a las fuerzas armadas para funciones que no le corresponden. Lo novedoso es que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, salió a inconformarse durante una entrevista a Carlos Benavides en El Universal(29 de junio de 2015).

El general habló claro. “No nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía”. Cumplen porque es una orden presidencial y saben que “de no hacerlo nosotros, en este momento no hay quién lo pueda atender”. Añadió que urgen “cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados.” El general no responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto pero sí a mandatarios locales. “En la gran mayoría [de las entidades] no veo esfuerzos decididos porque estas policías avancen”.

La entrevista al general apareció el lunes, para el  sábado 4 de julio, en Reforma, se publicó como nota principal —no firmada— un reportaje sobre la colonia Condesa donde una “red de extorsionadores tiene contra la pared a restauranteros”. El texto describe con detalle la forma cómo vigilan a las víctimas potenciales y se documentan sobre sus ingresos y vulnerabilidades para luego presentar peticiones monetarias muy precisas. En caso de negativa o resistencia los ejecutan. 

La estrategia de seguridad depende de la conceptualización del riesgo. Miguel Ángel Mancera (MAM) y su equipo niegan que haya delincuencia organizada en la capital porque los ochenta mil policías de proximidad y cuatro mil de investigación operan con mando único, por las peculiaridades urbanísticas (el tráfico, por ejemplo) y por la organización social. Aceptan que en el DF hay delincuentes, venta de drogas, armas y lavado de dinero, pero no crimen organizado.

Es una tesis endeble y discutible porque ignora la enorme capacidad de adaptación que tienen las bandas criminales que funcionan de manera diferente en Tamaulipas, Sinaloa o en los municipios conurbados del Valle de México. La reacción del gobierno capitalino ha sido contradecir el reportaje de Reformao las noticias emitidas por otros medios (fue el caso con Enfoque Noticias que conduce Leonardo Curzio).

El GDF recurrió al show y las declaraciones. El procurador Rodolfo Ríos dedicó su fin de semana a recorrer bares y restaurantes de la Condesa donde iba preguntando, frente a las cámaras, si habían sido extorsionados o amenazados por la delincuencia. Los interpelados respondían una y otra vez que “no”. Además reclutaron a los organismos empresariales del ramo quienes salieron a declarar, después de una reunión con las autoridades, que a ellos jamás les ha llegado una denuncia.

El segundo espectáculo fue igual de lamentable. También el fin de semana lanzaron un operativo en la Condesa con centenares de policías uniformados (innecesario si no hay ninguna denuncia ni existe crimen organizado). Una fotografía de Ricardo Moya muestra a un grupo de policías con sus rifles de asalto y sus chalecos antibalas sobre las cuales aparece un gran letrero proclamando que son de “inteligencia”. Exhibicionismo absurdo si se recuerda que la inteligencia requiere discreción.

La negación de las autoridades capitalinas valida el reclamo del general Cienfuegos de que la mayor parte de las entidades hacen poco para combatir en serio al crimen organizado. Este zipizape debería servir como un recordatorio a Morena de lo mucho que deberá hacer para distinguirse de los gobiernos perredistas.

La tribu de René Bejarano entregará la Cuauhtémoc —donde está la Condesa— a Ricardo Monreal. Sería deseable que el delegado electo no se apresure a lanzar declaraciones sino que se empeñe en diseñar estrategias que tomen en cuenta las peculiaridades del crimen organizado. La delegación Cuauhtémoc y la capital están urgidas de políticas integrales que atiendan simultáneamente los métodos de operación del crimen organizado y sus bases económicas, sociales y culturales.

A la nación conviene que las fuerzas armadas vayan regresando a sus cuarteles. Es indispensable que las policías mejoren. En el Distrito Federal la sociedad organizada debe enseñar a Miguel Ángel Mancera y su equipo que ellos tampoco entienden que no entienden.

 

 

 

Riña de compadres

A la memoria de Óscar Isidro Ortiz Reyes, íntegro y digno hasta el final

El gobierno mexicano le reclamó a Washington por el contenido del Informe 2014 del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el país. La explicación está en el viraje que está dándose en la política sobre el tema.

Desde 1977 el Departamento de Estado  hace un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Usualmente pasa desapercibido el que se refiere a México; la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al de 2014 con un breve comunicado pidiendo cambios en las “mecánicas unilaterales de revisión”, sin fundamentar lo que dice ni explicar lo que quiere.

Los informes de los tres últimos años son tan parecidos que el llamado Resumen Ejecutivo repite ideas y copia párrafos. Siempre dicen que la situación está mal, enumeran hechos y maquillan realidades incómodas. Lo demuestro.

 Washington sufrió un ataque de amnesia selectiva al hablar de los migrantes que tuvieron la desgracia de atravesar México. A mediados del 2014 se desencadena el escándalo por la invasión de menores no acompañados a los Estados Unidos. Para Barack Obama fue una “tragedia humanitaria” y para resolverla conversó con Enrique Peña Nieto en junio de 2014. Ignoramos lo que se dijeron, sabemos que desde entonces el programa mexicano Frontera Sur hace el trabajo sucio de Washington encarcelando y deportando migrantes. 

Emilio González González estudia el tema y me proporcionó unas inquietantes cifras recibidas del Instituto Nacional de Migración. En 2013, México deportó a 6,651 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; en 2014, ya fueron ¡113,583! y cuando termine 2015 superarán los 150 mil. Después de junio del 2014 el Departamento de Estado calla sobre los maltratos y extorsiones que padecen los migrantes de manos de delincuentes y autoridades mexicanas.

Dado que esta forma de manejar los temas incómodos es lo común en estos Informes anuales, sostengo que el reclamo mexicano responde, más bien, a un viraje de fondo en la política mexicana. En algún momento del año en curso el peñanietismo se decidió a frenar o neutralizar las críticas y señalamientos del exterior. Y para demostrar que va en serio le levantó –un poquito– el tono de voz a Washington.

El momento más claro del viraje fue el agarrón que se dieron sobre la tortura –entre el 9 de marzo y el 5 de abril de este año– el gobierno de México y Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas. México enfureció porque Méndez escribió que “la tortura y los malos tratos son generalizados en México”. Lo curioso es que un año antes (mayo de 2014) Juan Méndez había presentado conclusiones preliminares y aseguró que "aún persiste una situación generalizadadel uso de la tortura y malos tratos en México". En 2014 Relaciones Exteriores le agradeció las recomendaciones, y en 2015 se le lanzó a la yugular.

El mismo comportamiento se observa en Ayotzinapa. Para responder a las críticas, el gobierno mexicano invitó –y hasta financió– a un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el Informe que rindió este grupo el pasado lunes hablaron de que está cayendo una “nube de silencio” sobre el tema. Así era antes.

El retroceso también se advierte en la remoción de Miguel Sarre a la candidatura para formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU; quitaron al experto y pusieron a un diplomático experimentado en seguir las instrucciones gubernamentales. En círculos bien informados aseguran que crece la añoranza en el ejecutivo por los suaves modos de Raúl Plascencia, el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; les indigestan cada vez más las decisiones y pronunciamientos del titular, Luis Raúl González.

El esfuerzo por acallar voces incómodas ni resuelve el drama de las víctimas abandonadas, ni frenará el escrutinio internacional porque México ya está, por fortuna, abierto al mundo. Hay que reconocer que el gobierno tendrá aliados, y entre ellos destaca Washington, cuya complicidad desaparecerá cuando la comunidad de derechos humanos de aquel país, o algún congresista, descubran que los Informes sobre este tema en México son complacientes, mañosos y poco útiles.

En ese marco ubiquemos el críptico reclamo mexicano por el Informe anual del Departamento de Estado. Es el típico desplante de una riña entre dos alegres compadres a los que importa muy poco lo que pasa con las víctimas.

 

 

 

La honestocracia

Buenas noticias. La agenda de prioridades se redefine porque algunos vencedores en las elecciones prometen lanzarse contra los corruptos. Cumplirán si la sociedad los acompaña y vigila.

Coincido con Andrés Manuel López Obrador: la prioridad debe ser acabar con la deshonestidad. Es un buen punto de partida para la regeneración. Morena tendrá mucho trabajo porque regresa a una ciudad deteriorada por la epidemia de moches, abusos e ineptitudes que brotan por doquier.

El urbanismo salvaje ha destrozado los bosques del sur y los barrios y colonias de la ciudad. Ha sido un negocio fenomenal para algunos empresarios y funcionarios. Tomando como base cifras oficiales en marzo (“Conjura defeña” 4 de marzo de 2015) aseguré que, en una década, los cambios de uso de suelo ilegales generaron ingresos ilícitos por 203 mil millones de pesos. El gobierno de Miguel Ángel Mancera guardó silencio.

Andrés Manuel y Morena tienen competidores. Los triunfadores en Nuevo León y Jalisco también aseguran que limpiarán la mugre y ordenarán la casa. Ninguno da detalles sobre cómo lo harán, pero su discurso confirma que algunos gobernantes entienden el hartazgo social por el saqueo. Aquel que rinda mejores cuentas en ese terreno engrosará la creciente lista de precandidatos a la presidencia.

La competencia se da en todos los niveles. Las victorias capitalinas de Morena metieron inmediatamente a Ricardo Monreal como candidato a la jefatura de gobierno capitalina de 2018. Gobernará la delegación Cuauhtémoc donde se concentra el mayor número de puntos de distribución de drogas en la capital. Por tanto, para erradicar la corrupción tendrá que manejar el gigantesco problema de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

La geografía sazona el guisado político capitalino. La Cuauhtémoc colinda con la Miguel Hidalgo donde triunfó Xóchitl Gálvez. Ante la mortandad de los cuadros históricos del PAN, Xóchitl llega con una frescura, carisma y enjundia que opaca a un panismo capitalino deslavado. Llega, además, con el hambre de quien desea obtener un reconocimiento que le han regateado una y otra vez. En la Miguel Hidalgo el nido de corrupción anida en las construcciones ilegales.

Ninguno de los arriba mencionados la tendrá fácil. La corruptocracia está bien atrincherada en la sociedad y el Estado y hasta ahora ha sido capaz de derrotar a quienes la han amenazado. En 1982, Miguel de la Madrid llegó a Los Pinos decidido a combatirlos y fue derrotado. Terminó jugando el triste papel del telonero que preparó el escenario para que Carlos Salinas de Gortari se dedicará a vender bienes públicos que fueron el trampolín para multimillonarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

En 2015 no se dejarán. Y el primer aviso llegó diez días después de las elecciones. Esta semana la Asamblea Legislativa del DF intenta dar un albazo y aprobar, en una sesión extraordinaria, el cambio de uso de suelo de 50 predios. Inspirados en la impunidad de que disfura el partido Verde están dispuestos a cumplir, supongo, con algún compromiso pactado con los “desarrolladores”, a sacar el dinero para cubrir adeudos incurridos en la campaña o a llevarse la  última tajada, esa que les endulzará el tiempo que podrían estar fuera del presupuesto.

Fue alentadora la rapidez de reacción de las organizaciones vecinales de la capital. Suma Urbana, entre otras, denunciaron inmediatamente el atraco que están intentando hacer los asambleístas ante la pasividad de Miguel Ángel Mancera que también quiere ser presidente. El desenlace es incierto aunque Morena ya se opuso.

La honestocracia se consolidará si se ve acompañada y vigilada por la sociedad organizada. La situación es novedosa. El impulso a favor del cambio se está dando en ciudades —Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal— con niveles altos de tejido social —organismos sociales y empresariales, medios independientes y ciudadanía informada. De este empuje social depende el avance, retroceso o estancamiento de la regeneración.

Es notable la fluidez de los acontecimientos. El enojo social se reflejó en las urnas y abrió algunos resquicios a la esperanza. Corresponde a quienes gobiernan demostrar con hechos quién tiene más imaginación y consistencia en la limpieza de la casa; toca a la sociedad organizada acompañarlos y acicatearlos. De manera simultánea se libra una guerra de movimientos y de trincheras. Así de simple y de complicado es el cambio.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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