NUESTRA APARENTE RENDICION

Julio en Sonora: Río Sonora a dos años del derrame

Se acaban de cumplir dos años del fatídico derrame de 40,000 m3 de tóxicos mineros, producto de la lixiviación del cobre en la mina Buenavista del Cobre de Grupo México.  Los afectados la conmemoraron con varias actividades de protesta y de concientización a lo largo de toda la cuenca del Río Sonora, desde su nacimiento en el ojo de agua de Arvallo en Cananea hasta en el H. Municipio de Ures.

A lo largo de los dos años que se cumplen del derrame, se han creado varias agrupaciones de pobladores afectados y asociaciones civiles que han reclamado por los derechos humanos de la población, que debido a la contaminación de la cuenca se les violentó su derecho al acceso al agua de calidad, a la salud y a un medio ambiente sano. A cambio, tanto la empresa como las autoridades federales competentes (Conagua, Semarnat y COFEPRIS), hicieron una serie de promesas que no se ven por ningún lado; todo lo contrario, únicamente se ve el abandono y la violencia institucional contra una población vulnerable.  Debido a la pluralidad de organizaciones que se han enfocado en trabajar en la búsqueda de la justicia ambiental para la cuenca del Río Sonora, es que el 9 de julio la Red Fronteriza de Salud y Ambiente AC, Comités de Cuenca Río Sonora, PODER y el Sindicato de Trabajadores  Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) convocó a las mesas de trabajo “Río Sonora a dos años: Balance y propuesta de participación ciudadana. Encuentro para el dialogo, intercambio y acción” las cuales se llevaron a cabo en el municipio de Aconchi. El propósito fue comenzar a crear lazos de dialogo entre las mismas organizaciones ciudadanas, así como dar una señal de unidad entre todos los afectados y las organizaciones que los acompañan y los apoyan en su proceso de lucha.

El encuentro permitió que las diferentes organizaciones reconocieran sus objetivos comunes, pero que al mismo tiempo vieran sus diferentes naturalezas, procesos y maneras de trabajar, para poder así  colaborar más adelante. Las diferencias entre estas organizaciones han hecho que sea complicado realizar acciones en conjunto pero aun así se logró que para este segundo aniversario se coordinaran las acciones para mostrar que todos buscan la justicia ambiental y que se les cumpla a los afectados con las promesas que en un principio el Fideicomiso Río Sonora, así como las dependencias de gobierno y la empresa, hicieron para resarcir el daño.

Las actividades que al final se realizaron para conmemorar los dos años del fatídico 6 de agosto fueron en Ures, Bacanuchi y Cananea. En la primera hubo una concentración en la plaza de Ures por parte del STAUS y el Frente Unido por el Río Sonora de Ures, una A.C. que formaron algunos pobladores de ese municipio a los pocos meses después de ocurrido el derrame. En Bacanuchi, los Comités de Cuenca del Río Sonora, junto con PODER, tuvieron una concentración en la plaza, donde los líderes ejidales del Río Sonora firmaron un acuerdo para frenar el crecimiento de la actividad minera en sus tierras. En Cananea, miembros del sindicato minero de la sección 65 y del Frente Unido todos juntos contra Grupo México, formado cuando pobladores y mineros tomaron la estación de rebombeo Los Patos de Buenavista del Cobre en marzo del año pasado, se manifestaron afuera de la puerta diez de la mina y de allí realizaron una movilización a la frontera con Estados Unidos para pedir la intervención del vecino del norte.

Los secretos de Grupo México

El mismo fin de semana que se organizaron las mesas de trabajo “Río Sonora a dos años: Balance y propuesta de participación ciudadana. Encuentro para el dialogo, intercambio y acción” en Aconchi. El diario de circulación estatal Expreso dio a conocer que en la página del Fideicomiso Río Sonora se había subido el informe de los investigadores de la UNAM en el que se daba a conocer los daños a la vegetación y a la fauna que se generaron por el derrame de tóxicos.

Rápidamente la nota del Expreso captó la atención de organismos interesados por el caso del Río Sonora. Otros medios de comunicación y la sociedad en general visitaron también la pagina del Fideicomiso y de Semarnat para ver que el documento había sido dado de baja al poco tiempo de que la nota fuera viralizada. Inmediatamente, aparecieron las manifestaciones de inconformidad por la opacidad con la cual el Fideicomiso mostró que maneja la información que a los ciudadanos les interesa tener. A los días se vuelve a subir el documento, pero aun así la confianza no se pudo recuperar.

Ahora, después de los dos años del derrame, los reclamos que se hacen por parte de los afectados y de las organizaciones que les han ayudado son muy claros:

I) El suministro de agua potable de acuerdo a estándares internacionales emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

II) El acceso a servicios de salud especializados para atender afectaciones derivadas de la exposición a metales pesados.

III) El acceso  transparente y eficaz a la información relacionada con el caso Río Sonora, a nivel local, estatal y federal, así como información privada que sea de relevancia para las comunidades afectadas.

IV) Promover y facilitar el compromiso y la participación de las autoridades de gobierno en los temas que afectan a las comunidades que representan.

A dos años del derrame, el Fideicomiso únicamente a querido dividir a las comunidades a través de la repartición de dinero, beneficiando siempre a quienes están mejor relacionados con el poder político. Pero también, tanto la empresa como las autoridades de gobierno, han apostado por el olvido y la muerte lenta, ocultando información, actuando de manera poco transparente, así como faltando a su palabra, no cumpliendo con las acciones de resarcimiento que prometieron recién ocurrido el derrame. Aun no están las plantas potabilizadoras de agua, ni la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), ni los pozos nuevos; lo único que está es el abandono, la negligencia, la corrupción y la impunidad, que poco a poco comienza a enfermar y acabar con la vida de manera silenciosa a miles de afectados. Aun así, la dignidad de los pobladores no la han podido callar, y a dos años se conmemora y protesta por todo el río Sonora el derrame que les destruyo la tranquilidad.

Semáforos en rojo, tiroteos en las calles.

Todo el año, la sensación de inseguridad ha crecido tanto en Hermosillo como en Cajeme y cada vez es más común saber de tiroteos en las calles provocados por ajustes de cuentas por parte del crimen organizado. Los semáforos delictivos de los dos municipios se mantienen en rojo en cuanto a homicidios y cada vez más tipos de crímenes comienzan a manifestarse con frecuencia en las dos ciudades sonorenses. También es inevitable reconocer que el fenómeno de las desapariciones comienza a darse en la entidad, algo que comienza aumentar la sensación de inseguridad.

Los ajustes de cuentas están marcando a la sociedad sonorense y al mismo tiempo revelan que el incremento de homicidios se debe a un reajuste de las fuerzas del crimen organizado en la entidad en la cual se involucra a la clase política y a servidores públicos. Tanto en el caso de los dos jóvenes hermanos, uno de 18 años y el otro apenas de 12, acribillados por las AK-47 de los sicarios en la laguna del Naínari en Cajeme; así como el del ex jefe de la policía de Obregón que fue asesinado en una popular taquería de la ciudad de Hermosillo el mediodía del 5 de agosto, es inevitable no reconocer la relación con los funcionarios públicos de Cajeme.

En el caso de los hermanos asesinados se descubre que eran sobrinos de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán e hija e Nacho Coronel, es decir eran jóvenes de una de las familias más importantes del crimen organizado. Por otra parte, al conocer a los familiares de los jóvenes se van descubriendo los puentes de sangre y familia del crimen organizado con la clase política de la entidad, porque estos jóvenes resultaron ser hijos de Elizabeth Orduño Manzanares, hermana del director de Recursos Humanos en la dirección de Seguridad Pública Municipal, y del difunto Sergio Coronel Ibarra,  excabecilla de los cárteles de Sinaloa, Juárez, Jalisco y Milenio, también sobrino de Nacho Coronel. Si a esta ejecución le agregamos la de Fernando Isaac Apodaca Lauterio, ex jefe de seguridad de Cajeme, vemos que se reacomodan las fuerzas del crimen organizado y los pactos que se tienen con el poder político de la entidad. Las reglas están cambiando y todo indica que Sonora se volverá cada vez más violenta.

 

 

 

Los refugiados (también) mueren en México

 El increíble trabajo del fotoperiodista español Javier Bauluz, quien acompañó a pie y en balsa, ferry, autobús y tren a familias de refugiados en su desgarradora y peligrosa travesía desde Grecia hasta Alemania –pasando por Macedonia, Serbia, Hungría y Austria– es un imprescindible ejercicio de toma de conciencia.

Cada capítulo muestra los obstáculos que superan millones de personas desplazadas por la guerra, el desempleo o la miseria: el mar rabioso que engulle gente y escupe niños azules o vidas rotas a la orilla de la playa; los trenes atiborrados donde humanos viajan como ganado; los improvisados campos de refugio que parecen hormigueros; el linchamiento xenófobo y todo tipo de pesadillas hasta el arribo al país soñado donde el final feliz es incierto.

Con sus textos y fotografías, Bauluz nos pone frente al rostro de la oleada migratoria de millones de seres humanos que ocurre ahora mismo y que la ONU ha calificado como la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI.

Ese magnífico y brutal trabajo que puede verse en Univisión irremediablemente me remite a México, a los refugiados que por aquí pasan (o salen) en su intento por llegar a Estados Unidos.

A estas personas no se las traga el mar: las asesinan a machetazos, a golpes o con balas. Enfrentan sus propias adversidades: topan con muros, no con alambres de púas; son hacinados en cárceles; son cazados como animales la ruta entera (sea por agentes de La Migra, policías, soldados, asaltantes, marinos, narcos, bomberos, secuestradores, borderpatrols, rancheros, y quienes los ven como mercancía). La crueldad varía según la región; en los albergues se reparte un catálogo de terror en el que se advierten los peligros vernáculos: en Chiapas asaltos, machetazos y violaciones; en Tamaulipas extorsiones, secuestros y masacres; en Sonora secuestros masivos y esclavitud…..

En México no se les permite abordar el tren: viajan sobre el techo y quienes pestañean lo pagan con la mutilación o son triturados en los rieles.

Las convenciones internacionales indican que las personas migrantes “eligen” libremente su desplazamiento, las refugiadas huyen porque está en riesgo su vida. Quienes cruzan por México son llamados migrantes y no refugiados, aunque se ven forzados a salir de su país huyendo de otras guerras, miserias y sinfuturos que también causan la muerte.

Este es nuestro drama normalizado, para nadie desconocido. Al tren de la muerte lo conocemos como “La Bestia”, protagoniza libros, documentales y películas, y su fama crece al ritmo del cinismo de las autoridades, cómplices, criminales.

Toda la ruta migratoria es un campo de exterminio que ya no sale en portadas, que ya no cala en la conciencia, al que ya nos acostumbramos.

 

 

 

Desafío americano

Enrique Peña Nieto está paralizado con Donald Trump. México también está pasmado. Urge superar la parálisis porque Trump es síntoma de reajustes profundos en la relación.

Por la Revolución mexicana y por algunos artículos de la Constitución de 1917, estuvimos cerca de irnos a la guerra contra los Estados Unidos. Los tambores bélicos enmudecieron porque en 1927 Plutarco Elías Calles llegó a un entendimiento con Washington. Los gobiernos se apoyarían en lo esencial pero México podía disentir en público para beneficio de la galería. El acuerdo disimuló la debilidad mexicana ante una potencia agresiva que imponía la Pax Americana en la Cuenca del Caribe.

El acuerdo empezó a resquebrajarse en la década de los ochenta cuando se empalmaron a) la crisis financiera que empobrecería a las mayorías y enriquecería a las minorías; b) las guerras que cuartearon las estructuras de poder en el Istmo centroamericano; y, c) el auge de la cocaína colombiana en los Estados Unidos que llevó a Ronald Reagan a declarar la “guerra a las drogas” en 1986. Nada ha sido igual desde entonces.

México intentó ampliar su margen de independencia. Envalentonado con la renta petrolera, José López Portillo hizo suya la causa de los insurgentes nicaragüenses y reconoció la legitimidad de los rebeldes salvadoreños. Al poco tiempo él y Miguel de la Madrid retrocedieron y Carlos Salinas de Gortari llevó al país en el sentido opuesto y aprovechándose de la presidencia imperial modificó un supuesto clave de la identidad mexicana. La vecindad con los Estados Unidos dejó de ser una maldición trocándose en bendición. Ello hizo posible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que lleva 22 años subvirtiendo realidades.

Los gobiernos dejaron de monopolizar la relación y por la frontera común van y vienen personas, bienes e ideas. Algunas son legales, otras están prohibidas pero los beneficios y los daños se han repartido de manera desigual en los dos países. Trump ha sacado a la luz el resentimiento antimexicano que, heredado de la historia, se ha acrecentado con la integración. Gane o pierda Trump ya dio el banderazo de salida para un reajuste en la relación que tendrá consecuencias impredecibles. Ellos ya identificaron el problema. Nosotros seguimos evadiéndolo.

The New York Times contabiliza los insultos que Trump va profiriendo. Según el último conteo ha ofendido a 250 personas e instituciones. A los mexicanos nos trata de narcos o violadores y al gobierno de Enrique Peña Nieto de “totalmente corrupto”. Nuestro Presidente se paralizó con los regaños. Primero se hizo el desentendido aunque en dos ocasiones se atrevió a susurrar –en voz baja y de pasada–, que la retórica del neoyorquino se parece a la de Adolfo Hitler y Benito Mussolini.

El 22 de julio Peña Nieto estuvo medio día en Washington donde se disculpó, se cuadró y se marchó. Después de aclarar que la comparación de Trump con los fascistas europeos la habían sacado de “contexto” (no dijo quién) bosquejó su estrategia en dos frases: “A la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump quiero expresarles mi mayor respeto. Desde ahora, propongo entrar en un diálogo franco y abierto con quien resulte electo”.

López Portillo retó a Reagan en América Central, Salinas cortejó a Bush para lograr el TLCAN, Peña Nieto se paralizó y está dejando que su gobierno sea zarandeado por las fuerzas de la historia, tanto que ni siquiera ha promovido una discusión seria en México sobre qué hacer con Trump y los Estados Unidos. Un indicador del pasmo es que una institución pública de excelencia, el Instituto Matías Romero que educa a nuestros diplomáticos, no ha convocado a ningún foro para reflexionar sobre la relación bilateral. 

 

La sociedad organizada tiene que apropiarse de la discusión sobre los retos que enfrentamos los Estados Unidos y México. Las universidades, los medios de comunicación, las cámaras empresariales, los organismos protectores de los derechos humanos y las iglesias tienen que repensar con sus contrapartes el futuro. La relación está en una etapa de redefinición y el desenlace es incierto. Nada está escrito. El futuro será de quien lo entienda mejor. Compartimos frontera con potencia pero no estamos explotando nuestras fortalezas para enfrentar el desafío americano. 

 

 

 

 

 

 

 

Veracruz, las huellas que la PGJDF no quiere buscar

La muerte profética

Rubén Espinosa colocó la placa en uno de los escalones de la Plaza Lerdo: “Plaza Regina Martínez”. Era el 28 de abril de 2015. El rebautismo de la plaza central de Xalapa había sido ideado y convocado por un grupo de periodistas de la capital de Veracruz para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de la emblemática reportera, asesinada en su casa en 2012.

Rubén Espinosa, fotógrafo, era parte de un grupo de periodistas que se comenzó a gestar el año del asesinato de Regina y que en los días siguientes se haría público con el nombre de Colectivo  Voz Alterna. El grupo  buscaba capacitar a periodistas en el estado y funcionar como un medio alterno, donde se pudieran publicar las historias que los medios de Veracruz no cubrían debido al fuerte control que había del gobierno estatal. Pero Rubén ya no vió la salida del colectivo en Xalapa. Cuarenta y dos días después de rebautizar la plaza, anunció su autoexilio del estado que, para entonces, sumaba 13 periodistas asesinados en 5 años.

— ¿Por qué te fuiste?

— Por sentido común —, nos dijo el 9 de julio en el programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento TV.

Lo que contó no parecía tan grave: que saliendo de su casa vio a un hombre y que horas después lo volvió a ver en otro lado; un hombre alto, de corte militar, que estaba con otro hombre y que no hicieron nada por disimular que lo estaban vigilando. No le dijeron nada. No lo amenazaron. Sólo lo vieron. Sólo sintió su aliento cuando pasaron junto a él. Pero el contexto del estado, los 13 periodistas asesinados en cinco años, el hostigamiento constante de la policía estatal hacia los reporteros, sus propias amenazas previas, eran suficiente. No quería ser el próximo en la lista de bajas.

“Ayudo más vivo, que muerto”, dijo fuera de cámaras.

Tres semanas después de la entrevista, fue asesinado en la ciudad de México, donde se refugiaba.

Lo mataron junto con cuatro mujeres, tres de ellas (Nadia Vera, Mile Martín, Yesenia Quiroz) vivían juntas en el departamento de la colonia Narvarte donde fue el multihomicidio; la cuarta (Alejandra Negrete) trabajaba ahí.

Los periodistas de todo el país, pero sobre todo, los de Veracruz, quedaron paralizados con la noticia. El asesinato del fotógrafo, de 31 años, se convirtió en el asesinato más largamente anunciado de un periodista en México.

La primera vez que Rubén Espinosa llegó a pedir ayuda a la ciudad de México fue en octubre de 2013. Un domingo, en un restaurante de la colonia Roma, contó a cuatro integrantes de Periodistas de a Pie una historia que parecía difícil de creer: en el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo, el 14 de septiembre, apagaron las luces y comunicaciones de la plaza y la policía uso perros y toletes eléctricos; a maestros y activistas los persiguieron por las calles aledañas; a los periodistas les quitaron sus cámaras. Rubén hablaba de muertos, que nadie podía confirmar (hasta ahora no se han confirmado);  él mismo,  juraba entonces, había visto a una patrulla aplastar a tres personas frente a la puerta de un banco.

Estaba aterrorizado. Contaba la historia de lo que definió como un “minitlateloco”, en relación con la matanza de estudiantes de 1968. Pero no había pruebas —ni siquiera los nombres de los maestros heridos, aunque otros testigos también lo vieron— y el gobierno estatal de Veracruz negó cualquier exceso durante el desalojo.

La misma historia que platicó ese domingo la contó después a directivos del semanario Proceso, donde colaboraba, y a un grupo de fotógrafos que, en solidaridad, crearon el colectivo FotorreporterosMx.

Con miedo, pero arropado por el apoyo que sintió en el gremio, regresó a Xalapa. Ahí se sumó a un grupo de periodistas que había estado reuniéndose desde 2012 para trabajar en la capacitación de reporteros y fotógrafos. Era la semilla de lo que en 2015 se presentó públicamente con el nombre de Colectivo Voz Alterna.

Rubén tenía contacto con este grupo desde finales de 2012. Entonces, él todavía trabajaba en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Xalapa, aunque regularmente mandaba fotografías a Proceso y a Cuartoscuro.

Y en esta dualidad de empleadodegobierno-fotógrafofreelance, que es común en muchos lugares de Veracruz, había recibido la primera amenaza de su vida.

Él mismo lo contó, en una entrevista con SinEmbargo: “Cubrí el del 20 de noviembre del mismo año que asesinaron a Regina Martínez, en el desfile estaba Javier Duarte y no podíamos estar en frente del templete. A los fotógrafos y camarógrafos nos encerraban a los lados. Yo pedí que me dejaran tomar unas fotos y en el momento que me acerco, veo que despliegan una manta que decía: ‘Javier Duarte, el pueblo te tiene en la mira, no perdona ni olvida’. En eso viene un estudiante y me dice que estaban golpeando a unos de sus compañeros. Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado y me dice: ‘deja de tomar fotos, si no quieres terminar como Regina’”.

Esa no fue la única vez que hubo una referencia a la periodista asesinada ese año. Por las mismas fechas, su nueva jefa en la oficina de comunicación, le prohibió seguir publicando fotos de manifestaciones en Proceso y Cuartoscuro.

“Hubo un cambio en la oficina de comunicación y entró Vicky Hernández; un día, ella le sacó un bultito de revistas donde estaban sus fotos y le dijo: ‘No creas que no te estoy viendo. Acuérdate de Regina, la asesinaron, ¿es lo que tu esperas?’” — cuenta un amigo cercano de Rubén — “finalmente lo corrieron, a principios de 2013. Él estaba molesto porque le querían dar 800 pesos”.

En noviembre de 2013, un grupo de periodistas se manifestó en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública ante el Congreso local, Arturo Bermúdez, por las agresiones sufridas en el desalojo de maestros del 14 de septiembre.

Roger López, fotógrafo y editor de Imagen del Golfo, y Rubén Espinosa fueron dos de los cinco periodistas que pusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República por el robo de sus equipos y las lesiones que sufrieron en el desalojo.

“Eso fue algo inédito porque no se había presentado ninguna demanda a nivel federal de agresiones contra periodistas en Veracruz, agresiones”, dice ahora Roger López.

Aunque han pasado más de dos años desde que Rubén Espinosa llegó a pedir ayuda a la ciudad de México, su versión de lo que vivieron esa noche es casi idéntica a la que narró Rubén ese domingo en la colonia Roma. Y es, también, la misma que cuentan otros testigos, que todavía ahora piden el anonimato.

Roger narra, además, las complicaciones que tuvieron por presentar la denuncia: “El que estaba a cargo del caso se llama Édgar Nieves, de FEADLE; al principio nos dijo a Rubén y a mí que había gente aquí de Veracruz que estaba presionando a la PGR para que la demanda quedara atrancada, y que mejor ya no le moviéramos, porque nos íbamos a enfrentar a otra fuerza más dura (…) Después, Édgar Nieves nos dice qué le habló gente de la Secretaría de Seguridad Pública (estatal) para hacer un pacto: ‘miren, me dijeron que pueden llegar a un arreglo, ustedes piden una cantidad a la policía pero eso sí, quieren que se retire la demanda y que aparte pidan disculpas públicas a la policía y así les dan su lana’”.

Ninguno de los cinco reporteros aceptó retirar la demanda. “Ese día (el desalojo) comenzaron todos mis problemas”, reflexiona Roger López.

Para mayo de 2014, lo que sería el Colectivo Voz Alterna “ya era un grupo grande, queriendo hacer algo de capacitación”. Rubén Espinosa ya era un activo del grupo, igual que Roger.

En su siguiente comparecencia ante el Congreso, a finales de 2014, Bermúdez Zurita presumió las sanciones a los excesos (que antes había negado) de la policía durante el desalojo: “fueron sancionados 30 policías, a los cuales se dejó de pagar un mes su sueldo y se les quitó la placa”.
Molesto, Roger López intentó sacar una pancarta en la que decía “Justicia para periodistas”, pero en menos de 30 segundos, un policía vestido de civil se la quitó a la fuerza.

En los años siguientes, los hostigamientos sobre los periodistas en Xalapa no dejaron de crecer. El grupo de periodistas que formaría Voz Alterna, y que para entonces ya pensaba en crear un medio, comenzó a ser vigilado, incluso por gente armada.

El 5 de junio de 2015, Rubén Espinosa recibió una llamada de una estudiante para reportarle que unos hombres habían golpeado terriblemente a ocho compañeros que estaban en una fiesta. Llegó por la mañana y tomó las fotos, que envió a la agencia Cuartoscuro.  Dos días después, vio a dos hombres vigilándolo afuera de su casa y en su trabajo. Algo en ellos le dio miedo. Mucho miedo.

“Me mando mensaje, no quería salir de su casa. Le ofrecí que fuera a mi casa en un radiotaxi y no quiso. ‘No tengo varo’, dijo”, cuenta una amiga cercana.

En el colectivo, decidieron que era mejor que se fuera de Veracruz. Rubén pidió un préstamo y tomó un autobús a la ciudad de México. En Xalapa dejó hasta su perro. Era el 10 de junio de 2015. No lo sabía, pero en su vida comenzaba la cuenta regresiva de una muerte anunciada.

En la ciudad de México, buscó la protección de los fotógrafos y de Artículo 19. La mala experiencia con la FEADLE le hacía desconfiar del Mecanismo Federal de Protección  a defensores y periodistas. El 16 de junio, en una reunión con Jorge Sánchez (hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en enero de ese año) y Pedro Canché (periodista de Quintana Roo que estuvo preso 9 meses por cubrir una protesta contra el alza de agua en ese estado),  el fotógrafo confesó a sus colegas sus temores: “Tengo perfectamente claro que quien me persigue es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte —escribió tiempo después, Canché—. No es un cacique local, es el fan del dictador Franco. Por eso temo por mi vida. Por eso salgo huyendo de ese Veracruz, no quiero ser el número 13, además de que es de mala suerte”.

La conexión con Nadia Vera

Rubén Espinosa fue asesinado en un departamento de la colonia Narvarte, de la ciudad de México, junto con cuatro mujeres. Sólo conocía a una de ellas: Nadia Vera, su amiga y compañera de causas durante tres años.

La había conocido en 2012, durante la acampada de 60 días que los estudiantes hicieron en el centro de Xalapa en protesta por el resultado electoral en las presidenciales de ese año. Nadia había crecido en Chiapas, pero en 2005 se mudó a Veracruz para estudiar antropología social. Era una activista cercana al grupo de estudiantes de humanidades que entre 2012 y 2014 tuvo en jaque al gobierno de Javier Duarte.

En su último año en Xalapa, fue la monitora de seguridad del grupo. Cuando las agresiones contra los estudiantes crecieron demasiado, y después de que unos desconocidos allanaron su casa, la joven emprendió una nueva mudanza. En noviembre de 2014, llegó a la ciudad de México a buscar trabajo y un lugar de renta compartida. Seis meses después, Rubén siguió sus pasos.

Ocupados en sobrevivir en la capital del país, no se veían regularmente. El 30 de julio de 2015 se reunieron a tomar unas cervezas en el departamento que Nadia rentaba con otras tres chicas. Rubén llegó con otro amigo, al que conocía de la infancia, pero tampoco frecuentaba mucho. Ahí estuvieron toda la noche. Al día siguiente, Rubén y Nadia fueron asesinados, junto con otras tres mujeres (dos que vivían ahí y una que trabajaba en la limpieza del departamento). Sus cuerpos quedaron en el suelo de una de las habitaciones, aislados de los otros.

***

El movimiento estudiantil de la capital de Veracruz había comenzado en agosto de 2011, con una protesta contra el alza del transporte público que fue reprimida. En septiembre de ese año, los jóvenes salieron a las calles, junto con miles de personas, cuando  la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezaba el poeta Javier Sicilia pasó por la ciudad. También se sumaron, a finales de ese año, a la ola mundial de “indignados”. Para mayo de 2012, el movimiento anti PRI que inicio en la Ciudad de México, rápidamente se consolidó entre los estudiantes de Veracruz.

“Xalapa marcha, especialmente por motivos adecuados”, dice el activista Julián Ramírez, uno de los principales protagonistas de esa parte de la historia.

En el movimiento “antipeña”, los estudiantes montaron un campamento en la Plaza Lerdo el 3 de julio de 2012. La acampada se convirtió en eje de protestas masivas durante dos meses y culminó con la toma del Ayuntamiento de Xalapa, el  1 de septiembre. “Ahí conocí a Nadia”, recuerda Julián.

Los jóvenes tenían el control del comedor de la facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Después de la toma del palacio, ocuparon una casa cerca del centro a la que llamaron Casa Magnolia. Los siguientes dos años, la Casa Magnolia se convirtió en el eje operativo de un grupo de estudiantes que reivindica el anarquismo como forma de organización.

El 15 de septiembre de ese año, planearon dirigir luces verdes al rostro del gobernador Javier Duarte durante la celebración del Grito de Independencia. La respuesta fue desproporcionada: tres estudiantes -Natán Abdiel Hinojosa García, Mario Alberto González Serrano y José Jaime Marcial y Hernández, integrantes del Frente contra la Imposición, fueron detenidos por policías estatales. Los subieron a una patrulla y durante tres horas los tuvieron retenidos ilegalmente. Los incomunicaron. Les pusieron una pistola en la cabeza. Los robaron. No los presentaron ante ninguna autoridad ministerial. Los dejaron afuera de Xalapa. Días después de la denuncia, el jefe de la policía, Arturo Bermúdez, negó la versión de los estudiantes: “No tenemos el dato de ninguna detención en Xalapa. En las redes sociales podrán quejarse pero no tenemos ningún detenido”.

Era apenas la primera señal de lo que vendría después. El 20 de noviembre, los jóvenes desplegaron una manta desde el hotel México con una una leyenda que decía: “Duarte el pueblo te tiene en la mira, ni perdona, ni olvida: No más periodistas muertos. FCI”.

Una decena de activistas, entre ellos Nadia Vera, fueron golpeados y detenidos. Rubén Espinosa tomaba fotos de la protesta y cuando quiso documentar que llevaban jóvenes al interior del hotel, recibió una amenaza que resultó profética: “Acuérdate de lo que le pasó a Regina Martínez”.

Estos tres testimonios anónimos, de diferentes personas, de lo que pasó ese día, fueron difundidos entre las redes de estudiantes:

1: “Mujeres policías vestidas de civil arrastraban a una compañera. Mientras grabo que la golpean, llegan por mí otras mujeres, me quitan el celular, nunca me lo regresaron. (…) En Lucio me empiezan a arrestar, golpeándome. Amenazándome en todo momento Que ya había valido madre, que sabían quiénes somos. Detienen a otras por defenderme. Otro policía se las lleva. Me dejan y se van detrás de las demás. Pasa una patrulla y le dicen que me lleven. Iba sola en la patrulla. Dicen que la orden es sacar a todos los integrantes del frente porque estaba alterando el orden. A mí no me presentan, me dejan en una calle.  Detienen a 12. A dos compañeras las obligaron a desnudarse,  una a hacer sentadillas y le metieron los dedos en la vagina. A los demás los golpearon. Que le bajemos a nuestro desmadrito.”

2: “Cuando un periodista empieza a tomar las fotografías nos sueltan. Otro policía recibe la orden y arremeten: ¿cómo no?, sí los vamos a chingar. Nos llevan a madrazos. Nos suben a las camionetas, nos golpean en los testículos, en el rostro.  (…) En ningún momento nos dijeron por qué se nos detenía. Cuando estábamos a punto de salir nos dicen que por el bando de policía y buen gobierno ellos pueden detenernos cuando quiera”.

3. “Estaba saliendo, con alguien más, del hotel México cuando pasaron unos policías y un hombre vestido de civil. El hombre de civil nos señaló y les ordenó a los policías: ‘agarren a esos dos’. Los policías nos detuvieron y les preguntamos: ¿Por qué nos detienen? no nos contestaron y nos dijeron que nos meterían al hotel y nos madrearían. En ese momento llegó un reportero a tomar fotos y empezamos a gritar que nos querían madrear. Nos soltaron”. Lo peor estaba por venir. Lo supieron casi un año después, el 14 de septiembre de 2013, durante el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo. “Ese día conocimos a la nueva policía de Veracruz. No eran los policías gorditos, eran tipos altos, fuertes, entrenados para golpear”, recuerda una de las estudiantes del grupo anarquista.

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Una de las jóvenes más activas en el grupo reflexiona lo que, desde su perspectiva, fue la ofensiva final para el grupo que se reunía en Casa Magnolia: “Creo que lo que terminó por desbarrancar todo fue el discurso de la manifestación por los estudiantes de Ayotzinapa”.

La protesta a la que se refiere fue el 22 de octubre de 2014. Desde el templete, Julián Ramírez gritó al gobernador Javier Duarte y al jefe de la policía, Arturo Bermúdez: “ustedes son los zetas”. Cinco días después, en una carta pública dirigida al gobernador Javier Duarte, 86 profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores de todos los niveles, miembros de la Orquesta Sinfónica y de académicos de Coatzacoalcos, Córdoba, y organizaciones civiles La Vida, Colectivo por La Paz y Maíz, entre otras, denunciaron “una escalada de amedrentamiento hacia los movimientos estudiantiles, en particular en la Unidad de Humanidades en la Universidad Veracruzana, por policías vestidos de civiles”. Las acciones incluían espionaje y hostigamiento, algo que los periodistas críticos de Xalapa conocían bien desde 2012.

Para entonces, Nadia Vera ya preparaba su salida de Xalapa y Rubén Espinosa se había convertido en uno de los pocos reporteros a los que los anarquistas le permitían estar cerca de sus actividades.“

Rubén nos enseñó a distinguir prensa de periodistas y con él se abrió una puerta de confianza. Tuvo acceso a un periodo muy especial para el movimiento anarquista de Xalapa. Para nosotros, era un halo de seguridad”, dice Julián Ramírez.

El gobierno de Veracruz tenía en puerta los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarían del 14 al 30 de noviembre y al que Javier Duarte le había apostado buena parte de su estrategia de comunicación para mantener la idea de que el estado estaba en calma. En una reunión a puerta cerrada, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, pidió a los representes universitarios firmar una postura oficial para pedir al resto de la comunidad universitaria no protestar durante los Centroamericanos ni ligar la protesta con la desaparición de 43 estudiantes. Los audios de la reunión fueron difundidos por el portal Plumas libres.

El 12 de noviembre de 2014, en la inauguración de los juegos, y con el grito de “No queremos juegos, queremos justicia”, los estudiantes apagaron la antorcha. El único fotógrafo al que dejaron subir al templete fue Rubén Espinosa.

La situación, para muchos críticos del gobierno, ya era insostenible. El 3 de diciembre, organizaciones sociales enviaron una carta a Plumas Libres pidiendo detener el acoso policiaco contra estudiantes de Humanidades de la Universidad Veracruzana y la “política de terrorismo de Estado que se aplica recurrente y sistemáticamente”.

Nadia Vera se largó de Xalapa. Ya no se quedó a ver el último capítulo de una historia que cuesta trabajo creer y que tuvo como punto culminante el proceso electoral de junio de 2015.

El 1 de junio, unos encapuchados lanzarón una bomba molotov en la Junta Distrital 10 del  INE de Veracruz. El gobierno de Veracruz difundió clandestinamente una especie de manual en el que señala a varios académicos críticos y activistas, entre ellos Julián Ramírez, como radicales que buscaban boicotear la elección.

El 5 de junio, ocho estudiantes que estaban en una fiesta fueron golpeados con bats, machetes, y palos con clavos por una decena de hombres encapuchados. Cuando otros estudiantes llegaron a su auxilio, vieron afuera, sin hacer nada, a tres patrullas de la policía estatal. Tiempo después videos enviados de manera anónima a Plumas Libres evidenciaron que minutos después del ataque, tres sujetos vestidos de civil llegaron a la escena del crimen, dando órdenes a los policías.

Rubén recibió una llamada de una de las estudiantes que llegó al auxilio de sus compañeros. Tomó las imágenes que envió a Cuartoscuro. Dos días después, vió que lo seguían y decidió que era tiempo, también, de salir del estado.

Llegó a la ciudad de México el 10 de junio. Cincuenta días después, fue a tomar unas cervezas al con su amiga Nadia Vera. Y al día siguiente, en el departamento que ella compartía, fueron asesinados, junto con otras tres mujeres: Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, sus roomies, y Alejandra Negrete, quien trabajaba haciendo el aseo.

Ha pasado un año del asesinato. la Casa Magnolia, donde Rubén dio cursos de seguridad, dejó de existir. Los estudiantes ya no tienen el comedor de Humanidades. El grupo se ha dispersado y las denuncias de los ocho jóvenes que vivieron el infierno del 5 de junio no avanzan. Por eso, periodistas y activistas de Xalapa insisten: investiguen sus amenazas.

— Siempre existe la posibilidad de que fuera una casualidad — le digo a Julián Ramírez.

— No. No lo creo — responde con ironía. Luego me reta—. Mídelo en las consecuencias: después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó.

Las mentiras del procurador

La mañana del domingo 2 de agosto de 2015, el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, sus principales colaboradores, y la Secretaría de Gobierno Patricia Mercado,  se reunieron con un grupo de periodistas con los que Rubén Espinosa tenía una relación de trabajo y defensores de organizaciones de libertad de expresión.

Habían pasado 36 horas del hallazgo del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, entre ellos el fotorreportero amenazado, cuya identidad era la única que se tenía confirmada hasta ese momento.

La reunión fue convocada por la secretaria de gobierno y duró cerca de 40 minutos. No fue un encuentro sencillo. El procurador Rodolfo Ríos aseguró a los asistentes que no descartaba ninguna línea de investigación.

“Tengan la confianza de que nosotros estamos trabajando muy fuerte (…) tenemos a todo un equipo importante que está trabajando en este asunto porque no vamos a permitir que haya impunidad, no vamos a permitir que esto quede así como un homicidio más, quiero que tengan esa certeza”, dijo al presentar a su equipo.

Pero antes de cinco minutos, soltó una bomba: “No era contra él”, aclaró, en tono de confidencia.

“No quiero adelantarme”, insistió una y otra vez, ante los alegatos de los periodistas y activistas presentes. “No puedo abrirlo a los medios, pero si te puedo decir que en las investigaciones que llevamos no fue un ataque en contra de Rubén (…) los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”.

¿Cómo podía saberlo? En la misma reunión, los responsables de la investigación aseguraron que no se habían comunicado con la familia de Rubén Espinosa, ni habían entrevistado a ninguno de los periodistas cercanos al fotógrafo durante las diligencias del día anterior, porque no sabían quién era. Los peritos que revisaron el departamento, desde la noche del viernes 31 julio, no habían encontrado ni sus credenciales ni su teléfono, ni alguna pista que les indicara quien era el único hombre asesinado en el homicidio múltiple. ¿Cómo, entonces, la noche del sábado, la secretaria de Gobierno de la ciudad de México había podido comunicarse con periodistas y defensores para citarlos a la reunión?

Ni en ese momento, ni un año después, los funcionarios del gobierno de la capital del país han podido explicarlo. Tampoco han encontrado el teléfono celular del fotógrafo ni sus credenciales, a pesar de que esa misma semana Rubén había recibido su nueva credencial de elector.

Tras de la reunión, en la que los investigadores se comprometieron a tener informados a los asistentes de los avances de sus pequisias, el procurador Ríos Garza se dirigió a una conferencia de prensa, en la que básicamente dijo dos cosas: que se había abierto una investigación por el delito de robo, aunque no especificó qué objetos habían sido robados y que Rubén Espinosa había regresado de Veracruz a la ciudad de México para para buscar “nuevas oportunidades como fotógrafo profesional”.

No quiso dar los nombres de las mujeres asesinadas, porque se activó el protocolo de investigación “con perspectiva de género por el delito de feminicidio”, pero confirmó que ya habían sido identificadas, dijo sus profesiones, edades, y aclaró que “tres eran del país y la de 29 años, de Colombia”

No hizo ni una mención a las denuncias de amenazas provenientes de Veracruz que habían hecho Rubén Espinosa y Nadia Vera, aunque ese había sido un tema ampliamente tratado en la reunión previa. Pero sí se tomó tiempo para aclarar: “La dependencia concluyó una reunión de trabajo con PEN internacional, Artículo 19, Periodistas de a Pie, Cuartoscuro y Proceso, con quienes se asumió el compromiso de agotar todas las líneas de investigación, así como una continua comunicación para el esclarecimiento de los hechos”.

El sábado 1 de agosto de 2015 ocurrió algo poco común en la clasemediera colonia Narvarte de la ciudad de México: una camioneta recorrió las calles voceando el diario sensacionalista ¡Pásala!, cuya nota de portada titulaba: “Torturan y matan a 5″.

La nota se refería a un homicidio múltiple ocurrido el día anterior en el departamento 401 del edificio de Luz Saviñón 1909, en esa colonia. Las fotos de la portada mostraban varias los cuerpos de los cinco asesinados, ubicados en distintos lugares del departamento. Las imágenes eran muy duras, dejaban claro que también habían sido torturados, pero no permitían identificar sus rostros.

Poco después de las dos de la tarde, un fotógrafo que monitoreaba a Rubén Espinosa en la ciudad de México se comunicó con otros periodistas para avisar que había algo extraño, porque el fotógrafo no respondía su teléfono y no se había comunicado con su familia desde el día anterior. Su hermana, Alma, lo estaba buscando porque no había llegado a dormir el viernes, como quedó.

Desde el viernes en la tarde, Alma Espinosa localizó a Antonio C., el amigo con el que sabía que su hermano había ido a tomar cervezas el día anterior. Él le dijo que lo acababa de dejar en una reunión, que no se preocupara, que estaba bien, y que más tarde él volvería a reunirse con Rubén. Pero no lo hizo. Y el sábado, cuando Alma volvió a llamarle, le dijo que no había regresado a la reunión y que no sabía nada.

Antonio C. era un amigo de la colonia en la que vivía su familia, al que conocía de muchos años pero que no frecuentaba. Según su declaración inicial, los dos estuvieron platicando la noche del jueves 30 de julio en un bar del centro, donde los alcanzó Nadia Vera. En la madrugada, los tres  se fueron al departamento de Luz Saviñón, donde se amanecieron bebiendo. A las 9 de la mañana decidieron irse porque tenían que trabajar. Preguntaron en un módulo de policía (no ubica dónde) por la parada más cercana del Metrobús y un oficial les explicó cómo llegar a la estación Centro SCOP; sin embargo, metros antes de ingresar al metrobús, Rubén decidió regresar al departamento con Nadia.

Es la última persona que lo vio con vida, pero la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no hizo nada por comprobar su versión. Ni siquiera cotejó los registros de las cámaras cercanas al metrobús. Tiempo después, cuando Antonio amplió su declaración, aseguró que no tenía idea de que a Rubén hubiera sido amenazado o tuviera temor por su vida. “Él jamás me comentó nada, de hecho nunca me dijo que lo hayan perseguido, pues inclusive yo no me expondría a salir con él”, declaró.

El sábado 1 de agosto, Alma Espinosa lo convenció de acompañarla al departamento en el que había dejado a Rubén.

En las redes sociales de periodistas de la ciudad de México y de Xalapa, comenzó a correr rápidamente el aviso de que Rubén Espinosa estaba desaparecido.

A las 5 de la tarde, el fotógrafo Alejandro Meléndez, uno de los monitores Rubén, llamó a varios periodistas para darles una información que provocaba escalofrío: “Malas noticias, parece que está relacionado con en el multihomicidio en Narvarte”.

Meléndez es integrante de FotorreporterosMx, un colectivo que se había creado a partir de las primeras denuncias de Rubén Espinosa sobre la situación de hostigamiento que vivía en Veracruz. Cuando dio el aviso, iba camino a encontrarse con Alma y Antonio en el edificio de Luz Saviñón.

“Estaba acordonado y no los dejaban pasar al cuarto piso, un policía le dijo a Alma que había un multihomicidio pero que al parecer también había un detenido. Eso le dio esperanza. Le dijeron que tenía que ir en una patrulla al Semefo de la delegación Benito Juárez. Nosotros los seguimos en el carro”, recuerda el fotógrafo.

“En la delegación, Alma Espinosa identificó a Rubén. Pero le dijeron que por tratarse de un multihomicidio debería ir a presentar la denuncia a la Fiscalía de Homicidios, que está en Azcapotzalco”.

La noticia corrió entre periodistas de la ciudad de México, que comenzaron a llegar a la Fiscalía Especial de Atención al Delito de Homicidios poco después de las 8 de la noche. Para entonces, ya se sabía que una de las mujeres asesinadas era Nadia Vera, su amiga. Y también comenzaba a identificarse el nombre de Yesenia Quiroz, pues su familia –a diferencia de la del fotógrafo—fue avisada por las autoridades y su madre ya había llegado a la fiscalía desde Mexicali, donde reside.

A Alma Espinosa, el ministerio público que le tomó la declaración en la Fiscalía le recomendó que no dijera la profesión de su hermano “para no entorpecer las investigaciones”.

La confirmación del asesinato de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte sacudió al gremio en la ciudad de México.

 “¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?”, se preguntaban unos a otros en una reunión improvisada en una casa de la colonia Roma.
“Ya se chingó todo. Vienen por nosotros”, le dijo un periodista de Veracruz, desplazado en la ciudad de México, a otro que también huyó de ese estado hace año.

Poco antes de la medianoche, recibí una llamada de Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la ciudad de México, convocándome, como parte de Periodistas de a Pie, a una reunión al día siguiente con el Procurador, Rodolfo Ríos.

“Ya está confirmado Darío Ramírez, de Artículo 19. Queremos explicarles cómo van las investigaciones”.

Le dije que sí, pero que también debería ir alguno de los fotógrafos del grupo más cercano a Rubén.

“Quién ustedes decidan”, me dijo.

A la reunión acudimos los directores de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y de Cuartoscuro – los dos medios con los que colaboraba Rubén--  Darío Ramírez y Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, Alejandro Meléndez, de Fotorreporteros y yo.

Aunque intentamos que entrara la novia de Rubén, en representación de la familia, no la dejaron pasar.

“Es un caso que es relevante para nosotros, todos los asuntos que llevamos en la Procuraduría son relevantes para nosotros… Pero hay asuntos de mayor relevancia y este es uno de ellos, por todo lo que implica: No nada más que cinco personas por un mismo hecho pierden la vida, sino también el tema especial de Rubén por la connotación y el tema periodístico”, nos dijo, de entrada, el procurador Ríos Garza.

Luego soltó la bomba: “no puedo dar muchos datos, lo que les puedo decir es que los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”.

Meses después supimos que en ese mismo momento, los peritos estaban en el departamento encontrando información nueva – celulares, usb y una computadora – que no habían visto ni el viernes ni el sábado.

Apenas habían pasado 36 horas del hallazgo de los cuerpos. Todavía no detenían a los acusados del homicidio. Pero el procurador de justicia de la Ciudad de México ya sabía lo que, después de un año, sigue siendo la versión oficial del asesinato.

Bienvenidos a Veracruz

“La primera vez se lo llevaron a plena luz del día. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba afuera del periódico en el que trabajamos. Llegaron por él en una camioneta blanca. todos bajaron las cortinas. Era noviembre de 2012. El subdirector llamó a la Marina. En 2010 nos habíamos quedado sin policía municipal y entró la del estado. Los marinos tenían un retén en la caseta, así que pusieron un cerco en toda la ciudad y los rescataron. Ellos (los criminales) dejaron a la gente que tenían secuestrada y huyeron a los cañaverales. Nunca los detuvieron. En esos días había un ambiente raro en la ciudad. Camionetas y vehículos daban vueltas en lugares públicos. En un solo mes desaparecieron a los chicos jugando futbol, a los policías municipales, a los bomberos. Eso sí estuvo horrible. Se llevaron a 4 de protección civil y bomberos, entre ellos la radio-operadora  y un maquinista. Eran estos (muestra fotos): Vero, tenía tres hijos… ella y yo estuvimos juntos en la escuela; Cardel y Pablo. Todos estaban muertos a batazos y alrededor había unas imágenes de la Santa Muerte.

“Regresó porque habían abatido al jefe de la plaza en un operativo conjunto, el 19 de diciembre. Dicen que le pasaron una camioneta encima. Sergio regresó el 1 de enero de 2013. Durante esos días estuvo muy temeroso. Mi madre le decía: ‘¿a qué regresas?’, pero el siempre respondía: ‘no pasa nada, vieja’. Ya no tomaba, había cambiado mucho. Cuando desapareció recuerdo  que acabábamos de cobrar la quincena. Le entró una llamada, se fue al baño a contestar. Regresó blanco. Agarró los guantes para la moto y el casco y me dijo: ‘déjame la compu prendida, que voy a regresar a trabajar’. Ya no volvió”.

El testimonio es de un reportero de Cardel, una ciudad que está entre el puerto de Veracruz y Xalapa. Habla de su compañero, Sergio Landa Rosado, el último de los periodistas desaparecidos en el estado. La historia es, apenas, una primera mirada a lo que viven los periodistas en ese estado más letal del mundo para el ejercicio periodístico.

Sergio Landa, el “reportero de hule”, como le decían en la región, cobraba mil 500 a la quincena y no tenía días de descanso. El Diario de Cardel, empresa para la que trabajaba, es parte de la Editorial Olmeca, propiedad de Edel Álvarez, político priísta y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.  La empresa se desentendió de la familia y del caso, después de la desaparición de su reportero policíaco. La motocicleta en la que Sergio Landa acudió a su última cita fue recuperada tiempo después por policías estatales y sigue “puesta a disposición de la autoridad”. Tres años y medio después de su desaparición, nadie sabe realmente qué pasó. Y como en todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en Veracruz que han sido atraídos por el gobierno federal,  el expediente no fue turnado a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sino a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Seido), por presumirse que se trata de un asunto relacionado con el crimen organizado y no con su actividad periodística.

En Veracruz han sido asesinados 24 periodistas y fotógrafos en los últimos 11 años, que abarcan los sexenios de Fidel Herrera Beltrán  y Javier Duarte de Ochoa. (Esta cuenta incluye a dos que fueron asesinados fuera del estado —uno en Oaxaca y uno en la ciudad de México— pero que trabajaban allí). Otros 8 reporteros están desaparecidos, una característica muy propia de México, que no ocurre en otros países peligrosos para la prensa. Su lista incluye al primer reportero desaparecido en todo el país: Jesús Mejía Morales, un reportero de radio que cubría política en  el municipio de Martínez de la Torre, al norte de la capital y desapareció en el último año del mandato de Miguel Alemán, en julio de 2003.

En la última década se han documentado 21 ataques a medios (desde hackeos y amenazas hasta incendios) y al menos 40 reporteros han tenido que dejar su hogar por temor a perder la vida. En esta última lista estaba Rubén Espinosa, quien después de un largo anuncio de su muerte, fue asesinado en la capital del país, el 31 de julio de 2015, en circunstancias no aclaradas hasta ahora.

¿Quién o quiénes están detrás de la muerte que cubre a la prensa veracruzana? ¿Qué buscan? Comencé a documentar testimonios de periodistas agredidos en mayo de 2012, unos días después del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, en Xalapa. Ella fue extrangulada en su casa por un hombre que está prófugo y con quien, según la versión oficial, tendría una relación sentimental. El único detenido, José Antonio Silva, es un hombre analfabeto y seropositivo, que ante el juez declaró que fue torturado para declararse confeso (aunque en realidad, sólo confesó haber estado presente en el asesinato, pero no participar en él). Edel Álvarez, el magistrado dueño de varios diarios -entre ellos el diario donde trabajaba Sergio Landa-, lo dejó libre por falta de pruebas. Luego fue reaprehendido.

Álvarez es un político priísta distanciado del grupo gobernante al que los reporteros ubican ahora más cercano al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, otro político de larga trayectoria en el PRI que en 2016 contendió por la gubernatura a través de una alianza electoral opositora. Así de complejo es tratar de entender Veracruz, donde los políticos son dueños de medios, los periodistas completan su sueldo trabajando para políticos o en oficinas de comunicación, y los límites entre grupos políticos y grupos criminales parecen no existir.

La revisión de más de 300 agresiones a periodistas registradas en Veracruz entre 20003 y 2016, un registro que incluye datos oficiales, bases de datos diferentes organizaciones de libertad de expresión y agresiones no reportadas que son producto de entrevistas con reporteros de todas las regiones del estado, permite comenzar a armar el complejo rompecabezas de los ataques a la prensa en el estado.

Una de las primeras cosas que llama la atención es que en la mayoría de los casos que el gobierno considera “cerrados”, hay tres móviles: 1 ) robo 2) crimen pasional o por motivos personales 3) crimen relacionado con los grupos criminales.

El análisis de la información permite identificar tres bloques de periodistas agredidos:

Los policiacos. Periodistas que quedaron atrapados en medio de un territorio disputado por distintos grupos criminales. Que recibían llamadas o instrucciones de qué publicar o no. Y que antes de ser asesinados fueron torturados y los dejaron desmembrados o exhibidos públicamente. El único que se sale de ese patrón es el columnista de Notiver, Milo Vela, quien fue asesinado con su familia, por tres desconocidos que entraron de noche a su casa y dispararon con saña. “Eso podría indicar que fue un grupo criminal distinto al de los otros policiacos”, dice un investigador consultado para este trabajo.

Los regionales. Periodistas de zonas limítrofes o municipios pequeños que tienen conflictos con caciques o con poderes locales específicos, como Gregorio Jiménez de la Cruz, en Coatzacoalcos. A ellos los sacaron de su casa y los enterraron en fosas o, como en el caso de Armando Saldaña, los fueron a dejar en otro estado. En este grupo originalmente entraría, Moisés Sánchez, director de la Unión de Medellín que fue secuestrado por policías municipales y asesinado en enero de 2015; el gobierno de Veracruz se apresuró a responsabilizar al alcalde panista, Omar Cruz Reyes, quien está prófugo;  pero no se han explorado otras líneas de investigación. “Todo parece indicar que el problema fue con la policía estatal, por el apoyo que dio Moisés a la creación del Comité de Autodefensas de la Colonia Gutiérrez”, dice un reportero de la zona.

Los políticos. Periodistas con perfiles más altos, que tenían una influencia mayor por su relación con medios nacionales y sus coberturas de movimientos sociales y políticos. Sus asesinatos han tenido impacto más allá de círculos locales y, desde el inicio, las investigaciones han evitado evidencias que pudieran relacionar los asesinatos con sus actividades periodísticas. Son los casos de Regina Martínez y Rubén Espinosa, cuyos nombres “aparecieron” en abril de este año en una gran manta que nadie sabe quién colocó enfrente del palacio de gobierno de Xalapa. La manta está firmada por “amigos” de los periodistas y pide que no haya juicio político al gobernador. Nadie la ha quitado. “A Rubén no lo mataron por lo que sabía, sino por lo que representaba”, confía otro reportero.

“Me avisaron de un ejecutado en Rinconada, lo hicieron cachitos y la metieron a tambos con ácido. Tomé 7 fotos y arranqué la moto. Era un camino de terracería. Una camioneta con un enmascarado me hizo el alto. Varios hombres me rodearon. El hombre me dijo: ‘Te voy a hablar claro: esta chamba es de nosotros y no queremos que salga. Borra esas fotos y no seas pendejo. Para la otra, pregunta’. ‘¿A quién?, pregunté yo. ‘Siempre hay alguien’ me dijo. Borré las fotos, les dejé la memoria y me fui”. (Testimonio de la región del Sotavento)

“Un día de 2013 llegó el jefe de una tránsito y me dijo: ‘necesitamos tu casa para el nuevo jefe de la plaza’… Se la dejé. Llevábamos tres presidentes municipales, de distintos partidos y todos relacionados con los de la letra (...) El día que me secuestraron, me dijeron que le bajara a la información del alcalde. Después de eso anduve a salto de mata durante unos meses. Cuando regresé, me encontré al presidente municipal en un evento y le dije que por qué me había mandado hacer eso. Él me dijo: ‘No, yo no fui. Pero vamos a arreglarlo. A ver –le dijo a su asistente- búscale una plaza’. Y me dieron la plaza de policía”. (Testimonio del sur de Veracruz)

“En el periódico siempre tenemos llamadas. Hay un enlace. Todos los periódicos de la zona tienen un enlace que se comunica con los grupos criminales para ver qué se publica y que no. Un día llegó el dueño y corrió a toda la sección local, que porque estaban involucrados. Pagaron unos por otros”.  (Testimonio de las montañas)

“El problema es la corrupción y que los propios periodistas funcionan como espías, orejas del gobierno. No sabes en quien creer, ni en quien no”. (Testimonio de Xalapa)

“Lo más cabrón es la soledad, te sientes nada. En un lugar tenías a tus amigos, tu vida, eras reconocido. Y llegas a otro donde no eres nadie. Al principio, yo sólo quería emborracharme”. (Testimonio de un periodista desplazado)

En todas las regiones de Veracruz, los entrevistados hablan de una limpia de zetas que comenzó en 2009, cuando los “Matazetas” de cartel de Jalisco Nueva Generación hizo su presentación en el puerto de Veracruz. Unos ubican en esta limpia a La Marina, otros al cartel de Jalisco y otros a la policía estatal que comanda Arturo Bermúdez

Bermúdez llegó a Veracruz con Fidel Herrera, como coordinador del C4, y luego, Javier Duarte lo puso a cargo de la policía estatal, que en estos años tuvo cambios importantes, primero se creó la policía intermunicipal (o regional) y luego una fuerza de élite, entrenada militarmente, que está presente en todo el estado, pero muy marcadamente en la capital del estado.

La fuerza civil, presumida por el presidente Enrique Peña Nieto como “la mejor policía del país” no solo tiene  decenas de denuncias por desapariciones forzadas en la era de Bermúdez, también acumula más de 90 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.

“Veracruz tiene una lógica de guerra desde que se tomó la decisión de eliminar a los zetas y para eso usa de todo: marinos, otros grupos criminales, policía estatal o lo que necesite; si en esa lógica, se identifica al movimiento social como un enemigo, lo van a tratar así, como un enemigo”, explica un experto en seguridad.

Otro investigador de la Universidad Veracruzana, experto en seguridad, asegura que el control y el temor son tan grandes que los académicos lo último que quieren es que se conozcan sus investigaciones.

Esa puede ser una explicación para la persecución estatal contra periodistas que identifican como cercanos a grupos “desestabilizadores”. En marzo de 2013, el propio Arturo Bermúdez acusó al fotógrafo Félix Márquez de publicar fotos falsas de autodefensas en el municipio de Tlalixcoyan. “El único que debería estar detenido es el que les fue a tomar fotos y les paga a los ciudadanos para que pongan cosas”, dijo el jefe policiaco.

En todo caso, la marca del gobierno saliente de Javier Duarte ha sido la descalificación de los reporteros que son agredidos.

En julio de 2011, unas horas después de que fue encontrado el cuerpo de Yolanda Ordaz, reportera policiaca de Notiver en el puerto de Veracruz, el entonces Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar, vinculó el homicidio con el crimen organizado y para sustentarlo, difundió unos videos en los que se escucha a la periodista ponerse de acuerdo con un hombre para difundir las manifestaciones contra militares y apoyar a un preso del Penal de Villa Aldama.

Pero el rasero para validar los dichos de delincuentes no fue igual cuando un líder zeta capturado en Córdoba involucró con esa organización al secretario de Gobierno, Erik Lagos. “El señor es un delincuente que mató, torturó a muchas personas. Es una persona sin ninguna moral”, dijo el gobernador Duarte en ese caso. En cambio, en julio de 2015 advirtió a los periodistas en Poza Rica: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos y quienes están metidos con el hampa (…) vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación”.

“Ni siquiera es que te hagan algo, ya ni siquiera sabes si es para hacerte daño, o sólo para mostrarte que lo pueden hacer en cualquier momento. A mí ya no me siguen, Siguen a mi esposa”, cuenta otro periodista en Xalapa, la capital, y donde cualquier historia increíble puede ocurrir.

En mayo de 2012, acompañé a Laura Salas, que entonces era relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Mike OConnor, corresponsal del Comité para la Protección a Periodistas, a documentar agresiones a periodistas en Veracruz. Después de un foro convocado por el movimiento Yosoy132, en el que pudimos platicar con varios colegas, fuimos a cenar. Luego, Laura y yo dejamos a Mike en su hotel, con el acuerdo de salir al día siguiente a las 8 de la mañana para el puerto.

En la mañana hablamos y no contestaba. Fuimos a su hotel y la mujer de la recepción nos recibió con una noticia sorprendente: “El señor bajó a desayunar borracho y lo tuvieron que subir a su cuarto”.  Nunca habíamos visto a Mike tomar alcohol, pero dimos la versión por cierta y nos fuimos al puerto en camión. Entrevistamos a otros reporteros y poco después de las 3 de la tarde recibí una llamada de Mike:

— ¿Daniela? No sé qué pasó. Acabo de abrir los ojos.

— Si Mike, nos dimos cuenta que apenas te dejamos y te fuiste con tus amigos periodistas borrachos —  le dije bromeando.

— No. No fui a ningún lado – respondió él, muy serio —. Tomé una pastilla para el dolor de cabeza y me perdí. Abrí los ojos ahorita, y estaba en
penumbras. Sólo que alguien me dejó aquí unos chocolates de regalo.

— ¡Cómo que unos chocolates!... Mike, ¿estás bien? ¿Te robaron algo?

— No estoy seguro. Tengo aquí mi teléfono y mi directorio, parece todo normal, pero no están unas hojas en las que apunté las entrevistas que hicimos ayer.

Mike nunca quiso regresar a Xalapa. Lo siguiente extraordinario que escuché de un periodista ahí fue el testimonio de Rubén Espinosa sobre lo que parecía una persecución fantasiosa.

Ninguno de los dos está ahora. Así que solo queda seguir investigando lo que dejaron inconcluso.

 

 

 

 

 

La “demandatitis”

A Carmen Aristegui y al autor de este texto nos demandaron casi simultáneamente por “daño moral”. Desconozco si hay persona o dependencia tejiendo conjuras; sé que en los tribunales se expande el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos.

Mariclaire Acosta es protagonista del movimiento de los derechos humanos en México. Después de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, inclinó su vida hacia la defensa de víctimas y fue la segunda presidenta de la sección mexicana de Amnistía Internacional (primero fue Héctor Cuadra). Se enfrentó al ogro autoritario, cultivó instituciones, defendió personas y dialogó con extranjeros solidarios. Es un referente.

En 2000 Mariclaire formó parte de las legiones de ingenuos que creímos en el compromiso con el cambio de Vicente Fox, un farsante. El primero de diciembre de 2000, Fox la presumió en el Auditorio Nacional como embajadora en Misión Especial para los Derechos Humanos y la Democracia y al poco tiempo la hizo subsecretaria del ramo. Mariclaire recibió la instrucción de atender los casos heredados del gobierno de Ernesto Zedillo. Hizo tan bien su trabajo que Fox la despidió en 2003 y poco después empezaron a llegarle las facturas.

En el siglo XXI los derechos humanos están a la defensiva en el mundo entero. Un número creciente de gobiernos encuentran formas de evadir sus compromisos y persiguen legal y/o ilegalmente a los defensores y periodistas independientes y combativos. Crece la confusión y se acentúa el pesimismo porque se ganan casos y se multiplican las burocracias pero continúan las violaciones. México padece el fenómeno y como se ha diversificado el movimiento ciudadano de derechos humanos y el ejercicio del periodismo, resulta cada vez más difícil distinguir entre los comprometidos y los simuladores, los delincuentes y las víctimas. En ese marco las demandas, hilo conductor de esta columna. 

Cuando Mariclaire acompañaba a Fox atendió marginalmente el caso de un varón acusado de asesinar en 1992 a su hermana y esposo. Como la policía capitalina lo torturó para que se declarara culpable, la Suprema Corte lo liberó de la prisión 23 años después, en parte porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones al Estado mexicano. Fue un proceso célebre que llevó a que en 2014 las hijas de la pareja asesinada demandaran a Mariclaire. Hace unas semanas fue exonerada de responsabilidad después de dedicar, durante dos años, tiempo, energía y recursos a su defensa jurídica.

Isabel Miranda de Wallace es la fundadora de Alto al Secuestro, el organismo que luchó contra la liberación de la persona arriba mencionada y que se lanzó contra Mariclaire y contra una “red de corrupción” que, en esta versión, lucra con los derechos humanos y libera criminales. En unas infografías ampliamente difundidas por Alto al Secuestro en esa red se incluye a Mariclaire acompañada de Emilio Álvarez Icaza, José Antonio Guevara, Juan Carlos Gutiérrez y Miguel Sarre. Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura, repudiado por el actual gobierno, es calificado de cómplice de la supuesta red. El pasado 19 de julio Enrique Peña Nieto se declaró “aliado” de la señora de Wallace a quien llenó de elogios.

¿Estamos ante una acción concertada entre quien demandó judicialmente a Mariclaire y quien la acusó de corrupta en público? ¿Humberto Moreira me lleva a tribunales porque estoy coordinando una investigación desde El Colegio de México sobre la masacre de Allende, Coahuila? ¿A Carmen Aristegui y a mí nos demandaron casi al mismo tiempo porque está relativamente cerca nuestro regreso al aire? ¿Hay algún nexo entre los elogios presidenciales a la señora Wallace y la reticencia a pedirle una disculpa a Carmen?

Tiempos difíciles para los periodistas y defensores comprometidos. Algunos somos demandados, otros padecen secuestro, desaparición o ejecución. Independientemente del lugar que ocupemos se nos ataca y acosa como parte de una ofensiva generalizada que busca achicar las libertades alcanzadas. Sobreviviremos y prosperaremos si coincidimos en un diagnóstico y agenda mínimas que nos permita enfrentar esas acometidas que en el mejor de los casos se quedan en tribunales. Hay cosas peores.

 

 

 

Polígonos de paz

Gracias por arroparme con solidaridad y buena vibra

Si el presidente Enrique Peña Nieto hizo una saludable, aunque tardía, autocrítica en el tema de la corrupción, hay que pedirle una revisión similar de su estrategia bélica.

El militar de alto rango me soltó el reproche: “entiendo que critiquen la estrategia de seguridad pero también propongan soluciones”. El comentario me confirmaba lo escuchado en el mundo de la seguridad: la conducción de la guerra tiene limitaciones; no está funcionando. Urge que las políticas públicas se oxigenen y consideren nuevos enfoques. Uno de ellos son los “polígonos de paz”.

En 1970 el Congreso de los Estados Unidos aprobó las Leyes RICO. Uno de sus objetivos principales era encarcelar a los grandes capos para fragmentar a las familias mafiosas y transformar un problema de seguridad nacional en uno de seguridad pública. En los Estados Unidos funcionó razonablemente bien la política y la fragmentación se hizo dogma impuesto a, y asumido por los países de América Latina afectados por la violencia criminal. En Colombia descabezaron a los carteles de Medellín y Cali y algo parecido ha estado sucediendo en México.

Enrique Peña Nieto emuló a su antecesor y toma como indicador de éxito la detención o eliminación de los líderes delincuenciales. El 20 de abril de 2015 el actual presidente presumía que se habían “detenido, o en algunos casos abatido, a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos del país”. El 12 de julio de este año había añadido a otros siete a la cuenta porque aseguró que “se han neutralizado a 100 de los 122 […] delincuentes de mayor peligrosidad”. Con este criterio nuestro problema de seguridad desaparecerá cuando termine su sexenio. Es evidente que ello no sucederá.

El problema con este enfoque es que se desentiende de las consecuencias de la fragmentación. En Colombia y México el resquebrajamiento de los carteles ha llevado a la multiplicación de las bandas. En un oficio del 10 de septiembre de 2014 la Procuraduría General de la República reconoce que las nueve grandes organizaciones derivaron en 45. El desgajamiento ha seguido y según una fuente confiable en Tamaulipas el Cartel del Golfo y los Zetas se han convertido en 23 grupos de diferente tamaño pero con altos niveles de agresividad.

Hacia los “cartelitos” no hay política. En realidad falta una estrategia integral y multidimensional que incorpore lo internacional. Una línea de trabajo podría ser la creación de “polígonos de paz”. Utilizo ese término para recordar una innovación en la estrategia peñanietista. En los inicios de este sexenio la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación identificó “polígonos de intervención” por todo el país. El primer titular de esa dependencia, Roberto Campa, los definió como prioritarios por su “alto nivel de delincuencia y vulnerabilidad”. El trabajo de prevención tuvo resultados desiguales porque en algunos municipios las condiciones eran adversas. Eso me lleva a una digresión académica.

Una corriente de pensamiento es el de las “geografías de paz” (Nick Megoran y Fiona McConnell, The Geographies of Peace: New Approaches to Boundaries, Diplomacy and Conflict Resolution, 2014). Entre sus innovaciones está el incluir a la geografía en las disciplinas con las cuales se estudia tradicionalmente la guerra y la paz. Es decir, hay zonas más propicias que otras para construir “islotes” de paz que contengan la violencia criminal. Es el caso con Jalisco y Chihuahua que son territorios propicios para la experimentación de este tipo.

En Jalisco la corriente de Movimiento Ciudadano encabezada por Enrique Alfaro y Clemente Castañeda obtuvo una sonada victoria electoral en 2015. En este momento gobierna a 62% de la población y tiene mayoría en el congreso. Hace unas semanas Javier Corral triunfó en Chihuahua y en octubre próximo se convertirá en el gobernador y su partido, el PAN, está cerca de la mayoría simple en el congreso local. En esos territorios gobiernan fuerzas más dispuestas a considerar lo nuevo.

En la última década se ha puesto el acento en la parte militar y policiaca de la guerra contra el crimen; tiene que complementarse con los “polígonos de paz”, concepto que por su complejidad requiere una mayor discusión. 

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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