NUESTRA APARENTE RENDICION

El diarismo judicial [casi, casi] del mañana

Publicado en Marco Lara Klahr

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Abel Barajas, un periodista experimentado en la cobertura del ámbito judicial, publicó en Reforma [agosto 7, 2014] la noticia «Desmantelan red traficante de gasolina». Parecía una nota «cajonera» más —como llamamos en la redacción a esas piezas de una sola fuente informativa que no exigen sino reproducir sintéticamente lo que otros dicen—. Pero no, y por eso juzgué importante no dejarla pasar como si tal.

La nota de Barajas:

1. Responde las cinco preguntas básicas del periodismo clásico: Qué, quién, cuándo, dónde y por qué —las también llamadas «cinco w»—, según la información aportada durante una conferencia de prensa que ofreció Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

2. Detalla el modus operandi de la supuesta red, aporta cifras acerca de sus robos sistemáticos a Petróleos Mexicanos y describe su participación en el mercado negro del combustible; aporta un buen contexto de la investigación federal en tres estados; precisa el tipo y la cantidad de bienes que le fueron incautados, dando cuenta al mismo tiempo de las acciones que estaría efectuando la PGR para proseguir la investigación.

3. Informa sobre el estatus legal de las personas detenidas por supuestamente pertenecer a dicha red, los delitos implicados y el penal donde se les privó de libertad, en Veracruz.

4. Es ilustrada con una fotografía de la conferencia de prensa, donde destacan Zerón de Lucio al micrófono y una amplia pantalla electrónica con imágenes alusivas.

Aunque bien escrita, en efecto podría pasar por una nota «cajonera». Pero lo significativo es que ¡no consuma el «juicio mediático»! O sea, no publica nombres ni fotografías ni nada que identifique a las personas implicadas, según la PGR, en la red criminal: ¡no se dañan su presunción de inocencia ni su imagen! ¡Tampoco ocurre la espectacularización medieval a la que estamos habituados en la narrativa institucional-mediática!

 

¿Qué sucedió?

Claramente, esta noticia es resultado de un cambio estructural de cultura, mentalidad, metodología y prácticas comunicacionales que hicieron sinergia y poseen un mérito compartido que debe reconocerse. En este caso:

1. La PGR comunicó con respeto a los derechos humanos de las personas a las que señala según sus facultades legales.

2. El periodista Barajas fue capaz de recoger con eficacia la información y transmitirla al público, cumpliendo con su responsabilidad profesional.

3. Reforma publicó la noticia, lo que evidencia que, contra la práctica habitual en las redacciones de los medios mexicanos, los editores no exigieron al periodista «datitos» o «carnita» —es decir, esa información a través de la cual se consuma el «tribunal paralelo»—; se limitaron a presentar una nota informativa útil a sus lectores.

4. Dicho diario se atrevió a publicar esta noticia —discordante con otras que da a conocer con frecuencia—, que al tiempo que sirve al ejercicio del derecho a la información de su audiencia, respeta los derechos humanos de las personas a las que la PGR acusa.

Tengo para mí que así será más o menos el periodismo judicial mexicano profesional en un futuro próximo. Hemos trabajado en ello cientos de activistas, académicos, periodistas, legisladores y actores del sistema penal durante al menos dos décadas.

 

¿Qué falta?

Faltan, sin embargo, cuatro condiciones:

1. La nota de Barajas mencionada cumple sobradamente si hablamos de «diarismo», especialidad periodística enfocada en la cobertura informativa cotidiana. Pero para que el público se informe integralmente, según es su derecho, se impone la investigación periodística: así todos podríamos conocer si las detenciones fueron legales, si la investigación es consistente y permitirá llevar a las personas detenidas a juicio; las incidencias del proceso hasta su desenlace, y quiénes son dichas personas si acaso el juez resuelve que son culpables. En suma, si los actores del sistema penal hicieron un buen o un mal trabajo, y quiénes son los verdaderos responsables de los delitos.

2. Lo anterior exige inversión del medio informativo y transparencia de las instituciones.

3. Pero lo más importante es que la reforma del sistema de justicia penal en curso debe implementarse adecuadamente en los estados y a nivel federal, para que noticias como esta de Barajas, en Reforma, sea apenas lo que dé pie a la cobertura integral de los casos, acudiendo para ello los periodistas a las audiencias públicas y orales —previstas en el nuevo sistema acusatorio—, sin que los jueces obstaculicen nuestro trabajo.

4. Convencer a los periodistas judiciales de mentalidad inquisitiva, que son mayoría, de que el momento de cambiar llegó, nos guste o no.

marcolaraklahr.mx

 

Lo que sigue

Nació contrahecha. El gobierno y sus acólitos le avientan incienso, le tocan fanfarrias y la califican de beata sin mediar milagro alguno. Dos tercios de la población la rechaza porque hiede a corrupción por los cuatro costados. ¿Qué sigue?

Pese a la avalancha de spots y discursos triunfalistas lanzados durante los últimos meses, a finales de julio un sólido 65% de la población seguía estando en contra de la reforma energética. Este domingo Alejandro Moreno desagregó, en “Revista R” de Reforma, la encuesta hecha por el mismo diario. ¡Es increíble que ni siquiera los simpatizantes del PRI y el PAN estén a favor (57% del priismo y 61% del panismo la rechazan)!

No se trata de un problema de comunicación, como piensa Gustavo Madero. Hay evidencia para asegurar que la principal causa del rechazo es la corrupción estructural del sector energético mexicano. Percepción que creció con las deshonestidades aparecidas por el sendero de las reformas: además del millonario “maiceo” de los diputados estaría, como cereza del pastel de lodo, los videos de Reporte Índigo que muestran a un grupo de pudorosos y modosos diputados panistas después de una jornada de reflexión sobre la reforma energética. Se relajan con un revolcón, bajo la luna vallartense, con trabajadoras sexuales de categoría, en una casa de tres mil dólares al día, sin que nos expliquen, todavía, quién pagó las facturas. ¿Para eso querrán gravar las limosnas?

Hay una fractura entre discurso oficial y opinión social y sería ideal cerrarla con una blitzkrieg (guerra relámpago) anticorruptos. En lugar de eso, el gobierno de la república nos anegará de propaganda sobre las bondades de Exxon, Oceanografía y similares mientras intentan, de manera simultánea, comprar o rentar líneas editoriales, y van soltando (o tolerando) los manotazos intimidatorios a los inconformes. También pronostico una ofensiva priista para evitar que la discusión sobre lo energético afecte negativamente las intenciones de voto que por ahora favorecen al tricolor. Ya viene, una vez más, el conocido y penoso espectáculo de la compra y coacción del voto del pobre.

Se oponen 72% del perredismo y 96% del morenismo, pero cada uno va reuniendo firmas por separado para pedir una consulta a la ciudadanía en esencia similar. El padre Miguel Concha ha lanzado una campaña para pedirles que superen sus diferencias y transformen las dos propuestas en una (el texto con los razonamientos está disponible en mi página de Internet). Aunque deseable, es improbable que las izquierdas respondan al llamado de la sensatez.

Los líderes del PRD van presumiendo su consulta mientras ignoran, con la misma determinación, la que están haciendo los de Morena. El dirigente de esta última, Martí Batres, es más claridoso y reconoce en entrevista con MVS que ‘‘no les tenemos confianza”, porque el PRD puede hasta llegar a “acuerdos con los ministros de la Suprema Corte y echar abajo la consulta”. El riesgo es que con su desunión armen un embrollo jurídico que facilite la anulación de una consulta indispensable.

Desde otra perspectiva, la reforma energética es otro síntoma de los retrocesos que vive una transición democrática descafeinada y de la irritación y alienación de una parte de la población que ve cómo va deshilachándose su identidad. Se viene un año de forcejeos en el cual la Suprema Corte demostrará de que está hecha su independencia, su sabiduría jurídica y su sensibilidad política. Otro organismo retado es el Instituto Nacional Electoral; que deberá darle una pátina de legitimidad a las elecciones locales y federales de 2015, oscurecidas por la polarización creada por la reforma energética, por la compra y coacción del voto, por la violencia criminal en amplias zonas del país y por la opacidad de los partidos en el manejo de sus prerrogativas.

En este escenario a la sociedad le toca ver y callar. Hay, sin embargo, una franja social organizada que puede marcar algunas diferencias. El futuro se tiñe de incertidumbre por una inestabilidad sistémica a la que sobreponen una reforma energética que nace a la sombra de una corrupción imposible de disimular con discursos triunfalistas armados sobre trabes de arena.

 

La miscelánea

Este miércoles la Asociación de Académicos Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México recibirá a Carmen Aristegui, quien dictará a las 12 de día una conferencia sobre “El periodismo en el México de hoy”. El evento se realizará en Camino al Ajusco 20 y se transmitirá por Internet.

 

 

 

Día Internacional de la Juventud en México: muerte y silencio

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, desde el año 2000,  el INEGI, preparó, al igual que en años anteriores y con el mismo motivo, un informe sintético con algunos datos relevantes sobre la situación de los jóvenes en el país. Son apenas 14 páginas las que dan cuenta del terrible escenario en el que ellas y ellos viven la vida cotidiana y trazan sueños que topan con una realidad que los excluye, los criminaliza, los fragiliza.

Falta de oportunidades laborales, educativas, dificultades de acceso a los sistemas de salud, entre otro conjunto de factores estructurales, marcan y definen las trayectorias de millones de jóvenes en el mundo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala por ejemplo que Actualmente cerca de 1,800 millones de personas en el mundo tienen entre 10 y 24 años, lo que representa una tercera parte de la población mundial. Aproximadamente la mitad de ellas sobrevive con menos de $2 dólares al día. Más de 100 millones de adolescentes no asisten a la escuela, 16 millones de mujeres adolescentes se convierten anualmente en madres, y el 41% de las 6 mil nuevas infecciones diarias por VIH entre personas mayores de 15 años, se presentan entre jóvenes.

Quiero ocuparme en esta entrega, de la dramática y alarmante mortalidad juvenil en México. Los datos oficiales indican que en 2012, fallecieron 36 956 jóvenes; sumando las principales causas de muerte, el resultado es desolador y otorga su más denso sentido al grito de ¡Estamos hasta la madre! Que sacudió el territorio nacional: el 55.9% de estas muertes son catalogadas como violentas. Con el objetivo de colocar de la manera más clara e inequívoca posible, para contrarrestar la minimización o indiferencia con que la sociedad en su conjunto y el Estado en lo particular, encaran estos datos, presento una pequeña tabla que desagrega las tres principales causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Causas de defunción

Mujeres %

Hombres %

Agresiones

11.9

32.2

Accidentes de transporte

11.4

17.1

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (es decir, suicidio)

5.8

6.6

Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad, 2012

Elaboración propia

En números absolutos esto significa que tan sólo en 2012, fallecieron 20 658 jóvenes, por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres, alcanza el 44.1%, lo que implica 16 mil 298 vidas cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos por si solos, deberían bastar para declarar un estado de emergencia nacional.  Sin embargo el silencio como estrategia de gobierno, el amordazamiento de los pocos medios de comunicación y periodistas que han trabajado con seriedad el tema, parece ser la lógica que comanda la política de seguridad en los distintos niveles de gobierno: no saber, no decir, no actuar.

Los datos de las entidades federativas con mayor incidencia de fallecimientos violentos de jóvenes sobre las entidades federativas ilustran que no estamos frente a un asunto que pueda circunscribirse al imaginario construido en torno a las zonas “calientes” del país, si no frente a un mapa nacional que se desangra. México está perdiendo a sus jóvenes y no hay estrategias de contención suficientes ni adecuadas.

A continuación una tabla que muestra los datos por entidades federativas con mayor número de jóvenes fallecidos, repito, de muerte violenta en 2012.

Entidad federativa

Mujeres

Hombres

Total

Estado de México

1152

3454

4608

Jalisco

584

1882

2466

Veracruz

699

1808

2507

Chihuahua

405

1770

2175

Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad, 2012

Elaboración propia

Contra todo supuesto, no son Michoacán (con 1419 jóvenes fallecidos), ni Tamaulipas (con 1430), aunque sus cifras sean sobrecogedoras, los estados que más “contribuyen” a esta estadística del horror. Muchos factores inciden desde luego, hay que considerar la densidad poblacional entre otros aspectos, pero las cifras –casi-, hablan por sí mismas. ¿Aquí nos tocó vivir?

El día de hoy 12 de agosto de 2014, un periodista de la W Radio me preguntaba en una entrevista matutina, si México es un país “friendly” para sus jóvenes. Mi respuesta fue contundente: México le declaró la guerra a sus jóvenes hace ya varios años.

Copio un párrafo textual del documento del INEGI, ya citado, porque resulta esclarecedor:

“La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE2013) señala que el tema que más preocupa a los jóvenes (18 a 29 años) es la inseguridad (56.6%), por encima de temas emergentes como el desempleo (49.2%), pobreza (31.4%), educación (30%), corrupción (28.6%), salud (28.2%), aumento de precios (28.1%), entre otros. Esta preocupación es compartida por organismos internacionales cuando argumentan que la inseguridad ciudadana constituye un obstáculo para el desarrollo humano: “el hecho de estar vivo es la oportunidad más básica que puede disfrutar un ser humano; la integridad personal es condición necesaria de su libertad y dignidad”; y el patrimonio –que es necesario para adquirir casi cualquier bien o servicio –es fácilmente la siguiente oportunidad en importancia.”

“El hecho de estar vivo”, es sin duda útil. No deja nunca de sorprenderme el lenguaje de los organismos internacionales y sus traducciones “locales”.

Pero si estar vivo se considera una oportunidad básica, parece que en este país todo confabula para construir una cultura donde la violencia y la muerte se instauran de maneras tempranas en las vidas de  niños y jóvenes. Cómo volver inútil la opción por la violencia como lengua franca en este territorio, si se fomenta, se aplaude, se premia la burla a la vida y el desprecio por una convivencialidad que haga posible otro pacto.

Mientras organizaba este texto y trabajaba los datos, un buen amigo colocó en su muro de Facebook el video que se muestra a continuación. No pude pensar en mejor argumento para ilustrar el modo en que este virus nos carcome desde dentro, desde las instancias más básicas. Mi agradecimiento a César Alan Ruíz Galicia,  porque habla de lo que más nos importa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=g2XM6DWf8ag&feature=youtu.be

Revertir, transformar, incidir en otro México posible para sus jóvenes, uno en el que estar vivo “no sea una oportunidad básica”, sino algo absolutamente natural y posible, pasa por romper el cerco de silencio e intervenir decididamente en dos planos: el de la macropolítica que compete al Estado y a sus instituciones y, el de la micropolítica que corresponde a la ciudadanía, a maestros, a padres y madres de familia, a todas nosotras.

 

 

 

Dios no quiso escuchar y a Rosa se le acabaron las lágrimas

Rosa ya no tiene lágrimas, no habla, no se mueve. Sus ojos rasgados se han cerrado más de lo acostumbrado, ha llorado por dos noches y un día y medio completos. No quiere voltear a ver a nadie, obedece cuando le dan a tomar agua, cuando le frotan un poco de alcohol en el cuello y brazos, tratando de reanimarla. Está ida, no parece darse cuenta de lo que ocurre. Pronto nos percatamos de que esto no es así, lo que pasa es que su mirada sólo tiene una dirección: El ataúd de su hija Dina Elizabeth López Muñoz, el cual permanece frente al altar de la capilla de Santa María, contigua al Hospital del Socorro, escuela y lugar de trabajo de Dina.

 

Es blanco y pequeño, casi como para una niña. Dina era una mujer de 21 años, bajita de estatura y delgada, por eso las dimensiones del féretro. Es blanco porque era el color de su vida. Así era  su uniforme de Enfermera; también era el color de su bondad para asistir a los demás, ya sea en su vida particular o en su vida profesional. Pero si su existencia terminó a una corta edad como son 21 años, más temprana era cuando casi niña, a los 17, empezó a salir con el que después sería el padre de su hija, Luis Alfonso Díaz Zamora.

 

Como estudiante de Enfermería tomaba diariamente camiones urbanos para trasladarse. Fue en alguno de esos viajes que conoció a su después pareja, quien conducía uno de esos vehículos pues era chofer. Así inició una relación con un hombre 16 años mayor que ella, divorciado y quien más adelante cambió el volante de un camión por el de un taxi. Durante los años que convivieron él ejerció violencia contra ella, física, psicológica, patrimonial, y se atrevió a controlar sus movimientos, al grado de encerrarla con llave en la casa donde vivían juntos, para que no fuera a trabajar, a la vez que rompía sus uniformes y zapatos especiales de Enfermera. Hoy Dina descansa en un panteón, pues el pasado 29 de julio el procurador de Sonora les confirmó que un cuerpo sin vida hallado el 16 de abril era el de su hija. Tres meses después, han podido sepultarla.

 

En el cementerio Rosa camina con dificultad y apoyada en dos personas que la ayudan a moverse muy lentamente como quien sufre alguna atrofia muscular. Siendo una mujer sana que acostumbra hacer ejercicio diariamente, en estas condiciones sus piernas no responden a la voluntad de caminar. Avanza con lentitud mientras el ataúd de su hija es colocado en el panteón municipal de Nogales para ser despedida y vista por última vez por sus familiares y amistades. Ahí Rosa rompe el silencio, irrumpe en un llanto de lamentación infinita y se dirige a su hija: "Yo te esperaba siempre para comer juntas, pero tu ya no llegaste nunca. Yo salía todos los días a buscarte, porque tenía la esperanza de encontrarte… siempre tenía la esperanza de encontrarte. Ahora sí mi niña, se me fue la última esperanza, ya nunca te voy a volver a ver. Yo le dije a Dios que le cambiaba mi vida por la tuya, pero él no me quiso escuchar".

 

Dina desapareció el 22 de marzo pasado cuando fue llevada al trabajo por su ex pareja sentimental y padre de su hija de un año siete meses de edad, de quien estaba separada desde el último incidente de violencia tres semanas atrás. Ella nunca llegó a trabajar y su familia duró más de cuatro meses peregrinando en las diversas instancias de procuración de justicia, sin obtener información de parte de las autoridades sobre el estado de la investigación que deberían estar haciendo sobre la desaparición de la Enfermera.

 

Cientos de volantes fueron pegados en postes y otros lugares. Se desplazaron a Hermosillo a 275 kilómetros al sur de Nogales para volantear y pedir la colaboración de la ciudadanía para encontrarla. En esta ciudad capital acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde fueron recibidos en la subprocuraduría de averiguaciones previas,  sin que tuvieran un informe oficial de las líneas de investigación y sus hipótesis sobre probables responsables. La última persona que la vio con vida, su ex pareja, nunca ha sido citado a declarar en relación a la desaparición, y se encuentra en la ciudad de Nogales desempeñando normalmente sus labores como taxista.

 

Al no obtener respuesta de las autoridades en tantos meses, decidieron interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las omisiones de la Procuraduría y todas las personas que intervinieron confundiendo a la familia como si el único interés de ésta fuera identificar si el cuerpo encontrado en abril, era el de su hija desaparecida en marzo, dejando de lado la investigación integral por la desaparición y el feminicidio de Dina. La principal excusa era que la herramienta para hacer los exámenes de identificación genética estaba descompuesta y que no había dinero para repararla. Otra incongruencia que sólo generó más dolor a los familiares, fue que informalmente les dijeron que el cuerpo hallado en Las Bellotas en abril ya había sido enterrado, lo cual era falso. En todo caso, lo único que confirmó el resultado de la prueba de ADN es que Dina estaba muerta.

 

Dina llamó al menos tres veces a la policía pidiendo auxilio. La tercera logró que detuvieran a su ex pareja y la libraran de esa pesadilla momentáneamente. A partir de ese momento ella decidió separarse y regresar a la casa materna buscando seguridad para ella y para su pequeña hija. Cuatro meses después sólo hay un ataúd, un entierro y un recuerdo amoroso de una madre que no encuentra consuelo, y de hermanas, hermano, padre y demás familiares y amistades que no encuentran una explicación ante tanto pesar por ese fin tan dramático e inesperado.

 

Ante este panorama que se repite, suenan huecas las campañas de las autoridades haciendo el llamado a que las mujeres víctimas de violencia de género denuncien y se alejen del agresor. No tienen una estrategia de congruencia entre lo que ofrecen y la realidad que se vive a diario. El domingo es día de descanso para quienes trabajan atendiendo violencia intrafamiliar, pero no lo es para los agresores potencialmente feminicidas. 

 

Hay un alejamiento entre la norma jurídica y la actuación de las autoridades y policías. El protocolo de actuación policial en materia de violencia de género sólo es un documento ilustrativo que no se aplica, y tal vez ni lo conozcan los propios policías. Que se incluyera el delito de feminicidio en el Código penal del Estado fue un logro, pero corre un riesgo, ser un trofeo de la sociedad civil, y un mero cumplimiento de la presión internacional para las autoridades, que para nada va en un sentido de hacerlo suyo para salvar vidas de mujeres, sino cumplir metas requeridas como país ante la comunidad internacional.

 

Las vidas de las mujeres siguen sin importar. Todos los días, pero particularmente los fines de semana las mujeres sufren grave desprotección, extrema indefensión. Cuando al pedirme orientación sobre qué hacer en caso de violencia extrema, seguido me cuentan: “Silvia ya marqué al 066 y me dijeron que no, que tenía que ir directo a la PEI, pero hasta mañana lunes. Me dieron el número 2120340, pero nadie contesta ¿Será porque es domingo?. Yo no entiendo, tanto que hablan las autoridades correspondientes del tema y a la mera hora no hay ayuda…así cómo pues…”

 

Las respuestas telefónicas en el 066, en el MP, en el ISM, son las mismas: “Es domingo, pero no es aquí, vaya mañana”. Y ese mañana tal vez no llegue y se convierta en el ayer que tanto anhelan hoy Rosa Muñoz y su familia.

 

El 51 Bis de Sinaloa, mucho grito, escasas ideas

Publicado en Marco Lara Klahr

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El debate sobre los medios y su regulación democrática en México no puede salir del siglo XIX, parece. Cada vez que algún actor público incursiona en el tema, la respuesta del gremio y la mayoría de las empresas periodísticas es el rechazo estridente.

Mucho grito, escasas ideas. Desdeñamos la oportunidad de aprender. Desperdiciamos la ocasión de regular una industria que como poder fáctico suele vivir adosada al gobierno, abusando de los ciudadanos como interlocutores o actores noticiosos, y de los periodistas como trabajadores. Perdemos la posibilidad de mostrar al público la manera como desde el Ejecutivo se impulsa la contrarreforma del sistema penal bajo un disfraz reformista.

En el proceso de adecuación de sus normas locales a la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, la semana anterior el Congreso sinaloense modificó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, incorporando disposiciones relativas al acceso a la información que obviamente impactarían en el periodismo.

En esencia, se trata del Artículo 51 Bis, que consta de cuatro párrafos y es tan breve como elocuente acerca de las intenciones verdaderas de sus impulsores, denotando de forma lamentable, una vez más, el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Primer párrafo: «Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia».

Un giro de 360 grados, de modo que todo quede igual: 1) Los boletines siempre han sido el medio preferido por las instituciones burocráticas ―y por la mayoría de periodistas y medios― para informar. 2) ¿Qué  harían las oficinas de comunicación social si se pretende que las de acceso a la información maquilen los boletines? ¿Desaparecerían o se enfocarían en su papel histórico de culto a la personalidad «del titular», el «control de daños», la intimidación o la asignación de pagos ilegales a medios y periodistas? 3) ¿Por qué no se mencionan los derechos a la información, la rendición de cuentas, el debido proceso y de la personalidad, que son los implicados en esta materia?

Segundo párrafo: «En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia».

¡Vaya!: 1) Gran noticia, parecía que finalmente el Estado asumiría su responsabilidad de proteger los sitios donde se cometen los delitos y los derechos de las personas en tanto actores procesales. 2) Pero, de pasadita, esta disposición supura un tufillo inquisitivo al hablar de «personas involucradas». 3) Y lo más grave, pretende que ¡la información de seguridad pública y justicia penal no es pública y debe autorizar que lo sea!

Tercer párrafo: «Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia o de la unidad de acceso».

Esto tampoco es nuevo: 1) Históricamente, la comunicación institucional del sistema de justicia bajo el modelo inquisitivo funciona de manera hiper-jerarquizada. 2) Nada se dice, en cambio, de las filtraciones, vía por la cual funcionarios de diversos niveles regulan el timing mediático. 3) Aquí se abre, no obstante, una interesante posibilidad: si el procurador y la unidad de acceso son los facultados para proveer la información institucional, ellos deberán responder ante la ley si hay juicios mediáticos o filtraciones.

Cuarto párrafo: «Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial; siempre que no se afecte el desarrollo de la misma».

Tan disparatado como ilegal: 1) Si en determinados casos, a su juicio, dar acceso a los registros afecta el desarrollo de la investigación, ¿la Procuraduría ocultaría información sobre el caso a la propia víctima y su abogado? ¡No se supone que la representa en tanto fiscal! 2) Y si niega información a la parte acusada y a su defensor, ¿cómo podrá esta ejercer su pleno derecho a la defensa?

Al sobrevenir la reacción pública, el fin de semana el Congreso sinaloense anunció que derogará el 51 Bis. De todas formas, tengamos esto presente: 1) Los gobernadores están aprovechando la implementación del sistema de justicia acusatorio para reforzar leyes y prácticas inquisitivas. 2) El Artículo 51 Bis muestra que los legisladores son unos ignorantes o los cooptaron, o ambas cosas. 3) Artículos como este parecen emitidos por los contrarreformistas para probar hasta dónde pueden llegar. 4) La sociedad y, a su lado, los periodistas debemos estar atentos, entender más y gritar menos, y articularnos para que el sistema de justicia penal democrático se materialice, también porque se basa en la transparencia, oro molido para nuestro ejercicio profesional.

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Saqueo verde

 A Tlachinollan por sus 20 fructíferos años

La reforma energética relumbra de opacidad, impunidad y corrupción. Ubiquemos el papel  que juega el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Jorge Emilio González Martínez, líder verde(Cancún, febrero de 2004):¡Qué pedo! ¿Tú eres el del proyecto?”

Empresario que le pide ayuda para sacar el permiso para construir:“un puerto de contenedores, con su estación de carga y descarga de carros; ya tengo el terreno, tengo todo armado”. La obra desplazaría una aldea de pescadores.

Jorge Emilio: “¿y cuánto dinero nos va a tocar? ¡Dos millones de dólares!”

Epílogo. Exonerado por la Procuraduría General de la República. Actualmente es senador por Quintana Roo.

El maletín millonario.Julio de 2009: El senador del PVEM, Arturo Escobar es filmado cargando un bolso marca Louis Vuitton en un aeropuerto chiapaneco. La Policía Federal lo detiene y encuentra un millón 100 mil pesos en billetes. Se escabulle dejándole la bolsa a  un asistente, quien aclara que era para gastarlo en las elecciones. Como la ley prohíbe manejar esas cantidades de dinero en efectivo el PAN pidió al Instituto Federal Electoral que le quitaran el registro. 

Epílogo.El IFE se desentiende, Arturo Escobar es actualmente diputado y está aliado con el PAN para aprobar la reforma energética.

El “moche” cultural. Julio de 2014. En el otoño de 2013 la Cámara de Diputados asigna 6 millones a un organismo civil michoacano para difundir la cultura en Zitácuaro. La responsable del organismo, Verónica Loaiza, aclara que ella sólo necesitaba medio millón; denuncia que el diputado del PVEM, Ernesto Nuñez le había pedido 2 millones de pesos instruyéndola en el arte del “moche”: “documenta con facturas [de] más. O sea, un evento [lo] inventas doble. [A los artistas invitados les dices] 'Oye, va a ser esto [lo que vas a cobrar], pero tienes que presentar la cotización por esto’ ". Como al presidente priista de Zitácuaro, Juan Carlos Campos le tocaba el resto del dinero no estuvo de acuerdo con la cantidad pedida por el diputado verde. En otra grabación comenta que ajustará los montos con el diputado: “Le voy a decir 'Ernesto: no chingues, güey, ¿cómo te quieres ganar 2 […] millones de pesos?’”.

Epílogo probable. El escándalo languidecerá, el caso se archivará y el ahora diputado competirá por la presidencia de Morelia en 2015. ¡Así se limpia el cochinero michoacano!

Las telebancadas y la reforma energética. En octubre de 2013 Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde, felicita con emoción contenida a Ninfa Salinas por “su importante trabajo en pro del medio ambiente” mexicano. La senadora Salinas acababa de proponer una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPMASH) que está incluida en el paquete que reforma la energía. Arturo Escobar interviene para proclamar que la ANSIPMASH representa una de las “grandes noticias de la reforma energética”. Hay quienes piensan diferente. El Centro de Investigación para el Desarrollo, Cidac, considera que lo ambiental es el “tema incómodo” de la reforma energética mientras que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental lo califica de “foco rojo”.

Pausa contextualizadora.Ninfa Salinas es parte de la telebancada y arrastra un conflicto de interés porque TV Azteca (la empresa de la cual proviene) tiene inversiones en la energía. El partido Verde es el nido de la telebancada; en esta legislatura siete diputados y cuatro senadores del PVEM están ligados a las televisoras. De hecho, son casi un tercio de toda la bancada de ese partido.

Epílogo probable.Algún verde obtendrá la titularidad de la ANSIPMASH, los verdes continuarán saqueando el ambiente, y con la reforma energética la corrupción, la opacidad y la impunidad florecerán como si viviéramos en una eterna primavera. Para que ello no suceda la sociedad debe exigir que en 2015 haya una consulta.

 

La miscelánea

La impunidad es integral. Veámoslo con la tortura que es endémica. De 2006 a la fecha 8,784 presuntos torturados se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH reaccionó como siembre e hizo un promedio de 10 recomendaciones al año entre 2007 y lo que va de 2014. El Poder Judicial abrió 140 casos entre 2006 y 2013, el resultado: justicia a la mexicana porque entre 2005 y 2013 nos obsequiaron con ¡cuatro sentencias! Las fuentes de donde sale esta información, los audios, el video y la transcripción referida en la columna están en mi página.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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