NUESTRA APARENTE RENDICION

El Cisen y la AGN

  A los archivistas, guardianes de nuestra historia

El gobierno de Enrique Peña Nieto piensa que controlando la información resolverá los grandes problemas nacionales. Esa creencia lleva a excesos como el que está cometiendo la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Archivo General de la Nación (AGN).

Quienes leyeron La Charolasaben que en el año 2000 el Cisen me autorizó a consultar los documentos de la mítica Dirección Federal de Seguridad (DFS). En 2002 ese material se hizo público gracias a Adolfo Aguilar Zinser, el consejero de Seguridad Nacional de Vicente Fox, muerto hace una década.

En el primer semestre de 2001 parecía que Fox sí crearía una comisión de la verdad sobre derechos humanos y otra sobre corrupción (aprobó los proyectos pero luego los archivó). Mientras elaborábamos ese proyecto informé a Adolfo que gracias al archivista de la DFS, Vicente Capello y Rocha, el acervo estaba organizado ¡y completo! Adolfo entendió su importancia y en julio concertó un breve encuentro con Fox. Le expliqué al Presidente la trascendencia de salvar el acervo para depositarlo en el AGN. Fox instruyó a Aguilar Zinser que lo salvaguardara y el 19 de febrero de 2002 se hizo la entrega formal al AGN de 4223 cajas con los archivos de la DFS y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

El Cisen puso como condición que Capello coordinara a los empleados del Cisen que manejarían el acervo en la Galería 1 del ex Palacio Negro de Lecumberri. En ese momento era una petición razonable porque sólo Capello entendía la compleja lógica de esa colección. Trece años después el Cisen sigue controlando la forma como se consultan esos papeles lo cual es una sinrazón. En febrero de este año la responsable de la Galería 1, María  Elizabeth Tecuatl Quochol, informó de un día para el otro que ya no se permitiría consultar directamente las fichas catalográficas (tarjetitas escritas a máquina) que son la llave para acceder al fondo documental.

Es una decisión absurda por dos razones. La primera tiene que ver con la importancia de la colección. Siempre pensé que los principales beneficiarios de esos documentos fueron las víctimas de la represión o sus familiares. Aurora Gómez Galvarriato, (directora de la AGN entre mayo de 2009 y septiembre de 2013) corrigió mi percepción en el transcurso de una larga plática.

Es una colección excepcional porque hay muy pocos fondos documentales en los archivos históricos sobre el periodo de existencia de la DFS (1947-1985) y porque hay un creciente interés entre los jóvenes historiadores por la segunda mitad del siglo XX. Pese a sus imprecisiones este acervo permite un acercamiento a la historia desde muchas perspectivas, incluso la cultural, y da una buena idea del tipo de régimen que existía.

La segunda, porque se trata de una decisión sin base legal. De acuerdo a la Ley General de Archivos los “documentos confidenciales” deben abrirse al público a los 30 años de la emisión del último documento. En agosto de este año se cumplen las tres décadas de desaparición de la DFS y el Cisen debería preocuparse por salirse de la Galería 1 y dejar de tomar decisiones que obstaculizan la investigación y mortifican a quienes dirigen y trabajan en el AGN.

En lugar de ello el Cisen se contagió del estado de ánimo de una presidencia empeñada en regular la información porque considera que es la receta infalible para resolver sus limitaciones y errores como gobernantes. En este caso el Cisen y la Secretaría de Gobernación están echando atrás uno de los logros más concretos y visibles de la transición que, además, permite descifrar claves explicativas sobre lo que pasa ahora.

El Director del Cisen y el secretario de Gobernación deberían asumir que la investigación histórica es incompatible con la obsesión peñanietista de modular lo que sabemos. Dejen en paz a la Galería 1 del Archivo General de la Nación. Respeten la historia y el libre acceso a ella.

 

La miscelánea

El Legislativo debe tomarse más en serio la protección de nuestros archivos. Tenemos una historia riquísima que se deteriora, en parte por los bajísimos presupuestos que le dedican. Es una vergüenza que en 2015 la AGN tenga un presupuesto de 84 millones (quité el gasto en construcción y las cuotas a organismos internacionales), mientras que el Partido Verde disfruta de 429 millones que utiliza para violar la ley y burlarse de la ciudadanía.

 

 

 

Haz patria, perdona a un buchón

Víctor Hugo Michel, periodista con gran experiencia en el reporteo de historias con vuelo internacional, se enteró de tres sinaloenses acusados de tráfico de drogas en Malasia, mediante conversaciones con sus fuentes en la diplomacia mexicana en 2011. Poco después, atravesó el mundo para investigar los detalles de su juicio en un país que condena con muerte el tráfico de drogas.

Nueva Red Nacional de Voceros, ¿viejas prácticas comunicacionales?

Publicado en Marco Lara Klahr

Desde que el presidente Lázaro Cárdenas estableció en México la primera política de comunicación institucional, hace 79 años, al crear en junio de 1939 el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad ―dentro de la Secretaría de Gobernación―, hasta ahora, se han sofisticado las funciones de las «oficinas de comunicación social» y sus «voceros».

15 no y uno sí

Quince jueces declinaron la petición de amparo presentada por Carmen Aristegui. Uno la aceptó y tomó una decisión que sacude al Estado fantasmagórico que rinde pleitesía a los poderes fácticos, protege a los corruptos, ignora a los débiles y se olvida del interés general.

La empresa MVS despidió a Carmen Aristegui y su equipo hace algunas semanas (del que formo parte). Hubo inconformes que lo interpretamos como golpe a la libertad de expresión alentado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para enfrentar el hecho, diferentes organizaciones interpusieron demandas que comentaré en otra ocasión para dedicar este texto a la sorprendente evolución que tuvo el recurso legal presentado por Carmen por medio del bufete de Javier Quijano.

Carmen pudo elegir una demanda civil para exigir el pago de daños y perjuicios. Optó por solicitar un amparo argumentando que sus derechos habían sido violados. Fue una decisión riesgosa porque el poder judicial tiende a ser conservador y temeroso de los poderosos; y los propietarios de la radio y la televisión lo son y mucho. Otro escollo son los usos y costumbres políticos.

Los concesionarios están convencidos de que el privilegio dado en usufructo por la nación es de su propiedad y creen tener puros derechos y ninguna obligación, salvo tratar con consideración al gobernante en turno. El convencimiento lo ha alimentado una Secretaría de Gobernación que abdicó hace mucho de su responsabilidad de supervisar que cumplan con la ley. He escuchado a tres secretarios de Gobernación reconocer su impotencia frente a ellos. 

Lógicamente, MVS Radio consideró que podía modificar unilateralmente un contrato que garantizaba independencia editorial a la conductora y suponer que no debía rendir cuentas a nadie. Su sorpresa —y la de todos los concesionarios— fue mayúscula cuando un juez, Fernando Silva García, tomó el caso desechado por otros 15 e incorporó reformas a la Constitución de 2013 estableciendo que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, la pluralidad y la veracidad de la información. 

El juez llevó el razonamiento a su conclusión lógica al considerar que si los concesionarios brindan un servicio público, para los efectos del juicio de amparo ello significa que MVS se convierte en una autoridad que realizó actos de forma unilateral modificando situaciones jurídicas y olvidándose de que sus funciones están normadas por la Constitución. Esta interpretación modifica de raíz el vínculo de empleada-patrón de Carmen y MVS y la ubica en la relación de presunta víctima de un acto de autoridad.

El juez ordenó a MVS y a Carmen que llegaran a un acuerdo antes del lunes 27 de abril. De no hacerlo, él realizará un pronunciamiento cautelar integral. La reacción de MVS fue retadora: “No hay acuerdo posible con Aristegui”. Si el juez ordena reinstalarla vendrán las demandas y las contrademandas y el asunto muy probablemente terminará en la Suprema Corte. La batalla jurídica será feroz porque el tema es complejo y afecta el margen de maniobra de las concesionarias.

Independientemente de la evolución que tenga este litigio, hago un alto aquí ante un hecho poco común: un juez da una interpretación moderna y garantista a la tensión entre legalidad y justicia. Silva García forma parte de  una nueva generación de abogados con una sólida formación en el estudio de los derechos humanos que toman en cuenta las reformas constitucionales y las mejores prácticas internacionales.

En sus dos décadas en el Poder Judicial, este juez ha dictado sentencias de vanguardia y forma parte de quienes asumen a plenitud su papel como representantes de un Estado que tiene entre sus funciones más importantes salvaguardar el interés general respetando, por supuesto, derechos adquiridos. Este principio tan elemental es generalmente olvidado por un Estado blandengue ante los poderes fácticos y carcomido por su tolerancia hacia la corrupción. La displicencia con la cual el Instituto Nacional Electoral ha tolerado las violaciones a la ley del Verde son un claro ejemplo.

La libertad de expresión mexicana está sometida a un asedio múltiple. El caso de Carmen es escandaloso por lo visible pero no es el único. En ese contexto reconforta constatar que en el poder judicial hay jueces preocupados por proteger a las víctimas; y que uno de ellos lanza una señal alentadora: ¡sí hay Estado!

 

 

 

Reynosa, el Estado rebasado

Los narcoestados de México como Tamaulipas, son la mejor prueba del fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en el combate del crimen organizado que actualmente vive una reorganización territorial y el empoderamiento de recientes cárteles.

El Estado está rebasado. Los hechos violentos en Reynosa demuestran terribles fallos de operatividad por parte de Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad quien ha sido incapaz de detener la escalada de violencia que se registra actualmente en algunos estados de la República.

La ley del narco es más fuerte que el Estado. Las imágenes de bloqueos, balaceras, y vehículos quemados en Reynosa tras la detención de José Tiburcio Hernández Fuentes El Gafe, exhibieron el poderío del Cártel del Golfo (CdeG), frente a unas autoridades incapaces de controlar el caos o de ofrecerle seguridad a los habitantes de Tamaulipas.

El CdeG dirigido aún por Osiel Cárdenas, se reorganiza territorialmente y extiende sus redes comprando voluntades en el gobierno estatal, policías, Marina y Ejército. Solo así, se puede explicar que convierta en su feudo no solo Matamoros, sino otras ciudades del Noreste.

ernández Fuentes, fue detenido junto con Javier Martín Anguiano Toledo, José Gilberto Zamarripa Vallejo y David Salgado García. Sus cómplices intentaron liberarlos en un auténtico operativo mejor coordinado que el de las autoridades donde participaron aproximadamente 60 personas en 15 camionetas, armados con AK47 y R15, según ha señalado el propio comisionado de Seguridad.

El CdeG evidenció su poderío realizando once bloqueos con camiones, tráilers y autos particulares, perfectamente coordinados para sitiar Reynosa. Su control de la zona es tanto, que atacaron las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y nos dejaron claro quién manda en esa ciudad.

La incapacidad de las autoridades para enfrentar los ataques del CdeG provocó que se cerraran los puentes internacionales, que los candidatos de los distintos partidos suspendieran sus campañas electorales, que los niños fueran a la escuela y que finalmente la gente decidiera quedarse en casa ante el terror que se vivió en las calles de la ciudad.

¿A quién le queda alguna duda de que Tamaulipas es un narcoestado? ¿Cómo es posible que a estas alturas el gobierno federal no haya iniciado ninguna investigación a los narcopolíticos de todos los partidos de Tamaulipas? ¿Acaso no es obvio que tanto el CdeG como los Zetas han penetrado las estructuras del poder político en Tamaulipas? ¿Por qué el gobierno sigue fingiendo, intentando mirar para otro lado para ver si así desaparece el problema?

Seguramente la infiltración de los cárteles de la droga que controlan el Noreste del país llega a muy latas esferas, seguramente incluso hasta el gobierno federal.

La complicidad de las autoridades locales de Reynosa fue evidenciada. Así lo denunció el senador del PAN por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien acusó al alcalde priista de Reynosa, José Elías Leal, de estar vinculado al cártel que domina “la plaza”, al igual que el alcalde de Río Bravo, Rogelio Villaseñor Sánchez.

Si la PGR ya sabe quienes son los políticos que colaboran con los cárteles de la droga, ¿qué espera para actuar?. Tal vez, prefieren que la bomba explote con una desaparición masiva como en Iguala, Guerrero con el perredista José Luis Abarca.

Claro, como aquí se trata de políticos priístas, de gobiernos del partido en el poder, obviamente Enrique Peña Nieto no está dispuesto a darle golpes a la misma piñata y menos en época electoral. Nos queda claro que prefiere que veamos rebasado al Estado.

Lamentablemente, la omisión del gobierno peñista provocará más caos, anarquía y el peligro inminente del empoderamiento de los cárteles de la droga en las propias instituciones.

Los casos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis son una muestra que durante este gobierno están surgiendo organizaciones criminales con el objetivo de dominar nuevos mercados de la droga a nivel internacional.

Si los cuñados y líderes de estos cárteles, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Abigael González Valencia “El Cuini”, son los narcotraficantes más ricos del mundo, según la DEA, será porque este gobierno así lo ha permitido y algo está recibiendo a cambio.

 

 

 

Lorenzo y Jacquie

Las trapacerías del partido Verde han provocado una discusión sobre quién debe corregir las anomalías. Reviso aquí las posiciones del actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y de una ex consejera, Jacqueline Peschard.

El Verde se ha distinguido por su capacidad para hacer negocios, violar las leyes y aliarse con grandes empresas (ha sido el principal instrumento de Televisa y TV Azteca para beneficiarse con una “telebancada” en el Congreso que defiende sus intereses). En este ciclo electoral el Verde inició una millonaria campaña en septiembre de 2014 ¡ocho meses antes de lo permitido! La saturación de sus mensajes –y el descrédito de los otros partidos– disparó su intención de voto y siete de los diez partidos políticos ya se quejaron ante el INE, y algunos incluso piden la cancelación del registro.

También hay irritación ciudadana, en Monterrey una estudiante de la Escuela Libre de Derecho, María Santos Villareal, subió una petición a change.org #QuitenRegistroAlVerde http://bit.ly/1FxHV0d. Un ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa y otro del IEDF, Eduardo Huchim la retocaron y quedó un texto mesurado en el tono, contundente en los hechos y sólido en su fundamentación jurídica. Al terminar esta columna llevaba 83,000 firmas y change.org la ubica como la petición más destacada y popular.

Cuando le preguntaron a Lorenzo Córdova qué pensaba sobre la petición ciudadana respondió con un exabrupto anti intelectual y excluyente: el INE “no se conduce con la estridencia de la tribuna”. ¡Al presidente del organismo público que tutela nuestros derechos políticos le molesta que los ciudadanos opinemos y participemos fuera de las urnas! No sólo eso sino que refuerza su idea ¡mandándonos fuera, a la tribuna de los espectadores!

Lorenzo también dice que el INE está para aplicar la ley lo cual significa que atenderá la petición ciudadana. Jacqueline Peschard –una respetada ex consejera- introduce una variante en su columna para El Universal (13 de abril). Acepta de entrada que “el partido del tucán ha violado sistemáticamente la ley electoral” y “ha desacatado las resoluciones de las autoridades electorales”. Sin embargo está en contra de que el INE le quite el registro aunque la ley le otorgue facultades. Ello suplantaría, dice, una prerrogativa de los electores. Propone que las urnas quiten o ratifiquen el registro del Verde.

Esta idea –muy extendida en algunos círculos– pasa por alto que el Verde ha mentido a los electores apoyándose en las televisoras y aprovechándose de la laxitud del INE y el Tribunal Electoral. La mansedumbre de los árbitros ¿viene de la convicción o de su domesticación? Existe evidencia para argumentar que en el actual INE manda el bloque comandado por  otro consejero, Marco Antonio Baños, cuya cercanía con el PRI y el Verde ha sido igualmente documentada. Y al Tribunal lo acaban de exhibir en Guadalajara.

Nuestros derechos están en la indefensión. ¿Qué hacer? Recordar de entrada que todo violador de derechos busca legitimidad jurídica. Así, la segregación racial en los Estados Unidos tenía un sustento legal refrendado una y otra vez por la Suprema Corte hasta que en 1954 emitió un fallo histórico basado en un criterio diferente: la segregación era injusta.

México necesita justicia y las instituciones que tutelan derechos imitan a Poncio Pilatos y se lavan las manos amparándose en interpretaciones blandengues de la ley. Jacqueline argumenta que “si de lo que se trata es de impedir que el Verde sigaviolando la normatividad” la autoridad podría, por ejemplo, “reducir significativamente sus tiempos de campaña en medios electrónicos”. Este razonamiento deja sin castigo lo que el Verde ya hizo.Tratarlo de esa manera sería darle otro jalón de orejas al partido que se burla todo el tiempo de las leyes, del INE y, sobre todo, de los ciudadanos.

El Verde ya manchó estas elecciones de inequidad. Ni el INE, ni el Tribunal Electoral pueden evadir este hecho e ignorar su responsabilidad. O le entran o se “avicentan” y siguen inventándose excusas para disimular su complicidad con los delincuentes electorales, los corruptos y los poderes fácticos. Si no ponen como principal criterio la justicia, en 2018 volveremos a tener esta discusión sobre un partido, el Verde, que es un caso estridente de perversión democrática. Cumplan con su deber. Atrévanse a pensar en el interés general y en la justicia. Quiten el registro al Verde.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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