NUESTRA APARENTE RENDICION

La unión de mis hijos hará mi grandeza. La UNISON es Ayotzinapa.

A nivel nacional se convocó a que las universidades del país se manifestaran en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y los estudiantes de la Universidad de Sonora no pudieron faltar. Desde las siete de la mañana se acordó que habría un paro de las clases en la mayoría de las facultades de la Universidad de Sonora.

 

Los estudiantes se organizaron para sustituir las clases por una serie de actividades culturales, performaticas y de difusión social de las noticias de este México que nos duele a todos. Salonearón en las diferentes facultades y en las plazas de las escuelas, los alumnos de teatro montaron una representación de la muerte injusta de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este día las clases en la Universidad de Sonora fueron sobre protesta social, manifestación de la indignación, pero sobre todo de empatía por quienes sufren en carne viva una tragedia que compartimos todos.

 

A las 5 de la tarde convocaron a una concentración en la Plaza Zaragoza, frente al palacio de Gobierno. Los estudiantes comenzaron a llegar con una hora de anticipación, con sus pancartas improvisadas y otras elaboradas con espray. Los estudiantes de artes llevaron zancos y se pintaban  el cuerpo y la cara con sangre para representar a todos aquellos que ya no están.

 

Frente al palacio de Gobierno, los estudiantes de artes escénicas de la Universidad de Sonora volvieron a representar el performance que estuvieron repitiendo toda la mañana en las diferentes facultades de su universidad. Los estudiantes vestían de blanco y con el cuerpo lleno de heridas daban vueltas como almas en pena, se retorcían de dolor como seguro lo hicieron los normalistas desaparecidos. Entre ellos se hacían el pase de lista recordando que no debieron morir, que quieren paz, justicia y vivir en un país mejor.

 

Cuando comenzó la marcha a las 5:30 de la tarde los estudiantes concentrados eran alrededor de 1, 500. La ruta que siguieron no fue muy accidentada. Únicamente se tomó la Pino Suarez hasta llegar al Blv. Luis Encinas e ir a la Plaza Emiliana de Zubeldia para entrar a la Universidad de Sonora y detenerse en el edificio de Rectoría para un mitin estudiantil. Al final, frente al edificio de rectoría, los estudiantes eran más de 3,000.

 

 

Entre las consignas que los estudiantes gritaban estaban las de: “Somos estudiantes, no criminales” “Pienso luego me desaparecen” “México no te mates, México no nos mates.” “Todos somos Ayotzinapa” “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” “Tocan a uno, nos tocan a todos”. Incluso una manta jugaba con el lema que Vasconcelos le dejo a la Universidad de Sonora “El saber de mis hijos hará mi grandeza” diciendo: “La unión de mis hijos hará mi grandeza. UNISON es Ayotzinapa”. Recordando el pasado de los activistas estudiantiles del Alma Mater sonorense; que en el 67 se vieron las caras militares, marcando un precedente nacional.

 

Muchos de aquellos estudiantes del 67 tuvieron hijos y nietos que ahora están tomando nuevamente las calles en solidaridad con los normalistas desaparecidos, otros fueron desaparecidos. Dicen que en el Mar de Cortez con cemento en sus piernas. Por ellos, por los de Ayotzinapa, por todos a los que ha desparecido el autoritarismo mexicano y la violencia sistemática, los estudiantes de Sonora y México se manifiestan. Porque les han quitado tanto que hasta los han dejado sin miedo. Y como grito una estudiante frente a Rectoría: “No necesitamos micrófonos, necesitamos juntar todas las voces”.

 

 

 

 

México no necesita más ríos de sangre

“En las democracias se necesitan tener procesos de catarsis, necesitan llegar a una crisis –cuando la corrupción es tan alta como en México, como lo era en Colombia o en Italia–, se necesita llegar a una crisis en donde se cuestione a las élites en el poder y entonces se vacían las cloacas”.

Hace unos días, durante una entrevista con el especialista en temas de narcotráfico y política, Edgardo Buscaglia, señalaba justamente lo anterior. Faltaban horas para que el espanto nos alcanzara a todos con, primero la agresión y muerte contra estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y luego el horror de tanta barbarie concretada, sintetizada en el desollamiento de un estudiante, y la tortura, ejecución y quema después del resto de los jóvenes.

Aún no sucedía todo esto cuando Buscaglia me explicaba que para empezar a atacar el vínculo entre narcotraficantes y políticos debía darse una presión popular fuerte luego de una crisis, para que las causas penales en contra de quienes están en el poder legalmente y han sido impulsados, o están en connivencia con grupos criminales, se empiecen a abrir.

A unas horas de que detallaba esta situación, empezó el viaje a la atrocidad, el dolor y muerte de los muchachos.

Pero la indolencia del gobierno federal y del gobierno local impidió acortar la posibilidad de que los jóvenes se salvaran.

El gobierno de Guerrero, que encabeza Ángel Aguirre, decía que ya actuaba; el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que no sabía nada, y el federal que preside Enrique Peña Nieto, que era un asunto local. Como en el caso del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, apenas una semana atrás, se dejaron pasar minutos clave para, posiblemente, salvarles la vida a los estudiantes.

También decía Buscaglia que cuando la denuncia se acerque a cada minuto más y más a los políticos, cuando sigan apareciendo videos, cuando vean la muerte rozar por su corazón, curul o silla, es que entre ellos surgirá la podredumbre.

Sus críticas se volvieron realidad luego de la barbarie de Ayotzinapa, el crimen de lesa humanidad, pues ahora en el PRD se culpan unos a otros, se empiezan a presentar evidencias que vinculan a unos y otros.

Y en San Lázaro, por ejemplo, por vez primera al abordar el tema y reconocer lo que ya todo México sabía, que el presidente municipal de Iguala estaba muy cerca de grupos criminales, o incluso forma parte de ellos, es que el tema de la narcopolítica llegó a la “máxima tribuna” del país.

Desde ahí, Silvano Blanco Deaquino, diputado federal por el PRD y representante popular de una parte territorial de Guerrero, dijo que había que aceptar que en México se vive un “narco-Estado”.

Que el crimen organizado ha penetrado desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y “me atrevo a decir que hasta a la Presidencia de la República” en su financiamiento, sostuvo.

Pero así como nadie le rebatió sus palabras, por las curules de cada partido político se sabe que el dicho del legislador es cierto.

Y salen a la luz las acusaciones, los señalamientos. No hablar con la verdad sería caer en el cinismo, dijo el legislador federal en la Cámara de Diputados.

Decir que no se puede saber de dónde viene los aspirantes y quién es un militante de un partido político que pretende buscar un puesto de elección popular, es ser un cínico, acusó Buscaglia, pues los partidos tienen los elementos para saberlo.

En el PRD sabían que había indicios del nexo entre el edil de Iguala con el crimen organizado, como también lo supo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si atendemos al dicho de una persona que relató cómo en el gobierno de Felipe Calderón, en concreto la PGR, le notificó que el alcalde de Iguala tenía nexos con el narcotráfico.

Ese señalamiento no sólo se lo hizo la PGR de Calderón a un particular para que evitar mayor contacto con el edil de Iguala, sino que además se lo tuvo que dejar sobre el escritorio de Murillo Karam como uno de los principales pendientes a atender por el nuevo gobierno federal priista.

Quienes debían saber el vínculo entre el político local con el crimen organizado, lo sabían. Quienes tuvieron que actuar para evitar mayores riesgos sobre los estudiantes secuestrados, no lo hicieron, dejaron pasar el tiempo, fueron indolentes, fueron cómplices, por lo tanto gobierno federal, estatal y dirigentes partidistas son responsables de la muerte de los estudiantes.

Pero además del gobierno, infiltrado ya por el crimen organizado, la sociedad será culpable de que siga creciendo la barbarie en el país si no actúa. Hoy el reclamo ya se hizo patente en por lo menos una veintena de estados, pero no hay que bajar la guardia, la sociedad mexicana y los organismos internacionales deben seguir presionando, tanto que llegue el momento en que se abran las causas penales contra los políticos vinculados al crimen organizado, para que se les lleve al banquillo de los acusados, para que se les hagan juicios abiertos, desde el Congreso, como sucedió en los años veinte cuando ante los congresistas se llevó a los narcotraficantes, se les juzgó y se les encarceló.

En México ya no necesitamos más matanzas, de nadie, ni de estudiantes ni de criminales ni de integrantes de la seguridad ni de la Marina ni del Ejército ni de políticos; México ya tiene ríos de sangre, la sociedad tiene la palabra y la acción para detener las muertes, porque el gobierno, sin presión, nunca lo hará.

 

 

 

Miopía estratégica

Una razón del incendio guerrerense es que la estrategia gubernamental sirve para capturar capos y fragmentar bandas pero ignora la vulnerabilidad extrema de los gobiernos locales, inermes ante los depredadores.

El presidente Enrique Peña Nieto calificó los hechos en Iguala de “indignantes, dolorosos e inaceptables”, se pronunció contra la impunidad y declaró solemne haber “girado [instrucciones] a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que aceleren sus trabajos”. Le faltó decir que es urgente revisar las estrategias seguidas; sobre todo cuando son tan obvias las diferencias entre Chilpancingo y Nueva York.

Nuestro gobierno se equivoca imitando acríticamente a los Estados Unidos, país que pregona la tesis de la fragmentación de las bandas criminales. En 1970 aprobaron las leyes RICO y con ellas se lanzaron contra las dirigencias de la Cosa Nostra contando, para ello, con la colaboración de gobiernos locales; la ciudad de Nueva York fue una gran protagonista en la persecución y captura de los dones. En México los gobiernos estatales y municipales evitan, si pueden, la confrontación de los criminales y por eso el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dejó escapar a la pareja de asesinos que controlaba Iguala (el gober inepto debería ir a prisión por cómplice).

Enrique Peña Nieto ha respetado la estrategia heredada de fragmentar las bandas criminales mexicanas (bancrimex) atacando a los capos. En su último informe de gobierno presumió la captura de 84 de los 122 delincuentes más buscados y el 1ro. de octubre fuerzas federales detuvieron a Héctor Beltrán Leyva, cuya banda, según un documento de la PGR del 10 de septiembre se fragmentó en ocho pedazos, uno de los cuales, los Guerreros Unidos, masacró y desapareció a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

La inteligencia del Estado mexicano ha sido incapaz de meter en la agenda de riesgos el drama que viven los municipios mexicanos. El 12 de octubre Guillermo Trejo abordó el tema en un texto publicado en El País (“¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en México?”). Trejo concluye que uno de los “grandes objetivos [del crimen organizado es] la toma del poder local […] para extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”. En Michoacán se apropiaban de “30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios”, imponían constructoras, descontaban 20% de la nómina burocrática y obtenían información para extorsionar a las empresas locales.

Los municipios también padecen el asedio de las “desarrolladoras” que imponen construcciones malhechas o pésimamente ubicadas, de los diputados o políticos que cobran “moches” por “bajar” presupuestos y de los partidos políticos que se olvidan de la calidad de quienes gobiernan con sus colores. La cereza en el pastel es la falta de preparación y la corrupción de un buen número de funcionarios locales.

Esta caterva de insectos detesta a la sociedad consciente y organizada y hace lo posible por adormecerla y desarticularla. El crimen organizado la aterroriza para eliminar las resistencias. Esta lógica perversa explica el ataque contra los jóvenes cuya presencia era intolerable por su organización y su disposición a disentir. Lo terrible es que la orden de reprimirlos saliera de un gobierno de esa izquierda que se forjó en Guerrero combatiendo las prácticas que ahora replica.

Cuando las bandas criminales mexicanas (bancrimex) pierden a sus jefes se fragmentan pero no desaparecen por las cañerías de la historia; se reconfiguran y reaparecen porque en los municipios débiles tienen un amplio espacio para medrar. Los cabildos son el flanco más débil de una arquitectura democrática notable por su mediocridad.

El Estado mexicano se aferra a una estrategia miope porque la importaron y aplican sin tomar en cuenta las peculiaridades mexicanas. Que el resplandor que desprenden regiones en llamas les sirva para pensar críticamente en lo que están haciendo y omitiendo.

 

La miscelánea

La violencia es un demonio con mil caras. Una de ellas son los valores que llevan a una parte importante de la sociedad a respaldar al crimen organizado. Si les interesa saber más sobre este ángulo asistan o vean vía Internet “Los pilares culturales del crimen organizado. Presentación de la primera encuesta sobre capital social negativo”; se realizará este miércoles 15 de octubre a las 12 del dia en El Colegio de México como parte de las actividades del Seminario sobre Violencia. 

 

 

 

La «calidad moral» de las víctimas mortales

Publicado en Marco Lara Klahr

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La matanza de 22 personas en Tlatlaya [junio 2014], que podrían haber sufrido ejecución extrajudicial a manos de soldados del Ejército mexicano, ha ido diluyéndose en el espacio mediático, a diferencia de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala [septiembre], presumiblemente cometida por policías de este municipio y Cocula.

Al margen de la cantidad de víctimas, ambos casos son atroces. Geográficamente, aunque en diferentes estados, ocurrieron a no muchos kilómetros. Es muy probable que los perpetradores sean, en efecto, servidores públicos de cuerpos de seguridad del Estado, quienes al abusar de su autoridad violaron derechos humanos y cometieron delitos —en el segundo caso virtualmente al servicio de una organización delincuencial—. Las víctimas eran muy jóvenes.

¿Por qué, entonces, el primero pierde visibilidad pública, o eso parece, y el segundo crece mediáticamente? ¿Porque las intensas movilizaciones estudiantiles han mantenido al de Iguala en el debate público? No estoy seguro: me temo que, como de costumbre, antes que nada la moralina criminalizante de la nota roja inocula en las masas la valoración sobre si una persona es víctima realmente o se merece su destino en virtud de su comportamiento público o privado, o su estatus —real o supuesto— ante la ley penal.

Una de las funciones de la nota roja, los medios que la publican y los periodistas que la practican, es desacreditar en lo posible a las víctimas para descargar al Estado de su responsabilidad de proveerles justicia. Y en el caso de Tlatlaya la información venía cargada de origen.

Ya desde el sumario de la historia donde reveló el testimonio de una joven sobreviviente de la matanza de Tlatlaya, la revista Esquire hace saber que se trataba de «21 presuntos delincuentes», reforzando esta misma idea a lo largo de su historia y reafirmándola con base en testimonios según los cuales aquella región entre los estados de México y Guerrero donde ocurrió la matanza está plagada de criminales.

Luego, pues ya era fácil reforzar la certeza sobre la condición criminal de las probables víctimas de fusilamiento. Leamos un par de ejemplos: 1) «Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido» [Proceso]; 2) «Al recorrerlo [San Pedro Limón, el pueblo de Tlatlaya donde tuvo lugar la alevosa masacre] se constató que aparentemente sí es un pueblo con fuerte presencia de narcos», pues en diversos tramos de la carretera local «hay una pareja de jóvenes con picos y palas parados al lado de los hoyos, simulando que van a arreglarlos. En realidad son halcones con radios y celulares a la mano, uniformados al estilo Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, con camisetas Polo de caballos polistas y grandes números» [Milenio Diario] —véase la reiteración del mecanismo de criminalización de los jóvenes y las propias comunidades.

Y, obvio, si eran «presuntos delincuentes», entonces es legítimo exhibir también sus cadáveres como si fueran los de reses en canal [La Jornada y Proceso], aparte de desacreditar la condición de víctimas de ellos y los sobrevivientes: «Si se trataba de asesinar a todos los probables delincuentes…»; «La hija de la declarante, digamos, andaba en malos pasos…»; «¿Eran yihadistas, eran suicidas, eran terroristas tipo Al Qaeda?, porque cuando un grupo de criminales se enfrenta con una fuerza más potente, como es el Ejército, suele haber cabecillas que se rinden y ya los demás alzan las manos […]» [Carlos Marín en Tercer Grado, Canal 2 Televisa].

Así, hasta la justificación flagrante de la barbarie: «Noventa y cuatro meses en la lucha contra criminales profesionales es un riesgo extremo para cualquier ejército. Por eso sigo pensando que el mexicano, dígase lo que se diga, ha estado a la altura de las circunstancias. Incluso si terminaran de probarse las torturas y ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, que seguramente serían castigadas con dureza ejemplar en las instancias militar y civil». «El mexicano no es un Ejército genocida, no es un enemigo de su pueblo y sociedad. Lo ha demostrado estos ocho años. Se ha equivocado en ocasiones y abusado en algunos casos. Muy pocos para la dimensión de la guerra que pelea». «Como la mayoría de las policías locales sigue siendo una desgracia y los criminales se reproducen como en granja, al Ejército no le queda más que seguir en esta guerra maldita. Por tanto, cuidemos al Ejército» [Ciro Gómez Leyva, Milenio Diario].

El referente de derechos humanos una y otra vez traicionado por los periodistas.

 

Tuits

1) Nos vemos mañana en el XI Foro de Derechos Humanos del Sistemas Universitario Jesuita [octubre 15-17, 2014, Cholula, Puebla.

2) En puerta, nueva plataforma de comunicación digital del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia. No se la pierda.

 

marcolaraklahr.mx

Banalizar el mal

Ángel Aguirre dice que “no se raja” pero tampoco trabaja.

La matanza de estudiantes en Iguala es un acto de barbarie que confirma la mediocridad, ineptitud e insensibilidad de quienes gobiernan.

La clase política se ha unificado en un coro homogéneo en el cual los solistas compiten para ver quién condena con más adjetivos la masacre. Cada uno a su manera nos prometen que ahora sí se hará justicia y que la impunidad será arrojada sin contemplaciones al basurero de la historia. Después de un desabrido mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto envió a Iguala a fuerzas armadas, Gendarmería y Procuraduría General; que no extrañe si en unos días anuncian el envío de un comisionado.

El PRD expulsó de sus filas al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el gobernador Ángel Aceves Rivera declaró enjundioso que no renuncia pero ofrece un millón de pesos a quien proporcione información sobre el paradero de los estudiantes y el nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete, se compromete a enfrentar la crisis.

Todos ellos guardan silencio sobre su responsabilidad directa en la tragedia. Ni el gobierno federal, ni el estatal ni el PRD explican por qué no hicieron nada pese a que supieron desde hace meses que en mayo de 2013 el presidente municipal prófugo, José Luis Abarca, asesinó a perredistas que militaban en la tribu de René Bejarano quien dice haber entregado personalmente al procurador Jesús Murillo Karam y al secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong la declaración notarizada de un testigo de los hechos. Ninguno de los aludidos ha salido a desmentir a Bejarano quien, por cierto, no aclara a quién informó de su partido.

La viuda de uno de los ejecutados, Arturo Hernández Cardona, informó en el noticiero que conduce Carmen Aristegui en MVS que los hechos fueron denunciados ante la procuraduría del estado de Guerrero y que en el legislativo local se inició un juicio de revocación de mandato contra el presidente municipal de Iguala, pero el Congreso (con mayoría perredista) encarpetó el asunto.

Desconocemos todavía la razón concreta por qué asesinaron y desaparecieron a los estudiantes; sí podemos establecer las causas por las cuales no hicieron nada los gobernantes del PRI y del PRD. En 1963 una filósofa judía nacida en alemana, Hannah Arendt, publicó un libro sobre el mal. Después de diseccionar el juicio en Jerusalén contra un criminal nazi, Adolf Eichmann, Arendt concluyó que la maldad extrema puede ser el resultado de burócratas insignificantes que cumplen órdenes aprovechándose de los silencios y omisiones de grandes sectores sociales. La maldad al límite se hace posible porque es banalizada y metida al cajón de lo intrascendente.

Iguala confirma que, con algunas excepciones, quienes gobiernan niegan las realidades que les incomodan o rebasan. En el mensaje pronunciado este lunes por el presidente Peña Nieto trata a Iguala como si fuera un caso único pero no lo conextualiza porque, de hacerlo, tendría que aceptar que somos un país ensangrentado por masacres que también se dan en su tierra natal (Tlatlaya es parte del violento rosario mexiquense).

Los partidos de izquierda también evaden. Un repaso a sus páginas nacionales y guerrerenses muestra una retahíla de frases hechas y lugares comunes sobre lo sucedido en Guerrero. Los líderes lanzan condenas pero, en el caso del PRD, no hay la disposición a aceptar la responsabilidad que tuvieron al dejar que siguiera en el cargo un asesino.

El PRD ya no despierta la esperanza. Es una formación tribalizada y obsesionada por ganar elecciones. Cuando lo logran, sus tribus se ensarzan en feroces disputas por los cargos y los presupuestos. Cuando concluye el reparto se desentienden de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos locales; la indiferencia facilita que algunos municipios o delegaciones capitalinas se conviertan en el hábitat de corruptos, ineptos o sátrapas.

Ni ellos ni el gobierno federal ni los otros partidos están dispuestos a reconocer la posibilidad de que en algunos municipios se han implantado islotes de totalitarismo  gobernados por delincuentes que se aprovechan de las imperfecciones de la democracia. Esta hipótesis explicaría la matanza de estudiantes ordenada, probablemente, por alguna trivialidad del presidente municipal o su esposa. Nos encontramos en esa situación porque la clase política se dedica a encubrir sus ineptitudes con una irresponsable e inadmisible banalización del mal. Impidámoslo.

 

 

 

Miedo y violencia principales problemas: Lebarón

A Julián LeBarón lo cambió la desgracia. Desde que secuestraron y asesinaron a su hermano y su cuñado, a sus amigos y vecinos, es otro. Es un activista, un luchador social que no cree en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni tampoco en un sistema que considera criminal porque no satisface la libertad, seguridad y prosperidad de sus ciudadanos.


Acaba de llegar a la capital del país desde Galeana, donde vive, al noroeste de Chihuahua. Lleva dos meses exigiendo la libertad del doctor José Manuel Mireles, a quien considera un hombre muy decente: Él sacrificó su vida para defender al prójimo, cosa que hizo mi hermano y pagó con su vida. Detenerlo es una agresión directa al derecho más sagrado en el mundo: el derecho a defenderse. Cualquier autoridad que nos niega ese derecho es una autoridad criminal.

Luchador social
Hombre de campo, constructor de casas y movimientos sociales, LeBarón simboliza la lucha por el cambio de conciencias en un país donde la mayoría de los ciudadanos parecen sumidos en la agonía del conformismo frente a todo tipo de abusos desde el poder.

Primero se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, luego fue labrando su propio camino, solidarizándose con las causas más nobles que buscan justicia y reparación para migrantes, desaparecidos, presos políticos, víctimas de la guerra: “No hay ni una persona sentenciada por el crimen de mi hermano. He visto a miles de víctimas y no he conocido justicia en un solo caso.

Nuestro sistema es criminal, repite sin temor a equivocarse. LeBarón es alto, robusto, usa sombrero vaquero y tiene una mirada firme sin cortapisas, como su discurso. La entrevista para La Jornada empieza con una pregunta de su parte, una pregunta que últimamente le lanza a todo mundo: ¿Usted como ciudadano le daría su dinero voluntariamente a los funcionarios por lo que recibe a cambio?

Y responde rápidamente: “Hasta hoy, no he encontrado a ningún mexicano que diga que se lo daría voluntariamente. Eso significa que el gobierno originalmente fue concebido como una forma de organizarnos, para hacer las cosas en beneficio de la sociedad. Pero ya no es eso. Hoy, el gobierno es una herramienta muy violenta, destructiva y corrupta.

–¿Por qué el gobierno se ha convertido en eso?

–Porque hace todo lo contrario de lo que debería hacer. Ellos dicen, desde las instituciones, que saben gastar el fruto de tu esfuerzo mejor que tú. Y todo, porque algunos ignorantes y locos tacharon un papelito, lo metieron en una cajita y ellos dicen que contaron esos tachecitos y tienen una mayoría. Eso significa que el gobierno tiene derecho a contratar policías y gente armada, y prohibir que te defiendas. Es una forma de imponer su voluntad y quitarte el fruto de tu esfuerzo, aunque no estemos de acuerdo.

–Se supone que a eso le llaman Estado...

–No sé que significa eso. ¿Qué es el Estado? El gobierno y el Estado son cosas que no existen. En la realidad no funcionan. Son unas personas igual que nosotros y nosotros hemos aceptado que sus principios por los que se rigen sean distintos a los nuestros.
El gobierno le hace daño a toda la sociedad. Y todo lo que hace daño al ser humano es criminal. Nuestro sistema es criminal.

–Se supone que vivimos en una democracia...

–Nuestras elecciones son en secreto y hemos permitido que este sistema se perpetúe, siendo que el Presidente de la República ganó las elecciones con 18 millones de votos en un país de 120 millones de mexicanos. Y no sabemos ni quiénes son los que votaron, porque el voto es secreto.

–¿Por qué no funciona el sistema?

–Si tú vas y le dices a un funcionario yo voté por ti. Mentiste, todo lo que prometiste no cumpliste. El funcionario contesta que el voto es secreto y que no tiene forma de saber si tú votaste por él. De lo único que él está seguro es que tiene el poder por tres o seis años y tú estás en la posición de obedecer y, si te resistes, te mata o te mete a la cárcel. Tú decides qué quieres hacer. Este es el sistema que nosotros nos hemos tragado.

–¿Entonces en México no existe una verdadera democracia?

–No. Hemos aceptado un lenguaje que distorsiona la realidad. La mayoría decide, pero no porque sea una mayoría tiene derecho a robar, a hacerle daño a los ciudadanos. La democracia es excelente herramienta para consensuar las cosas. Es muy necesario tener un gobierno para organizarnos, pero en el momento que el individuo queda desprotegido en su libertad, en su propiedad y en su vida, ya vivimos en una dictadura.

–¿Y qué se puede hacer?

–Tenemos que trabajar como una sociedad pacífica y compasivamente para lograr que se respete el fruto del esfuerzo y la vida de todos. Y cualquier autoridad que le impida al individuo defenderse, como lo han hecho las autodefensas en Michoacán, comete un crimen, es una traición. Si el gobierno no nos permite defendernos, es un gobierno completamente criminal.

–¿Usted sigue amenazado de muerte?

–Que yo sepa, no.

–¿Sigue luchando en favor de los derechos humanos?

–Hay personas que dicen que tenemos derechos a la salud, la electricidad, la vivienda, la seguridad... entonces, tenemos también derecho de utilizar la policía y el ejército para obligarlos a que nos provean de seguridad. Yo no creo en la violencia de ningún tipo.

–Y la violencia continúa...

–Es un hecho reconocido por todos que la violencia sigue empeorando en México. Hemos llegado al punto donde el ciudadano sabe que no tiene defensa en la autoridad delegada. Y la autoridad no acepta ser mandada. El gobierno se ha constituido en una dictadura. Vivimos en una dictadura casi absoluta. Una dictadura sobre la vida y la propiedad.

–¿Tanto así?

–Las personas que se defienden están en la cárcel por el hecho de que se atrevieron a hacerlo cuando no encontraron ninguna defensa en la autoridad. Y nosotros hemos permitido que a las autodefensas se les traten como si fueran delincuentes.

–¿Usted cree en el derecho a autodefenderse?

–Toda autoridad de la sociedad es delegada. Toda autoridad legítima empieza por autodefenderse, por personas que están dispuestas primero a hacer algo por nosotros mismos y por los demás.

–¿Ha cambiado algo con Peña Nieto?

–El problema de fondo que tenemos en el país no es la violencia, es el miedo. Si la violencia no tiene el poder de inspirar miedo, lo único que provoca es asco. Los ciudadanos no podemos vencer el miedo poniendo más soldados en la calle. Eso sólo empeora la situación. Es algo que se tiene que hacer desde la sociedad para que se organice y resista frente a los abusos de las instituciones.

Desalentador futuro
–¿Hay futuro en este sexenio con las reformas?

–No veo futuro en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero estoy convencido que, a largo plazo, México será el primer país en quitarse de encima la monserga del miedo. Es tan opresiva la violencia que la gente ya le está perdiendo el miedo. Ya lo único que provoca es la adrenalina para levantarse. Eso pasó en Michoacán. Las únicas herramientas que tiene nuestro sistema para establecer el orden es la violencia, la legislación.

–¿Tiene usted alguna esperanza de cambio con Enrique Peña Nieto?

–No tengo ninguna esperanza de que las soluciones vengan de este gobierno. No estoy de acuerdo con este sistema. Tenemos más de 150 mil víctimas. Tenemos todas las pruebas frente a la cara. Seríamos unos idiotas si aceptamos que el gobierno siga perpetuándose.

–¿Y por qué en México asesinan a los luchadores sociales?

–Porque representan una amenaza para la gente que no quiere trabajar. Es tan sencillo como eso. Y van a seguir matando luchadores sociales hasta que la conciencia este suficientemente libre para que los ciudadanos unidos ya no permitan que eso suceda.

–¿Por qué los luchadores sociales son considerados peligrosos?

–Porque son portadores de una idea nueva, una forma distinta de hacer las cosas.

–¿Cómo puede sobrevivir un luchador social en México?

–La única forma es que haya muchos.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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