NUESTRA APARENTE RENDICION

A work of love. Last Weary Bystanders post

It has been an honor to procure the Weary Bystanders project for the last three years. The blog was born out of the need to counter prejudice in the news pieces that were being published in English. My founding partner David Colmenares and I have the conviction that this war needs to be covered respectfully, portraying Mexico in all its complexity.

Better coverage has emerged, although in part because there have been more scandalous acts of violence to report on. President Peña Nieto’s strategy of letting reforms and alimentary campaigns tame the need to seek justice and a revision of the current strategy of the war against drugs is failing.

I end my involvement with the blog because I lack the time and energy to keep up with the war and maintain a good standard of publishable posts. My life and intellectual pursuits are still with the drug war victims, and devoted to researching how a hurt society can muster strength and resources to face the catastrophe.

For the past five years I have met an array of very talented persons committed to understanding violence and working towards peace in a very conscientious way. Needless to say all my colleagues at Nuestra Aparente Rendicion are outstanding activists and professionals of peace. Their work inspires me and makes all the rough patches along the road, learning events.  

To end the war and rebuild this country all of us are needed.

As for my closing blog post, I wish to advocate the reading of a blog that rigorously translates news from trusted Mexican media outlets, Mexico Voices. This is a project that Jane Kingman Brundage and Reed Brundage started. They are a couple from the United States who know the violence-laden state of Michoacan very well, and share many first-hand accounts of the current situation of the state.

http://mexicovoices.blogspot.mx/

The second group of texts I wish to share are a few essays written by Nuestra Aparente Rendicion’s editor Alejandro Velez and his sister Doria Velez on the meaning and impact of disappearances. Both are novel specialists in the subject of disappearances in Mexico and whose work we ought to monitor to gain understanding of the current crisis.

http://www.missingblog.net/tag/mexico/

Given the outrage after forced disappearance of the 43 students from the rural teacher’s college from Ayotzinapa, I want to acknowledge that the British newspaper The Independent had already covered the recent disappearances in Mexico. There is a tendency to make it look as though these recent events that finally made people turn their eyes to Mexico are the beginning of something when they but a manifestation of a years-in-the-making dismantled state.   

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-disappeared-at-least-26000-people-have-gone-missing-in-mexicos-drugs-war-8884385.html?origin=internalSearch

I am grateful to those who entrusted me their texts and put their minds and efforts at the service of this project, and to Lolita Bosch and Alejandro Velez for never doubting its pertinence. This blog has been a work of love and it ends as a work of love.

 

 

 

 

 

Autodefensas se reorganizan

Los grupos de autodefensas legítimas han ido incautando en esta zona costera propiedades pertenecientes a presuntos miembros de Los caballeros templarios, para convertirlos en inmuebles de carácter social en beneficio de comunidades locales.

No son Robin Hood, pero sus planes de convertir estas ostentosas mansiones en bibliotecas, centros juveniles o asilos sitúan a las autodefensas michoacanas muy cerca del arquetípico héroe forajido inglés del folclore medieval.

La estructura financiera de los templarios en esta zona sigue intacta, y apenas hace unos días la Procuraduría General de Justicia de Michoacán confiscó en Tumbiscatío tres inmuebles de Servando Gómez, La Tuta.

Las autodefensas de esta zona costera michoacana se reorganizan, porque consideran un fracaso el plan de pacificación del comisionado para la seguridad en la entidad, Alfredo Castillo, quien ha amenazado con arrestar a los civiles armados. Una advertencia que aquí no ha surtido un efecto disuasorio.

En mayo pasado, antes del límite para el desarme, los civiles en este pueblo hicieron todo lo que les indicó el gobierno: se inscribieron como policías rurales, fueron a los cursos de capacitación y esperaron durante meses la llegada de uniformes, armas y camionetas. Ninguna estructura fue creada para convertirlos en una verdadera policía. Finalmente han comprobado que la llamada Fuerza Rural es un fiasco.

“El gobierno es traicionero, no cumple. ¿Cuántos acuerdos hizo Castillo y no nos ha cumplido ninguno? Dijo que iba a liberar a todos los autodefensas presos en las cárceles, y no cumplió. Ahora está peor, con más de 300 presos. Dijo que iba a detener a La Tuta y los jefes de plaza de los municipio, y tampoco cumplió. ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir?

A nosotros nos dijeron que iba a ser un cambio de camiseta, no un cambio de cerebro. Seguimos siendo autodefensas, dice en entrevista con La JornadaHéctor Zepeda Navarrete, jefe de los grupos armados.

Con apenas una docena de uniformes, sin vehículos y lo que es peor, sin sueldo, Castillo les envió a un director de Seguridad Pública. Lo rechazaron inmediatamente: “Nos mandaron un cabrón que se llama Ismael López Flores, un policía estatal de aquí que andaba con los malandros, era templario. Y nos lo querían imponer de jefe con cinco comandantes. Estoy seguro que ya le había hablado a Carmelo Vargas Nuñez (antiguo jefe de esta plaza). Era una cochinada, y no la permitimos. Venían otra vez a agarrar billetes. Los corrimos a la chingada”, dice con orgullo.

Cuando este pueblo productor de plátanos, con litoral en el océano Pacífico, se convirtió en el objeto del deseo de narcotraficantes y funcionarios, por la entrada y salida marítima del tráfico de drogas, armas y hierro, empezaron a aparecer entre las humildes casitas y las calles sin asfaltar, residencias y palacetes de los dueños de la plaza.

Todo mundo sabía dónde vivían los jefes que controlaban la policía local y otras autoridades; todo mundo sabía quiénes operaban las actividades ilícitas, desde el cobro de piso, los rescates por los secuestros y las ejecuciones, pero nadie hacía nada. Así aguantaron entre ocho y 10 años, hasta que el pueblo decidió levantarse en armas hace nueve meses, después del asesinato de Julio Zepeda Navarrete, un vecino ejemplar muy querido por todos, que había sido amenazado y extorsionado en su taller mecánico y refaccionaria.

 

Fue la gota que derramó el vaso. Aquel 13 de enero del presente año, el alzamiento armado de hombres y mujeres fue inmediato. Los primeros que salieron corriendo fueron los templarios. Escaparon con lo puesto. En el interior de sus casas, la mayoría aún amuebladas, con dudoso gusto, queda el rastro de la prisas, el caos provocado por la escapada. Los escondites donde guardaban la droga o el botín de los atracos han quedado al descubierto. Paredes falsas, subterráneos, cajas fuertes abiertas, cuevas, túneles, criptas y bóvedas en lugares inusitados.

De las nueve casas incautadas, más de la mitad pertenecen a la familia Vargas Núñez. Los tres hermanos Carmelo, Onorio y Julio pertenecen al cártel de Los caballeros templarios y luego de salir huyendo, se refugiaron en Colima, aunque siguen rondando el pueblo.

Carmelo Vargas Núñez, alias El Siete, controlaba esta región. Vivía en una suntuosa residencia. El lugar está abandonado. Hay restos de una cascada artificial y una piscina sucia con gallinas ahogadas. El jardín lleno de palmeras luce descuidado. En el interior hay paredes cubiertas de madera con una escalera de caracol. Abundan los espejos en la habitación principal. Casi toda la casa está vacía y cubierta de una gruesa capa de polvo. La cochera tiene ganchos y ropa tirada. Hace unos meses los aires acondicionados fueron donados a las escuelas.

Mansiones para el pueblo

 

En esta peculiar redistribución de la riqueza mal habida de los narcos, las autodefensas decidieron establecer su cuartel central en la residencia de Julio Núñez Mendoza, padre de El Siete. El inmueble, de 375 metros cuadrados, está ubicado en la avenida Rayón, sector cuatro, manzana dos. En los cuartos de la parte trasera hay colchones en el suelo. Ahora son los dormitorios de la tropa, que también usan una hamaca colgada en el porche. La cocina está en el patio y una mujer prepara el desayuno. Las gallinas cacarean y se pasean libremente por el lugar.

Estas lacras pensaban que iban a estar aquí toda su perra vida, pero se equivocaron. Aquí ya se acabó el tiempo de las pinches plazas. Este es nuestro pueblo, y lo vamos a seguir defendiendo, dice Zepeda Navarrete, hermano de Julio, asesinado en enero pasado por los templarios.

Una veintena de hombres armados con AR-15 y AK-47 lo cubren, mientras hace un recorrido por las nueve propiedades incautadas para fines sociales. Viste pantalón de mezclilla, chaleco antibalas y usa gorra. Lleva una pistola escuadra nueve milímetros a la cintura, con empuñadura de plata, y un cuerno de chivo al hombro: Les quitamos todas las propiedades. Queremos hacer un asilo, una casa de la cultura, una biblioteca, un kínder… todo lo que ocupe el pueblo; esas propiedades no son de nosotros, son del pueblo. Es lo más justo.

Tres casas están a nombre de Carmelo Vargas Núñez, una ubicada en el Fraccionamiento La Guadalupana, la otra en la calle Corregidora, sector cuatro, manzana ocho, y la tercera en la calle Aldama, sin número. Otras dos son de su hermano Onorio. La casa ubicada en la calle Alvaro Obregón pertenece a Gerardo Cobarruvias Landín, El Negro, jefe de sicarios de la zona, quien luego de huir fue detenido por la Procuraduría General de la República en Colima, en febrero pasado. Otros dos inmuebles son de sus presuntos lugartenientes, Porfirio Martínez Reyes y Hugo Barriga Acevedo, el primero en la calle Aquiles Serdán y el otro en la calle Belisario Domínguez.

La lucha sigue

Las autodefensas que han limpiado este pueblo de malandros son leales al doctor José Manuel Mireles, y han decidido reorganizarse. Solamente 47 de ellos están registrados como policías rurales: La mitad quedó fuera. ¿Qué hago con el resto? Ellos han andado en la lucha desde el principio y por eso siguen y van a seguir. Nosotros nos hemos humillado y hemos aguantado todo con tal de darle seguridad a nuestras familias, y el gobierno siempre nos ha querido pisar y pisar. No nos vamos a dejar, dice el líder.

La mayoría de ellos utiliza sus propios vehículos para patrullar el municipio. La frontera con Colima está a unos kilómetros, y el riesgo es latente, por eso no están dispuestos a desarmarse: “Los templarios están a la vueltita. Tenemos que darle protección a nuestras familias y al pueblo, aunque Castillo amenace con encarcelarnos”.

Zepeda Navarrete es un hombre de 44 años curtido por la vida. Fue testigo de la ejecución de su hermano hace nueve meses. Intentó defenderlo. Siente la culpa como una losa.Y desde entonces se comprometió a defender no sólo a su familia, sino al pueblo donde nació. Es un pacto de sangre. La foto de Julio, colocada a la entrada de la casa materna, se lo recuerda.

Se encamina rumbo a la playa para el rondín diario en lancha. Recorre el pantano en busca de cocodrilos, que acaban de atacar a un pescador, aunque le preocupan más los humanos depredadores que los reptiles. Los templarios lo siguen amenazando, le han puesto precio a su cabeza; el gobierno lo tiene en la mira: “No tengo miedo de morir. Ya estoy preparado para eso.

El día que me maten no me voy a llevar nada, pero por lo menos la gente hablará bien de mí. A mí me mataron un hermano, yo no me voy a vender por un sueldo. No tengo precio, concluye Zepeda Navarrete.

 

 

 

 

El tiradero

Es aberrante la desaparición forzada, escandalosa la incompetencia estatal y natural el escepticismo internacional sobre la modernidad de México. El Senado tiene, en la selección del nuevo presidente de la CNDH, una posibilidad extraordinaria para empezar a recoger el tiradero.

Margarita Santizo emuló con éxito al Cid Campeador quien, de acuerdo a la leyenda, ganó batallas después de muerto. La señora Santizo buscaba desde 2009 a su hijo, Esteban Morales Santizo, un policía federal desaparecido en Michoacán. Antes de morir pidió ser velada frente a la Secretaría de Gobernación en Bucareli; quería despedirse increpando a un gobierno federal que se desentendió del caso. El mismo esceptisismo y rechazo hacia las instituciones oficiales se advierte entre los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala; no le tienen confianza al gobierno y exigen que los análisis de los restos sean hechos por el grupo de forenses argentinos.

En su libro, Estados de negación,Stanley Cohen describió en detalle cómo evaden los gobernantes su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. Para Cohen hay tres grandes formas de negación: la literal (nada pasó), la interpretativa (lo que sucedió es diferente a lo que se dice), y la justificatoria (lo acontecido era necesario o inevitable). Se trata de una práctica humanamente universal porque a nadie le gustan las malas noticias y tampoco es común que un poderoso acepte con humildad errores u omisiones. En México la negación del horror ha alcanzado niveles tan grotescos que sólo provoca desprecio.

Felipe Calderón ocultó durante años las listas de desaparecidos que iba recopilando su Procuraduría General de la República; en la víspera de su partida nos enteramos, por una filtración a la prensa, que el conteo superaba los 26 mil. El gobierno de Enrique Peña Nieto también ha hecho lo posible por minimizar de múltiples formas la tragedia humanitaria. La atención a las víctimas se ha reducido a discursos periódicos que nada tienen que ver con el día a día.

La atrocidad mayor está en la conducta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Raúl Plascencia. Es más conocida por sus omisiones que por sus intervenciones. Cuando los Zetas masacraron a 72 migrantes se tardó más de tres años en sacar una recomendación y estuvo mal hecha; tampoco se pronunció como debía en la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila en 2011; mientras el gobierno reconocía que lo de Tlatlaya fue una ejecución, él la calificaba de enfrentamiento y se ha hecho el desentendido ante la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.

Restulta inconcebible que el ombudsman nacional haya dado una sola entrevista sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa (6 de octubre, en el programa En los tiempos de la radio, de Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula). Es inaceptable que no explique de dónde salieron los 20 millones de pesos que costó su casa (nota de Ernesto Nuñez en Reforma) y que, en lugar de ser estandarte de transparencia, se niega a difundir sus declaraciones patrimoniales. Un ombudsman indolente y ausente no le sirve ni a las víctimas ni al Estado.

En los próximos días los senadores tendrán la oportunidad de demostrar que tienen clara la gravedad de la situación. Al Estado y a la sociedad les urge una CNDH respetada y creíble. El dilema para el Senado es clarísimo: repetir la negociación cupular que incluye el pago de favores pasados o futuros o hacer una selección rigurosa y transparente que tome en cuenta historial, conocimientos, compromiso y programas. Buena parte del país seguirá con atención este proceso que mostrará el compromiso del Estado con las víctimas.

Vivimos momentos en extremo difíciles. Hay desconcierto, desesperanza y enojo. Reaparece la tentación de la vía armada y la actitud de las víctimas se endurece. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad anunció, por medio de uno de sus voceros, Javier Sicilia, que en la “medida de nuestras posibilidades, velaremos a cada uno de nuestros siguientes muertos en la puerta de la Secretaría de Gobernación”; también hicieron un llamado a los “habitantes del país para que repliquen esto en sus localidades con sus víctimas”. ¿Se convertirán los recintos oficiales en capillas de velación?

En tiempos bélicos, la negación de la barbarie es una aberración ética y una tontería política. ¿Lo entenderá una mayoría de los senadores? En unos cuantos días sabremos de que están hechos. 

 

 

 

La unión de mis hijos hará mi grandeza. La UNISON es Ayotzinapa.

A nivel nacional se convocó a que las universidades del país se manifestaran en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y los estudiantes de la Universidad de Sonora no pudieron faltar. Desde las siete de la mañana se acordó que habría un paro de las clases en la mayoría de las facultades de la Universidad de Sonora.

 

Los estudiantes se organizaron para sustituir las clases por una serie de actividades culturales, performaticas y de difusión social de las noticias de este México que nos duele a todos. Salonearón en las diferentes facultades y en las plazas de las escuelas, los alumnos de teatro montaron una representación de la muerte injusta de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este día las clases en la Universidad de Sonora fueron sobre protesta social, manifestación de la indignación, pero sobre todo de empatía por quienes sufren en carne viva una tragedia que compartimos todos.

 

A las 5 de la tarde convocaron a una concentración en la Plaza Zaragoza, frente al palacio de Gobierno. Los estudiantes comenzaron a llegar con una hora de anticipación, con sus pancartas improvisadas y otras elaboradas con espray. Los estudiantes de artes llevaron zancos y se pintaban  el cuerpo y la cara con sangre para representar a todos aquellos que ya no están.

 

Frente al palacio de Gobierno, los estudiantes de artes escénicas de la Universidad de Sonora volvieron a representar el performance que estuvieron repitiendo toda la mañana en las diferentes facultades de su universidad. Los estudiantes vestían de blanco y con el cuerpo lleno de heridas daban vueltas como almas en pena, se retorcían de dolor como seguro lo hicieron los normalistas desaparecidos. Entre ellos se hacían el pase de lista recordando que no debieron morir, que quieren paz, justicia y vivir en un país mejor.

 

Cuando comenzó la marcha a las 5:30 de la tarde los estudiantes concentrados eran alrededor de 1, 500. La ruta que siguieron no fue muy accidentada. Únicamente se tomó la Pino Suarez hasta llegar al Blv. Luis Encinas e ir a la Plaza Emiliana de Zubeldia para entrar a la Universidad de Sonora y detenerse en el edificio de Rectoría para un mitin estudiantil. Al final, frente al edificio de rectoría, los estudiantes eran más de 3,000.

 

 

Entre las consignas que los estudiantes gritaban estaban las de: “Somos estudiantes, no criminales” “Pienso luego me desaparecen” “México no te mates, México no nos mates.” “Todos somos Ayotzinapa” “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” “Tocan a uno, nos tocan a todos”. Incluso una manta jugaba con el lema que Vasconcelos le dejo a la Universidad de Sonora “El saber de mis hijos hará mi grandeza” diciendo: “La unión de mis hijos hará mi grandeza. UNISON es Ayotzinapa”. Recordando el pasado de los activistas estudiantiles del Alma Mater sonorense; que en el 67 se vieron las caras militares, marcando un precedente nacional.

 

Muchos de aquellos estudiantes del 67 tuvieron hijos y nietos que ahora están tomando nuevamente las calles en solidaridad con los normalistas desaparecidos, otros fueron desaparecidos. Dicen que en el Mar de Cortez con cemento en sus piernas. Por ellos, por los de Ayotzinapa, por todos a los que ha desparecido el autoritarismo mexicano y la violencia sistemática, los estudiantes de Sonora y México se manifiestan. Porque les han quitado tanto que hasta los han dejado sin miedo. Y como grito una estudiante frente a Rectoría: “No necesitamos micrófonos, necesitamos juntar todas las voces”.

 

 

 

 

México no necesita más ríos de sangre

“En las democracias se necesitan tener procesos de catarsis, necesitan llegar a una crisis –cuando la corrupción es tan alta como en México, como lo era en Colombia o en Italia–, se necesita llegar a una crisis en donde se cuestione a las élites en el poder y entonces se vacían las cloacas”.

Hace unos días, durante una entrevista con el especialista en temas de narcotráfico y política, Edgardo Buscaglia, señalaba justamente lo anterior. Faltaban horas para que el espanto nos alcanzara a todos con, primero la agresión y muerte contra estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y luego el horror de tanta barbarie concretada, sintetizada en el desollamiento de un estudiante, y la tortura, ejecución y quema después del resto de los jóvenes.

Aún no sucedía todo esto cuando Buscaglia me explicaba que para empezar a atacar el vínculo entre narcotraficantes y políticos debía darse una presión popular fuerte luego de una crisis, para que las causas penales en contra de quienes están en el poder legalmente y han sido impulsados, o están en connivencia con grupos criminales, se empiecen a abrir.

A unas horas de que detallaba esta situación, empezó el viaje a la atrocidad, el dolor y muerte de los muchachos.

Pero la indolencia del gobierno federal y del gobierno local impidió acortar la posibilidad de que los jóvenes se salvaran.

El gobierno de Guerrero, que encabeza Ángel Aguirre, decía que ya actuaba; el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que no sabía nada, y el federal que preside Enrique Peña Nieto, que era un asunto local. Como en el caso del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, apenas una semana atrás, se dejaron pasar minutos clave para, posiblemente, salvarles la vida a los estudiantes.

También decía Buscaglia que cuando la denuncia se acerque a cada minuto más y más a los políticos, cuando sigan apareciendo videos, cuando vean la muerte rozar por su corazón, curul o silla, es que entre ellos surgirá la podredumbre.

Sus críticas se volvieron realidad luego de la barbarie de Ayotzinapa, el crimen de lesa humanidad, pues ahora en el PRD se culpan unos a otros, se empiezan a presentar evidencias que vinculan a unos y otros.

Y en San Lázaro, por ejemplo, por vez primera al abordar el tema y reconocer lo que ya todo México sabía, que el presidente municipal de Iguala estaba muy cerca de grupos criminales, o incluso forma parte de ellos, es que el tema de la narcopolítica llegó a la “máxima tribuna” del país.

Desde ahí, Silvano Blanco Deaquino, diputado federal por el PRD y representante popular de una parte territorial de Guerrero, dijo que había que aceptar que en México se vive un “narco-Estado”.

Que el crimen organizado ha penetrado desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y “me atrevo a decir que hasta a la Presidencia de la República” en su financiamiento, sostuvo.

Pero así como nadie le rebatió sus palabras, por las curules de cada partido político se sabe que el dicho del legislador es cierto.

Y salen a la luz las acusaciones, los señalamientos. No hablar con la verdad sería caer en el cinismo, dijo el legislador federal en la Cámara de Diputados.

Decir que no se puede saber de dónde viene los aspirantes y quién es un militante de un partido político que pretende buscar un puesto de elección popular, es ser un cínico, acusó Buscaglia, pues los partidos tienen los elementos para saberlo.

En el PRD sabían que había indicios del nexo entre el edil de Iguala con el crimen organizado, como también lo supo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si atendemos al dicho de una persona que relató cómo en el gobierno de Felipe Calderón, en concreto la PGR, le notificó que el alcalde de Iguala tenía nexos con el narcotráfico.

Ese señalamiento no sólo se lo hizo la PGR de Calderón a un particular para que evitar mayor contacto con el edil de Iguala, sino que además se lo tuvo que dejar sobre el escritorio de Murillo Karam como uno de los principales pendientes a atender por el nuevo gobierno federal priista.

Quienes debían saber el vínculo entre el político local con el crimen organizado, lo sabían. Quienes tuvieron que actuar para evitar mayores riesgos sobre los estudiantes secuestrados, no lo hicieron, dejaron pasar el tiempo, fueron indolentes, fueron cómplices, por lo tanto gobierno federal, estatal y dirigentes partidistas son responsables de la muerte de los estudiantes.

Pero además del gobierno, infiltrado ya por el crimen organizado, la sociedad será culpable de que siga creciendo la barbarie en el país si no actúa. Hoy el reclamo ya se hizo patente en por lo menos una veintena de estados, pero no hay que bajar la guardia, la sociedad mexicana y los organismos internacionales deben seguir presionando, tanto que llegue el momento en que se abran las causas penales contra los políticos vinculados al crimen organizado, para que se les lleve al banquillo de los acusados, para que se les hagan juicios abiertos, desde el Congreso, como sucedió en los años veinte cuando ante los congresistas se llevó a los narcotraficantes, se les juzgó y se les encarceló.

En México ya no necesitamos más matanzas, de nadie, ni de estudiantes ni de criminales ni de integrantes de la seguridad ni de la Marina ni del Ejército ni de políticos; México ya tiene ríos de sangre, la sociedad tiene la palabra y la acción para detener las muertes, porque el gobierno, sin presión, nunca lo hará.

 

 

 

Miopía estratégica

Una razón del incendio guerrerense es que la estrategia gubernamental sirve para capturar capos y fragmentar bandas pero ignora la vulnerabilidad extrema de los gobiernos locales, inermes ante los depredadores.

El presidente Enrique Peña Nieto calificó los hechos en Iguala de “indignantes, dolorosos e inaceptables”, se pronunció contra la impunidad y declaró solemne haber “girado [instrucciones] a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que aceleren sus trabajos”. Le faltó decir que es urgente revisar las estrategias seguidas; sobre todo cuando son tan obvias las diferencias entre Chilpancingo y Nueva York.

Nuestro gobierno se equivoca imitando acríticamente a los Estados Unidos, país que pregona la tesis de la fragmentación de las bandas criminales. En 1970 aprobaron las leyes RICO y con ellas se lanzaron contra las dirigencias de la Cosa Nostra contando, para ello, con la colaboración de gobiernos locales; la ciudad de Nueva York fue una gran protagonista en la persecución y captura de los dones. En México los gobiernos estatales y municipales evitan, si pueden, la confrontación de los criminales y por eso el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dejó escapar a la pareja de asesinos que controlaba Iguala (el gober inepto debería ir a prisión por cómplice).

Enrique Peña Nieto ha respetado la estrategia heredada de fragmentar las bandas criminales mexicanas (bancrimex) atacando a los capos. En su último informe de gobierno presumió la captura de 84 de los 122 delincuentes más buscados y el 1ro. de octubre fuerzas federales detuvieron a Héctor Beltrán Leyva, cuya banda, según un documento de la PGR del 10 de septiembre se fragmentó en ocho pedazos, uno de los cuales, los Guerreros Unidos, masacró y desapareció a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

La inteligencia del Estado mexicano ha sido incapaz de meter en la agenda de riesgos el drama que viven los municipios mexicanos. El 12 de octubre Guillermo Trejo abordó el tema en un texto publicado en El País (“¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en México?”). Trejo concluye que uno de los “grandes objetivos [del crimen organizado es] la toma del poder local […] para extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”. En Michoacán se apropiaban de “30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios”, imponían constructoras, descontaban 20% de la nómina burocrática y obtenían información para extorsionar a las empresas locales.

Los municipios también padecen el asedio de las “desarrolladoras” que imponen construcciones malhechas o pésimamente ubicadas, de los diputados o políticos que cobran “moches” por “bajar” presupuestos y de los partidos políticos que se olvidan de la calidad de quienes gobiernan con sus colores. La cereza en el pastel es la falta de preparación y la corrupción de un buen número de funcionarios locales.

Esta caterva de insectos detesta a la sociedad consciente y organizada y hace lo posible por adormecerla y desarticularla. El crimen organizado la aterroriza para eliminar las resistencias. Esta lógica perversa explica el ataque contra los jóvenes cuya presencia era intolerable por su organización y su disposición a disentir. Lo terrible es que la orden de reprimirlos saliera de un gobierno de esa izquierda que se forjó en Guerrero combatiendo las prácticas que ahora replica.

Cuando las bandas criminales mexicanas (bancrimex) pierden a sus jefes se fragmentan pero no desaparecen por las cañerías de la historia; se reconfiguran y reaparecen porque en los municipios débiles tienen un amplio espacio para medrar. Los cabildos son el flanco más débil de una arquitectura democrática notable por su mediocridad.

El Estado mexicano se aferra a una estrategia miope porque la importaron y aplican sin tomar en cuenta las peculiaridades mexicanas. Que el resplandor que desprenden regiones en llamas les sirva para pensar críticamente en lo que están haciendo y omitiendo.

 

La miscelánea

La violencia es un demonio con mil caras. Una de ellas son los valores que llevan a una parte importante de la sociedad a respaldar al crimen organizado. Si les interesa saber más sobre este ángulo asistan o vean vía Internet “Los pilares culturales del crimen organizado. Presentación de la primera encuesta sobre capital social negativo”; se realizará este miércoles 15 de octubre a las 12 del dia en El Colegio de México como parte de las actividades del Seminario sobre Violencia. 

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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