La noticia corrió velozmente por la fibra óptica y justo cuando empezaba a diseminarse viralmente por las redes sociales, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado urgente del tipo “lo que quiso decir fue” -muy usado por Rubén Aguilar para tapar las estulticias o idas de lengua del presidente Vicente Fox-donde enmendó las declaraciones de la señora Napolitano. Es decir, en vez aceptar que se estaba validando una posible incursión de SEALS en el Triángulo Dorado para asesinar al Chapo y luego arrojar su cadáver al mar de Cortez, se prefirió enmendar el error antes de que hiriera nuestras delicadas susceptibilidades nacionalistas. Rápidamente se le achacó el error a una intérprete descuidada y se corrigieron las palabras de Napolitano aclarando que la Secretaria “no estaba sugiriendo que le fuera a suceder lo mismo a Guzmán, lo que estaba sugiriendo es que serían persistentes al perseguir a quienes obran mal y causan daño a ambos países.
A la luz de los nuevos documentos proporcionados por Wikileaks -y robados a la Agencia Stratfor por Anonymous- quizás hubiera valido la pena que la Secretaría de Gobernación no corrigiera el error, ya que de esa manera podría justificar política y estratégicamente la compra de Drones (aeronaves no tripuladas) que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) efectuó un contratista militar israelí. La compra me parece preocupante porque se está apostando por una de las herramientas más criticadas de la tecnobarbarie para luchar contra el narco. Si esto fuera poco, los archivos develados por Wikileaks indican que hay indicios de que miembros del Gobierno Federal aceptaron sobornos para comprar las aeronaves no tripuladas que, además, habían demostrado tener muchas fallas y ser fácilmente ‘hackeables’.
La SEDENA ha aceptado la compra, y aunque se ha reservado el número de Drones adquiridos, ha reportado que se gastó 23 millones 250 mil dólares en los nuevos juguetitos de guerra que ya han sido usados en Irak y Afganistán con resultados ignominosos. Reconozco que es un recurso fácil argumentar que ese dinero podría haber sido gastado de otra manera, pero no me cabe duda de que con 23 millones de dólares se pueden construir varias escuelas y clínicas, o bien darle un salario digno a los profesores rurales de un Estado durante algunos años. En fin, que se podría haber invertido socialmente y empezar a tajar la violencia relacionada con “el narco” desde sus causas, no desde sus efectos.
Un poco de inversión tampoco le iría mal al sistema penitenciario, aunque sospecho que se necesita más que dinero para sanear un sistema carcelario retrógrado, injusto e infestado por la corrupción, como el caso mexicano. El suceso en el que murieron 44 internos del penal de Apodaca y en el cual se fugaron varios Zetas no es más que una muestra de la putrefacción de las cárceles mexicanas. Como dice César Valdéz en su artículo “Apodaca: mátenlos en caliente”:
44 muertos se suman a la larga lista de suicidios supuestos más nunca investigados, muertes “naturales” y descaradas ejecuciones ocurridas en penales de Nuevo León en los últimos años, mostrando lo que siempre se supo: que las autoridades no han podido ni querido controlar el sistema penitenciario, a ciencia y paciencia de una prensa inquisitorial que alimenta a una opinión pública santurrona cómodamente instalada en la ignorancia y el fácil recurso del afán de linchamiento.
Linchamiento y odio fue lo que me encontré en algunos estados de Facebook un día después de la masacre, de los cuales transcribo éste de manera anónima:
A riesgo de molestar a muchos con mi comentario...
Todos esos entes nefastos que se mueran, a mi no me preocupa nada que se maten entre ellos en un penal, QUE BUENO, mínimo ya se murieron y no van a seguir destruyendo familias que QUEREMOS TRABAJAR y sacar al país adelante
No quisiera juzgar moralmente a la persona que lo escribió ya que no la conozco de nada -sólo me estoy aprovechando de su comentario- pero me gustaría tener la oportunidad de preguntarle algunas cosas. ¿Cómo puede estar segura de que los muertos son los mismos que destruyeron la vida de alguna familia? En el caso de que los muertos fueran en verdad sicarios, traficantes o halcones ¿por qué razón es mejor que se maten entre ellos a apostar por su rehabilitación, o por lo menos conocer las causas por las que decidieron delinquir? También me interesaría saber si es que se da cuenta que al alegrarse de sus muertes también está justificando el dolor de sus familias y amigos y el vacío que dejará en sus vidas, así como las consecuencias sociales de ese vacío. Finalmente, le recomendaría que leyera el desgarrador artículo de San Juana Martínez “Crónica de una fuga anunciada” para que se diera cuenta de que detrás de las declaraciones gubernamentales y las vacías notas que se dan en los noticieros, hay una realidad compleja y terrible que vale la pena tener en cuenta antes de darle rienda suelta a la víscera.
Aunque no lo parezca, en esta realidad, la mexicana, no existen ni buenos ni malos. Todo tiene que verse y analizarse con una lupa muy entrenada para evitar caer en la trampa maniqueísta que tan bien supieron usar George Bush y su consejo de halcones Neocon después del 11-S, y que ahora está usando el Gobierno Federal para intentar darle brillo a su estrategia ante la opinión pública. Desgraciadamente los mass media -Televisa y TV Azteca- están colaborando en el uso y diseminación de este discurso divisor. Es lamentable, sobre todo, porque hace un año 715 medios firmaron el “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” donde acordaron cambiar el framing que le dan a las noticias sobre violencia e informar con responsabilidad y profesionalismo. Para Darwin Franco -en “De la subordinación informativa al “aquí no pasa nada” - esto no debe sorprendernos ya que “el pacto mediático-político no tenía la intención de cambiar las prácticas periodísticas sino de ajustarlas a un plan de comunicación gubernamental sustentado en un discurso maniqueísta de “NOSOTROS los buenos, USTEDES los malos””.
Aunque era uno de sus fines, el Acuerdo tampoco ha evitado que haya nuevos ataques contra periodistas. En una investigación impresionante, Rogelio Flores, coordinador del Centro de Documentación de la revista Proceso, ha encontrado:
Que 42% de los periodistas mexicanos presenta síntomas de depresión y 41% de estrés postraumático (EPT). Adicionalmente, algunos están presentando ataques de pánico, accesos de llanto, trastornos de sueño, somatizaciones como dolores de cabeza, problemas estomacales o tics nerviosos. ¡Son indicadores descomunales! Los síntomas de los periodistas mexicanos que cubren temas de narcotráfico son más altas que las presentadas por corresponsales de guerra de Chechenia, Bosnia o Medio Oriente”.
A pesar de lo anterior, los periodistas -y en especial los cronistas- siguen siendo las voces que suenan más alto y que se logran distinguir entre el barullo, el miedo y la distorsión. Una muestra de esto es el trabajo de la Red de Periodistas de a Pie que durante el mes de febrero nos ha recordado la violencia que se vive en la Oaxaca rural, para ser más exactos en San Agustín Loxicha, donde los hombres han optado por “abandonar a sus familias e irse a Estados Unidos, a la capital del estado y otras urbes con tal de no sentir que pueden ser detenidos acusados de pertenecer a grupos guerrilleros” asociados con el EPR. Crónicas como ésta deben servir para recordarnos que, citando a Benedetti, “el sur también existe”. Existe -y no debemos olvidarlo- porque ha aguantado durante décadas una guerra de baja intensidad compuesta por incursiones paramilitares y presión gubernamental. Además de violencia física, las comunidades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco también sufren una violencia estructural que se traduce en falta de clínicas y hospitales, educación deficiente, desnutrición infantil, entre muchas otros efectos que pasan invisibles ante los medios de comunicación.
Tanto en el Sur como en el Norte hay comunidades asoladas por la violencia, donde reina el miedo y la incertidumbre. Nada desgarra más a un ser humano que estos dos sentimientos. Cuando a alguien le secuestran o “levantan” a un familiar y luego no vuelve a saber de él, el miedo se funde con la incertidumbre generando angustia y desesperación. En esta situación viven más de 12,000 familias -ese es el cálculo no oficial del número de desaparecidos tan solo en el sexenio de Felipe Calderón- que están en la continua espera o búsqueda de sus seres queridos. Las autoridades locales y estatales no ayudan en esta búsqueda. La hacen más tortuosa. “Mejor ni se meta”, “seguro se fue de borrachera” o “no se preocupe, seguro lo tienen trabajando y está ganando re bien” suelen ser respuestas que encuentran los familiares al ir a denunciar la desaparición. Esta falta de tacto por parte de las autoridades ministeriales es sólo la punta del iceberg de un sistema ineficiente que no busca, no identifica y desprecia las vidas de los desaparecidos y los esfuerzos de sus familiares para encontrarlos, vivos o muertos. La investigación periodística “La recuperación de los desaparecidos” de Marcela Turati, nos muestra una pertinente comparación entre Colombia y México:
La ley colombiana regula el procedimiento en los panteones, la disposición de los cuerpos y su identificación, así como la integración de un registro nacional de personas desaparecidas y una comisión nacional que se encarga de la búsqueda de los extraviados y establece los criterios de búsqueda. En México cada entidad maneja su propio número de personas desaparecidas, no existe una cifra nacional y los métodos de búsqueda recaen en las procuradurías estatales que se limitan a enviar oficios. Cada municipio reglamenta la disposición de cadáveres de personas NI (no identificadas), que todavía son enterradas grupalmente en fosas comunes y sin señalización.
Si además recordamos que 25 de los 32 estados de México no tienen tipificada la desaparición forzada en sus ordenamientos jurídicos, y los que la tienen la definen de manera diferente, tendremos un panorama tan sombrío que ni los spots gubernamentales más trabajados sobre “Vivir mejor” lo podrán tapar.
Más que spots -y ahora veremos muchos debido a la temporada electoral- lo que debe cambiar el Gobierno actual, y el que vendrá, es la estrategia para afrontar la violencia. En su artículo “La necesidad de un cambio de paradigma en materia de seguridad y justicia: Aportaciones desde la UNAM” Arely Cruz disecciona el documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia” y recomienda un cambio de paradigma que promueva la ciudadanización y la seguridad humana. Si se trata de revisar y discutir propuestas, además de la de la UNAM recomendamos revisar el nuevo micrositio de Acción Ciudadana alojado en NAR y la siguiente entrevista a Edgardo Buscaglia, donde, entre otras cosas, recomienda a las fuerzas políticas y a los gobiernos intentar ir más allá de las balaceras y los asesinatos, y centrar sus esfuerzos en identificar los bienes físicos que están vinculados a grupos del crimen organizado.