El derecho internacional humanitario establece que ciertos delitos, por su extrema gravedad, deben tener un tratamiento distinto, incluso no sólo pueden ser juzgados en la nación en la que se cometieron, sino que la exigencia para castigar a los culpables puede llevarse a los Tribunales y Cortes internacionales.
En el caso de México, la justicia para las víctimas de aquel trágico periodo de nuestra historia ha llegado a cuentagotas. Si bien hace falta mucho camino por andar, se destacan las condenas al Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), en especial la que se refiere a la desaparición forzada del músico y activista Rosendo Radilla -el Estado Mexicano aceptó su responsabilidad en el hecho y por ello ofreció disculpas a su familia el 17 de noviembre de 2011-.
De entrada, la Corte Interamericana ratificó que las desapariciones son un delito continuado. Aunque hayan ocurrido hace décadas, este crimen se sigue cometiendo en nuestros días, mientras no aparezca la víctima. Esto aplica no sólo al caso Radilla en beneficio de sus deudos, los hijos que le sobreviven, sino también se hace extensivo a todas las desapariciones perpetradas en México por militares o policías.
La trascendencia de esa resolución, a pesar de que la mayoría de los responsables no han sido juzgados, es que logró transformar al sistema jurídico mexicano al ser retomado en 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Gracias al caso Radilla, desde octubre pasado los mexicanos podemos exigir la aplicación de Convenciones internacionales a todas las autoridades, de cualquier nivel y poder político o administrativo.
Así lo estableció la SCJN al resolver un expediente relativo a Radilla, y dejar sin efectos dos jurisprudencias que prohibían de manera expresa la interpretación constitucional de parte de las autoridades o jueces menores. Ahora, cualquier disposición gubernamental debe considerar lo establecido en la Constitución y los principios de las convenciones internacionales signadas por México.
No se trata sólo de respetar los derechos humanos, sino de hacer extensivas las garantías constitucionales a todos los ámbitos en los que actúa la autoridad. Desde el pago de impuestos, pasando por los contratos, el área de salud o las decisiones mercantiles, en todas las áreas, los funcionarios ya están obligados a tomar en cuenta lo establecido en la carta magna.
Se trata de un cambio fundamental que ubica a México, y a su sistema jurídico, en una ya no tan moderna dinámica desarrollada desde la década de 1950 en la mayoría de los países de Europa occidental. ¿Es suficiente? Para las víctimas asesinadas o desaparecidas, por supuesto que no.
