A otros nos parece que hoy, el sentido de ser víctima del abuso de las autoridades o de la violencia institucional, social o criminal, es casi una condición de universalidad compartida; parte del mismo ethos social en el que vivimos y del mismo sistema de injusticia que padecemos, en virtud de ser no-ciudadanos de una polis fragmentada y deshecha, de la que solo un puñado de personas quizá - los inimputables que están más allá de la ley- pueden salvarse. Porque ser víctima aquí y ahora, es el sello de poseer una calidad de ciudadanía prácticamente inexistente.
Para abonar en este sentido ofrezco algunas reflexiones. Primero la invisibilidad, que es el resultado final de la carencia de registros consistentes, sistemáticos, confiables, de cuántos son los muertos y las muertas, los asesinados, los desaparecidos, los lesionados, las violentadas, las víctimas, las viudas, los huérfanos, los lisiados, los traumatizados.
Las cifras sobre las víctimas de la violencia cambian día a día. Los datos oficiales son inciertos, no solo por la rapidez con la que se agregan, sino porque se han vuelto objeto de manipulación política. De 2009 a la fecha se han presentados doce fuentes de estadística de diversas instituciones federales: SEDENA, CISEN, SEMAR, PGR, SSPF, con clasificaciones heterogéneas y cifras discrepantes. Por lo demás, estos registros no quedan exentos de estratagemas para velar la realidad cotidiana de esta violencia, pues dan cuenta de categorías de delitos inexistentes en los códigos penales. Así, enumeran homicidios calificados de ejecuciones; de asesinatos tipificados como: homicidios por presunta rivalidad delincuencial; Agresión por enfrentamiento; Agresión directa a fuerzas federales, etc.
Se utiliza el calificativo de “civiles” por oposición a los que son militares o fuerzas del orden, para referirse a las personas que pierden la vida sin aparentemente tener ningún vínculo con grupos delictivos”, afirmando implícitamente que aquellos que pudieran tener alguna relación con grupos criminales no son por lo tanto civiles. Lo que da pauta a una especie de sub-clasificación de personas y a un vacío jurídico y denominativo, que deviene en la invisibilidad, opacidad y desatención, a decenas de miles de mexicanos y mexicanas, que han sido borrados para la justicia durante estos últimos 5 años.
En el fondo estas adulteraciones parten de un supuesto perverso, a la luz de los derechos a la justicia y al proceso debido: no investigar los casos, no abrir expedientes para aclarar su inocencia o su culpabilidad, para terminar agregando a las víctimas a la ignominia como presuntos culpables por default, que es el galardón tanatológico de la estrategia fallida.
Esta violencia simbólica del lenguaje de poder, impone a todos un sentido de privación de derechos y libertades que nos convierte a todos y todas en víctimas.
Porque en esta guerra insensata se han desnudado las falencias del sistema de seguridad y de justicia que produce 94% de impunidad; porque descubrimos que hemos perdido la confianza en la ley.
Porque bajo el señuelo de una guerra de exterminio que no osa decir su nombre, se condena a las y los jóvenes de sectores pobres, a la calidad de “daños colaterales”. Es decir víctimas sacrificables (sacer esse), efectos destructivos no considerados en la estrategia, que han de perecer, “para que la droga no llegue” a los Otros sectores no pobres que, a juicio de este Poder sí merecen la protección y el derecho a la seguridad.
Porque a través de las decenas de miles de muertos y desaparecidos, muchos de ellos probablemente inocentes, hemos observado el valor precario de nuestros derechos como ciudadanos.
Porque en las múltiples expresiones de extrema crueldad de esta violencia, hemos escuchado el grito sordo y desesperado de un pueblo pobre, envilecido por la ignorancia y la falta de alternativas y oportunidades. Un pueblo sistemáticamente despojado de su dignidad ciudadana, sin canales para expresar su hartazgo del abuso y la corrupción de autoridades y poderes institucionales o fácticos, siempre impunes y siempre triunfantes.
Porque en muchas de las poblaciones afectadas, la violencia de los criminales solo ha intensificado las violaciones, despojos, crueldad y omisión de instituciones prácticamente inermes ante la injusticia; de las hambrunas y carencias cotidianas derivadas de la violencia estructural hacia la población marginalizada de ciudades y pueblos, cuyo malestar histórico es tan natural como para ya no indignarlos.
Porque en este lamentable sangriento y triste episodio de nuestra historia, los mexicanos estamos viviendo nuestro propio Holocausto. Espejo negro de lo que hemos construido con nuestra tolerancia y cinismo históricos, ante la corrupción y la simulación; nuestra complicidad con el abuso y la impunidad. Nuestra connivencia con la discriminación al desempoderado y el desprecio a la ciudadanía; nuestra tolerancia a la fetidez de la descomposición institucional.
Por eso estoy convencida que para sanearnos debemos asumir amorosa y cívicamente, el deber de la reparación, la renovación, de la conciliación, de la honra a la ley y a la justicia, de la paz con dignidad, igualdad y reconocimiento mutuo.
En este sentido una ley amplia y generosa que asuma la reparación de estas heridas y ayude a la construcción de ciudadanía, es indispensable para emprender el verdadero cambio hacia una sociedad y un Estado incluyentes.