En Michoacán las autoridades gubernamentales tienen “comprados” los medios. “No puedes ni siquiera insinuar una media verdad, porque de plano te callan tus jefes”. Así define la atmosfera del medio la comunicadora Aída Patricia Torres Puente.
La libertad de expresión en tierra purépecha, como en muchos otros lugares de nuestra república, se encuentra en grave peligro ante los intentos del crimen organizado, la censura del Estado y la discrecionalidad de determinados cuerpos policiales y militares de imponer a los periodistas, medios de comunicación y sociedad en general, la autocensura a cambio de preservar su seguridad física, profesional y patrimonial. Ésta es la realidad de los comunicadores en esa parte del país desde del 2006 hasta la fecha.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la entidad ocupa a nivel nacional el primer lugar de periodistas desaparecidos con cuatro casos de los dieciséis periodistas que están en esta situación. A esta lista se suman cinco comunicadores y un columnista asesinados, ubicando al estado como el cuarto más peligroso para ejercer la profesión. Para entender el drama en todo su contexto vale la pena señalar que la revista Contralínea precisa que de 2001 a 2012 han ocurrido, al menos, 109 asesinatos y desapariciones de periodistas de éstos, 79 se cometieron en la administración de Felipe Calderón.
Torres Puente tiene 27 años en el medio periodístico y habla de cómo se han organizado los periodistas michoacanos para frenar la violencia que los acecha: “Aunque existen varias agrupaciones en Michoacán como el Club de Periodistas, el Club de Corresponsales, la Asociación de Periodistas y ahora se está conformando un Observatorio de Medios. No obstante, cuando se ha atacado a un compañero, prácticamente nadie hace nada. Han sido manifestaciones de solidaridad en el momento y nada más.”
Torres Puente actualmente trabaja como corresponsal para Nuestra Visión, La Imagen de la Costa, ydenuncia que los dueños pareciera que obedecen al gobierno. “Escasamente apoyan a los compañeros. No cuenta con prestaciones de seguridad social y requiere trabajar para ayudar en el sustento de su hogar.”
Por lo que se refiere al apoyo tanto del gobierno federal como del gobierno estatal al gremio, la periodista comenta: “El respaldo es sólo a los dueños, los de batalla nos arreglamos solos.” Ante este horizonte reconoce haber intentado dejar el periodismo pero no ha podido porque queda uno “marcado”. “Nadie te contrata, porque los empresarios te tratan como si fueras “oreja” de gobernación, otros como traidor, así que no hay más posibilidades que seguir.”
Para entender la magnitud de asunto se debe precisar que al investigar una nota policiaca, el primer contacto que tienen que hacer los comunicadores es con los federales o los militares quienes lo llevan ante la escena del crimen. Ahí se les recuerda que el mensaje debe salir lo más claro posible. Si el crimen lo cometió “La Familia Michoacana,” reclaman “Los Templarios” o “Los Zetas” y viceversa. El espíritu para realizar periodismo de investigación ha quedado sepultado so pena de perder la vida. El fotógrafo Armando Lemus de Cambio de Michoacán, ilustra el drama que viven los trabajadores de los medios de comunicación y cuenta que ante las amenazas de un criminal, le dijo a su acosador que le reclamara a su jefe. El acosador así así lo hizo y el rotativo, por seguridad, dejó de publicar la sección policiaca. Similares historias han acontecido en todo el territorio purépecha donde se han presentado múltiples renuncias de periodistas que antes cubrían la nota roja. Vale la pena precisar que esta situación se repite en todo el país, mientras que las autoridades aceptan tácitamente que no pueden proteger a los periodistas o esclarecer las agresiones y los asesinatos. En este sentido cabe preguntar: ¿Cómo puede haber libertad de expresión, si no hay Estado de derecho?
El Nieto de Lázaro Cárdenas
Bajo la administración de Lázaro Cárdenas Batel (2001-2007) el crimen organizado creció. ¡Cómo olvidar la llamada telefónica que hiciera Servando Gómez, La Tuta, a un programa matutino de la televisión de Michoacán, donde ofreció pactar con el gobierno! Pidió respeto para los hijos de “sus muchachos”. En los hechos “La Familia Michoacana” se erigió como gobierno alterno, paternalista, retador de las instituciones, recaudador de impuestos. Y qué decir de las narco mantas o de las siete cabezas que dejaron en un prostíbulo en Uruapan en el 2005 y luego fueron trasmitidas por el canal CB de Michoacán.
Las agresiones a los medios se multiplicaron. Tenemos el caso del diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) David Garibay Tena. El 22 de febrero del 2006 el perredista entró ebrio a las instalaciones del periódico ABC y amenazó de muerte a los empleados debido a una nota en su contra. Extraoficialmente se manejó que se trató de un problema sentimental entre el autor de la nota y el legislador quienes disputaban un amor. El repudio de los medios fue unánime. El ABC, con una fuerte presencia en Uruapan, decidió demandar al legislador, sin que sucediera nada.
Un mes después, el periódico Cambio de Michoacán, con una tendencia de izquierda, documentó el asesinato del periodista independiente Jaime Arturo Olvera Bravo de 39 años, las autoridades no pudieron establecer que el móvil del crimen tuviera relación con el ejercicio periodístico del infortunado. Esta muerte representó el homicidio número 21 de comunicadores en el país durante el sexenio foxista.
El periodista Sergio Cortés Eslava con tendencia priísta escribió sobre José Antonio García Apac, director del periódico semanal Ecos de Tepalcatepec, que fue secuestrado el 20 de noviembre del 2006, en la carretera por una camioneta Ram color guinda mientras se comunicaba vía celular a su domicilio. No se ha vuelto a saber nada de él. Su caso fue considerado como el primer periodista desaparecido en tierras michoacanas.
El diario la Opinión de Michoacán, (segundo medio de comunicación con influencia en Uruapan), en su edición del 9 de diciembre del 2007, daba a conocer la muerte de uno de su reporteros, Gerardo Israel García Pimentel, que perdió la vida a los 24 años a manos de por lo menos dos agresores que dispararon un rifle R15, calibre .223 y una pistola .38 súper, que le destrozaron el rostro. Sus compañeros del medio periodístico no quisieron aventurar la idea de que pudiera tratarse de un homicidio relacionado con su trabajo.
El gobierno de Leonel Godoy
A Leonel Godoy Rangel (2008-2011), en su primer día de su gobierno se le informó sobre la situación de Mauricio Estrada Zamora, reportero de la sección policiaca del periódico La Opinión de Apatzingán, que había desaparecido la noche del 12 de febrero del 2008. Estrada Zamora se convirtió en el segundo periodista desaparecido en la entidad. Los directivos de La Opinión de Apatzingán acusaron en su edición impresa a un efectivo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), apodado “El Diablo” como presunto responsable de la desaparición de Estrada Zamora. Al parecer el periodista tuvo problemas con el uniformado cuyo nombre no ha sido revelado por la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una investigación al respecto e informó que “El Diablo” ya no se encontraba trabajando en Michoacán, porque había sido reasignado a oficinas centrales, en la Ciudad de México.
La noche del 15 de septiembre de ese año marcó un antes y un después en la guerra contra el narco. La TV de Michoacán difundió la madrugada del 16 de septiembre imágenes de las dos explosiones de la noche anterior, en medio del grito de Independencia encabezado por el gobernador. El saldo fue de ocho personas muertas y una sociedad aterrorizada. Al parecer se debió a una fractura del grupo criminal “La Familia Michoacana”. Cabe recordar que después del atentado, el periódico Reforma publicó que, de acuerdo con datos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008 de la PGR y la SIEDO, la candidatura del gobernador michoacano fue financiada por los cuatro principales líderes de La Familia, los cuales aportaron cada uno 300 mil dólares como cuota.
De igual forma están en la mira el diputado local de Convergencia Manuel Antúnez y el líder estatal de los naranjas, Aníbal Guerra. Se les investiga porque durante la campaña electoral al gobierno del estado, contrajeron compromisos, según se dice, con uno de los líderes de los Zetas, quienes habrían aportado un millón de dólares para la campaña del actual gobernador michoacano. La operación se realizó en una gasolinera a la salida de Pátzcuaro. Manuel Antúnez amenazo al periodista Javier Rueda quien estaba investigando al respecto.
Los medios de comunicación dieron a conocer otro asesinato de un comunicólogo, éste ocurrió el l0 de octubre del 2008, esta vez le tocó a Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del periódico regional La Noticia de Lázaro Cárdenas, después del cierre del diario, rumbo a su domicilio fue “levantado” por un comando y su cuerpo fue encontrado en un basurero con 6 balazos en la espalda y el tiro de gracia. Un mes antes de su muerte, Villagómez había sido amenazado por “Los Zetas”.
El Michoacanazo
El 26 de mayo de 2009, se llevó a cabo un operativo federal conocido como “el Michoacanazo” donde doce presidentes municipales, ocho altos funcionarios del Gobierno estatal, un Juez, doce policías, dos ex directores de Seguridad Pública fueron detenidos yacusados de ser cómplices del narcotráfico. Después de no haberles podido comprobar nada un año después de todos estaban libres, aunque no se salvaron de ser vejados y humillados. Entre los efectos colaterales, acusaron públicamente sin ninguna prueba al periodista principal de la Voz de Michoacán, Emmanuel Cervantes Herrera de ser el vocero de “La Familia Michoacana”. Le destruyeron su carrera.
La periodista “Celeste” (usa un nombre falso para protegerse de cualquier represalia) explica la problemática de hacer periodismo en la entidad: “los periódicos dependen de la publicidad y hay temas que no podemos tocar porque el gobierno paga parte de esa publicidad. Además, la seguridad es otro problema.” Acepta que el crimen organizado la ha amenazado de muerte. “En realidad los de la fuente policiaca somos muy unidos, procuramos andar juntos, sobre todo si tenemos que salir de Morelia, intentamos estar en constante comunicación y reportarnos entre nosotros con frecuencia. Donde vemos que hay riesgos no entramos o no escribimos sobre el tema.”
Asegura que ha sentido respaldo de sus superiores “La dirección del medio donde yo trabajo me respalda cuando no quiero que se firme la nota, nunca me han obligado a publicar algo que atente contra mi seguridad y procuro estar en constante comunicación con mi jefe directo.” La joven comunicóloga acepta que ha meditado dejar de escribir. “En ocasiones si lo he pensado, pero realmente esto es lo que me apasiona (la nota roja) y creo que hay estados, como en el norte donde hay más inseguridad que en Michoacán.”
La tendencia de asesinatos contra periodistas continuó, el 12 de julio del 2009 la Agencia de información Quadratin publicó que su corresponsal en Zitácuaro, Martín Javier Miranda apareció muerto en su domicilio con lesiones de arma blanca, en distintas partes del cuerpo. De acuerdo a las investigaciones que emprendió la Agente del Ministerio Público, todo hace suponer que la muerte de Martín Miranda no tiene ninguna relación con la labor como periodista que cotidianamente desempeñaba.
Cambio de Michoacán perdió a su corresponsal en Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe el 11 de noviembre del mismo año. La periodista recibió una llamada telefónica, salió apresurada de su domicilio dejando ahí a sus dos hijas a las que prometió volver pronto. Desde entonces la mujer no ha vuelto a dar señales de vida. Su familia acudió a la subdelegación de la PGJE. Extra oficialmente se conoce que días antes de su desaparición acudió a una reunión que convocó “La Familia Michoacana” donde establecieron los criterios de lo que se podía y lo que no se podía publicar. Al parecer, ella no lo tomó en serio, pues estaba casada con un ex director de seguridad pública del municipio de Jacona. La comunicóloga había publicado un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, que poco después fue destituido de sus funciones.
El periódico Cambio de Michoacán sufrió una nueva baja con otro de sus corresponsales en el municipio de Paracho, Ramón Ángeles Zalpa desapareció el 6 de abril del 2010, convirtiéndose en el cuarto periodista en esta situación. Extra oficialmente se especula que su cuerpo terminó en una revolvedora de cemento. Cuatro días después apareció sin vida el doctor Enrique Villicaña Palomares, catedrático, ex secretario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ex Director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y columnista de La Voz de Michoacán. Días antes había sido secuestrado y la familia se opuso a la intervención de la policía. La prensa volvió a enlutarse, Hugo Alfredo Olivera Cartas fue asesinado el 6 de julio en Apatzingán, cuando era parte del equipo de noticias del Día de Michoacán y ADN.
El oasis de paz de Fausto Vallejo
La administración de Fausto Vallejo Figueroa se ha caracterizado por la censura, ha sido incapaz de resolver la inseguridad por la presencia de “Los Templarios” y lo que queda de “La Familia Michoacana”. En junio de este año no hubo detenciones por la quema de camiones y bodegas de Sabritas. De igual modo se dejó crecer el problema en la “Nueva Jerusalén”. A los problemas de salud de Vallejo Figueroa se sumo que la administración quedó cercada por los normalistas que se han sublevado en dos ocasiones en lo que va del año. La segunda vez, el 15 de octubre, se echó mano de la Policía Federal para recuperar las normales de Cherán, Tiripetío y Arteaga, y detener a 175 estudiantes por incendiar autobuses y herir a policías. Al final todos fueron liberados, el gobernador culpa a su antecesor, el perredista Leonel Godoy, de haber colapsado las finanzas públicas del estado, asegura que algunos perredistas están con los normalistas.
Vallejo Figueroa tuvo que pedir licencia por motivos de salud y su lugar lo ocupo Jesús Reyna. Por desgracia este cambio no influyó en la inseguridad en la que vive la entidad, y mucho menos en la falta de garantías para ejercer el periodismo.
Para el comunicador Asther Alcaraz Adonai los dueños de los medios de comunicación ejercen censura: “Como siempre su actitud indiferente y explotadora.” Asegura que no hay respaldo al gremio de parte del gobierno federal y estatal: “solo el pago de chayotes a las firmas distinguidas.” Alcaraz Adonai dejó de escribir en el periódico Provincia desde el 2009. “Salí de la fuente policiaca cuando fui amenazado por uno de los detenidos y me dediqué a otras cosas menos peligrosas.”
A manera de conclusión podemos expresar que “Los Templarios” ejercen la censura en los medios de la entidad. En los cuatro casos de periodistas desaparecidos en Michoacán las investigaciones reposan en un vacío legal, no se cierran los casos. Ante esto se debe buscar agotar todas las líneas de investigación por parte del agente del Ministerio Público para que se investigue qué fue lo que publicó y qué intereses podría haber afectado con su labor periodística. Solamente de este modo se podría establecer un procedimiento expedito para trámites derivados de la declaración de ausencia y presunción de muerte de periodistas desaparecidos. Sólo así se puede evitar la doble afrenta de esperar el regreso del periodista desaparecido y la parálisis que genera su propia ausencia en los trámites correspondientes. Urge generar mecanismos de protección al gremio.
