El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos quiere regresar a la década de los 70’s. La involución es tal, que pretende llevarnos nuevamente a las catacumbas en todo: derechos humanos, libertad de expresión, crisis económica, vacío de gobierno, descomposición del sistema político y por supuesto, en procuración de justicia.
Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia como Luis Echeverría. Para ello, prepara el carpetazo no solamente a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también de la matanza de Estado, el crimen cometido por el Ejército en Tlatlaya.
Han pasado ocho meses y medio y la respuesta del gobierno mexicano ha sido la simulación. Desde el principio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó enmascarar la masacre a través de comunicados y también de tweets como este:
“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”.
Sedena está acostumbrada a mentir. Miente con ese aplomo que solo otorga la impunidad. Y de eso mucho sabe el general Salvador Cienfuegos que sigue al pie de la letra los protocolos militares para proteger a su tropa y elementos de mando por encima de cualquier crimen que hayan cometido por más horrendo que sea. Este es el primer intento de dar carpetazo al caso Tlatalaya.
Estamos cansados de leer los comunicados oficiales que hablan de esos sospechosos “enfrentamientos” donde siempre mueren los “agresores”, los “sicarios”, los “narcos”, los “delincuentes”; pero nunca los militares. ¿Quién puede creer semejantes versiones oficiales que hablan de 30 o 40 delincuentes abatidos y ningún militar muerto, ni lesionado?. Esos, como he dicho reiteradamente, no son enfrentamientos, son matanzas, masacres, crímenes de Estado.
En Tlatlaya, el general Cienfuegos encabezó como de costumbre, el intento de protección hacia los militares asesinos que ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas, pero contó con cómplices muy importantes, principalmente el gobierno federal y luego el gobierno del Estado de México.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas es amigo personal de Peña Nieto, tanto que ofrece escolta a su hijo Diego quien vive con su madre Maritza Díaz Hernández, servicio que debería ser otorgado por el Estado Mayor Presidencial, pero como Angélica Rivera se opone a aceptar al niño en el seno familiar, pues su padre ha preferido discriminarlo y colocarle una mala escolta.
Dicho esto, 20 funcionarios a cargo del gobernador Eruviel Ávila fueron los encubridores directos de los militares delincuentes y los encargados de torturar a los sobrevivientes con el fin de hacerles firmar confesiones y declaraciones falsas.
Ninguno de estos funcionarios como ministerios públicos, peritos y agentes de la policía de investigación, han sido retirados de su cargo, porque según el procurador gozan de “presunción de inocencia”, un beneficio que tuvieron los 22 jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Documentos judiciales señalan que las autoridades del Estado de México supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen y habían cometido las ejecuciones extrajudiciales. Este es el segundo intento de carpetazo del caso Tlatlaya a manos del gobernador del Estado de México, amigo del señor Peña Nieto.
El tercer intento, lo encabeza nada menos que la Procuraduría General de la República (PGR) que violando todos los acuerdos internacionales e incluso las propias leyes mexicanas, ha reservado durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya. A pesar de que el IFAI le ha dado varios ultimátum, la PGR se los pasa por el arco del triunfo. Finalmente en México se crean instituciones para simular, sin dientes, sin tener capacidad suficiente para ofrecer resultados y esa es la triste realidad del IFAI que poco o nada sirve en estos casos.
Y si la PGR no hace su trabajo, si se ocupa de proteger a los militares asesinos, difícilmente el Estado cumplirá su función de ofrecer acceso a la justicia a las víctimas. Sencillamente el intento de carpetazo tendrá éxito, porque todo está diseñado para permitirlo.
Por lo pronto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha señalado a 53 personas como víctimas; 22 directas y 31 indirectas, incluidas las tres mujeres que sobrevivieron y sus respectivas familias. El comisionado Adrián Franco está a cargo del caso Tlatlaya y ofrecerá la reparación integral del daño con una compensación económica de un millón de pesos en promedio a cada uno de los 15 personas ejecutadas extrajudicialmente de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El pasado reciente nos demuestra que cuando la Marina o el Ejército indemnizan víctimas de sus crímenes que van desde tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, normalmente lo que buscan las Fuerzas Armadas es la impunidad hacia su tropa investigada. En este caso, la CEAV tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la pretendida impunidad.
El cuarto intento de carpetazo del caso Tlatlaya lo ofrece todo el sistema que está hecho para ofrecer todo tipo de garantías de protección a los militares. Nunca en este tipo de crímenes de Estado son enjuiciados los elementos de mando que conducían la tropa acusada de cometer los delitos. Tenientes, coroneles y generales son protegidos hasta el último momento. Y generalmente los que pagan son los soldados. Por eso, los familiares de los soldados detenidos para ser investigados ya han protestado en el movimiento #YoSoy26, argumentando que los soldados “recibieron órdenes” y dando a entender, que fue la obediencia debida la que actúo en este crimen de Estado que aún no tiene puestos de mando sujetos a proceso.
Si el crimen de Estado de Tlatlaya queda en la impunidad, al igual que el crimen de Estado de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto se acerca irremediablemente al abismo, a ese hoyo negro por donde caen lentamente las miles de víctimas que no encuentran justicia en México y por donde caerán también los funcionarios, militares y policías impunes.
Esos 65 jóvenes unidos por las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, unos masacrados, otros desaparecidos, seguirán a Peña Nieto hasta el final de sus días.
