Entre sus cualidades, esta Recomendación es oportuna en el actual escenario político-electoral del DF, donde dos de los tres principales candidatos han basado su liderazgo precisamente en una visión inquisitoria de la justicia penal. A juzgar por su mensaje y praxis, para Isabel Miranda de Wallace ―del Partido Acción Nacional― y Miguel Ángel Mancera ―del Partido de la Revolución Democrática― es legítimo que el Estado atropelle a ciudadanos acusados de «delitos graves».
Ambos han reiterado su aversión al modelo acusatorio de justicia penal en proceso de implementación a lo largo del país con base en la reforma constitucional de 2008, de modo que si cualquiera de los dos gana las elecciones del 1 de julio próximo, los habitantes de esta ciudad estaremos en riesgo de ser gobernados por una autoridad convencida de que violar derechos es válido en nombre del bien común.
En este sentido ―y sin que signifique que la CDHDF lo buscó así― la Recomendación 3/2012 puede ser leída también como un llamado a mirar por quién se vota, si acaso nos preocupa el trato al que seremos sometidos, lo mismo que nuestros familiares o conciudadanos, en la eventualidad una denuncia penal en nuestra contra.
Uno de los puntos nodales de la Recomendación 3/2012 es el argumento de interés público al que apela la Procuraduría del DF para hacer las «presentaciones»: «[…] ha argumentado que la exhibición de personas, la publicación de su información confidencial y la contenida en los expedientes […] tiene como finalidad que personas que han sido víctimas y ofendidas del delito puedan reconocer a las personas exhibidas y robustecer en su momento la consignación, así como el alto impacto social de la conducta que se le atribuye es necesario informar a la ciudadanía respecto de dicha detención».
Sin embargo, «se solicitó expresamente a la PGJDF que informara sobre el número de personas víctimas que a partir de la exhibición habían ocurrido a reconocer a las personas agraviadas, así como el número de denuncias que se hubieran recabado a partir de ese acto […]». Y el hallazgo es que «ninguna persona acudió a reconocerlos o a formular nuevas denuncias».
Es decir, concluye la Recomendación 3/2012, las «presentaciones» no solo no tienen una utilidad social, sino que son un «acto ilegal y arbitrario que atenta contra los derechos de las víctimas y de las personas probables responsables» ―violando en particular los derechos 1) al debido proceso y de garantías judiciales; 2) de las personas víctimas y ofendidas del delito; 3) a la integridad personal; 4) a la intimidad o vida privada, 5) y a la honra y reputación.
En el documento, la CDHDF recomienda a la Procuraduría del DF y su titular, 1) eliminar «de manera inmediata» esta práctica comunicacional y proteger los datos personales y los relativos al expediente de los acusados; 2) en un plazo máximo de tres meses una vez aceptada la Recomendación, establecer «una política pública de comunicación social que no vulnere los derechos de las personas víctimas y ofendida del delito y probables responsables [y] que garantice la transparencia y rendición de cuentas»; 3) en un plazo no mayor a un mes, a partir de aceptada dicha Recomendación, el procurador «emita una disculpa pública a las personas agraviadas y a sus familiares»; 4) en ese mismo plazo, se rectifique la información difundida, y 5) «En un plazo no mayor a 2 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, repare integralmente a las y los agraviados por el concepto de daño material, lucro cesante y daño moral […]».
Estaremos atentos a la respuesta del procurador Rodríguez Almeida, a quien le sería de utilidad, por cierto, hojear la «Instrucción 3/2005 sobre las relaciones del ministerio fiscal con los medios de comunicación», en España.
Pero también debemos vigilar la reacción de las empresas de medios: hasta ahora, los medios noticiosos informaron sobre la Recomendación 3/2012 de forma anodina, como si no tuvieran vela en el entierro y no hubiéramos notado que la Procuraduría del DF ―igual que el resto de procuradurías del país, las policías y las Fuerzas Armadas― exhiben a detenidos justo para que los periodistas consumemos el «tribunal mediático»; como si no fuera evidente que el montaje a través de boletines y conferencias de prensa está concebido para atraernos a los periodistas y que los «tribunales paralelos» son uno de los productos noticiosos más lucrativos para la industria periodística.
La experiencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Morelos es que las empresas de medios y el gremio de los periodistas en general, constituidos en poder fáctico, han impedido que se abandone esta práctica como parte de la nueva cultura que propone el sistema de justicia penal acusatorio que se implementa en México.
Tuit
Apareció la Convocatoria al Taller de Periodismo El Sistema Penal Acusatorio y el Acceso a la Información. Oportunidades y retos, dirigida a los colegas de Morelos y que tendrá lugar en Cuernavaca, los días 12 y 13 de abril próximos. ¡Nos vemos allá!
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