En su número 1839 [abril 7, 2012], el semanario Proceso publicó las reveladoras historias «Con la marca del pasado» y «Sicilia, Álvarez Icaza, Jusidman… ¡Fichados!», sobre activistas por los derechos de las víctimas, la seguridad y la justicia. En la primera ―a la que le dedicó portada― desacredita a Isabel Miranda de Wallace como candidata panista a gobernar el Distrito Federal, y mediante la segunda denuncia el «espionaje» contra Javier Sicilia y colegas suyos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Miranda de Wallace ha defendido y propiciado los «tribunales mediáticos»; es una de las prácticas que caracterizan su liderazgo, de modo que cualquiera podría decir que al publicar la imagen de la ficha signalética del juicio penal a la que fue sometida en 1998, Proceso no hizo más que «darle una sopa de su propio chocolate», y alegrarse por verla ahora en el lugar de las personas imputadas de delito a las que ella tanto ha satanizado.

Pero esta historia periodística tiene omisiones inaceptables. El jueves, durante un taller con periodistas en Cuernavaca, un colega me repitió el reproche que he escuchado hace años: «Los abogados al derecho, los periodistas al periodismo; que las autoridades se encarguen de la justicia y nosotros de contar historias». Qué fácil. Los periodistas y los medios pretendemos estar más allá de las normas que, al mismo tiempo, tomamos de referencia para denunciar al resto de la ciudadanía cuando es acusada de violarlas.

Este reportaje, que parte del principio medieval del estigma al apuntar que Miranda de Wallace «arrastra un pasado que no la condena pero la marca: sus antecedentes policiacos y judiciales», no precisa que en virtud de las garantías procesales:

1. Una denuncia penal en su contra no hace culpable a una persona, cuales sean su historia y el delito.
2. Ser sometida a «prisión preventiva» tampoco la vuelve culpable.
3. Puesto que Miranda de Wallace fue exonerada ―de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa― significa que es inocente, o sea que ante la ley nunca delinquió.
4. Parte de esa información judicial corresponde a los datos personales de la activista, por lo cual el funcionario que la entregó pudo haber cometido una falta administrativa y/o un delito ―lo que solo podría resolver la autoridad competente.

En el reportaje «Sicilia, Álvarez Icaza, Jusidman… ¡Fichados!» Proceso peca de una suerte de narcisismo editorial, como si sus lectores fuéramos feligreses ávidos de creerle y no ciudadanos que a través suyo buscamos ejercer nuestro derecho a la información.

El Diccionario de la Real Academia Española define «fichar» como «Anotar en fichas datos que interesan» y «Hacer la ficha antropométrica, policial, médica, etc., de alguien». Coloquialmente, en México usamos este verbo en su segunda acepción: pero si el encabezado sostiene que los líderes sociales fueron «fichados», el sumario y el texto, en cambio, alude a un «expediente que incluye perfiles» o a «fichas» «de un expediente» elaborado por las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública.

Pero lo grave es una afirmación en el sumario: «Este hecho es inequívoco: supone la existencia de un cerco de vigilancia que linda peligrosamente con el espionaje», algo que el reportaje no dice. El editor privilegió sus inferencias, obviando la congruencia entre la «puesta en plana» y el contenido que le imponen la veracidad y la ética periodísticas.

Aparte, el texto habla de datos que, a la luz de las leyes, no son personales, como las relaciones políticas, las propiedades y el historial laboral en el gobierno ―con pomposa comicidad involuntaria, al referirse a la ficha de Clara Jusidman dice, por ejemplo, que «Llama la atención que se incluyen todas sus actividades como funcionaria de gobierno».

Y en todo caso, el enfoque del reportaje es cándido: no creo que haya nadie capaz de sostener con seriedad que puede gobernarse un país sin disponer de información precisa de los gobernados, sobre todo si son figuras públicas y tienen incidencia política.

Personalmente, Miranda de Wallace me parece autoritaria y sombría, la he criticado por años y no quisiera, por supuesto, que me gobernara. También me preocupa que el gobierno federal tenga bajo vigilancia a los activistas con intenciones aviesas.

Pero igualmente quiero saber quiénes son los servidores públicos que están revelando información personal protegida por la ley en favor de sus titulares, cuáles son sus móviles, y si serán enjuiciados y castigados por eso, así como la dimensión del «mercado negro» de datos personales fomentado desde el gobierno.

Y me preocupa que sigamos ejerciendo el periodismo como desde el siglo XIX, sin estándares editoriales que nos permitan ser veraces, respetar los derechos de los demás e informar con apego a la legalidad, denunciando a quienes desde el poder la vulneran.

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