Calderón rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas, libertad de expresión y acceso a la información. Puede incluso entenderse que la guerra contra el crimen organizado era necesaria porque había que confrontar el problema, aunque sea discutible la estrategia que adoptó y la manera como dirigió el conflicto. Lo indefendible del ex presidente es su comportamiento hacia el costo social de la guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, decenas de miles de migrantes secuestrados, etcétera.
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar “la dignidad de otros” y por tomar en cuenta las “consecuencias que las políticas tienen en las personas”. En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la “responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales”.
Calderón no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Sus acciones lo exhibe como alguien indiferente, irresponsable e inhumano. En ninguno de sus discursos de despedida incluyó algunas palabras de empatía hacia quienes pagaron las facturas de la guerra contra el crimen. Más grave fue la firmeza con la cual ocultó información sobre lo que sucedía. Demuestro esta afirmación con los desaparecidos, una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Para dimensionar su significado utilizo un texto de Francisco Peregil en El País (23 de diciembre) donde relata la historia de una senadora argentina, Norma Morandini que descubrió, gracias a un texto publicado en ese periódico, que en 1977 los militares lanzaron a sus dos hermanos al mar desde un avión. En unas cuantas frases condensó el tamaño del fardo que cargó durante 35 años: “Es muy duro y muy difícil transmitir lo que significa la palabra desaparecido. Es un fantasma. Pero decir que es un fantasma es decir nada. Es una presencia que no está. Tú no lo has visto morir ni nadie te dio el pésame, no hay liturgia ni tumba. Nunca los piensas muertos, que es muy diferente a esperar que aparezcan vivos”.
Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre pasado es importante que “todos sepamos dónde está la gente que más sufre”. Ahora sabemos que al menos en el caso de los desaparecidos la Procuraduría General de la República sí elaboró durante todo el sexenio el registro: nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica –organismo civil que presido– recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella obtuvo de empleados de la PGR con nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años del gobierno de Calderón. Quien se tome la molestia de revisar el texto (www.propuestacivica.org.mx) constatará la poca prioridad que le dieron al asunto, las denuncias no fueron investigadas. Fuentes internas de la PGR peñanietista comentan que no logran encontrar esos archivos lo que tal vez significa que fueron sustraídos por el calderonismo en retirada.
Una parte del pueblo estadounidense ve con preocupación lo que está pasando en México. Entre los indicadores está la decisión de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard de conceder a Marcela Turati el Premio Louis M. Lyons por ser una de las reporteras que informa “sistemáticamente sobre las víctimas en la guerra contra el narcotráfico” y porque protege a periodistas amenazados; según esta fundación “México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa”.
Dentro de la misma universidad hay quienes piensan diferente. El director de la Kennedy School, el profesor David Ellwood, calificó al ex presidente Calderón de “ejemplo vivo de un servidor público […] comprometido”. Una afirmación sin fundamento porque la evidencia lo exhibe como un gobernante insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias.
En lugar de nombrarlo persona non grata la Kennedy School decidió insultarnos y violar sus principios al hacerse cómplice del ocultamiento de una de las tragedias humanitarias más atroces e importantes del siglo XXI. Una vergüenza.
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Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Marcela Valdivia.
