NUESTRA APARENTE RENDICION

Durante una visita a San Luis Potosí confirmé que la reconceptualización y la estrategia sobre seguridad van por buen camino, pero tienen un eslabón perdido.

Hasta el 15 de marzo de 2013 la página de la presidencia posee 155 discursos públicos. La mayoría fueron pronunciados por Enrique Peña Nieto aunque también incluyen a uno que otro funcionario. Once alocuciones abordan el nexo entre derechos humanos y seguridad a partir de una tesis enunciada por el Presidente: es imposible “combatir al crimen organizado” sin respetar los “derechos humanos”. La idea es completada por otros integrantes de su equipo.

 

 

Para el asesor presidencial en seguridad, el general colombiano Óscar Naranjo, se requiere de “una nueva narrativa” en la cual lo “más importante [no sea] combatir el delito”, sino “proteger la vida, derechos y libertades de la gente”. Si uno revisa los discursos de los otros jinetes de la seguridad (Manuel Mondragón y Kalb, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong) aparece una y otra vez la mención de que las víctimas son lo primero y se comprometen a incorporar a integrantes de la sociedad civil a los órganos decisorios, lo que se confirma con los acercamientos del área de seguridad del gobierno federal a organismos ciudadanos.

 

Estas ideas impregnan el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que coordina el subsecretario de Gobernación Roberto Campa. En el documento se detallan las estrategias y acciones para los 57 puntos geográficos (llamadas “demarcaciones”) que recibirán atención prioritaria. En diferentes partes se insiste en que se incorporarán al proceso el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía. Hay que reconocer que el nuevo gobierno está haciendo un esfuerzo por redefinir la amenaza y la estrategia sobre nuevas bases.

 

Una omisión notable y significativa es que en todos estos discursos y documentos no se asigna una función específica a las comisiones gubernamentales de derechos humanos; son el eslabón perdido. Tienen apariciones fugaces acordes con el papel secundario que se les asigna en los eventos públicos relacionados con estos temas (una excepción es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal). Son como esos personajes de familia que nadie menciona porque siguieron algún camino “equivocado” rara vez explicitado. Y cuando se habla de ellos se lanza un suspiro de resignación o una vergonzante caída de la mirada.

 

La marginalidad es nociva y contraproducente porque estos organismos públicos tienen la función estratégica de representar los intereses de las víctimas frente al Estado. Algo anda muy mal en nuestro diseño institucional cuando es frecuente que las víctimas evadan hasta donde les sea posible a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o su equivalente y busquen una interlocución directa con el ejecutivo federal o estatal. Su ausencia e ineficiencia deja huecos difíciles de llenar que la autoridad va llenando con parches institucionales (Províctima es un ejemplo clarísimo).

 

Esta situación viene de que los partidos nombran a funcionarios para estos cargos con el principio de “una cuota pa’ mis cuates”. Es una lógica suicida porque este tipo de instituciones necesitan personas que reúnan las tres “ces”: carácter, conocimiento y compromiso.

 

Esta situación motivó la visita que hice la semana pasada a San Luis Potosí. Fui a entregar personalmente una carta al Congreso de aquel estado. El documento lo firmamos quince personas interesadas en los derechos humanos y en él respaldamos a Martín Faz Mora para ombudsman de aquella entidad, quien cumple de sobra con las tres “ces” (la carta puede consultarse en www.sergioaguayo.org)

 

Es probable que la desastrosa gestión del actual defensor de los derechos humanos en  San Luis Potosí —José Ángel Morán Portales—contribuyera a la indefensión de víctimas que se multiplican cada mes. Por ejemplo, entre marzo y octubre de 2012 se incrementaron los homicidios en 634% y la situación es tan grave que el programa federal para prevenir la inseguridad antes mencionado incluye a dos ciudades potosinas (Ciudad Valles y la capital) entre las 57 demarcaciones prioritarias.

 

Conversé con diputados  del PAN y del PRI. Fueron receptivos a las razones tras la carta y reconocieron que Faz Mora tiene el mejor perfil, pero también me aclararon que consideran que para otros diputados es demasiado independiente. En este sentido es posible que prefieran a alguien dispuesto a atender sugerencias y que preserven la lógica de la cuota. Esta semana sabremos a quién eligieron.

 

En un plano más general es absurdo que quienes diseñan la estrategia nacional contra la inseguridad no tomen en cuenta a los organismos públicos de derechos humanos. Vivimos momentos de emergencia y es hora que pongan a trabajar en serio a estas dependencias. A las víctimas no les sirven instituciones de papel maché: brillosas por fuera pero sin consistencia por dentro.

 

Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo;

Facebook: SergioAguayoQuezada

 

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco

 

 

Información adicional

  • Por: : Sergio Aguayo
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NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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