Mi solidaridad con Javier Sicilia, poeta y ciudadano.

El asedio a la libertad de expresión crece y se adapta a los tiempos. Desean domesticarnos, intimidarnos, silenciarnos. ¿Quiénes son, cuáles son sus métodos y qué podemos hacer?

Me inicié en el periodismo bajo el viejo régimen. Cuando escribí mi primera columna en el Guadalajara de 1971 ya sabía que Bucareli decidiría cuándo había transgredido los límites no escritos. Lo confirmé en el primer texto que publiqué en un diario capitalino donde pensé, había más libertad. En 1974 la Dirección Federal de Seguridad destruyó un suplemento cultural porque califiqué a Carlos Hank González de político enriquecido. Esa época terminó y Gobernación es un tigre artrítico y desdentado.

Empeoramos porque la fragmentación del poder multiplicó los censores. Ahora tenemos que preocuparnos por una avalancha de corruptos, ineptos y por esos “jefes de plaza” que imponen la ley del Estado paralelo. Cuando no les funcionan los halagos o los dineros vienen las intimidaciones o las ejecuciones. La semana pasada, por ejemplo, amenazaron a Álvaro Delgado y Javier Sicilia de Proceso y Julio Hernández López de La Jornada. El riesgo es tan real que Freedom House pone a México desde hace años en la categoría de “país no libre” y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) nos da el tercer sitio entre las naciones más peligrosas para el ejercicio del periodismo.

Los censores renuevan sus instrumentos. En el segundo informe trimestral de Artículo 19 se habla de los “mecanismos judiciales o administrativos” para atacar a periodistas. En las últimas semanas MVS Radio demandó a Carmen Aristegui por “daño moral”, mientras que el expresidente del PRI Humberto Moreira me exige que le pague “al menos” 10 millones de pesos porque dañé, con lo dicho en  un texto, sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro [y] reputación”. ¿Actúan por iniciativa individual o por encargo de algún poderoso disgustado? Ese tipo de demandas —que se hacen comunes— desgasta por los costos en energía, tiempo y dinero dedicados a responderlas.

El gremio tiene con qué defenderse. Lo ideal sería una cohesión por demás irrealizable en las condiciones actuales. Resulta más práctico pedir a los múltiples organismos que defienden en México la libertad de expresión que adopten una agenda mínima. Estoy pensando, por supuesto, en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amnistía Internacional Sección México, Artículo 19, Freedom House y  Propuesta Cívica, entre otras. Ellos pueden armar una estrategia apta a la emergencia que se vive. 

Una tarea es presionar más a las instituciones del Estado creadas para proteger periodistas amenazados. Tienen muchísimo más presupuesto que resultados. Son dependencias pesadas y burocratizadas que se distinguen por la pasividad cuando los tiempos exigen proactividad. Lo demuestro con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está dentro de la Secretaría de Gobernación, éste ha ido mejorando pero sin ir al fondo de los problemas.

Aquí el ejemplo.

Resulta natural que por la revolución tecnológica que vivimos, el periodismo digital sea el más golpeado. No sólo eso, sino que las redes sociales son utilizadas con regularidad para agredir e intimidar a periodistas por encargo de algún poderoso. Hace meses documenté ante el Mecanismo una agresión de este tipo en mi contra; había indicios de que venía del gobierno de Veracruz. No hizo nada porque está imposibilitada para investigar pero tampoco lo solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión de la PGR que tampoco se interesó en el asunto. Estamos ante un patrón bastante conocido: el Estado pronuncia discursos, asigna presupuestos y crea instituciones pero la situación empeora y la comunidad sigue en la indefensión.

La ofensiva contra la independencia periodística es un hecho tan demostrable como la falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger seriamente a la libertad de expresión. Para que la situación mejore la iniciativa debe salir de los afectados; a nosotros corresponde tejer los acuerdos mínimos y elaborar una agenda de protección que permita preservar una libertad de expresión asediada.