Del Congreso depende que la seguridad nacional salga del olvido. Cuando se discuta la Ley de Seguridad Interna deben recordar el trasiego legal e ilegal de armas.
México es cuerno de la abundancia para quienes gustan de las armas. Una consecuencia es la epidemia de muertos y heridos silenciada y minimizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos y por las empresas estadounidenses que abastecen de material bélico a los dos bandos. Los militares y policías lo adquieren legalmente; el crimen organizado de manera clandestina. Se trata de mercados formalmente separados pero con muchas interconexiones entre ellos.
Según el The Washington Post, entre 2012 y 2015, el gobierno de México le compró a los Estados Unidos 3 500 millones de dólares en armamento. John Lindsay-Poland —analista del Comité de Servicios de los Amigos Americanos (cuáqueros)— encontró la evidencia sobre un contrato hasta ahora desconocido. En abril de 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió con Sig Sauer —compañía estadounidense con matriz en Alemania— a adquirir hasta 265 millones de dólares en pistolas, rifles de asalto, y otras armas de fuego. Si se tratara solamente de armas cortas, la Sedena recibiría en los próximos años 400 mil unidades.
Una parte de este arsenal será utilizado por las fuerzas armadas; otra será enviada a corporaciones policíacas de estados y municipios. Los lotes que se entregarán a los gendarmes podrían terminar en manos de los criminales porque México carece de controles adecuados. En otras palabras la Sedena estaría armando a sus enemigos en el campo de batalla.
Hay una dimensión siniestra en el acuerdo Sedena-Sig Sauer. Una parte de las ganancias que obtiene Sig Sauer en México, pudo haberlas utilizado para respaldar política y económicamente a quien nos ha insultado una y otra vez. Esa compañía contribuyó al menos con 100 mil dólares a la campaña del actual presidente de los Estados Unidos y no hay constancia de que Sig Sauer se haya deslindado públicamente de las agresiones que hemos recibido. Tampoco sabemos si la Sedena o Los Pinos les exigieron una aclaración.
Sig Sauer tampoco se ha preocupado demasiado por el contrabando ilegal de sus armas a nuestro país. El sicario que mató en 2010 a Marisela Escobedo, la madre de una joven asesinada que protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, utilizó un arma marca Sig Sauer. Por cierto, un activista alemán de derechos humanos, Jürgen Grässlin, tiene demandada a esa empresa por su responsabilidad en esa y otras muertes de mexicanos inocentes.
Es tan intolerable el costo en vidas como la indolencia de nuestras autoridades: permiten que el país que tolera el abastecimiento ilegal de armas a los criminales luego nos critique por no poder controlarlos. Entiendo las dificultades de cancelar un contrato ya firmado o de imponer controles estrictos sobre el armamento que reciben corporaciones policíacas. Sin embargo, es urgente que el Congreso, en particular el Instituto Belisario Domínguez del Senado pueda revisar la problemática de las armas y los términos del contrato Sedena-Sig Sauer para imponerle algunas condiciones y para explorar la posibilidad de cancelarlo. Es igualmente necesario que algunos legisladores conscientes se involucren en este tema.
Nuestra seguridad requiere de una cirugía mayor y una estrategia integral que dé garantías a las fuerzas armadas y reestructure a las policías teniendo como prioridad la protección de la sociedad. Ante el pasmo presidencial, corresponde al Congreso investigar lo que está sucediendo con las armas, recordando que es una variable fundamental para frenar la sangría y entender aquellas regiones que se encuentran en situación de guerra.
La miscelánea
Entre los muchos pendientes para el Congreso está averiguar quién lleva la política de seguridad con los Estados Unidos. Dolia Estevez difundió primero que el 31 de enero hubo una reunión secreta, en Tapachula, entre Luis Videgaray y los comandos Sur y Norte de los Estados Unidos. El encuentro fue negado por la Secretaría de Relaciones Exteriores pero confirmado por Reuters, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México y el Pentágono. ¿Quiénes asistieron y qué acordaron? ¿También le entregaron la seguridad nacional a Videgaray? ¿Qué les pasa?