En 1982, gracias a la lucha de José Zazueta Yoquibo y Cipriano Buitimea Romero, el gobierno de México le cedió a los guarijíos las tierras que ancestralmente les pertenecían pero que les fueron despojadas por yoris y caciques locales. Estas tierras corresponden a tres ejidos (Burapaco, Los Conejos y Guajaray) y a dos poblados en San Bernardo. Todas estas poblaciones tienen la característica de tener cerca al río Mayo, y estar repartidas en una Sierra muy difícil de penetrar.

Nuevamente la seguridad de los guarijíos y sus tierras se ven amenazadas. Un proyecto de presa pretende despojarlos de sus territorios. Esta vez de manera definitiva. Por este motivo desde el 2011 el Dr. Armando Haro del Colegio Sonora y Ramón Marínez Coria, Director de la Organización Civil Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C., han establecido una estrategia para asesorar a los guarijíos.

Las actividades de los asesores comenzaron con la ampliación de la Red Kabueruma, la cual inició sus actividades en diciembre del 2011, con un acercamiento entre las oficinas centrales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el fortalecimiento de la unidad, la información y las capacidades de gestión de autoridades, representantes y asambleas comunitarias guarijías.

También pusieron en marcha el  III Congreso Nacional de la Red Mexicana de Estudios en Poblaciones Indígenas (REMPI), que se llevó a cabo en abril del 2012 en Hermosillo, con auspicio de El Colegio de Sonora. Éste fue dedicado al tema de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y en especial el caso del pueblo guarijío.

A mediados del 2012 los asesores lograron un diálogo político con las instituciones estatales promotoras del proyecto de presa, con la ayuda directa de la CDI y la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Se instalaron dos mesas de negociación en Hermosillo, donde el gobierno  asumió su obligación para llevar a cabo la consulta en la comunidad guarijía. A pesar de que ese año se asignaron más de 100 millones de pesos al proyecto de obra, los recursos fueron transferidos al gobierno de Sonora, violentando un principio jurídico; también entregaron una serie de comentarios críticos a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

A finales del 2012 los asesores se reunieron con los guarijíos en sus comunidades, donde  participó el nuevo presidente municipal del municipio y se hizo un reconocimiento con la gente guarijía para instalar el proceso formal de consulta previa, ayudándolos a ejercer su derecho al consentimiento previo, libre e informado.

La tribu guarijía por su parte realizó una asamblea interna en Mesa Colorada, Burapaco, para instalar el proceso de consulta según los estándares marcados por la CDI. A partir de esto se firmaron acuerdos con el gobierno de Sonora,  donde éste se comprometió a entregar el proyecto formal de la obra, presentar una versión amigable para las asambleas en lengua guarijía, definir los beneficios de la obra para las comunidades afectadas, retomar las exigencias para no afectar su vínculo cotidiano con el río, no desplazar familias, no exhumar a sus difuntos, ni destruir sus lugares sagrados o zonas de aprovechamiento para su seguridad alimentaria.

Los plazos de esos acuerdos se vencieron y nunca se cumplieron, por lo tanto no se llevó a cabo el proceso formal de la consulta.

El primero de julio de 2013 falleció el líder moral y máximo defensor de los derechos territoriales guarijíos, Don Lino Leyva Zazueta. Debido a esto la alianza estratégica con la CDI se complicó y el gobierno de Sonora aprovechó las circunstancias para romper los acuerdos, violentar las leyes y los derechos de los guarijíos, amenazando a los gobernadores tradicionales y ofreciéndoles dinero para firmar convenios apócrifos de cesión de derechos a la tierra a espaldas de las asambleas y de sus órganos de representación agraria y legal.

El único gobernador tradicional que se negó a firmar fue Don José Romero Henríquez, de la Colonia Macurahui, quien al sentirse amenazado urgió al Dr, Haro y a Martinez Coria a intervenir para detener el atropello.

Los asesores de los guarijíos se dieron de alta en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), porque fueron amenazados de muerte por los promotores de la presa. El 4 de agosto de 2013 tuvieron que salir de Sonora custodiados por elementos de la Policía Federal a las asambleas. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos y aquí está su historia.

¿Cuáles creen ustedes que son los verdaderos propósitos de la presa Pilares?

Los propósitos de la presa nunca han estado claros en el discurso formal de los promotores del proyecto. Desde las primeras referencias documentadas se transita de una hidroeléctrica, pasa por el rendimiento productivo del distrito de riego, hasta el control de avenidas para protección civil. Sin embargo, en ninguna versión del gobierno estatal, del ayuntamiento o los organizadores del Distrito de Riego 38, se dice que la utilidad pública presunta de este proyecto es que será servidumbre de agua para la explotación masiva de recursos minerales, en particular de plata y oro en toda la cuenca media del Río Mayo. Hemos tenido acceso a esta información a partir de las investigaciones de diferentes académicos especializados, por IFAI respecto a las concesiones mineras y con la colaboración de empresarios interesados que reconocen que el gobierno estatal no respeta las leyes ni los derechos de los guarijíos.

¿Durante las negociaciones ustedes tuvieron contacto y vieron personas de CANORAS?

No hemos tenido ningún tipo de contacto directo o indirecto con CANORAS ni con ningún otro intermediario o actor del proceso de licitación que se refiere. De acuerdo a la solicitud que le hicimos a CONAGUA, vía IFAI, ese proyecto formalmente no ha sido aprobado, además de estar explícitamente condicionado en el resolutivo de la SEMARNAT debido a la mala calidad del Manifiesto de Impacto Ambiental. Por otro lado, tampoco se están respetando el trabajo de prospección arqueológica que está haciendo el INAH y no ha concluido.

En la última asamblea que hubo de la etnia Guarijía con sus asesores en San Bernardo, ¿qué sucedió, a qué acuerdos llegó la etnia?

Los operadores del gobierno estatal (Manuel Borbón Olguín, Enrique Martínez Preciado y Carlos Navarrete) y del ayuntamiento de Álamos (Benjamín Anaya y Pedro Meza), acarrearon gente de otros municipios para llenar la asamblea de la Colonia Macurahui en San Bernardo, y así respaldar la intervención a favor de la presa, mediante la firma de un convenio. Para lograrlo, humillaron al gobernador tradicional Don José Romero Enríquez, a su familia y su gente, así como a Don Mateo Parra Anaya, presidente de la asamblea de la organización Guarijíos Sociedad de Producción Rural (SPRRI), la cual posee en copropiedad las tierras donde quieren construir la cortina de la presa.

 Estos funcionarios actuaron sin la anuencia de ninguna autoridad federal y su actuación quedó registrada por el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Navojoa, así como por el cobanaro del pueblo mayo de El Júpare. Los funcionarios quisieron legitimar su desaseada intervención haciendo alianza estratégica con el gobernador tradicional del poblado de Los Jacales (San Bernardo) y Héctor Saila jefe de familia de la Colonia Macurahui aliado de Pedro Meza del ayuntamiento, quien también ha sido maestro local y es miembro de la SPRRI. De este modo sembraron la discordia y vendieron su lealtad a la tribu a cambio de prebendas, tierras y dinero. Ante tal atropello, Don José y Don Mateo se retiraron de la reunión y nosotros con ellos. Mientras, Pedro Meza intervino para que esa asamblea apócrifa desconociera a Don José como gobernador y nombrara a Lupe Rodríguez en su lugar.

 Es relevante explicar cómo lo que en los medios se llama la “etnia”, esta constituido por diversas comunidades agrupadas en tres ejidos y dos poblados, los cuales son minoría en el ejido no indígena de San Bernardo. En este ejido las familias guarijía no tienen derechos agrarios pero poseen algunas tierras contiguas en copropiedad como patrimonio de la SPRRI. En esta perspectiva, la asamblea apócrifa que se llevó a cabo el 4 de agosto del 2013 en la Colonia Macurahui de San Bernardo, representaba sólo los intereses de los guarijíos de San Bernardo y no los de todas las comunidades.

 De acuerdo al censo que hicimos con la UNAM este mismo año, existe un total aproximado de 550 familias en Sonora, equivalente a 4 mil personas. Los acuerdos a los que hayan llegado las personas reunidas en el lugar habitual de la asamblea de la Colonia Macurahui, después de la crisis suscitada, no tiene ninguna validez legal o moral. Lo que es peligros en términos de la formación social de las comunidades en general, es que se profundizó así la división entre familias guarijías en aras de los intereses fácticos. También la corrupción generada por los funcionarios estatales y municipales, generó rivalidades internas, lo que violenta el derecho internacional humanitario.

Uno de los presidentes de la tribu está en la ciudad de México con el sello que autoriza el permiso de la etnia ¿Cómo han actuado desde la ciudad de México para continuar la lucha del pueblo guarijío?

Nosotros declaramos y presentamos al gobernador tradicional guarijío de la Colonia Macurahui, que fue violentado y amenazado pero nunca se doblegó así como tampoco no firmó el convenio apócrifo que el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Álamos le quisieron imponer, cosa que sí lograron con los otros cuatro gobernadores tradicionales a espaldas de sus asambleas. Por otra parte también les facilitamos la estancia en la Ciudad de México, primero a Don José y su hija Julia Romero, posteriormente lo hicimos con el nuevo gobernador tradicional legítimo de Mesa Colorada Don Fidencio Leyva Yoquivo y Don Filiberto Zazueta Becerra, presidente del comisariado del Ejido Guarijíos Burpaco. Dada la circunstancia de amenaza y riesgo en que se encontraban, los inscribimos a todos en el Mecanismo de Protección de SEGOB. Su estancia en el DF permitió que activáramos requerimientos jurídico-administrativos en al menos ocho competencias institucionales federales y acudiéramos a los organismos multilaterales internacionales y nacionales de derechos humanos. Actualmente hemos iniciado el trabajo de defensa en tribunales.

El Gobierno del Estado persiste con la construcción de la obra. ¿Qué otras medidas están ustedes buscando para impedir que se siga con la construcción de la presa desde la ciudad de México?

Es importante enfocar que nuestro trabajo es asesorar y acompañar a las comunidades guarijías en la defensa de su territorio, contra el despojo y en prevención de cualquier forma de desplazamiento forzado. Nos preocupa que las familias que reconocen a Don José Romero como gobernador tradicional legítimo en la Colonia Macurahui estén expuestas a nuevas formas de violencia y presión que vulnere su integridad. Configurando así las condiciones de un probable desplazamiento forzado de estas familias, no por efecto directo de la obra, sino por la división interna inducida por el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Álamos. Por esto reclamamos que se respeten los derechos humanos de los guarijíos, así como que se garantice legalidad y transparencia en la gestión del proyecto para buscar el consentimiento previo, libre e informado de los guarijíos y considerando el manejo integral de la cuenca media del Río Mayo, que constituye su territorio ancestral.

En el trabajo antropológico de Teresa Valvidia, argumenta que la posesión las tierras se ganó en 1982, y menciona que la tribu guarijía ha tenido una historia de despojos muy crueles en los cuales se les ha invisibilizado casi por completo, ¿usted como asesor de la etnia e investigador del COLSON que opiniones tiene de esta historia, de cómo los yoris han invisibilizado a la etnia?

Es ahora cuando existe interés por invisibilizarlos. Antes de esto ellos han estado allí en su proceso, que ha implicado relaciones complejas con el mundo yori, buenas y malas. A pesar de la pobreza y privaciones, que son menos a veces y a veces más, ellos tienen en su territorio un colchón de sobrevivencia, por un uso diversificado. Con la presa se les va a cancelar esta opción, además de los cambios que serán letales para su cultura y forma de vida. La historia de los guarijíos en Sonora aun está por estudiarse, pero de seguro no habían tenido una amenaza como la de ahora.