NUESTRA APARENTE RENDICION

Guillermo Padrés y su fábrica de delitos contra la Tribu Yaqui

Los indígenas yaquis, asentados en el Valle del Yaqui, niegan los delitos que el gobierno de Guillermo Padrés les finca a sus líderes; acusan a la administración del panista de “golpearlos políticamente” y “despojarlos” de sus recursos. Opositores a la construcción del Acueducto Independencia, se enfrentan hoy por hoy a la detención de sus líderes Mario Luna y Fernando Jiménez, así como a la cooptación de su movimiento internamente. La tensión se respira. Persiguen a los rebeldes por el “secuestro”, “asesinato” y “robo” de un miembro de la tribu; pero ellos explican por qué no pudieron hacerlo, se defienden y adelantan un desastre ecológico de grandes magnitudes en Sonora

 

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(2 de octubre, 2014).- La lluvia se abre torrencial, caprichosa y violenta. Propaga charcos profundos y apaga esos intensos rayos del sol que secan a la vacas y queman la piel. Ha nacido el milagro en la comunidad de Vícam, uno de los ocho pueblos de la etnia yaqui; territorio de aguas escasas y violencia política. “Así es Sonora”, atina a decir el activista de derechos humanos, Hermes D. Ceniceros.

Un joven nos recibe a la entrada del pueblo. Apostado sobre la carretera 15 Ciudad Obregón-Guaymas, detiene a los camiones de carga que buscan llegar a la capital del Estado, Hermosillo, o al puerto de Guaymas. Se nota nervioso, sino es que tenso. Mira detrás de unas gafas negras y una gorra de cementos y construcciones a los conductores aburridos e insolados; ahí están en sus carros, rezan porque no se les pudran sus mercancías.

Dos días antes, el indígena yoreme, Fernando Jiménez, fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Investigaciones (PEI). Él, junto con Mario Luna y Tomás Rojo –los tres voceros de la tribu–, tienen órdenes de aprehensión por su supuesta participación en el secuestro, asesinato y robo a otro integrante de los yaquis, Fernando Romo Delgado.

La persecución duele y se manifiesta en rencor a los yoris –nombre que los yaquis le dan a los blancos o mestizos. En tanto, el plantón sin embargo no cesa ni se detiene. Están en franca confrontación con el gobernador del estado, el panista Guillermo Padrés. Defienden sus aguas que Lázaro Cárdenas les otorgó en la década de los cuarenta del siglo pasado.

‒Buscamos al capitán Cesario o a Lauro Baumea –atina a decir el mestizo, Gerardo Valenzuela, quien nació en la comunidad hace décadas. Funge como guía y conoce casi todos los pormenores de las luchas que han emprendido sus paisanos.

‒No está –contesta enfáticamente a los foráneos

‒Aquí el joven viene de la Ciudad de México, lo mandó Tomás Rojo.

‒Quién sabe, aquí no nos avisaron nada.

‒¿Lo podemos esperar aquí? ‒insiste.

‒Sí, pero le repito que quién sabe si vengan. ‒nos corta la conversación, mientras blande un par de acicates con los que detienen a quienes desafíen a la ley india. ¿Duelen?, le pregunto a nuestro guía. Se ríe a carcajadas que no oculta ni por instante. “Dile que te las pongan a ver si no chillas”, sostiene, retando, mientras se toma un caldo de caguamanta.

Esperamos. Esperamos. Esperamos.

 

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En 1940, después de varios siglos de luchas y guerras entre blancos e indios, primero contra la administración colonial y después contra la administración porfirista, los indígenas yaquis ganaron su derecho a la autodeterminación y la autogestión de los recursos que les rodean. El presidente Lázaro Cárdenas les otorgó tierras y aguas. Su vida, siempre proscrita y al borde del genocidio, se legalizó y nuevamente pudieron vivir tranquilos.

Rico en recursos naturales, el Valle del Yaqui, mantiene una atmosfera muy parecida a las comunidades autónomas zapatistas: rodeada por tierras, agua y rebeldía, los pueblos mandan y los yoris deben subordinarse a sus modos de vida y tiempos. Además, la ley india está mucho antes que la ley mexicana.

 

Con una bandera propia, una nación autónoma, signos identitarios únicos y una constitución que los rige, el Estado Yaqui, se divide en diversas instancias gubernamentales que se rigen bajo usos y costumbres: el Pueblo Mayor (consejo de ancianos), el Gobernador, el Comandante, el Capitán y por último, el Secretario o Vocero. La mayoría de ellos, invisibles.

La guerra por la defensa de sus recursos naturales y territorio, es el estado de emergencia que llevó a su constitución “incomprensibles para los occidentales”, advierte la especialista Raquel Padilla Ramos. La estructura militarizada y siempre recelosa del foráneo, también confirma el juicio de la especialista. Lo que es la historia de los yaquis lo hace también.

A la llegada de los españoles en 1553, una expedición liderada por Diego de Guzmán, sostuvo el primer enfrentamiento de ese pueblo con los invasores. Setenta y siete años después, solicitaron paz a los misioneros jesuitas que se asentaron en la región, con el cual, inició un proceso de evangelización que portan aún en su bandera: la cruz. Un siglo en estado de reposo duraron apaciguados, nuevamente se levantaron contra la corona y los españoles.

En el tránsito de ese tiempo no volvieron a probar la paz. Pero, especialmente en los periodos de la guerra de Reforma y el asentamiento del porfirismo, las luchas se hicieron más encarnizadas y brutales. Como castigo por su defensa al valle, el gobierno federal detuvo a una buena parte de los indígenas varones o combatientes al exilio en Yucatán.

El libro México bárbaro, escrito por el periodista norteamericano John Kenneth Turner, se volvió el documento más fidedigno de las brutalidades que sufrieron en los campos del henequén. “Se les trata como muebles; son comprados y vendidos, no reciben jornales; pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado podrido. A veces son azotados hasta morir. […] A las familias desintegradas al salir de Sonora, o en el camino, no se les permite que vuelvan a reunirse.”

 

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Setenta años después de calma las aguas vuelven a agitarse.

A principios de la gestión de Guillermo Padrés, se anunció la construcción del Acueducto Independencia, obra hidráulica construida con el objeto de abastecer de agua potable, con aguas del Río Yaqui, a la capital del estado, Hermosillo. Una declaración de impacto ambiental avalado por la Semarnat, el Gobierno del Estado así como por el Fondo de Operación de Obras Sonora Si, (FOOSSI) da fe del valor que le otorgó la administración de Padrés al acueducto.

 

Sin embargo, la autorización careció de una consulta a los pueblos originarios, a quienes les corresponden la mitad de las aguas de la presa “El Novillo”, de donde será extraída, así como de todos los escurrimientos restantes.

“El problema fue que no había ningún tipo de consulta a nosotros; nosotros tenemos a la constitución así como a diversos acuerdos internacionales que avalan el respeto de nuestros recursos naturales. En el 2012 interpusimos una queja contra la construcción del Acueducto, un juez resolvió darnos la razón ante la cerrazón de Padrés”, afirma Lauro Baumea, quien se mantiene como responsable del bloqueo ante la persecución contra Tomás Rojo.

“Sin hacer caso a esa resolución de un juez afincado en Sinaloa, poco tiempo después interpusimos un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta pidió que se detuviera la obra. Pero ese señor que es un criminal no le importa las leyes mexicanas y dejó que el problema creciera. El Acueducto ya nutre la presa Abelardo L. Rodríguez allá en Hermosillo. El gobierno federal no ha querido meter las manos. Esto nos va a llevar a un guerra”.

Un año después, en el 2013, sin que el gobierno estatal pudiera defenderse de la presión ejercida por la SCJN, inició el acoso mediante una “orden judicial”.

 “El acoso es político”, dice el capitán Cesario, sin una pizca de duda. “Como no pudo con nosotros, tiene que acosarnos e inventarnos delitos”, añade mientras dirige las operaciones del retén en la carretera 15 Ciudad Obregón-Guaymas. Al lado de él, el polvo de las calles se ha vuelto lodo. Caminar por esos senderos en donde se asientan restaurantes de carne asada que se derrite en la boca, es francamente difícil.

La tarde del 11 de septiembre, cuando Mario Luna fue detenido, por ese mismo fango los agentes de la PEI, se apostaron cerca de su casa. Esperaron por horas a que llegara y ninguno de sus compañeros lo escoltaran. Así sin más lo agarraron. Nunca se identificaron, tampoco portaban ningún tipo de distintivo que los acreditara como parte de la corporación. Sólo le dijeron: “aquí estás cabrón”. Y sin más se lo llevaron.

Algo similar sucedió con Fernando Jiménez. Otros agentes lo cazaron y esperaron a que ninguno de los miembros del retén lo acompañaran. El único que pudo escapar fue Rojo, quien salió en una caravana para exigirle al gobierno federal que intervenga en el asunto, advierte el capitán, parte de la estructura militar yaqui. Se muestra altivo. Debajo de un sombrero campesino y una camisa roja, afirma desde su rostro moreno: “no importa, así es esto”.

 

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El día en que desapareció Francisco Romo Delgado, el joven Lauro Baumea se encontraba con él. Ambos realizaban rondines en las camionetas de las autoridades locales. Realizaban rondines y, sólo hasta que apareció “el Pancho”, como le decían al indígena hoy muerto, descubrieron que había cometido un delito contra una mujer y su joven hija.

‒Cierto, gente nuestra lo detuvo. Venía completamente alcoholizado, nuestra gente lo detuvo porque le aventó la camioneta que manejaba a la señora. Lo que hicieron nuestros compañeros, fue mandarlo con las autoridades yaquis. Ellos lo juzgaron por el intento de homicidio, fue condenado al “descalzo”, que es cuando un yoreme pierde su nacionalidad yaqui y es expulsado de la tribu.

 

Sin  embargo, Mario Luna no pudo haber participado en el “secuestro”, dice Baumea. “Porque él no andaba ahí”. La procuraduría General de Justicia local, montó los delitos de secuestro, robo y recientemente, el asesinato de Romo Delgado. De hecho, el encargado de dar a conocer el móvil de las acusaciones por las cuales fue detenido Luna, fue el propio procurador, Carlos Alberto Navarro Sugich.

Para el activista de derechos humanos, Hermes D. Ceniceros, el móvil político se podría confirmar por el hecho de que Navarro Sugich se encontraba ese día en el pueblo de Vícam, Sonora, donde ocurrió el altercado con la hoy víctima.

“Las autoridades y los mismos pobladores yaquis son muy celosos con su ley, han pasado años en que la defienden y, el hecho de llamar yoris a quienes no la obedecen, adquiere sentido en el hecho de que todos los yaquis están obligados a hacer servicio para la nación indígena. Quien supuestamente armó todo el entramado jurídico para la detención de Mario Luna, fue el  Sugich. Él pudo haber tomado la declaración de la esposa, quien levanto la denuncia finalmente”, señala.

 

Aunque no todos los miembros de la tribu coinciden en los objetivos que llevaron a instalar el retén a la entrada del pueblo, las autoridades tradicionales, quienes se dividen en aquellos que negocian con el gobierno, los que se mantienen en resistencia y quienes sólo viven ahí, sostienen que nadie pudo condenarlo ni detener a un yaqui sin pasar por la justicia tradicional.

“Eso sería un delito”, afirma Fernando Valenzuela, indígena cercano a las autoridades.

“Para empezar, Mario Luna no era un jefe de la tribu”, añade, “los verdaderos jefes son los que están en el consejo de ancianos o con el gobernador, aquí en Vícam-Pueblo. Mario Luna es un vocero, parte del consejo. Pero los consejos no se mueven solos y como si nadie los mandara. Toda acción de justicia, a excepción de una detención, la debe autorizar el gobierno de nosotros”.

Él conoce la estructura, porque ha defendido las tierras de la tribu, hoy arrendadas a “terratenientes” de Ciudad Obregón.

 

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Para la investigadora de la Universidad de Sonora (UNISON), Dra. Gerardina Nubes, el conflicto tiene tientes políticos que poco han dimensionado el verdadero problema de la escases de agua en la entidad del norte. Si bien, cuando inició la gestión de Padrés, la ciudad de Hermosillo estaba en uno de sus peores momentos de sequía y la presa, Plutarco Elías Calles estaba prácticamente vacía,  se hizo más evidente con el derrame del Río Sonora, contaminado por Grupo México.

“En el estado existen dos grandes afluentes que alimentan casi toda la población: el Río Sonora, hoy devastados ante el derrame de metales pesados, flúor, arsénico y otros materiales usados en la minería. Por otra parte está el Río Yaqui, quienes mantienen un bloqueo para protestar por aguas que dicen ser suyas, pero que son de la nación”, dijo en entrevista para Revolución Trespuntocero.

‒¿Qué solución podría haber ante la escases del agua si ocurre el problema de la tenencia del agua en la entidad?

‒La verdad no sabría decirle porque la Conagua se ha resistido a decirnos cuál es la dimensión verdadera del problema. En todos estos días, ha habido mucho hermetismo. Es un hecho que el Acueducto Independencia es necesario, pero a precio de qué, ¿de tener aguas cargadas con odio y conflicto social? Nunca. Sería necesario saber hasta qué punto de verdad las aguas del Rio Yaqui en verdad están contaminadas y cuáles no, pero la opacidad crece.

Los tambores de guerra suenan. La administración de Padrés ha manejado el conflicto político por la tenencia del agua de la peor manera posible. Las aguas de Sonora, en efecto, hoy tienen odio y angustia.

 

Información adicional

  • Por: : Raúl Linares
  • Nombre del / de la periodista: : Periodista freelance para varios medios y editor en el Spleen Journal
  • Publicado originalmente en:: Revolución Tres Punto Cero

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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