"Para nosotros los indígenas, la paz con justicia y dignidad se escribe con autonomía. Seguimos aquí, manteniendonos vivos, trabajando para revertir los efectos de una guerra que no lleva 4, sino 500 años de violencia más o menos explícita, más o menos evidente pero siempre constante y perversa", dijo una joven de la agrupación Mixteca Rebelde, en Huajuapan.
"Imaginábamos lo que han vivido nuestros hermanos indígenas, pobres y perseguidos, pero haberlo vivido fue un gran dolor que me hizo preguntarme cómo hemos sido tan indiferentes, cómo hemos permitido tanto. ¿qué puedo hacer en lo que se me acaba el corrido, como dicen, para hacer que esto cambie?", señaló Roberto Galván.
POBREZA, LA ÚNICA HERENCIA
Eran un grupo de unas 10, 15 mujeres. Pequeñitas todas, con los bebés prendidos del pezón o de la espalda, amoldados a su cuerpo. Con un plástico rasgado tratando de cubrirse de la tormenta. Así, marchaban con la Caravana al Sur en San Cristóbal.
Ellas son habitantes de Santa Rosa, en el municipio de Trinitaria, exiliadas en 1984 de Guatemala por la guerra civil. Algunas nacieron en aquellas tierras, otras en suelo mexicano. Pero igual, no tienen tierra. Por eso marchan.
Hace 8 años compraron un pedazo de tierra que apenas les alcanzó para repartirse un pedacito donde construyeron su casa de cartón y lámina, sin luz ni agua, con piso de polvo y piedras. Formaron una comunidad como de 30 mujeres. Mujeres casi todas, porque los hombres migraron.
No les alcanzó tierra para sembrar, por lo que rentan un pedazo por 200 pesos al mes que les alcanzan para algunos kilos de maíz.
"No tenemos nada de dinero, ¿cómo vamos a comprar tierra para comer? Rentamos la tierra, apenas para frijol, maíz. Yo soy madre soltera con mis tres hijos", relata Elena Francisco Esteva.
Ella heredó la pobreza de sus padres guatemaltecos y la heredará también a sus hijos mexicanos.
PRESOS POLÍTICOS
El pueblo indígena de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, tiene a seis de sus hombres como presos políticos y a otros 20 desaparecidos de manera forzada. Se les acusa de ser la base social del Ejército Popular Revolucionario y de perpetuar las agresiones a policías y militares en Huatulco, en 1996.
Cristina Valencia es esposa de uno de esos detenidos, Tomás López Almaraz. Con una mano sostiene la manta que dice "Los loxichas estamos hasta la madre" y con otra ofrece llaveros de madera que hace su hombre en el penal de Santa Martha Ixcapel, donde cumple una condena de 66 años.
Cristina siente que se le va el aire, como si la estuvieran asfixiando, nomás de pensar que podrán pasar los años y ella morir y quizá sus hijos también y la condena de su esposo seguirá corriendo. El indígena no tuvo un proceso justo, como sus compañeros que no han accedido a la preliberación.
Su hombre fue detenido en el 2005 y desde entonces, ella mantiene a los 6 hijos de ambos.
"Trabajo desde que amanece, me levanto 3 de la mañana a 8 noche, descanso un poquito", dice la mujer de voz temblorosa y español cortado.
Los doce pesos que adquiera por cada llavero pueden significar la comida de ella y sus tres hijos por un día.
Las mujeres del pueblo loxicha, explica, están casi todas solas. Las que no perdieron a sus maridos por las detenciones, los perdieron por la migración.
REPRESIÓN CONTRA DEFENSORES
Desde el 2006, no hay año que Marcelino Coache no sufra una agresión en su contra. Detención, tortura, intento de asesinato lleva este hombre a cuestas sobre su pequeño cuerpo. Vocero de la APPO y defensor de derechos laborales, en el 2006 fue detenido por la Policía Federal. Fue torturado, acusado de ser guerrillero, y preso en el penal de Cosolapa durante seis meses.
"Quieren que nos callemos, pero nos han hecho tanto, que no tenemos nada que perder, ya no tengo miedo a la muerte", dijo al paso de la Caravana.
* Publicado en Reforma el 18 de septiembre de 2011
