NUESTRA APARENTE RENDICION

Calderón y la impunidad

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Por Javier Treviño Rangel

 

 

El presidente Felipe Calderón pidió al gobierno norteamericano conceder inmunidad a Ernesto Zedillo, posible responsable de la masacre de Acteal, Chiapas. Con este acto, Calderón confirma uno de los más importantes legados de su administración: la impunidad.

 

Hace un año, 10 supuestos sobrevivientes de la masacre demandaron al expresidente Zedillo por su responsabilidad en la matanza de 45 indígenas – mujeres y niños en su mayoría – ocurrida en 1997. Lo hicieron en Estados Unidos, porque allá vive Zedillo actualmente.

Como era predecible, en el país donde nació el PRI y los arreglos en “lo oscurito”, la demanda generó suspicacia. ¿Sería una venganza política? ¿Salinas estaría detrás? En México, donde el 98 por ciento de los delitos quedan sin castigo, la masacre de Acteal dejó de ser relevante. Lo verdaderamente importante parecía ser el oscuro origen de la demanda.

 

Quien sea que haya interpuesto la demanda, lo cierto es que la matanza de Acteal, como todos los crímenes políticos cometidos en México en el pasado, sigue impune. ¿Dónde están los responsables?

 

El 7 de septiembre, el Departamento de Estado norteamericano accedió a la petición de Calderón: Zedillo debía tener inmunidad.

 

Si la demanda hubiera seguido su curso normal en el sistema judicial estadunidense, podríamos saber si Zedillo es culpable o inocente, si tuvo o no alguna responsabilidad en lo ocurrido. Esa era la tarea de los jueces. Sin embargo, Felipe Calderón canceló esa posibilidad. Para el presidente, la justicia no es la de las cortes, sino la que conviene a sus intereses personales. Intervino en el proceso para desviarlo: un caso que debía traer justicia terminó en impunidad.

 

Investigar y castigar los crímenes ocurridos en el pasado, cometidos por el estado o con el consentimiento de éste, es una obligación de los gobiernos democráticos. Así lo hizo Argentina, por ejemplo, cuando sentenció en 2011 a un grupo de exmilitares por los crímenes que cometieron entre 1976 y 1983. El hecho de que Zedillo sea investigado en otro país tampoco debería causar sorpresa. Eso ocurre en las democracias que aceptan la “jurisdicción universal”: las violaciones graves a los derechos humanos deben castigarse donde sea. De ahí que exista, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, de la que México es parte.

 

Pero en el país de cantinflas, el presidente (que es abogado) interpreta las normas internacionales de derechos humanos al revés: se opone abiertamente a la jurisdicción internacional y al castigo de los crímenes del pasado. En la democracia mexicana, el presidente cabildea para perpetuar la impunidad.

 

Para defender a Zedillo, Felipe Calderón, el presidente que toleró el operativo “rápido y furioso”, recordó de pronto la “soberanía de México”. Según él, dado que la matanza de Acteal ocurrió en México y el acusado es un presidente mexicano, ningún país debía meterse en el asunto; cualquier investigación judicial sobre el caso vulneraría “las acciones soberanas del gobierno de México”.

 

Esta misma retórica fue la favorita de los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y De la Madrid para evitar que la comunidad internacional observara o cuestionara lo que ocurría dentro del país. Sin embargo, la excusa de la “soberanía mexicana” dejó de usarse en el sexenio de Vicente Fox precisamente porque la derrota del PRI suponía el abandono de las prácticas autoritarias y el apego a las formas democráticas. Nostálgico, Calderón recicló el argumento más utilizado por el régimen autoritario para justificar las violaciones a los derechos humanos en el país durante décadas.

 

Cuando estaba en campaña para la presidencia, Vicente Fox habló del gobierno de Zedillo como el de “los alacranes, las alimañas, las sanguijuelas y las tepocatas”. Las víboras prietas del pasado recibirían su merecido. Fox prometió entonces establecer una comisión de la verdad. Emocionado, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, felicitó a Fox. “La comisión de la verdad ofrece a México la oportunidad de conocer en detalle muchos casos que nunca fueron investigados por las autoridades judiciales como, por ejemplo, las masacres de Tlatelolco en 1968 y la de Acteal en 1997”, afirmó Vivanco.

 

Pero la comisión de la verdad jamás existió. En cambio, Fox estableció una Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado (Femospp) que no obtuvo resultados. De la matanza de Acteal nada se supo y ningún responsable pisó la cárcel.

 

Sin dar explicaciones, Fox clausuró la Femospp el último día de su gobierno. Felipe Calderón pudo haberla reinstalado, pero prefirió no hacerlo. En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al presidente Calderón el reestablecimiento de una institución que buscara esclarecer los crímenes del pasado y castigar a los culpables. Pero Calderón volvió a hacerse el desentendido.

 

Al proteger a Zedillo, Calderón confirmó que para él los derechos humanos estorban y que la ley sirve cuando no se cumple. Su maniobra es también la posible evidencia de otro arreglo: la impunidad de Zedillo hoy es la inmunidad de Calderón mañana.

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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