NUESTRA APARENTE RENDICION

Justicia transicional para el desmantelamiento del régimen de prohibición de drogas

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La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y de extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Sin embargo, fue luego del aumento masivo de asesinatos y violaciones a los derechos humanos producidos por la Guerra contra las drogas en México, que diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su despenalización y la instrumentación de políticas de reducción de daño, y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos como el reclamo de juicio al ex presidente de México Felipe Calderón ante la Corte  Internacional de Justicia. Estas estrategias han probado tener alcances muy limitados, debido a que no hay una articulación política entre ambas propuestas y porque la reforma de políticas contra las drogas son mejor recibidas e instrumentadas cuando provienen de países consumidores. Los magros resultado se pueden explicar también por la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia nacional al procesar casos de violación a los derechos humanos en que participaron agentes del Estado y la incapacidad de los defensores de los derechos humanos por incorporar la defensa de la dignidad humana de quienes no fueron violentados, más que indirectamente, por el Estado. Por eso, como principal recomendación que se desprende de mis investigaciones sobre historia de la drogas y el narcotráfico propongo que  se creen instrumentos analíticos y de movilización social similares a los propuestos por la literatura sobre justicia transicional durante el siglo XX. Estos instrumentos deberán incluir 1) comisiones de la verdad que evalúen los daños  de las guerras contra las drogas desde el establecimiento del régimen global de prohibición de drogas a principios del siglo XX hasta nuestros días y que propongan mecanismo de reparación de los daños, y 2) la creación de contenido educativo para el uso responsable de drogas que acompañen las políticas de reducción de daños y el avance del desmantelamiento del régimen global de prohibición de ciertas drogas.

 

 

 

Justificación: La instrumentación del régimen de prohibición de drogas en México

La instrumentación del régimen global de prohibición de drogas en México tiene una historia centenaria. Sin embargo, debido al estado de alerta nacional por la destrucción masiva causada durante la intensificación de la guerra contra las drogas en los últimos años, las respuestas desde la sociedad civil se ha traducido en acciones que  se limitan a preocupaciones inmediatas y locales. De ahí la necesidad de articular propuesta de movilización ciudadana que vinculen la necesidad de justicia ante las consecuencias locales de las guerra contra las drogas con sus causas y vínculos globales en el largo plazo. 

Si uno se va a los orígenes de la guerra contra las drogas, hay evidencia para sostener que  inició a raíz de un proceso histórico que implicó la constante negociación entre actores en México y el mundo. Entre otras cosas, resalta cómo Estados Unidos negoció e impulso este régimen de prohibición en México  que nunca convergió con el avance de la democracia.

Uno puede apreciar con claridad la hipocresía del gobierno estadounidense —y de quienes le siguen el juego en México— cuando encuentra su verdadero rasero en la economía: la mayor parte de las ganancias por ventas de drogas se obtiene en Estados Unidos y no en México: las organizaciones criminalizadas mexicanas, según estimados de la ONU y la Casa Blanca, controlan apenas entre el 10% y 30% del valor del mercado estadounidense.

El clasimo porfirista —que atribuía el consumo de ciertas drogas como la marihuana a los pobres— y el racismo de las elites revolucionarias —que deció perseguir el opio para atacar a los inmigrantes chinos— junto a las presiones estadounidenses  fueron la raíz del prohibicionismo nacional de drogas hasta 1947. El prohibicionisma de drogas se diferenció de las formas coloniales de someter a las clases bajas  a ciertos regímenes ocupacionales, espitirituales y de explotación, porque ya en el siglo XX los intentos de criminalización de ciertas drogas fueron liderados por Estados Unidos y no Europa, en una escala mundial.  

Desde Washington, Harry J. Anslinger, primer  Comisionado del Bureau Federal de Narcóticos que ocupó el cargo de 1930 a 1962, monitoreaba las acciones antidrogas del gobierno mexicano y promovía su expansión y militarización. También perseguía a quien se resistiera a alinearse a las políticas de ataque a las zonas de producción de drogas. Así lo hizo cuando, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se propuso un mecanismo de control estatal de la distribución de drogas y el tratamiento médico de los “toxicómanos” (consumidores) en 1940. El gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del fracaso de la primera propuesta de legalización de las drogas, basada en argumentos de salubridad pública.

El discurso de la salud fracasó. A partir de 1947, la Procuraduría General de la República (PGR) sustituyó a las autoridades de salud como regulador del tráfico de drogas. En 1948, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas formó la Comisión de Estupefacientes, cuya misión auspiciada bajo el liderazgo de Anslinger fue promover el credo prohibicionista. México apoyó a los funcionarios estadounidenses antidrogas durante la guerra fría hasta la llegada de Richard Nixon. Por motivos electorales, Nixon presionó a México para que diera paso a estrategias militares y policíacas más radicales. Cerró la frontera con México durante la Operación Intercepción I. Esta operación marcó el inicio de la retórica de “guerra”. De acuerdo a uno de los asesores de Nixon, no fue diseñada sólo para combatir las drogas sino para “doblegar a México” a los designios de las políticas prohibicionistas estadounidenses. 

Dados los incentivos económicos del mercado de drogas, los últimos treinta años del PRI en el ejecutivo federal estuvieron marcados por ciclos de ampliación y reducción de los espacios de impunidad frente al prohibicionismo, especialmente mediante la corrupción. También continuó la adecuación de las políticas mexicanas a los designios estadounidenses.  Estados Unidos frecuentemente condicionaba su apoyo al régimen autoritario del PRI a cambio de  seguir su política económica y de combate a las drogas a la par que el régimen priista pactaba con organizaciones criminalizadas para mantener los niveles de violencia y tráfico a raya. Ese estilo de equilibrio político sufría de interrupciones durante arranques de violencia.

En los años 1970, el gobierno de Estados Unidos promovió operativos militares que  violaron los derechos humanos de campesinos productores, produjeron graves daños ecológico por el uso masivo de defoliantes químicos en labores de erradicación y provocaron una escalada de violencia que llegó a cifras de hasta 217 asesinatos por cada 100,000 habitantes en Culiacán 1976.

En los años 1980,  la persecusión del tráfico de drogas puso en jaque al corrupto sistema político mexicano e inició una escalada de  militarización de la guerra contra las drogas, al grado de convertirla en un asunto de “seguridad nacional”. Los asesinatos, la corrupción y la dislocación de economía locales se volvió ya parte de un proceso de deterioro casi inercial de la vida social de México.

Al llegar la alternancia en 2000,  el pluralismo político dificultó los pactos y demás negociaciones de los espacios de impunidad en el régimen de prohibición. Esto desestabilizó al entramado institucional  legal e ilegal en todo el país. Vicente Fox mantuvo la inercia de militarización de combate contra las drogas. En 2006 Felipe Calderón decidió retomar la retórica de guerra iniciada por Anslinger, Carter y Nixon décadas atrás, cuyo costo social no se ha calculado aún y sea quizá incalculable.

Esta larga historia del prohibicionismo de ciertas drogas en México ha creado consecuencia que no han sido ni siquiera cuantificadas. Dada la generalización de la violencia en todo el país, empieza a haber cifras y se esbozan las historias de las víctimas del tortuoso devenir del prohibicionismo en México. Quizá en el pasado se vio a las víctimas de estas guerras y a las dislocaciones ecológicas, económicas y políticas que causaba como algo normal. Sin embargo, la preocupación actual por saber más sobre el costo social de las guerras contra las drogas puede aprovecharse para extender este conocimiento hasta su origen.  

 

 

Contexto

Luego de una elección muy cerrada, Felipe Calderón decidió hacer del combate al tráfico de drogas como la prioridad de su gobierno (2006-2012).  Como política pública, el despliegue militar y policíaco tuvo magros resultados en la disminución del tráfico de drogas hacia Estados Unidos e incluso, durante su instrumentación, aumento el consumo de drogas en México. Las consecuencias sociales y los daños de estas política mostraron ser claramente devastadores. Aquí haré el recuento de estos daños hasta 2012, aunque lo que se ha vivido del regreso del PRI con Enrique Peña Nieto no permite vislumbrar una tendencia constante hacia un mejor escenario.     

Según el conteo del diario Reforma, hubieron 47,732 asesinatos relacionadas con el crimen organizado entre 2006 y 2012, aunque hay analistas serios, como el de Diego Valle Jones que, usando datos de varias instancias ubican la cifra en alrededor de 63,000.[1] El malabarismo estadístico sobre el número de muertos relacionados con la criminalidad organizada es más evidente cuando uno se detiene en casos concretos como el de los periodistas. Según la ONG de protección a periodistas, Article 19, 71 reporteros y fotógrafos fueron asesinados entre 2000 y 2012 debido a labores relacionadas con su trabajo. El Comité para la Protección de Periodistas sólo enumera 27 muertes relacionadas a las labores de los periodistas, pero mantiene una lista de 38 asesinatos sin motivos claros desde 1992. Hay, sin embargo, otras organizaciones, con metodologías heterodoxas que señalan hasta 127 asesinatos de trabajadores de la información.[2]

En el caso de las desapariciones forzadas, las cifras son también horrorosas. Raúl Placencia, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calcula que hubieron alrededor de 24,091 desaparecidos en ese periodo.[3] Aunque según una base de datos de la PGR filtrada al diario  estadounidense Los Angeles Times, la autoridad tiene 20, 851 desaparecidos registrados entre 2006 y finales de 2012.[4] 

A esto, habría que agregar las cifras de levantotes. No hay definición jurídica de este delito, pero normalmente supone el secuestro o desaparición forzada de personas de organizaciones criminalizadas por parte de una organización rival.  Sobre levantotes tampoco hay registros sistemáticos confiables. Sin embargo, el Ejército ha informado que recibió 18,491 reportes de levantotes entre 2006 y 2012.[5]

El Consejo Noruego para Refugiados calculó que, además, se habían desplazado 230,000 mexicanos debido a la violencia desatada por la guerra contra las drogas. De estos desplazados alrededor de la mitad migraron a Estados Unidos. En su informe, el Consejo Noruego afirma que “aunque la responsabilidad primordial de brindar asistencia humanitaria recaiga en las autoridades nacionales, las agencias internacionales con mandato de protección presentes en el país deben hacer lo posible por cooperar con el Gobierno en la investigación y documentación del desplazamiento forzado en todas sus dimensiones, brindar protección y asistencia, y promover soluciones duraderas para las personas que se han visto obligadas a desplazarse.” Sin embargo hasta la fecha, no queda clara la metodología del Consejo y ninguna organización o agencia gubernamental ha actualizado esta cifra.[6] 

Finalmente, según los Informes Especiales de la CNDH, más de 39,000 migrantes centroamericanos fueron secuestrados en México durante  2007 y 2010. La misma CNDH aclara que los datos son incompletos, debido a la negligencia gubernamental para documentar este tipo de delitos.[7]

A las estadísticas sobre los costos sociales de la guerra contra las drogas en lo últimos años, habría que agregar los innumerables trabajos periodísticos que tratan de visibilizar el sufrimiento de las víctimas de la violencia relacionada al narcotráfico. Entre estos trabajos resaltan las compilaciones realizadas por periodistas bajo el liderazgo de Marcela Turati, Diego Enrique Osorno, Juan Pablo Meneses y Lolita Bosch, así como los trabajos de Sandra Rodríguez y Javier Valdez.[8]

Ante tal cúmulo de evidencias sobre el gran daño causa por la guerra contra las drogas en los últimos, ¿cuál ha sido la respuesta social? En principio, habría que decir que sus logros de la movilización social han sido hasta ahora limitados. El Movimiento por la Paz con Dignidad y Democracia es liderado por el poeta Javier Sicilia desde el asesinato de su hijo por parte de grupos criminalizados de tráfico de drogas el 28 de marzo de 2011. Su principal logro ha sido el reconocimiento del derecho de las víctimas de la violencia desatada por la guerra contra las drogas a ser reconocidos como actores políticos y a acceder a la justicia y la reparación de los daños infringidos por el Estado. Este reconocimiento, que fue simbólico durante el gobierno de Felipe Calderón, se materializó en la firma de una Ley General de Víctimas por parte del presidente Enrique Peña Nieto el 8 de enero de 2013. Esta Ley puso en evidencia las limitaciones de las instituciones de defensa de derechos humanos para procesar los reclamos de justicia ante las atrocidades cometidas durante la guerra contra las drogas.

 

La marginalidad actual de la CNDH —escribió Sergio Aguayo, en su crónica sobre la firma de la Ley— fue evidente en la ceremonia de Los Pinos y en el contenido de los discursos. Su presidente, Raúl Placencia, fue relegado al penúltimo lugar del lado izquierdo del presídium y en ninguno de los cuatro discursos se hizo referencia a la institución. Algo anda mal, muy mal, cuando en un acto de esta naturaleza tiene un papel tan secundario la principal institución creada por el Estado para la defensa de las víctimas. A nadie beneficia. Eso tiene que cambiar.[9] 

 

La marginación de la CNDH de la que habla Aguayo no es, en mi opinión, el síntoma más grande de agotamiento que la  circunstancia actual exige a su liderazgo. Es en realidad parte de la insuficiencia del discurso de los derechos humanos para procesar las demandas de justicia y defender los derechos de la víctimas de la guerra contra las drogas. La marginación de la CNDH es parte de la automarginación de las organizaciones en la defensa de las víctimas, porque se limitan a un solo tipo de  violaciones a la dignidad humana: las que son perpetradas por el Estado.

Las víctimas de violaciones por parte de actores que participan del mercado de drogas no son tomadas en consideración y, ante el desastre organizacional del sistema de justicia mexicano, no son llevadas a juicio. Esto provoca que del enorme número de desaparecidos, muertos, desplazados en informes como “Niether Security, Nor Justice”, publicado por Human Rigths Watch en 2011, se enfoquen tan solo en los 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales en que participaron agente del estados y el resto quede como anecdotario de la circunstancia.[10] No se analiza y ni siquiera se menciona que estos crímenes y este estilo de criminalidad también han sido inducidos históricamente por la instrumentación de políticas y guerras contra las drogas basadas en marcos regulatorios equivocados. No es extraño que otro de los grandes ausentes en estas evaluaciones de los defensores de los derechos humanos son los desplazados que normalmente vienen de zonas rurales y no tienen el conocimientos sobre el acceso a la justicia por medio de comisiones, leyes, abogados y protestas, una herencia de nuestra historia prohibicionista.

Finalmente, debo señalar la gran desconexión de la discusión sobre la reforma de la política contra las drogas con la defensa de las víctimas. Aunque algunos miembros del Moviendo por la Paz se han pronunciado a favor de la legalización de las drogas tanto en México como en Estados Unidos,[11] las discusiones se han separado. Las propuestas para legalizar las drogas y su legalización de facto en muchos gobiernos locales de Estados Unidos pone en evidencia que las políticas que se desprendieron del prohibicionismo histórico de ciertas drogas fueron absurdas. Y aún más, se pone en evidencia que las guerras para prohibir drogas fueron guerras injustas: están en la raíz de la destrucción de comunidades enteras durante más de un siglo.  Sin embargo, las actividades del Movimiento para la Paz se han mantenido separadas de los esfuerzos por lograr la reforma de la política hacia las drogas más allá de los discursos. 

La separación entre las movilizaciones para la reforma de la política contra las drogas y sus víctimas es algo que no sólo ocurre al Movimiento por la Paz, sino a docenas de iniciativas ciudadanas para lidiar con las consecuencias de las guerras contra las drogas. En los últimos años, ha habido innumerables iniciativas ciudadanas, en su mayoría inconexas, para pedir justicia. Estas iniciativas incluyen desde grupo de sanación espiritual y proyectos educativos para evitar el avance de la cultura de violencia y para fomentar la cultura de paz hasta pueblos en Guerrero y Michoacán que se han armado para evitar la entrada de grupos criminalizados a sus tierras. También hay grupos de familiares de desaparecidos en Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, la Ciudad de México, entre otros lugares, que han decidido acompañarse para buscar a sus familiares.[12]  En contadas ocasiones, estos grupos e iniciativas van acompañadas de acciones para colaborar con la reforma de políticas de combate a las drogas.

Lo mismo se puede decir de las organizaciones que se dedican a promover la reforma de la política contra las drogas en México. El Colectivo para una Política Integral hacia las Drogas en México ha hecho diversas investigaciones y acciones orientadas a cambiar la política hacia las droga en México. Pugnan por una política hacia las drogas basada en evidencias y respeto a los derechos humanos. Sus actividades han sido eficaces para el avance de la perspectiva de reducción de daños tanto de consumo de drogas ilegales como su producción y tráfico. Sin embargo, en sus documentos y acciones se nota una visión corta de la historicidad de régimen global de prohibición, es decir la causa de su organización, y poca interacción con las iniciativas de reconocimiento y reparación de daños hacia las víctimas de las guerras contra las drogas en la historia de México. Tiene hasta ahora una visión corta y acorralada en el presente.

En este panorama de la movilización civil contra las causas y consecuencias de las guerras contra las drogas, quedan muchas preguntas en el aire: ¿Qué pueden esperar las comunidades campesinas y de inmigrantes que fueron perseguidos y hasta asesinados en la primeras operaciones para el combate a las drogas a principios del siglos XX? Ante la destrucción ecológica masiva de los programas de exfoliación química, ¿Qué seguirá pasando con las comunidades que se quedaron con menos recursos para enfrentar su pobreza y marginación en lugares como la Sierra Madre Occidental desde los años 1970? ¿Habrá algún día reconocimiento y reparación de los daños y violaciones a los derechos humanos ocasionados por operativos militares, como las operaciones Cooperación, Cóndor y Canador, en los 1970, y las que siguieron después? ¿Acaso no merece México un disculpa por actos de violación soberana y coacción internacional, como la Operación Intercepción o la presión para declarar el tráfico de drogas como tema devastador de seguridad nacional durante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?  ¿Acaso no es justo que países consumidores, armamentistas y prohibicionistas colaboren en la reconstrucción institucional, social y comunitarias de un país que ha sufrido tantos daños por la instrumentación de políticas recomendadas y auspiciadas por ellos?

El 25 de noviembre de 2011, un grupo de mexicanos, bien intencionados,  presentaron 700 fojas que documentan 470 violaciones al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y lesa humanidad, al Fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado mexicano Netzaí Sandoval, con el apoyo de 23,000 firmas, señaló ante la Corte a Felipe Calderón Hinojosa, su gabinete de seguridad, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el resto de los cárteles mexicanos como posibles responsables de estos crímenes.  Pocos días después, el 27 de noviembre, la oficina de la Presidencia comunicó que procedería contra los denunciantes por haber hecho imputaciones “falsas y calumniosas”.[13] Al final de cuentas, no pasó nada. El juicio no prosperó y el presidente Calderón no procedió contra los demandantes. Además de un arranque de catarsis colectiva, el episodio sólo sirvió para que el presidente Calderón postergara la firma de la Ley de Víctimas, al grado de dejar su promulgación a su sucesor. De más está decir que de nada ayudó al avance de la reforma de las políticas hacia las drogas en México.

El caso del juicio a Calderón y sus cortas consecuencias ilustran las dificultades para alcanzar la reconciliación y reparar los daños de las guerras contra las drogas. Las dificultades para que la respuesta a las preguntas que surgen de los últimos años de guerra en México se traduzcan en acciones concretas que complementen el inexorable avance de políticas hacia las drogas más maduras y compasivas deben acompañarse de proyectos intelectuales y culturales. Es necesario crear el entramado intelectual para que nuestras miradas sobre los problemas provocados por nuestra actitud hacia las drogas integren sus causas con consecuencias y sus expresiones locales conectadas con lo global desde su origen.

 

 

Opciones de política y recomendaciones

Existe un marcado optimismo por el avance reciente de las reformas de políticas hacia las drogas en el continente americano, al grado de considerarlas inexorables. Ha habido avances sustantivos, por ejemplo, en la descriminalización del consumo de drogas  en Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, México y en cada vez más gobiernos locales de Estados Unidos han creado esquemas de legalización de marihuana para fines médico y recreativos. Además, en una reunión de la Organización de Estados Americano realizada en marzo de 2012 en Cartagena, Colombia, diversos presidentes y ex presidente latinoamericanos acordaron  estudiar alternativa al régimen internacional de prohibición y sus políticas.[14]

En esta circunstancia, la legalización de la marihuana en Uruguay, Washington y Colorado ha dado gran impulso a las esperanzas de que las reformas de políticas hacia las drogas avancen más rápido, porque al fin de cuentas la legalización en un país como México sería asunto menor ante la aceptación del gobierno estadounidense de regulaciones más racionales hacia las drogas.[15]

Tomando por asentada esta visión optimista del avances de la reformas de las políticas hacia las drogas, ¿Qué recomendaciones se pueden aportar desde el conocimiento histórico para este proceso? Mi respuesta es sencilla: una visión amplia de las causas y consecuencias de las políticas hacia las drogas que puede compartirse y socializarse desde lo individual hasta lo global.

Mis recomendaciones se pueden resumir en dos puntos: 

 

1)   Justicia Transicional durante el desmantelamiento de régimen global de prohibición de drogas:

Se ha hablado hasta el cansancio de los retos diplomáticos para desmantelar el régimen global de prohibición de drogas. Sin embargo, poco se analiza, prospectivamente, ¿cuál será la reacción social ante los cambio que esto conlleve? Es de esperarse que en comunidades que han sido afectadas por la violencia estatal o criminal relacionada con el combate a las drogas reaccionen con resentimiento. Ante la legalización de la mariguana en Washington y Colorado, en 2012, por ejemplo, la reacción frecuente en México fue preguntarse ¿cómo era posible que en Estados Unidos legalizara la mariguana cuando México seguía en una sanguinaria guerra por sustancias como ésta luego de una larga historia prohibicionista compartida?, ¿ahora resultaba que los criminales ya no lo serían? ¿sería acaso cierto que esa guerra era totalmente injusta e inducida?

La sanación del resentimiento subyacente a estas preguntas sólo es posible mediante la articulación de políticas y formas de movilización social que garanticen la reparación del daño en comunidades y Estados que han sido afectados por las violaciones soberanas y de derechos humanos durante más de un siglo de guerras contra las drogas.

El antecedente más claro de esfuerzos similares son los mecanismos de justicia transicional durante procesos de democratización de regímenes autoritarios, dictatoriales, nazis y fascistas durante el siglo XX. Un primer paso bien podría ser el establecimiento de una Comisión Ciudadana de la Verdad sobre las Causas y Consecuencias de las Guerras contra las Drogas en México. El estudio exhaustivo de este grupo ciudadano bien podría sentar las bases para la reconciliación nacional e internacional mientras se transita a un régimen regulatorio de las drogas más maduro y racional.

Sin embargo, como bien se sabe, este ejercicio poco podría hacer para lograr la reparación de los daños a las personas, comunidades y Estados que han sido víctimas de políticas y marcos regulatorios irracionales y violadores de derechos humanos durante el siglo XX y lo que va del XXI. Para avanzar hacia mecanismos de reparación del daño, además de una Comisión de la Verdad, se tendría que crear algún instrumento con capacidad de instrumentación de penas a los responsables y vigilancia de los mecanismos de atención y reparación del daño a víctimas de la violencia derivada de política hacia las drogas equivocadas.

Incluso si se constituye una Comisión de la Verdad, existe una alta posibilidad de fracaso si no se consigue apoyo y voluntad política de parte del Estado. El caso más cercano para ilustrar estas limitaciones en México es la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado establecida por Vicente Fox (2000-2006) que, en palabras de especialistas en justicia transicional como Sergio Aguayo y Javier Treviño Rangel, no logró “verdad ni justicia”.[16]  Buena parte del fracaso de aquella iniciativa fue por motivos políticos: Fox hizo un acuerdo implícito para perdonar de facto a priistas que habían cometido atrocidades en el pasado. Lo mismo podría ocurrir con una Fiscalía o Comisión de la Verdad auspiciada por Enrique Peña. En este caso, de hecho, Peña no sólo tiene incentivos para perdonar a los gobernantes panista que pudieron incurrir en abusos para obtener estabilidad en la élite política, sino también a sus correligionarios en el PRI. Una Comisión de la Verdad para el desmantelamiento del régimen global de prohibición de drogas está, desde el inicio, condenada a lidiar entre la necesidad de independencia y la necesidad de fortaleza política y jurídica, cuya concreción no vienen necesariamente juntas. 

También cabría agregar que una justicia transicional para el desmantelamiento del régimen global de prohibición de drogas, a diferencia  de un cambio de régimen político en un país, implica conexiones transnacional con actos violentos que no son necesariamente perpetrados por un Estado, aunque sean inducidos por sus políticas prohibicionistas regionales, nacionales, internacional y multilaterales.

 

2)   Educación para el uso responsable de drogas:

Mientras avanza el desmantelamiento régimen global de prohibición de drogas, los programas de reducción de daños para el consumo de drogas serán cada vez más frecuentes. También crecerá el deseo de los ciudadano por conocer la historia, la naturaleza y efectos de estas sustancias tanto en su persona como en la sociedad en que viven. Es por eso que es fundamental que se amplíe el contenido sobre la historia y los efectos fisiológicos, sociales e históricos de las drogas en la educación básica. El antecedente más claro de este tipo de reforma educativa es la educación sexual.  El avance de la educación sexual durante el siglo XX nos dejó la enseñanza sobre los problemas de cerrar los ojos a la sexualidad infantil y juvenil al promover contenidos que pongan la abstinencia como la mejor actitud ante los peligros de una sexualidad irresponsable.[17]  La educación para el uso responsable de drogas debe tomar esta experiencia como antecedente. El reconocimiento de la propensión humana a la intoxicación debe ser reconocida como articuladora de nociones de responsabilidad personal, comunitaria, social e histórica. Los retos para lograr esto posiblemente se enfrente a la misma crítica que los programa de reducción de daños en el consumo de drogas: la idea de que alientan el consumo.



[1] Sin embargo, cabe señalar que según el recuento “Menos días aquí” del colectivo “Nuestra Aparente Rendición” registró 34,082 víctimas de violencia en México tan sólo entre  el 12 de septiembre de 2010 y el 16 de enero de 2013. También hay cifras de INEGI, la PGR, medios de comunicación, etc., pero ninguna parece cubrir el total de los homicidios en México como ha sido argumentado por Diego Valle Jones: “Possible mnipulations of Homicide Rates in Mexico”, http://blog.diegovalle.net/2010/07/mystery-solved-discrepancy-in-homicide.html, consultado el 15 de enero de 2013. Valle Jones también ha hecho su propia estimación de 63,000 muertes relacionadas con la guerra contra las drogas: “Mexico's Drug War: 63,000 extra deaths in 6 years”, http://blog.diegovalle.net/2012/12/mexicos-drug-war-63000-extra-deaths-in.html#more, consultado el 15 de enero de 2013.

[2] Para un análisis de los datos, véase Alma Guillermoprieto, “México: Risking Life for Truth”, The New York Review of Books, 22 de noviembre de 2012. La lista más heterodoxas, con 127 historias de vidas de trabajadores de la información, fue elaborada por el colectivo Nuestra Aparente Rendición en Lolita Bosch y Alejandro Vélez (eds.), Tú y yo coincidimos en la noche terrible, México, NAR, 2012.

[3] El Presidente de la CNDH, en comparecencia con el Senado, también dijo tener registro de 46,015 homicidios, 15,921 cadáveres sin identificar y 1421 inhumaciones en fosas clandestinas. Además, dijo haber recibido 34,385 quejas contra funcionarios de seguridad públicas, por cateos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura (Leticia Robles, “CNDH contabiliza 24 mil desaparecidos”, Excelsior, 22 de noviembre de 2012).

[4] La jefa de la corresponsalía de Los Angeles Times dio una copia de la base de datos a la organización Propuesta Cívica. Esta organización hizo público ciertos análsis de la información en este blog: “Bases de datos sobre personas desaparecidas en México 2006-2012”,  http://desaparecidosenmexico.wordpress.com/, consultado el 16 de enero de 2013.

[5] Gustavo Castillo, “18 mil 491 levantones en el país”, La Jornada, 31 de enero de 2011.

[6] Norwegian Refugee Council/Internal displacement Monitoring Centre, “Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados sobre el desplazamiento forzado en México a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga”, Diciembre de 2010, http://www.internal-displacement.org/, consultado el 16 de enero de 2013.

[7] CNDH, “Informe Especial sobre secuestro de migrantes en Mexico 22 de febrero de 2011”, http://www.cndh.org.mx/, consultado el 16 de enero de 2013. La historia de vida de algunos migrantes asesinados ha sido recogida por la iniciativa de alma Guillemroprieto en el portal 72migrantes.com del cuál se publicó un libro: Alma Guillermoprieto, Gael García, et. al., 72 Migrantes. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Almadía, 2011.

[8] Turati, Marcela. Fuego Cruzado: Las Víctimas Atrapadas En La Guerra Del Narco. México, D.F: Grijalbo, 2011; Diego E. Osorno. País De Muertos: Crónicas Contra La Impunidad. Mexico, D.F: Debate, 2011; Meneses, Juan P. Generación ¡bang!: Los Nuevos Cronistas Del Narco Mexicano. México, D.F: Editorial Planeta Mexicana, 2012; Bosch, Lolita. Nuestra Aparente Rendicion. México, D.F: Grijalbo, 2011; Páez, Varela A, and Marcela Turati. La Guerra Por Juárez. México, D.F: Temas de Hoy, 2009; Rodríguez, Nieto S. La Fábrica Del Crimen. México, D.F: Temas de Hoy, 2012; Valdez, Javier. Levantones: Historias Reales De Desparecidos Y Víctimas Del Narco. México, D.F: Aguilar, 2012.

[9] Sergio Aguayo, “En Los Pinos”, Blog “El Cambio”, http://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1603:en-los-pinos&Itemid=146, consultado el 17 de enero de 2013.

[11] Así lo hizo, por ejemplo, Sicilia durante una caravana por varios estados de Estados Unidos durante 2012. Durante esta caravana también se pugnó por parar el contrabando de armas hacia México:  Gustavo Rangel, “Sicilia pide legalizacion y fin de "guerra absurda" contra narco”, La Opinión, 24 de agostos de 2012.

[12] Sobre estas iniciativas, véase el excepcional libro colectivo: Marcela turati y Daniela Rea (Eds.), Entre las cenizas: Historias de vida en tiempos de muerte, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Sur/Red de Periodistas de a Pies, 2012.

[13] Los detalles de episodio en http://juicioacalderon.blogspot.mx/, consultada el 19 de enero de 2013.

[14] Véase por ejemplo el informe preparado por el Transnational Institute: Amira Armenta, Pien Metaal and Martin Jelsma, “A breakthrough in the making? Shifts in the Latin American drug policy debate”, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 21, Junio 2012, http://www.tni.org/briefing/breakthrough-making, consultado el 20 de enero de 2013.

[15] Richard Fausset, “Mexico Consider Marijuana Legalization after Ballot Wins in U. S.”, Los Angeles Times, 4 de enero de 2013.

[16] Aguayo Quezada, Sergio, and Javier Treviño Rangel. 2007. "Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación". Foro Internacional (México). (190): 709-739; Quezada, Sergio Aguayo, Javier Treviño Rangel, and Maria Pallais. 2006. "Neither Truth nor Justice: Mexico's De Facto Amnesty". Latin American Perspectives. 33 (2): 56-68.

[17] Levine, Judith. 2006. No apto para menores: los peligros de proteger a los niños y a los adolescentes contra el sexo. México: Oceano.

Información adicional

  • Por: : Froylan Enciso, Fellow del Center for US-Mexico Studies de UCSD

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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