Tijuana, B.C. 12-Sep-2016. Con el alegato de que el Estado debe esperar a que se reforme la Ley General de Víctimas que discute el Congreso de la Unión en la Ciudad de México (que trata de asuntos de índole federal), hoy se perdió la última oportunidad que tuvo la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California de cumplir con las expectativas que las víctimas depositaron en las diputadas y los diputados a quienes se presentó desde febrero pasado la Iniciativa Ciudadana de Ley de Víctimas de Baja California. En la última sesión de la Comisión de Justicia, que dictamina esta norma, se decretó la moción de suspensión luego de que representantes de la Secretaría de Gobierno enviados por Javier Gutiérrez Vidal, Subsecretario de Gobierno, pidieran a las diputadas y los diputados que se abstuvieran de discutir el asunto porque “nos pidieron de la CEAV federal que no legislemos hasta que haya reformas a la Ley General de Víctimas”.
La XXI Legislatura defraudó a las víctimas. De igual modo, el Gobierno del Estado volvió a dejar a las víctimas esperando a que tengan la voluntad de hacer efectivos los derechos que ya tenemos reconocidos por la Ley General de Víctimas, pero que necesitan para realizarse de la implementación de instituciones locales como la Comisión Ejecutiva Local de Atención a Víctimas, la Asesoría Jurídica de Víctimas, el Registro Estatal de Víctimas y el Fondo de Ayuda y Reparación Integral.
Este incidente exhibió además las intromisiones del gobierno federal en la actuación del gobierno del Estado, como evidenció la interferencia de Adrián Franco Zevada, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, quien se reunió con Gutiérrez Vidal el jueves pasado para ofrecer argumentos que luego fueron útiles al Gobierno local para seguir justificando la postergación del cumplimiento de sus obligaciones frente a las víctimas. Inaceptable viniendo de una institución como CEAV que en el discurso dice promover que las entidades federativas armonicen a la brevedad su marco normativo y que justifica su fracaso en la falta de implementación de la Ley en el ámbito local.
Es una omisión reprobable que las víctimas sigamos esperando cuando el Estado de Baja California tiene ya dos años de demora injustificada para legislar en el tema, incumpliendo con ello el transitorio Séptimo del Decreto por el que se creó la Ley General de Víctimas. ¿Por qué por un capricho de la Secretaría de Gobierno y un burócrata del DF los derechos de las víctimas seguirán careciendo de efectividad en la tercera entidad federativa con mayores tasas de incidencia victimal en el país?
Confiamos en que el Gobernador Vega de la Madrid no hubiera dado su aval a estas inaceptables maniobras y que encuentre en el inicio de la nueva Legislatura el motivo perfecto para enmendar la plana. Elevamos un atento exhorto a la Legislatura XXII para que a la brevedad se retomen los trabajos hacia la adopción de la Ley de Víctimas del Estado y se comience a subsanar la deuda de todas las instituciones para con las víctimas de Baja California.
Unidos por Nuestros Desaparecidos en Baja California
