Durante el porfiriato, hubo un tímido consumo de enervantes que creó mecanismos de diferenciación de clase y diversas ideas médicas y científicas sobre sustancia enervantes que justificaban diferencias clasistas. Estas ideas junto a las presiones estadounidenses y la proclividad de los grupos políticos surgidos de la Revolución a la estigmatización de las drogas y el alcohol desembocó en lo que llamo “criminalización con excepciones”, sobre todo desde el porfiriato hasta 1947. El afán moral detrás de las discusiones de las primeras leyes que criminalizaban las drogas en los años 1920 bien puede relacionarse con los viejos intentos europeos por domesticar el consumo indígena de sustancias psicoactivas que tanto escandalizaba a los poderosos durante la colonia. Sin embargo, el prohibicionismo de drogas como nuevo estilo de estigmatizar y perseguir a consumidores de sustancias psicoactivas se diferenció de las viejas formas de someter los cuerpos de los indios a ciertos regímenes ocupacionales, espitirituales y de explotación, porque ya en el siglo XX los intentos criminalizadores fueron liderados por Estados Unidos, vecino de México, y no Europa en una escala mundial.
La instrumentación del prohibicionismo global de drogas en Mexico se negoció entre el gobierno, algunos consumidores, grupos de cabildeo prohibicionista nacionales y estodunidenses, médicos, científicos y boticarios organizados, entre otros. Como ocurrió en otros países, la selección de sustancia prohibidas respondió a intereses concretos. Esto tuvo como consecuencia un trato diferenciado entre sustancias. El jugoso ingreso fiscal por tabaco legal, por ejemplo, fue un elemento importante para que se mantuviera legal. En cambio sustancias como el opio se prohibieron desde temprano por seguir el juego a grupos de empresarios y políticos mexicanos racistas que ocultaban su miedo a la competencia de los comerciantes chinos en denuncias, a veces violentas, del consumo de opio por parte de asiáticos a prinicipio del siglo XX. Las convergencia y divergencias de opinión de los múltiples actores involucrados en estos procesos provocó que, desde un principio, existieran espacios de excepción en la interpretación y aplicación de las leyes prohibicionistas mexicanas. Obviamente, la impunidad y los dobles raseros morales se volvieron una práctica frecuente. Quizá la mayor muestra de la necesidad de regular la negoción de la ley fue el intento vanguardista de establecer un mecanismo de control estatal de la distribución de drogas y el tratamiento médico de los toxicómanos en 1940 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Estados Unidos no aceptó la propuesta cardenista de control estatal, casi legalización, del consumo regulado de drogas ilegales basado en argumentos de salubridad pública por motivos estratégicos y morales, lo que llevó a la perpetuación de las políticas y leyes negociadas y a su instrumentación mediante la violencia del Estado: el discurso de la salud fracasó a favor del estruendo de balas, legítimas unas aunque otras no. Esto abrió paso a un periodo de promoción y avispamiento de la criminalización de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas ilegales, cuya expresión en el ámbito internacional fue la firma de tratados y convenciones. Entre los proponentes del régimen global de prohibición de ciertas drogas hubo Estados y organizaciones sociales, así como empresarios morales que usaron la persuasión diplomática, la inducción económica y la intervención política para lograr su cometido.
En México, la etapa que denomino “la internacionalización del discurso criminalizador” se puede delimitar cronológicamente desde que la pgr asume la persecución del narcotráfico en 1947 hasta la Operación Intercepción de 1969. Durante este periodo, diplomáticos y funcionarios estadounidenses tuvieron un papel especialmente activo. En 1948, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas formó la Comisión de Estupefacientes asumió un papel activo en el credo prohibicionista. Estaba auspiciada bajo el liderazgo de funcionarios estadounidenses como Harry J. Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos del Departamento del Tesoro estadounidense de 1930 a 1962. México apoyó a los cruzados estadounidense contra las drogas durante la guerra fría hasta la llegada de Richard Nixon, quien, por motivos electorales, presionó a México para que cerrara el espacio abierto entre la letra de las leyes prohibicionista y la práctica de la ley mediante estrategias militares y policíacas más radicales. La expresión más radical de estas presiones fue el cierre de la frontera con México durante la Operación Intercepción I, que fue diseñada, de acuerdo a uno de los asesores de Nixon, no tanto para combatir las drogas sino para “doblegar a México” a los designios de las políticas prohibicionistas estadounidenses.
La “criminalización con dientes” promovida por Nixon desde 1969 ha creado “mecanismos de negociación de los espacios de impunidad” ante leyes prohibicionistas difíciles de instrumentar debido a los incentivos económicos del mercado de drogas estadounidense. Los últimos treinta años del PRI en el ejecutivo federal estuvieron marcados por ciclos de ampliación y reducción de los espacios de impunidad frente al prohibicionismo. Esos ciclos estuvieron movidos por el condicionamiento del apoyo de EEUU al régimen priista en el ámbito internacional y por negociaciones locales y pactos entre la élite de poder con organizaciones criminalizadas. (El chantaje estadounidense se manifestó en operativos violadores de derechos humanos en 1970, una relación críticamente tensa en 1980 y un pragmatismo inercial en 1990). Por eso la llegada de la alternancia y el pluralismo político en 2000 pulverizó los pactos y demás negociaciones de los espacios de impunidad en el régimen de prohibición, lo cual desestabilizó al entramado institucional en su conjunto. Después del 2000 el peor fracaso del chantaje fue mexicano: generó estrategias gubernamentales que volvieron a México en un país esclavo de pasiones prestadas y desvanecidas.
Del análisis de este proceso histórico, es posible proponer una conceptualización de “narcocultura” que distingue entre la “alta narcocultura” de la elite del poder y la “baja narcocultura” de las clases populares. La primera es definida como “la expresión pública de la negociación de la élite del poder alrededor de los espacios de impunidad existentes en la distancia entre la letra y práctica de lo local, así como en la creación de arreglos legales alternativos.”[2] La “narcocultura popular”, por otro lado, es conceptualizada como “el entramado de intercambios de significados que permiten el reclutamiento, la protección ideológica frente a la estigmatización y el manejo psicológico del riesgo en el mercado de drogas definidas por el prohibicionismo como ilegales.”[3]
Un valor agregado del análisis histórico del prohibicionismo de algunas drogas en México es que muestra el poder explicativo del modelo de Nadelmann en un ámbito nacional, resaltando además las singularidades del caso. El análisis histórico y una explicación más detenida de la economía política del narcotráfico (de precios inflados por el riesgo y los diferenciales de precios entre el punto de producción y los puntos de consumo) proporcionan los suficientes argumentos para justificar la legalización de las drogas.
(2009. El Colegio de México)
Froylán Enciso
[1] Las amenazas estadounidenses incluyen: dificultar cruces fronterizos, retirar apoyo para el mantenimiento del régimen autoritario; denunciar corrupción de la élite política mexicana; violar sistemáticamente la soberanía territorial; condicionar apoyo económico durante crisis financieras; boicotear negociaciones del TLCAN e imponer procesos (formales e informarles) de “certificación”.
[2] La “alta narcocultura” incluye, aunque no se limita, a: discusiones públicas y no necesariamente judiciales del involucramiento de contrincantes políticos en el tráfico de drogas; las discusiones teológicas entre la jerarquía del clero católico sobre la legitimidad de recibir limosnas que provienen del narcotráfico; las líneas editoriales que representan, crean y reproducen posturas éticas, estéticas y políticas alrededor de estas discusiones; las artes visuales o literarias que pugnan por cerrar o no los términos jurídicos que propician espacios de impunidad; los textos académicos que pugnan por cerrar o no los espacios de impunidad abiertos por el régimen global de prohibición.
[3] La “baja narcocultura” incluye: expresiones musicales como el narcocorrido y el vallenato; los cultos apócrifos; las reivindicaciones literarias y cinematográficas de narcotraficantes; los rituales de socialización que fortalecen la imagen de actores criminalizados específicos y las formas de vestir, usar vehículos, celebrar fiestas o hacer filantropía propia de narcotraficantes
Este texto es una síntesis de mi ensayo “Los fracasos del chantaje: regimen de prohibición de drogas y narcotráfico”, en Arturo Alvarado y Mónica Serrano, Los grandes problemas de México, vol. XV, Seguridad nacional y seguridad pública, México, El Colegio de México, 2010., pp. 61-104.
