I. La ola actual de populismo punitivo trae una nueva embestida contra el paradigma acusatorio de justicia penal, encabezada por figuras de gran visibilidad, que van instrumentalizando como nunca a medios corporativos y periodistas, aprovechando su habitual incomprensión del tema y su histórico alejamiento del bien común.

Por eso no hemos de olvidar que:

• El alto grado de impunidad no llegó con la reforma de justicia y derechos humanos, sino que esta surge precisamente como la búsqueda de una respuesta integral.
• El uso político del sistema penal es un arraigado mecanismo autoritario que el sistema inquisitivo heredó al acusatorio.
• El sistema acusatorio no es panacea contra la violación de derechos, el abuso de poder, el burocratismo, la ineptitud institucional, la corrupción y la consecuente impunidad, ni su origen. ¡Esto también lo heredó del obsoleto sistema inquisitivo, que se niega a morir!
• El sistema acusatorio surge de una fascinante lucha social de casi tres décadas, de las orillas al centro del poder ―geográfica y socialmente―, motivada, por ejemplo, por los feminicidios sistemáticos en Ciudad Juárez desde inicios de los noventa, y contiene apenas las bases normativas para iniciar la democratización del sistema de justicia.

II. ¿Estoy «defendiendo al sistema»? Tal reproche, paradójicamente, suelen hacérmelo colegas periodistas que participan y lucran con los «tribunales paralelos», considerándolos aceptables y hasta necesarios para combatir la impunidad.

Solo resumo lo constatable, que esa es la función de un/a periodista. Y añado que si hoy nos aterran e indignan las decenas de miles de víctimas de la violencia criminal y la violación de derechos humanos, y que entre estas se cuenten más de 130 periodistas asesinados ―varios de formas atroces―, y al menos 35 que sufrieron desaparición o desaparición forzada, tal paisaje desolador podría ser opacado por lo que vendría.

III. Si los partidos que se distribuyen el poder público consiguen la aprobación de Ley de Seguridad Interior y la nueva miscelánea penal, permitiendo además que la Fiscalía Anticorrupción sea una pantomima y la Fiscalía General de la República ―que por mandato constitucional [Artículo 102] sustituirá a la Procuraduría General de la República a más tardar en 2018― no sea más que un clon de esta, ese paisaje que nos descorazona empeorará, agudizando la crisis humanitaria que ya viven regiones completas del país.

Medios y periodistas, mayoritariamente, hemos contribuido de algún modo con este estado de cosas.

Entre los intensos debates sociales que hoy se entrecruzan relativos a la política criminal del Estado, hay uno que lxs periodistas debiéramos considerar vital para nuestra sobrevivencia y el derecho a la justicia: el de la #FiscalíaQueSirva

IV. Además, desde principios de la década anterior, de forma paralela a la exacerbación de la violencia contra la libertad de expresión, vivimos una inédita precarización laboral y profesional que hoy se expresa en pésimas condiciones de trabajo, de vida y de seguridad, agudizadas por el sexismo, la brecha salarial, la hiperjerarquización de las redacciones y la falta de independencia. Si éramos mano de obra barata, hoy vamos siendo ya mano de obra barata desechable. Además, como solemos vender en noticias a personas víctimas de la violencia, somos luego vendidxs en noticias cuando se nos ataca ―muchas veces por los propios medios para los cuales trabajamos.

Por todo esto, entre los intensos debates sociales que hoy se entrecruzan relativos a la política criminal del Estado, hay uno que lxs periodistas debiéramos considerar vital para nuestra sobrevivencia y el derecho a la justicia: el de la #FiscalíaQueSirva.

Este creciente movimiento social formado por activistas, académicos y periodistas propone: 1) Que la Fiscalía General de la República que sustituya a la inepta, corrupta, opaca y arbitraria PGR no sea su copia fiel; 2) que sea una institución independiente del Poder Ejecutivo, autónoma, que investigue, actúe con respeto a derechos humanos, funcione con altos estándares de probidad pública y rinda cuentas; 3) que el nuevo fiscal general no sea Raúl Cervantes ―con su cauda de conflictos de interés―, el actual procurador general; y 4) que la FGR ejerza un liderazgo sostenible para las fiscalías estatales.

En lo que a nosotrxs como periodistas corresponde, si ni siquiera el 10 por ciento de los asesinatos y desapariciones contra nuestro gremio ha sido resuelto judicialmente, una de nuestras escasas posibilidades realistas es que la FGR funcione, lo cual es una poderosa e incuestionable razón para asumir un compromiso por la #FiscalíaQueSirva.

Lo demás son negocios ―que también dañan a nuestro gremio― y una indeleble traición a nuestra comunidad cuando más nos necesita.