Las sospechas de que había una relación entre el poder político y el crimen organizado de Matamoros, Tamaulipas, trascendieron al menos desde mediados de 2013, cuando se publicó que la entonces candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de esa ciudad, Leticia Salazar Vázquez, había recibido más de 3 millones de dólares de un empresario a quien distintas versiones ligaban con el Cártel del Golfo.

Pese a las indicios, Salazar Vázquez se convirtió en la primera Presidenta municipal de Matamoros y el empresario sospechoso, Luis Alfredo Biasi, en el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado; es decir, su brazo derecho y su acompañante habitual en los eventos públicos.

Un mes después de asumir el gobierno, y luego de un domingo de balaceras, bloqueos, “levantones” y de al menos 13 homicidios, el 3 de noviembre de 2013 la Alcaldesa Salazar volvió a ser tema de nota nacional al pedir a los habitantes de la ciudad no salir a las calles debido a que “sabía” que la violencia obedecía a una disputa interna de dicha organización criminal y que “seguramente” iba a continuar.

En enero siguiente, la nota fue Biasi, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargara una bodega con mercancía importada presuntamente de manera ilegal –bebidas alcohólicas y cigarro– y que, según reportes de los varios sitios electrónicos de Tamaulipas, pertenecía al entonces encumbrado funcionario municipal.

“Se confirmó que las bodegas ubicadas en el lugar del operativo donde se realizó este embargo pertenecen al Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, Luis Alfredo Biasi”, publicó el 1 de febrero el sitio Inforio.com.mx.

Pero nada ocurrió entonces con el funcionario sospechoso y la vida continuó de manera normal en Matamoros y en la mayor parte de Tamaulipas durante 2014; es decir, en un entorno de casi total impunidad, corrupción y violencia en el que persistieron los reportes de hechos de “terrorismo”, los homicidios, los secuestros, los miles de robos de vehículos, las balaceras, los explosivos y demás crímenes que han convertido al estado en sinónimo de ingobernabilidad en México.

Datos del reporte de incidencia delictiva del fuero común en 2014 –que fue difundido en diciembre pasado– plantean que, entre enero y noviembre, en la entidad hubo 528 homicidios, casi 5 mil 500 robos de vehículos y 244 secuestros denunciados, delito éste último en el que el estado ocupó el primer lugar nacional.

LA VIOLENCIA NO CESA

Un recuento de hechos de alto impacto hecho sólo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expone, por separado, que la violencia de este 2014 inició desde la noche del 13 de enero, cuando hombres armados ingresaron en el rancho del ex Alcalde David Manríquez Pérez, en el Municipio de Llera de Canales, al sur de Ciudad Victoria, y le dispararon en varias ocasiones.

Luego, a principios de marzo, durante una persecución con policías, civiles armados lanzaron una granada al interior de una escuela primaria de Ciudad Victoria que no dejó consecuencias debido a que no habían iniciado las clases.

Otro explosivo sin consecuencias detonó días después también en Victoria el 24 de marzo y, un mes después, la noche del 25 de abril, un grupo de hombres armados irrumpió en una taquería, también en la capital, y abrió fuego indiscriminado asesinando a dos personas e hiriendo de bala a otras siete, entre ellos a un niño de cinco años y a una anciana de 72.

Diez días después, también en Ciudad Victoria, el nuevo director de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el coronel Salvador de Haro Muñoz, fue asesinado en su camioneta, junto con sus dos escoltas, y a manos presuntamente de elementos de la Policía Estatal Acreditable.

De acuerdo con la profesora-investigadora y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Guadalupe Correa, esos hechos de violencia y los que siguieron el resto de 2014, sobre todo –dice– en municipios como Matamoros, Reynosa, Tampico o Mante obedecen a lo que denominó “una tercera etapa en el descabezamiento” de la estructura tanto de los zetas como del Cártel del Golfo y que, todo indica, dice, ahora viven luchas internas.

“No hay una lucha entre cárteles. Esta violencia se da en plazas que están en control de un grupo. Es una lucha interna del Cártel del Golfo derivadas de detenciones; es como una tercera etapa de descabezamiento de los grupos, el momento del desmantelamiento de la estructura de sicariato que se generó para esta guerra en la que ya fueron eliminados presuntos capos como Heriberto Lazcano o el ‘Z-40′”, dice la académica.

En ese contexto, el 13 de mayo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Angel Osorio Chong, acudió a Reynosa y, aduciendo precisamente dar respuesta a la violencia “al interior de estos grupos”, presentó la “nueva fase” de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas con los objetivos, dijo el funcionario, de desarticular la composición de las bandas delictivas, sellar la ruta del tráfico ilícito y garantizar instituciones confiables.

Además de reforzar acciones previas como “redoblar vigilancia en puertos, aeropuertos y principales rutas”, Osorio anunció nuevas medidas, como el “uso intensivo de inteligencia para desarticular a las organizaciones delictivas”, “recepción de denuncias anónimas”, creación de grupos federales especializados en secuestro, despliegue de elementos y tecnología en la red carretera, entre otros.

También, dividió la estrategia en cuatro zonas -frontera, costa, centro y sur- y a cada una asignó mandos especiales de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Marina (Semar).

Para finales de julio, tanto el gobierno federal como el del Gobernador, el priista Egidio Torre Cantú, presumían una reducción del 38 por ciento en los homicidios dolosos de junio con respecto a mayo, aumento en las denuncias anónimas y el arresto de siete de los 14 “objetivos prioritarios” fijados al inicio de la estrategia.

EL ASESINATO DE LA TUITERA

Tamaulipas, sin embargo, volvió a sorprender no sólo a México sino al mundo a mediados de octubre pasado, cuando en las redes sociales fue difundido el secuestro y posterior presunto homicidio (la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo confirmó lo primero) de la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, que, identificada en Twitter como @Miut2, reportaba situaciones de riesgo en la región.

La información presentó la dosis de terror que en México casi sólo proviene de Tamaulipas y, antes de que organizaciones internacionales denunciaran el caso, en la propia cuenta de la víctima en Twitter aparecieron fotografías en las que se le observaba recostada en un charco de sangre.

Apenas tres días antes, el 13 de octubre, una madre de familia de Progreso, Texas, había reportado que sus tres hijos –Erica, Alejandro y José Angel Alvarado Rivera, de 26, 22 y 21 años de edad, respectivamente– se encontraban desaparecidos luego de que acudieron al municipio de Matamoros, al poblado del Control, a visitar a su padre.

Desde un inicio, y con información de testigos, la madre de familia acusó a elementos del Grupo Hércules –a cargo de la seguridad de la Alcaldesa Leticia Salazar– como autores del “levantón” que concluyó el 29 de octubre con el hallazgo de los tres cuerpos asesinados, además de uno de un ciudadano mexicano.

El Grupo Hércules había sido presentado en septiembre anterior por Salazar y Biasi y, de hecho, de acuerdo con la madre de las víctimas, había sido justo en el negocio de éste último donde habían encontrado la camioneta en la que viajaban las víctimas.

Y, a los pocos días, la mañana del lunes 3 de noviembre siguiente, el delegado nombrado por Osorio Chong para la zona fronteriza del estado en la nueva estrategia de seguridad lanzada por el gobierno federal, general Ricardo César Villarreal, fue ejecutado sobre la carretera Monterrey-Nuevo León.

“Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administración de justicia en todos los niveles, su muy limitado grado de organización comunitaria y por la censura mediática casi absoluta en los espacios locales”, escribió Guadalupe Correa este fin de año en su reporteMilitarización y Seguridad Ciudadana en Tamaulipas (…), elaborado para el Woodrow Wilson Center, de Estados Unidos.

Además, la vinculación del crimen organizado con el poder político y con casi todas las áreas de la vida pública de la región y la consecuente falta de resultados en materia de seguridad después de más de 10 años de disputa, agregó Correa en entrevista, permiten la creación de cuerpos policiacos anticonstitucionales como el formado por Salazar en Matamoros y que derivó en el homicidio de los cuatro jóvenes.

En una situación como la de México –agregó la investigadora– donde la policía no hace lo que debe sino que adopta posiciones extrainstitucionales, donde no hay rendición de cuentas, puede ocurrir casos como en Iguala [Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa], donde los policías se extralimitan, porque no hay coordinación ni se ha reconstruido la policía”.

Todo esto, concluye, porque la historia del estado en el último siglo es la de la vinculación del crimen organizado con todos los demás aspectos de la vida pública del estado, y porque Los Zetas –que por su formación militar expandieron el concepto de violencia y crimen organizado en el país– y el Cártel del Golfo han contado por años con el poder político.

“Si Los Zetas y el Cártel del Golfo pudieron llegar a controlar el estado de esa forma, las policías, quién entra y quién sale de la política, se debe a la gran unión, al poder que le han dado los políticos al crimen organizado, a la protección, a que todo ha operado para fortalecer este sistema que es controlado por grupos criminales”, agregó.

Con ese análisis coincide Raymundo Ramos, encargado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien asegura que a ningún Gobierno, desde Vicente Fox Quesada, le ha interesado realmente solucionar el problema de inseguridad y corrupción que afecta a Tamaulipas desde principios de siglo.

“No le quieren entrar a resolver el problema de corrupción porque tendrían que empezar, por ejemplo, por meter en la cárcel a Tomás Yárrington [ex Gobernador señalado en Estados Unidos como lavador de dinero para los dos cárteles, además de ser cómplice del homicidio del ex candidato Rodolfo Torre Cantú]”, dice Ramos.

“Lo están protegiendo, porque, con un despliegue de fuerzas armadas, marinos y soldados y un aparato enorme de inteligencia y, curiosamente, no saben dónde está el ex Gobernador Yarrington. A partir de ahí, todo lo que anuncia el gobierno federal es simulación”, agrega.

Como Correa, Ramos concluye que lo que falta para atajar de fondo el problema de la inseguridad en Tamaulipas, como en todo México, es voluntad: “El problema no se ataca de fondo e, insisto, aunque gasten miles de millones de pesos en armamentos, salarios, vehículos blindados, no darán resultado porque la voluntad no se percibe, porque depuran policías pero, ¿cuándo van a depurar al gobierno?”.

I.

Desde la marcha del 1 de diciembre, cuando los familiares de personas desaparecidas en Nuevo León convocaron a la organización para la acción conjunta de todas las indignaciones, grupos de personas en toda el área metropolitana de Monterrey comenzaron a contactarse para hacerlo realidad. El colectivo Caminemos Juntos, nacido a raíz de la marcha #AcciónglobalporAyotzinapa del 20 de noviembre, tomó la iniciativa y mostró el camino a esta nueva ola de colectivos, conformado en su mayoría por mujeres y hombres jóvenes, que no estaban en alguna organización, han realizado acciones de asistencia social y organizaron la protesta por los 3 meses de la desaparición de los normalistas, el día 26. Poco antes, entre los días 18 y 19 se realizó una primera jornada estatal de difusión e información, en ella, decenas de jóvenes y no tanto salieron a las calles de los municipios de Monterrey, Escobedo y García, a informar a la población que el movimiento social crecía y para invitarlos a unirse u organizarse en sus propios barrios. Miembros del Frente Amplio Ambientalista viajaron al municipio de Anáhuac, al norte del estado y fronterizo con EU, para documentar el daño que se ha provocado a su población derivado de la reforma energética; ahí pudieron constatar, que la población, ha abandonado sus ejidos por la combinación de años de violencia del narco y la presión del gobierno federal para que cedan sus tierras para la explotación del gas shale. Organizaciones ciudadanas que buscan desplazar a la elite dominante del estado por la vía electoral hicieron un anunció importante el día 16: unirán esfuerzos para buscar ganar las elecciones para el Congreso local; en lo que se ha comenzado a llamar el Congreso Refundador de Nuevo León, para desde ahí controlar a los ejecutivos estatal y municipal. Activistas comenzaron reuniones de trabajo para mapear las indignaciones de Nuevo León y poder llegar a febrero de 2015, al Foro Social Monterrey, con un esquema de ellas y plantear acciones concretas que harán parar al sistema.

II

La temporada de chapulines comenzó en diciembre en Nuevo León. Desde aquella acción histórica de 2012, cuando un grupo de activistas casi logran detener a las y los políticos que solo brincan de un puesto a otro, se logró que la población ya tenga en la mente que el político chapulín es aquel que miente para buscar el poder. Los primeros en saltar fueron dos diputados locales del PAN: el representante de Apodaca, Braulio Martínez, quien buscará chapulinear a esa Presidencia Municipal y el representante de Guadalupe, Luis Ángel Benavides, quien buscará chapulinear a la alcaldía de Juárez. Pero la más sonora chapulineada de la temporada es, sin duda, la de la Presidenta Municipal de Monterrey: Margarita Arellanes. Ella, quien prometió en campaña gobernar los tres años completos, dijo que había cambiado de decisión porque “las circunstancias han cambiado”, frase que pinta de cuerpo entero a la clase política de Nuevo León y su compromiso con la población. Durante el mes, fueron los panistas, los que comenzaron a registrarse para buscar puestos de elección popular, no hay caras nuevas, por el contrario, se registraron los polémicos y cuestionados Adalberto Madero y Mauricio Fernández Garza, ex alcaldes de Monterrey y San Pedro Garza García respectivamente, sobre quienes pesan acusaciones de corrupción y tratos con el narcotráfico. Inició también el proceso en el que políticos ex partidistas se registraron para buscar candidaturas independientes como Jaime “El Bronco” Rodríguez; pero también activistas, no ligados a partidos, se registraron para buscar esas mismas candidaturas. Durante enero será el PRI el que registre a sus candidatos y con ello quedará completo el escenario electoral que, básicamente, será una lucha entre Independientes, tal vez algunos postulados por partidos políticos pequeños VS PRI – PAN.

La posibilidad más vergonzosa, de entre la clase política neolonesa, es que el Procurador de Justicia Adrián de la Garza compita por un puesto de elección popular e incluso compita para la elección de gobernador. Un procurador que fue pieza fundamental para que la impunidad de la guerra contra el narcotráfico arrollara a las familias víctimas de asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros

III

La violencia en Nuevo León se intensificó en diciembre, la particularidad de este incremento es que existen versiones de que está motivado por la temporada electoral o por razones políticas, versiones que surgen desde muchos frentes: los taxistas en la calle, cuentas de Twitter atribuidas a organizaciones criminales y por columnistas políticos. El 22 de diciembre se registró un ataque al bar RE ubicado en los límites de San Nicolás de los Garza y Escobedo, en el murieron 3 personas y 13 más resultaron heridas; el fin de semana del 20 al 21, fueron asesinadas tres mujeres en menos de 24 horas y sus cuerpos abandonados en la vía pública. El número de asesinatos fue de, alrededor, de 30 en el mes; alrededor de ese número porque la información es muy difícil de conseguir incluso para los medios de comunicación. A este incremento se suma el que, por la temporada, se da debido al incremento de consumidores y de dinero en efectivo en las familias. Al comenzar el año, un hombre asesino a su suegro por, aparentemente, no autorizar su relación con su hija menor de edad en Cadereyta. El mismo día, un hombre asesinó a su esposa con un arma blanca frente a sus hijas pequeñas; la violencia familiar sigue siendo una emergencia no atendida en el Estado.

A esas violencias, que inmovilizan a una parte de la sociedad para exigir sus derechos, se suma la represión del gobierno estatal contra las protestas sociales. El día 1 de diciembre, 11 trabajadores de Metrorrey realizaron un paro de labores para exigir una mejora en sus condiciones de trabajo, al otro día, el director de Metrorrey declaró a medios de comunicación que había llegado a un acuerdo con los inconformes y que comenzarían una negociación sobre sus demandas. Pero el día 22 el Gobernador del Estado ordenó que fueran despedidos todos los inconformes, justo antes de navidad, como una lección para los empleados estatales que quisieran protestar. Los empleados despedidos, asesorados por la diputada panista Blanca Lilia Sandoval, decidieron optar por, sólo, la vía legal para combatir esta injusticia, dejando de lado buscar el apoyo de otros colectivos y organizaciones por el momento.

IV

Pan y circo, el día 7 de diciembre el municipio de Monterrey realizó por segunda ocasión su desfile de navideño de globos gigantes. Este desfile costó 8.1 millones de pesos y recorrió gran parte del centro de la ciudad, invitando a la población a imitar a la ciudad de Nueva York y disfrutarlo como una fiesta. Pero el desfile no estaría exento de protestas, el colectivo Caminemos Juntos realizó de manera valiente una protesta en la esquina de Av. Juárez y Padre Mier, a unos pasos del trayecto del desfile. Durante una hora se colocaron a lo ancho de Av. Juárez tomados de los brazos, con playeras blancas manchadas de rojo que recordaban a las víctimas de la guerra y con una manta que decía “Más de 8 millones de pesos pudieron darle estudios de prepa a 2 mil jóvenes. México, no te distraigas “. Recibieron un gran apoyo de la población que, incluso, se sumó a la protesta por momentos.

El caso opuesto fue el 31 de diciembre, en el Parque Fundidora, el gobierno estatal preparó una fiesta al aire libre de fin de año que costó, al menos, 50 millones de pesos, de los cuales, casi la mitad serían para el pago de la actuación de Luis Miguel y su staff de apoyo. Aunque fue criticado por la población en las redes sociales no hubo protestas en el concierto, pero tampoco asistió el número de personas que esperaba el gobierno estatal debido al frio y la lluvia.

Ha terminado un año en el que la sociedad civil mexicana comienza a despertar y le espera un terrible 2015 que aparte de que empieza con el pie izquierdo y una seria crisis social, económica, de seguridad, política y derechos humanos, también resulta que es año electoral. En entidades como Sonora esto juega un papel crucial para entender las diferentes lecturas de una manifestación social y este último mes del año estas fueron realizadas por varios sectores de la sociedad y de la geografía sonorense. Por una parte los afectados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora siguen reclamando que el daño que se les ha generado no se remedia con el fideicomiso de Grupo México, mientras que en el sur de la entidad, la Tribu Yaqui continua en su lucha por rescatar sus tierras y agua, pero ahora también por liberar a sus voceros, ahora presos políticos del gobierno estatal, Mario Luna y Fernando Jimenez. Cada una de estas luchas sociales particulares de la entidad se opacaron en los titulares de los periódicos por el auge de notas que ha creado la tragedia de Ayotzinapa, sin embargo, a pesar de que ya no tienen los reflectores de los medios, la lucha sigue.

El bloqueo y la carta

Desde octubre en los pueblos afectados por el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora los pobladores se reúnen en asambleas para manifestar su indignación y organizarse. La primera de estas acciones en el mes de diciembre fue a las afueras del palacio de gobierno estatal. En este acto los afectados de Ures, Bacanuchi y Baviacora, así como mineros de la sección 65 de Cananea, dieron a conocer sus onconformidades con el cómo se han venido manejando las instituciones federales y el gobierno estatal para sobrellevar la contingencia y remediar el daño con el apoyo económico de Grupo México.

Los afectados reclamaron que la distribución del fideicomiso es inequitativa e insuficiente, que no llega a quienes más la necesitan sino que se queda en las personas más acaudaladas y cercanas a las esferas del poder político. Aunado a lo anterior, la conciencia ecológica de estas personas tan apegadas y relacionadas con su ecosistema, las lleva a denunciar que la contaminación de los ríos no se va a remediar con decretos de funcionarios federales, sino con una programa de remediación que contemple el cierre temporal del la mina, la atención a las medidas de seguridad ambiental que anteriormente había señalado el sindicato minero para el manejo de las presas de jales en la huelga del 2007 y un programa integral de remediación de las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora.

El 17 de diciembre, cansados por no recibir respuestas los afectados cerraron las carreteras en Sonora y tomaron el Palacio municipal de Ures para impedir que se continuara con el segundo reparto del fideicomiso de Grupo México, el cual termina en las manos de personas que ni afectadas son. Hasta ahora únicamente se ha logrado que se suspendan los repartos inequitativos del fideicomiso, pero no que los paoye lleguen a quienes lo necesitan.

Namakasia

El lunes 15 de diciembre la Tribu Yaqui se manifestó en Hermosillo a las afueras del palacio de gobierno estatal, trajo consigo a sus danzantes de la tradicional danza del venado y a parte del consejo de ancianos de la autoridad de algunos de los pueblos yaquis. Entre las personas que venían estaba la madre de Mario Luna y la esposa de Fernando Jiménez, los dos presos políticos. Los yaquis pidieron por la liberación de sus voceros, pero también dieron a conocer su posición frente a lo que se vive a nivel nacional por lo que ellos llaman el mal gobierno. (Los comunicados de la Tribu Yaqui fueron publicados íntegros en el blog de Luces artificiales en Nuestra Aparente Rendición) En estos comunicados dejan ver que la lucha contra el mal gobierno que persigue y desaparece a normalistas en Guerrero y que vuelve a sus voceros en presos políticos, es una con muchos frentes. Los yaquis saben que están hermanados con los padres de los normalistas, con los afectados por la contaminación en el Río Sonora y con los padres de la guardería ABC, así como con muchos más deudos de este país, porque los sufrimientos se abrazan y las luchas se unen sin perder cada una su objetivo.

Contrario a lo que un rotativo local, El Sol de Hermosillo, manejó en uno de sus titulares diciendo que la tragedia de Ayotzinapa ha sustituido a la de la guardería ABC, en una forma soez y vulgar que tiene el mal periodismo local de intentar llamar la atención; los Yaquis, los afectados por la contaminación del Río Sonora, quienes en sus reuniones en octubre siempre guardaban un minuto de silencio por los normalistas, al igual que los padres ABC que marcharon el 20 de noviembre en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos, todos saben que el dolor los une y que sus causas se abrazan entre sí frente al enemigo que es la injusticia y la impunidad. Así pues para mí las palabras de despedida del 2014 que tienen más sentido y que leí en Facebook son las que publico en su muro Julio Cesar Márquez, papá de Yeye, y que ahora comparto con ustedes: “Desde hace algunos años equiparo la felicidad con la posibilidad de seguir manteniendo la esperanza de que el siguiente día será el mejor. Con muchas altas y bajas, pero hoy sonreímos como familia.Les deseamos queridos amigos que en el 2015 sean felices, que mantengan la esperanza a pesar de todo. Se puede.Gran abrazo y gracias por ser parte de esa esperanza...”

Con los tiempos electorales encima y con la negación que parece volverse verdad a los ojos de la mayoría de los políticos y los medios, Jalisco cierra un año cargado de violencia y opacidad. Violencia porque en todo 2014 fueron asesinadas mil 097 personas, el 60 por ciento de ellas por uso de arma de fuego, y opacidad porque todas estas muertes se reportan de manera oficial y mediática como casos aislados y sin conexión. Es la terrible suma de muertes cruentas que no encuentran explicaciones en un escenario de violencia que crece debajo de las apariencias y engaños gubernamentales.

En diciembre se desarmaron dos corporaciones de seguridad pública municipal por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero otras entidades donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera a plena luz del día ni siquiera aparecen en el radar de la Fuerza Única Jalisco (FUJ) que, tras un año de su integración, pregona que su mando único policial es un ejemplo a seguir; por ello, consideran que es un “reconocimiento” el que Jalisco esté entre los estados más críticos en materia de seguridad a nivel nacional.

Tanto reconocimiento y confianza dicen tener de parte del Gobierno Federal que, el 18 de diciembre, la Procuraduría General de la República capturó sin avisarles a Omar Espejo Flores, uno de los líderes del CJNG, el cual es presunto responsable de la desaparición de dos policías federales en los límites de Jalisco y Michoacán, la búsqueda de estos agentes derivó en la exhumación de 74 cuerpos de las fosas clandestinas localizadas en el municipio de La Barca. Así fue diciembre en Jalisco.

Desarmes preventivos, jamás correctivos.

Luego de que el presidente, Enrique Peña Nieto, incluyera a Jalisco como uno de los cuatro estados que requerirían medidas urgentes en materia de seguridad para evitar la infiltración del crimen organizado en sus policías municipales pocas cosas han cambiado porque desde la Fiscalía General se ha negado sistemáticamente que el estado sea un foco rojo, pues aquí estamos muy lejos de la violencia que se vive en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, estados que forman parte de las 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México implementadas por el Gobierno Federal.

Lejos aceptar que existe un riesgo importante en materia de seguridad y que hay zonas en el estado que se han vuelto intransitables para sus habitantes e ingobernables para sus autoridades, lo que se ha hecho es inflar aún más la burbuja de la aparente seguridad, ya que se precisa que las acciones federales son preventivas y no correctivas.

Tan preventivas como el desarme de las policías municipales de Cocula y Casimiro Castillo que se realizó el 8 de diciembre, esto por la supuesta infiltración del crimen organizado en ambas corporaciones de seguridad.

En el caso de Cocula se informó que el subdirector de seguridad pública, Gustavo Valencia, y Victoriano Rosas, primer comandante, aceptaron que recibían dinero de la delincuencia organizada a cambio de la información sobre los diversos operativos que en la zona realizaban (o realizarían) la FUJ, la policía federal y el ejército. Además confesaron que también brindaban protección a los criminales y los dejaban vender y distribuir la droga libremente en su municipio. Ambos policías ya fueron consignados por los delitos de peculado y crímenes en contra de representantes de la autoridad.

Cocula, como su homónima guerrerense, dejaba operar al crimen organizado bajo el cobijo y amparo de su policía municipal; sin embargo (como también pasó en Cocula, Guerrero), acá se dejó sin ninguna culpabilidad al alcalde de extracción panista, Félix Alberto Ibarra Vázquez, quien aparentemente desconocía el actuar de su policía.

Cocula ya había sido escenario de enfrentamientos entre elementos de la FUJ y el CJNG, pues en junio de 2014 se realizó una balacera que dejó heridos a tres policías. Este municipio famoso por ser la cuna de mariachi ahora está bajo el resguardo de la FUJ, la cual ahora tiene a su cargo todas las labores de seguridad pública, esto hasta que se compruebe la confiabilidad de sus 45 policías que aún se encuentran en investigación.

El municipio de Casimiro Castillo, gobernador por el priísta Salvador Durán Núñez, también sufrió el desarme de sus 26 elementos de seguridad pública municipal; sin embargo, en este municipio no se ha consignado a ningún elemento y, por tanto, se desconoce el nivel de infiltración que el crimen organizado tenía en dicha corporación.

Apenas el pasado 23 de octubre de 2014, Casimiro Castillo cobró notoriedad nacional por el operativo que 200 infantes de la Sexta Región Naval realizaron para capturar a Nemesio Ocegueda Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Al llegar al lugar donde aparentemente se encontraba el capo, éste ya se había esfumado. La Secretaría de Marina Armada de México informó que la huida del narcotraficante se debió a la amplia red de informantes que “El Mencho” posee en la zona. En este operativo no participó la FUJ.

Un mes después de este operativo, el 7 de noviembre, la FUJ capturó a 17 personas en este mismo municipio vinculadas al robo de vehículos, siete de ellas eran policías municipales en funciones. Sin conectar ninguno de los hechos anteriores, la Fiscalía General sólo ha precisado que sigue investigando a los policías municipales retenidos.

Tanto Cocula como Casimiro Castillo forman parte del Distrito Federal Electoral 18, el cual hasta el 22 de septiembre del 2014 representaba el diputado Gabriel Gómez Michel, quien fue plagiado a plena luz del día en Tlaquepaque y fue encontrado muerto junto con su asistente, Heriberto Núñez Ramos, un día después en el municipio de Apulco, Zacatecas.

A pesar de que se anunció que otros municipios serían igualmente desarmados es fecha que la Fiscalía General o el gobernador no dan la orden de intervenir en la seguridad pública de otros municipios siendo que sitios como Ameca y Tala (en la Región Valles); San Gabriel (Región Sur); Ejutla, El Grullo, Unión de Tula (Sierra de Amula); Ayutla, Mascota, San Sebastián del Oeste, (Sierra Occidental); Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande (Costa Sur); La Barca, Chapala, Atotonilco el Alto (Ciénega); Acatic (Altos Sur) y Lagos de Moreno, Ojuelos (Altos Norte), han existido hechos que vinculan a sus policías con el narcotráfico.

Incluso, la muerte del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres, acontecida el 3 de agosto del 2014, sucedió tras los pactos previos que el munícipe presuntamente realizó con la cabecilla del CJNG, Sergio Hernández González, alias “El Comandante Sergio”, en la región sierra occidental. El municipio de Ayutla no ha sido desarmado.

La desconfianza imperante en una detención clave

El 3 de noviembre de 2013 se reportó la desaparición de los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago. Cuatro días después se montó un operativo para localizarlos, pues su rastro se perdió en la frontera entre Jalisco y Michoacán, específicamente entre los municipios de Vista Hermosa (Michoacán) y La Barca (Jalisco)

El operativo de búsqueda se incrementó cuando en el kilómetro 4 de carretera Sahuayo-Vista Hermosa, en la comunidad de Briseñas, se encontró calcinada la camioneta de los agentes. A partir de esto, se detuvo a 25 personas, entre ellos 22 policías del municipio de Vista Hermosa. De las indagatorias y confesiones, se supo que en los límites entre Jalisco y Michoacán existían diversas fosas clandestinas usadas, presuntamente, por integrantes del Cártel Jalisco NuevaGeneración.

Hoy tristemente se sabe que en el municipio de La Barca se localizaron 37 fosas clandestinas de las que se exhumaron 74 cuerpos. De los responsables sabíamos muy poco hasta que el 18 de diciembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Zapopan a Omar Espejo Flores, alias “El Toro”, uno de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo al director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, Espejo Flores está vinculado directamente con la desaparición de los agentes federales, pues su zona de influencia y acción criminal se ubica en el lugar donde no sólo desaparecieron los policías sino donde también fueron halladas las fosas clandestinas.

La detención de “El Toro” se realizó sin ayuda de la Fiscalía General de Jalisco y se registró sin realizar un solo disparo, pues el cabecilla del CJNG fue detenido mientras manejada un carro de lujo por las calles de Zapopan. Tomás Zerón de Lucio informó que: “Como parte importante dentro de esa organización criminal, su participación era la de coordinar a grupos de halcones, operadores y sicarios en ambas entidades, realizando además secuestros, robo de hidrocarburos, cobro de piso y el trasiego de droga”.

El líder del CJNG fue internado en el penal federal número 4 del Rincón en Tepic, Nayarit. Su detención e implicación en la desaparición de los dos agentes de la PGR se dio tras la confesión de los policías municipales de Vista Hermosa, pues fueron éstos quienes aseguraron que éste había mandado a levantarlos; sin embargo, Omar Espejo Flores no ha declarado nada respecto de estos hechos ni tampoco ha dado mayor información sobre las fosas clandestinas localizadas en La Barca. Sus declaraciones serán vitales pasa saber los motivos que llevaron a asesinar y enterrar a las 74 personas localizadas en las 37 fosas.

Con esta detención lo que ya parece desdibujarse es la versión oficial de las autoridades de Jalisco que han insistido una y otra vez que las fosas y sus 74 cuerpos no corresponden a actos delictivos sucedidos en el estado, pues a decir de la Fiscalía General: “aquí sólo los vinieron a enterrar”. Habrá que esperar a las indagatorias de la PGR, aunque las esperanzas para aclarar lo sucedido en La Barca no son muchas, pues a un año de los hechos esta instancia federal no ha rendido informes sobre sus investigaciones.

Colofón

A pesar de que los tiempos oficiales de campaña electoral aún no inician en el estado, los aspirantes a contender por las candidaturas internas a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales están ya realizando actos públicos de campaña que, apegados a la Ley Electoral, sólo debieran ejercerse ante los militantes de sus partidos, ya que el calendario electoral lo que ahora marca es la inscripción y participación de pre-candidatos partidistas e independientes.

Este último punto es donde se ha generado mayor ruido, ya que Guillermo Cienfuegos Pérez y su hijo Costel Cienfuegos y Fuentes mejor conocidos como los payasos "Lagrimita" y "Costel", acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco para registrar una planilla independiente para contender por la alcaldía de Guadalajara.

Estos personajes, famosos por su programa cómico que se trasmite en Televisa Guadalajara, aprovecharon la oportunidad que brinda la Reforma Electoral para contender legalmente por la alcaldía, aunque para ello deberán reunir 24 mil firmas que apoyen su postulación, las cuales deberán ser representativas de por lo menos 491 secciones de las 982 que posee el municipio de Guadalajara. De lograr esto, ambos payasos de la televisión local podrían participar en las elecciones del próximo 7 de julio y recibir un porcentaje del millón 400 mil pesos que el INE presupuestó para el financiamiento de candidatos independientes.

El ataque que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fue un caso que ha sacudido y conmocionado a gran parte del país. Fiel a su tradición, la sociedad del DF no ha sido la excepción, y ha protagonizado las movilizaciones más grandes con la exigencia del esclarecimiento del caso.

Semana a semana en las redes sociales, de voz en voz, en las universidades, en las calles, en el transporte público se han organizado las marchas. Históricamente la Ciudad de México ha sido el escenario de las gestas sociales más grandes de los últimos tiempos, y ahora la razón para volver a salir a las calles ha sido la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes.

El caminar pacíficamente por las calles de la avenida Paseo de la Reforma y el Centro Histórico con consignas que retumban y hacen eco entre los grandes edificios, no ha sido lo único que ha ocurrido durante las movilizaciones. Grupos de encapuchados, algunos de ellos autodenominados anarquistas, han tomado la actitud de generar violencia, la cual es respondida por los granaderos con más violencia desmedida.

Siempre es al finalizar las marchas, cuando el ciudadano de a pie ya ha cumplido y regresa a su hogar, cuando se desatan los choques, se ven volar las bombas molotovs y los gases lacrimógenos. Las detenciones de los cuerpos de policías se dan indiscriminadamente, y durante noviembre se detuvieron a varios estudiantes, quienes fueron tratados como criminales pero al final ante la falta de pruebas quedaron en libertad debido a que no se les pudo comprobar ningún delito.

El sábado 8 de noviembre, miles de ciudadanos se organizaron para caminar rumbo al zócalo en la tarde noche con veladoras en las manos. La movilización fue emotiva y el grito de justicia por los normalistas de Ayotzinapa retumbó en el DF. Una vez instalados en la plancha de la Plaza de la Constitución, la gente comenzó a retirarse. De pronto un pequeño grupo de encapuchados comenzó a atacar la puerta principal de Palacio Nacional. Y la violencia explotó.

Luego de un enfrentamiento entre miembros del Estado Mayor Presidencial y los jóvenes violentos, quienes festejaban que el fuego consumió por unos breves segundos la puerta de madera, la persecución policial se desató, de pronto ya había 18 personas detenidos, la mayoría de ellos estudiantes de distintas universidades. Horas después todos quedaron libres, algunos por pagar fianzas y otros porque no se les pudo comprobar nada.

El 20 de noviembre se dio en las calles del DF una de las movilizaciones más grandes de la historia en la ciudad. Ríos y ríos de gentes llegaban al Zócalo capitalino desde tres puntos de la ciudad: el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La Plaza de la Constitución estaba repleta, y los contingentes no dejaban de arribar. El ambiente era festivo y melancólico, la gente gritaba y gritaba consignas, y también celebraban la gran convocatoria que se había juntado. De pronto se comenzaron a escuchar explosiones en el costado de Palacio Nacional, el cual se encontraba custodiado por granaderos. Y una vez más se desató la violencia. Grupo de encapuchados se enfrentaron a granaderos.

Luego de minutos de tensión y de un violento intercambio de agresiones, los grupos de policías arremetieron contras todos los presentes en el Zócalo, muchos de ellos, la mayoría, ciudadanos que nada tenía que ver con los actos vandálicos. Familias fueron golpeadas, jóvenes intimidados y hasta personas que se encontraban en restaurantes de las zonas sufrieron las agresiones. El saldo fue de 11 estudiantes detenidos, y decenas de heridos.

Los aprehendidos respondían a los nombres de Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzín Andrade González, Ramón Domínguez Patlán (nombre que dio en su declaración Isaac Domínguez Ayala), Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo, Francisco García Martínez y el chileno Laurence Maxwel, quienes fueron trasladados al penal federal de Villa Aldama, Veracruz; mientras que Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Anali González, fueron enviadas al penal de Tepic, Nayarit.

Defensores de derechos humanos acusaron que a los jóvenes se les estaba dando trato de delincuentes de alta peligrosidad. Las pruebas por las que se les acusaba eran dichos de los granaderos, quienes acusaban a los jóvenes de pertenecer a grupos subversivos porque entre ellos se llamaban "compas". La exigencia creció y la sociedad tuvo una nueva razón para salir a las calles: 11 jóvenes detenidos, golpeados y trasladados a penales de manera arbitraria.

El sábado 29 de noviembre los 9 hombres y las 2 mujeres dejaron los penales donde se encontraban recluidos. La razón fue porque los delitos de los que se les acusaba no pudieron ser sustentados. Una vez más los cuerpos de policías realizaron detenciones arbitrarias e indiscriminadas.

Los grupos de "anarquistas", como ellos mismos se nombran, han provocado la sospecha de la sociedad civil. Se les ha acusado de ser infiltrados del gobierno para provocar la violencia en las manifestaciones pacíficas. Lo cierto es que en cada marcha ha quedado al descubierto la inoperancia de los cuerpos de granaderos quienes ven en los ciudadanos a potenciales vándalos cuyo delito principal es manifestarse.

El incipiente movimiento social que surgió con nuevas caras en 2010 a partir de la crisis de violencia en el estado había caído en un bache en 2013; había perdido intensidad y la fue recuperando a partir de enero de este 2014. Es en este mes de noviembre que el Movimiento regio ha vuelta a fortalecerse y a retomar las exigencias sociales. El domingo 2, organizaciones civiles colocaron Altares de muertos en la transitada esquina de la peatonal Morelos y Av. Zaragoza; en ellos se llamaba la atención de la población acerca de los periodistas muertos por ejercer su oficio, de los familiares de personas desaparecidas que murieron sin encontrar a su ser querido, de la devastación ambiental en el Estado, de las mujeres víctimas de violencia de género; la población respondió con solidaridad hacia las luchas de estos colectivos. Para el día 5, activistas y familiares de personas desaparecidas convocaron a realizar manifestaciones para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero también, para llamar la atención del mundo hacia Nuevo León como uno de los estados donde las desapariciones se cuentan por miles; estas protestas se concentraban en La Plaza de los Desaparecidos y en Colegio Civil, en las primeras dos semanas del mes se realizarían unas 10 protestas espontaneas y no articuladas que incluyeron la realización de actividades dentro de Universidades como el Tec de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León y muy especialmente la UDEM; las protestas fueron variadas e incluyeron un pronunciamiento de académicos sobre las desapariciones que hicieron público el día 13 o bien el sábado 8 se realizó una protesta de artistas plásticos que realizaron dibujos de los estudiantes de Ayotzinapa al aire libre mismos que continúan expuestos en una galería del centro de la ciudad. Ese mismo día 8 el colectivo Únete Pueblo realizó el primer Foro de Usuarios del Transporte Urbano, un foro independiente de las autoridades que presentó un análisis de la mala calidad del transporte con vistas a realizar acciones concretas en 2015 contra las altas tarifas y el pésimo estado de los camiones y metro. El 18 de noviembre, organizaciones civiles, hicieron un llamado a la población a informarse de lo que se ha catalogado ya como “el robo del siglo” en Nuevo León: el proyecto Monterrey VI que pretende traer agua desde Veracruz con un alto impacto ambiental y un costo financiera exorbitante que alcanzaría más de 47 mil millones de pesos, proyecto en el que está involucrada también la constructora dueña de la llamada “Casa Blanca” de la pareja presidencial; pero las organizaciones fueron más allá de hacer un llamado a la población, dieron un plazo de 10 días hábiles al Gobernador para abrir la información referente al proyecto o actuarían legalmente contra él.

El 20 de noviembre se dio el quiebre quizás más importante; como parte de la #AccionglobalporAyotzinapa. Familiares de personas desaparecidas integrados en FUNDENL, apoyados por las aguerridas Asambleas Estudiantiles y activistas de Derechos Humanos convocaron a una marcha pacífica desde la plaza La Purísima hasta la Plaza de los Desaparecidos. Algo particular sucedió en la convocatoria, mientras los grupos se comenzaban a organizar, tres jóvenes mujeres lanzaron un evento en Facebook que casi de inmediato logró canalizar la indignación de la población, las convocantes se contactaron con los organizadores de la marcha y unieron esfuerzos para que esta salieran lo mejor posible, en sus primeros dos días el evento creció de manera inusitada alcanzando más de 5000 personas que decían asistir, unas horas antes de la marcha el evento ya contaba con 26000 asistentes, algo que nunca había pasado en Nuevo León con otras convocatorias; pero el gobierno actuó y reporto como “cuenta falsa” a la administradora con lo que el evento desapareció de Facebook. La marcha salió a las 5 de la tarde de La Purísima con unos 2000 participantes, al llegar a la Procuraduría del Estado la cifra continuaba creciendo y al llegar a la Av. Juárez la marcha ya contaba con unas 7000 personas. Una señal poderosísima de que la población estaba activa. A pesar de los rumores de violencia la marcha fue totalmente pacifica lo que sumo muchas adhesiones entre la población que no acudió, incluso entre los columnistas de medios, un triunfo de la población que se puede resumir en la aceptación por parte de la militarizada Fuerza Civil de vigilar la marcha desarmados.

Hacia el fin de mes las protestas arreciaron; la Iglesia Católica regia declaraba que las protestas eran válidas y que el gobierno debía escuchar; Algunas directivos de organizaciones empresariales dieron declaraciones en el mismo sentido. El día 30 de noviembre decenas de personas salieron a protestar por las desapariciones en el municipio conurbado de Cadereyta. En los últimos días del mes los trabajadores del Metro se organizaron para protestar por las condiciones laborales en que se encuentran y que habían llevado a uno de sus compañeros a una corta huelga de hambre en meses pasados; la protesta se materializaría el 1 de Diciembre con un paro de labores de 130 conductores de trenes, algo insólito en décadas en un estado que presumía de tener 15 años sin huelgas laborales privadas o públicas. El paro prendió alarmas en el gobierno y al otro día firmo un acuerdo con los empleados, pero también envió a Fuerza Civil para vigilar las estaciones en caso de otro tipo de acciones de los trabajadores. Ese mismo 1 de Diciembre se realizó una nueva marcha por todas y todos los Desaparecidos en México, de nuevo fue multitudinaria y participaron unas 3000 personas, entre ellas muchas familias con sus hijos pequeños. En esta marcha los familiares de FUNDENL dieron un mensaje muy puntual donde se le dieron plazos de entre dos semanas y un mes y medio al Gobernador de Nuevo León para cumplir con realizar un programa de búsqueda con vida, en campo, de personas desaparecidas o de lo contrario los familiares saldrán a buscarlos con el apoyo de la Sociedad Civil; plazos para activar la Ley Estatal de Victimas o de lo contrario renunciar a su puesto; se dio un plazo al Congreso de Nuevo León para aprobar la Ley de Declaración de Ausencia y con ello proteger los derechos de las y los Desaparecidos. En la segunda parte del pronunciamiento se hizo un llamado a la Sociedad Civil para organizar Asambleas en cada barrio y colonia, libres de partidos políticos, para luchar contra la causa más importante del estallamiento de la violencia: la corrupción. Es un histórico llamado a la organización para poder ejercer medidas de presión organizadas hacia los gobiernos estatal y municipal de Nuevo León, un llamado que incluye la organización de un Encuentro de Organizaciones Civiles Independientes a más tardar en febrero próximo y que de ahí parta una agenda social que se le impondrá a los gobiernos.

Sin duda son tiempos donde la Sociedad Civil de Nuevo León ha decidido tomar el futuro en sus manos.

El 20 de noviembre los sonorenses dieron la sorpresa en las manifestaciones enmarcadas en el Paro Nacional. Mientras que en la capital del país un grupo de mal llamados anarquistas por los medios mainstream de comunicación se peleaban con un los granaderos en las inmediaciones del aeropuerto, en Sonora 4 mil personas tomaban las instalaciones del Congreso Estatal para instaurar lo que se llamó como el Congreso Popular.

Para muchos, ese día fue el más hermoso de sus vidas. Se sentían empoderados, capaces de hacer frente al gobierno, al sistema y ganarle. ¡Les abrieron las puertas del congreso! Dijeron: ¡Ya me vi compadre! Sentados en las sillas donde los Güeros Nieves, los Abeles Murrieta y cuanto personaje bizarro de narcoestado sonorense pululan, creían haber ganado algo. Prometieron volver el cinco de diciembre y así lo hicieron. Sin embargo el resultado no fue el mismo, algo se perdió en el camino.

La foto del pueblo sesionando en el congreso de Sonora un bello momento Kodak.

Las redes sociales volvieron viral un video donde Roberto Zavala, padre ABC, declara que en Sonora se da comienzo a la segunda parte de la Revolución Mexicana. El video se grabó dentro del Congreso del Estado de Sonora el 20 de noviembre, después de que una marcha de 4 mil personas que atendieron al llamado del Paro Nacional tomó las instalaciones de los diputados estatales. Quien lo decía, el día que lo decía y en el lugar donde se decía nos hizo soñar con que el tiempo es cíclico y que a los sonorenses orgullosamente nos volvía a tocar ser precursores de una nueva revolución. Nuestra imaginación chovinista encendió su motor y nos hacía creer que estábamos predestinados para volver a tomar las riendas de un movimiento nacional que cambiaría el rostro del país. Los días siguientes así lo creíamos, las redes sociales de los hermosillenses así lo demostraban.

La nota de que en Sonora se había tomado el congreso enorgullecía a los activistas locales y más porque aparecía en los medios nacionales como Proceso y en Aristegui. Pero llegó el lunes 1 de diciembre y todo comenzó a derrumbarse. Previamente se había planeado que los estudiantes prepararían un performance como el que a comienzo de noviembre se compartió en las redes sociales de todo el país, en donde los estudiantes de artes escénicas de la Universidad de Sonora representan la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotiznapa. La idea era montarlo en el mercado municipal para de allí ir a las oficinas del PRI Estatal, repetir el performance y hacer una rueda de prensa para convocar a la acción del 5 de diciembre. La idea era revivir el momento a través del artivismo y mantener el recuerdo y la demanda de justicia por los normalistas desaparecidos, sin embargo nada de eso paso. Un grupo de estudiantes no preparó el performance y fue al PRI con la intención de cerrarlo haciendo una barricada de forma violenta con una comitiva menor a 50 personas. Entre los objetos que se quiso usar para la barricada estaba un busto de Colosio, pero esa acción fue frenada por un sector de la pequeña comitiva.

Después de ese evento, entre los grupos de la sociedad civil y el grupo de estudiantes que justificaba los actos precipitados en las oficinas del PRI, dejó de haber buena comunicación y por lo tanto se dejó de sumar voluntades. Cuando llegó el día 5 la separación entre grupos de estudiantes y grupos de la sociedad civil se podía sentir. No se convocó como en la marcha del 20, apenas y llegaron 500 personas. No todos los colectivos se sumaron y cuando les prestaron el Pleno a los estudiantes, estos lo usaron para tener algo parecido a una asamblea estudiantil. El congreso actuó como si le rentara las instalaciones a un grupo de estudiantes que querían jugar a ser diputados. Esta vez no hubo discursos como los del Zavala, padre ABC; esta vez la toma del congreso fue más bien una farsa.

Duele aceptarlo, duele escribirlo, pero alguien tiene que hacerlo. La segunda parte de la revolución no vendrá del norte. No estamos listos para esos galardones, nos hace falta construir mucha ciudadanía para aspirar a ser una sociedad que generé y proponga cambios de fondo. Se comenzó intentando hacer eco de ese llamado nacional para apoyar a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero nunca se busco contactar con ellos para hacerle llegar la solidaridad. Únicamente se organizaron acciones que con el tiempo fueron perdiendo el rumbo y terminaron siendo parte de una farsa que solo nutre el ego de unos cuantos, la decepción de otros y la sonrisa burlona de quienes tienen el poder y confiadamente prestan las instalaciones del Congreso. Aunque algunos en la prensa intentan sacar notas buenas de esto y ponen que en el Congreso Popular de Sonora desconoció a Peña Nieto y se propuso la expropiación de la Casa Blanca de Angélica Rivera, el oficio de escribir la verdad nos lleva a la decepcionante descripción de un Congreso Popular carente de poder de convocatoria y falto de ideas claras para la auto organización en miras de formar algo serio.

Por ahora quedan muchas cosas en el tintero, lo que es cierto es que la sociedad civil sonorense quiere aprender a organizarse, dejar la insensible apatía y ser capaz de sentir empatía y compartir los dolores de este país con el resto de México a pesar de que por lo pronto no sepa, le cueste trabajo y se confunda con sus propios demonios. Y mientras en las notas del país la solidaridad con Ayotzinapa es impresionante, desde esta latitud debemos de hacer el acto responsable de decir: Queremos hermanarnos pero no sabemos cómo.

Atrás de la aparición de grupos de autodefensa en 40 de 81 municipios de Guerrero, México, está la acusación de la población de que el narco opera a sus anchas. Así ocurrió en Huamuxtitlán en junio de 2012; en Olinalá en octubre y Temalacatzingo en diciembre de ese mismo año; en Ayutla y Tecoanapa en enero de 2013, luego en Tierra Colorada, en marzo y en Xaltianguis, municipio de Acapulco en junio, también de 2013. Y a principios de 2014, en enero, en los pueblos del valle de Chilpancingo.

Desde mediados de 2012 las autodefensas se han expandido por las siete regiones del estado y en cada uno de ellas al menos un presidente municipal ha sido señalado de tener nexos con los grupos locales de narcotraficantes. 

El gobierno ha tenido conocimiento de eso. Y debe saber más. El gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero declaró desde mayo de 2013, que los alcaldes de la región Norte tendrían que deslindarse de la delincuencia organizada porque tenía informes de que había presidentes municipales ligados al narco. Luego, el 22 de febrero pasado, el entonces vocero del gobierno del estado José Villanueva Manzanarez acotó que no sólo los de esa región sino que los 81 alcaldes estaban siendo investigados por el gobierno federal.

“Hay una investigación abierta para todos los alcaldes de los ayuntamientos de Guerrero —dijo Villanueva a reporteros en Chilpancingo—, para saber si están involucrados con el crimen organizado. Esa investigación es permanente. A los presidentes municipales de los 81 municipios se les investiga”.

De los 16 alcaldes de la región Norte, a la que hizo alusión Ángel Aguirre el año pasado, siete han tenido algún tipo de roce con grupos del narco, o al menos son de los casos que se han conocido. El más sonado fue (antes que el de Iguala) el de Teloloapan, cuyo alcalde, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, fue levantado y sometido para que se comprometiera a nombrar a un jefe policiaco a modo del grupo criminal La Familia Michoacana. De lo contrario, lo amenazaron, iba a arder Teloloapan.

El pacto fue grabado y subido a la página de YouTube. Aquí algunos extractos:

—La razón por la que está aquí —le dijo uno de sus captores— es porque queremos tener al pueblo tranquilo de Teloloapan, y todo eso está en sus manos. Entonces, hoy queremos que se comprometa con nosotros a poner a un director (de la policía) como quedamos. Explíqueme cómo quedamos.

—Si este... —respondió el alcalde— pues yo por mi parte tengo que hacer el compromiso, con ustedes y con toda la ciudadanía, de poner un director de Seguridad Pública que sea una persona que sea ajena a los intereses de otras personas; que sea neutral y que se dedique a trabajar, al igual que yo lo pienso hacer, por el beneficio de toda la ciudadanía.

—¿Usted hace ese compromiso con nosotros?

—Yo hago este compromiso el día de hoy con ustedes.

—Con nosotros, Familia Michoacana —lo interrumpieron.

—Con ustedes... Familia Michoacana... —concedió en voz baja Ignacio de Jesús.

Más adelante, Valladares acepta conocer a uno de los capos locales. Uno apodado El Pez.

—Usted tiene mucha amistad con los apás de nosotros, con los papás de nosotros. ¿Ha tenido amistad con ellos?

—Este… tengo una relación de amistad...

—¿Con quién exactamente?

—Pues desconozco su nombre…

—¿Apodo?

—Este… con El Pez —confirmó el alcalde.

—¿Muy amigos?

—Este… pues no somos tan amigos pero...

—Igual, igual como nosotros pues, amigos.

—Sí, señor —asentó el alcalde.

—Ándele… aquí más que nada por la amistad que lleva con el señor Pez, con el patrón… le estamos dando la atención.

—Ajá…

Después de eso Ignacio de Jesús sacó a su familia del municipio y desde entonces gobierna con un séquito de escoltas asignados por la Procuraduría General de la República (PGR). El pacto no fue cumplido, y por ese motivo una célula de Guerreros Unidos, aliados a la Familia Michoacana —según la fiscalía federal— atacó en mayo de 2013 la comandancia de la policía municipal y mató a dos agentes. Ahora, es la Policía Federal y el Ejército quienes se hacen cargo de la seguridad en el municipio.

En una entrevista en su despacho, se le preguntó sobre la advertencia de Villanueva Manzanares de que se les está investigando.

—¿Y no teme que lo vinculen con algún grupo criminal?

—De hecho, nos están vinculando.

—¿Lo dice por lo que dijo José Villanueva?

—Ojalá que nos investiguen y digan “aquí se requiere reforzar la seguridad”, hijuela chingada —dijo y dio un golpe en el escritorio—. Estamos dispuestos a someternos a las investigaciones que ellos quieran.

Otro de los alcaldes de la región Norte que han sido vinculados con grupos del narco es el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velazquez. Desde que mataron al síndico de ese municipio, Justino Carvajal Salgado, en marzo de 2013, pasando por el asesinato de tres miembros de la organización Unidad Popular, entre ellos al dirigente Arturo Hernández Cárdona, hasta el hallazgo de más narcofosas (y un laboratorio donde se fabricaba heroína) que en ningún otro lugar del estado, Iguala siempre fue parte de los titulares de la nota roja de la prensa local. Pero no más.

Tuvo que ocurrir la masacre de los tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros, así como el asesinato de otras tres personas más, entre el 26 y 27 de septiembre, para que el presidente municipal fuera obligado a dejar el cargo y el Congreso del estado le revocara el mandato para que sea arrestado y enjuiciado, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, abuso de poder y desaparición forzada.

Los cinco alcaldes restantes de la región Norte que han tenido roces con grupos del narco son el de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo; Apaxtla, Efraín Peña Damacio; Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino; Taxco, Salomón Majul González, y Gral. Canuto Neri (Acapetlahuaya), Eleuterio Aranda Salgado. Por ejemplo, el alcalde de Huitzuco, fue secuestrado en febrero de 2013, cuando junto con su chofer y el tesorero del ayuntamiento regresaban de la feria de la Bandera en Iguala. Hasta que esto ocurrió se supo que el alcalde había sido señalado, mediante mantas colocadas en la cabecera municipal, de proteger a los grupos de narcotraficantes Los Rojo y La Familia Michoacana.

Este fue el mensaje que colocaron:

“Sr. gobernador: Ya estamos cansados de tanta violencia hacia nosotros, es hora de que pongan un alto hasta este día de violencia por parte de la delincuencia organizada, quien en la que dominan las bandas de Los Rojos y la Fam. Michoacana que encabezan Leonor Nava Romero alias el ‘Tigre’ y Jhonny Hurtado alias el ‘Pescado’, comandado por el ‘Pony’, quienes son amigos y protegidos de nuestro paisano Héctor Vicario Castrejón, José Rubén Figueroa Smutny, Héctor Ocampo Arcos, José Luis Ávila López y por nuestro presidente municipal Norberto Figueroa Almazo, quien se ve beneficiado de por el crimen organizado comprándose 1 casa de un millón y medio de pesos, teniendo como cómplice al director de Seguridad, Gerardo Montelongo de la 02. No queremos secuestros y extorsiones. Si no tenemos respuesta armaremos nuestra propia guerra en contra los delincuentes como se hace en otros municipios. Queremos paz y tranquilidad para nuestras familias y no para sus beneficios políticos”.

En Apaxtla se han armado grupos de autodefensa que han señalado, por lo menos, la indiferencia del alcalde para combatir la criminalidad y darle seguridad a los ciudadanos. En Cuetzala, el alcalde Feliciano Álvarez Mesino fue aprehendido por agentes de la PGR en abril de 2014, acusado de tener nexos con la banda La Familia Michoacana y de haber participado en al menos 15 secuestros cometidos en Arcelia, Teloloapan y Tecpan. Y en Taxco, donde gobierna Salomón Majul González se halló el mayor número de narcofosas con el mayor número de cadáveres hasta el primer semestre de 2014. El 9 de febrero comenzaron las excavaciones en un punto conocido como La Antena, en la comunidad de Mezcaltepec, donde hallaron una fosa con 12 cuerpos; al siguiente día encontraron una más con un cuerpo y al tercer día encontraron 10 cuerpos más en varias fosas descubiertas en el predio. En total fueron encontrados 25 cadáveres, tres de ellos mujeres y uno tenía uniforme de policía municipal. En 2010 Taxco ya había sido noticia cuando en la mina de Dolores encontraron 54 cadáveres arrojados desde un respiradero.

De todo los alcaldes de la región Norte que han sido vinculados con el narco, el caso más folklórico, por así decirlo, es el del municipio de Gral. Canuto Neri (Acapetlahuaya). Antes de ser presidente municipal Eleuterio Aranda Salgado era cantante de música grupera que se hacía llamar El Solitario del Sur y en más de un baile dedicó al respetable canciones dedicadas a La Familia Michoacana. En un video alojado en la página YouTube puede verse a Eleuterio mandando saludos y dedicando uno de los narcocorridos a algunos de los presentes.

—Dedicada a los amigos que porai nos acompañan. Órale pues, y nos vamos, el tema dice:

“La Familia Michoacana es la banda más famosa, / no le tienen miedo a nada, pura gente poderosa / sus integrantes que tiene, saben hacer bien las cosas. / Sus contrarios los envidian/a esa banda tan pesada, su gente bien decidida, para todo organizada, / siempre que se han enfrentado, nunca les han hecho nada.

“El gobierno federal, a ellos mucho ha buscado / yo no sé si tengan suerte; nunca los han encontrado / si se encuentran les pelean, son puros gallos jugados.

(...)

“El Cinco cinco y El F, de las plazas encargados. / Teloloapan y Apaxtla las tienen bajo su mando y también en otros pueblos todo está bien controlado”.

Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) el 5-5 es identificado como Bartolo Viveros García, un lugarteniente de La Familia Michoacana que operaba en el sur del Estado de México y la zona norte de Guerrero, detenido en Galerías Metepec y asesinado el 17 de junio de 2012 en el penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El F, es identificado por la PGR como Felipe Viveros García, hermano del 5-5, y junto con El Pez o El Mojarro, Johnny Hurtado, pasó a la fama internacional luego de que integrantes de la Familia secuestraron al alcalde de Telolopan para hacer un pacto referente a quien sería el nuevo jefe de la policía en ese municipio una vez que asumiera el cargo y según datos difundidos por la Agencia Proceso (Apro), es buscado por el Ejército, luego de la difusión de este video.

La misma agencia señala a El Pez o El Mojarro como sustituto de El 5-5 y trabaja para Leovigildo Arellano Pérez, El Pony, identificado como operador de La Familia Michoacana en el sur del estado de México.

El resto de los alcaldes que han sido señalados de tener algún tipo de nexos con el narco son la alcaldesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz; Huamuxtitlán, Johnny Saucedo Romero; Olinalá, Eusebio González Rodríguez; Marquelia, Javier Adame Montalván; Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca; La Unión, Crescencio Reyes Torres; y Chilpancingo, Mario Moreno Arcos. El primer caso puso en crisis al municipio de Juan R. Escudero cuando la autodefensa liderada por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, entró a hacerse cargo de la seguridad luego del asesinato del comandante regional Guadalupe Quinoñes Carbajal.

El crimen ocurrió el 25 de marzo de 2013, y al día siguiente los retenes de la autodefensa detuvieron al jefe policiaco Óscar Ulises Valle y a 12 de sus policías, a quienes acusaron de trabajar para el narcotráfico. En una operación similar detuvieron la camioneta donde viajaba la alcaldesa, sometieron a los policías que la resguardaban y la revisaron. La alcaldesa se inconformó y dijo que la UPOEG estaba llena de delincuentes y responsabilizó al comandante Ernesto Gallardo Grande de lo que pudiera pasarle a ella o cualquiera de su familia. Ernesto, por su parte, ya había dicho que Elizabeth era la líder de Los Rojo en aquella zona.

Meses después, Bruno declaró que estuvieron a punto de detener a la alcaldesa, “la salvo el que haya tenido fuero. Qué si no”.

El caso generó una controversia en la que tuvo que intervenir el Congreso local.

En Huamuxtitlán, Johnny Saucedo Romero llegó con el estigma de ser el sobrino de Soledad Romero Espinal a quien la autodefensa que surgió en junio de 2012 acusó de ser parte de la banda de Los Rojo. Los pobladores que estaban conformados como Frente Ciudadano de Huamuxtitlán rescataron a 17 secuestrados que estaban escondidos en un paraje por el basurero municipal, tomaron la alcaldía que para entonces ya estaba en manos del ex jefe policiaco Juan Carlos Merino González, porque Soledad se había separado del cargo para buscar una diputación en las elecciones de julio siguiente.

Para quienes integran la autodefensa en aquel municipio, el actual alcalde, Johnny Saucedo, sigue cubriendo los intereses de su tía. En la misma región Montaña, pero en Olinalá, pasó lo mismo con el alcalde Eusebio González Rodríguez, a cuyo síndico, Armando Patrón Jiménez, detuvo la autodefensa liderada por Nestora Salgado García.

Desde que la autodefensa surgió en este municipio sustituyó la función de la policía municipal. En la cabecera municipal se cuenta la proeza de Nestora cuando le quitó una patrulla a los municipales, sus armas y sus arneses y fue a rescatar a un chico que estaba secuestrado por delincuentes que operaban en el poblado. Meses después Nestora contó que al poco rato de llegar al lugar llegó también el síndico y recogió todo lo que había, armas, chalecos antibalas, droga e identificaciones de los delincuentes, pero que éstos jamás fueron llamados a cuenta. Por eso ella tenía la convicción de que el alcalde tenía arreglos con los capos de la región.

En Marquelia ocurrió una situación diferente. Aquí el alcalde Javier Adame Montalván fue acusado de tener vínculos con el narco por el periódico local El Faro de la Costa Chica. El caso no quedó en un simple señalamiento y Adame contraatacó acusando al director del rotativo de ser él quien tenía relación con el narco. El dueño de El Faro, Fernando Santamaría Cruz, reviró: el 14 de febrero de 2013 el alcalde “trajo sicarios de Acapulco para que me levantaran, acusándome de ser un extorsionador que le cobraba 50 mil pesos por dejarlo trabajar”.

En Tixtla también fue la autodefensa que comandaba Gonzalo Molina González, antes de ser detenido, la que acusó al alcalde Gustavo Alcaraz Abarca de mantener relaciones con el narcotráfico vía su medio hermano, José Luis Ortega Abarca, director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado . Los señalamientos se hicieron más recurrentes en la medida en que escaló la confrontación del ayuntamiento contra la autodefensa que, contrario a lo que quizá se pensó, ocurrió una vez que Gonzalo fue detenido. En marzo pasado, los efectivos de la autodefensa se enfrentaron a balazos con policías municipales en la casa del alcalde. Gustavo Alcaraz se defendió y acusó a los comunitarios de tener nexos con la guerrilla y que lo que quieren es desestabilizar su gobierno no defender a los ciudadanos.

Al alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, fue el líder de la banda Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien lo señaló, junto con su hermano, el todavía presidente de Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, en un video subido a YouTube, de tener vínculos con grupos delincuenciales que operan en la franja Michoacán-Guerrero.

De entre todos los casos en que los presidente municipales han sido relacionados con grupos del narcotráfico sobresale el de Chilpancingo. Mario Moreno Arcos fue acusado de forma directa por el dirigente de comerciantes Pioquinto Damián Huato de cuidar los intereses de Los Rojo al dejar trabajar a sus anchas a vendedores ambulantes protegidos, según él, por los narcos. El problema se agudizó cuando la autodefensa encabezada por la UPOEG entró al valle de Chilpancingo y se hizo cargo de la seguridad pública en El Ocotito y otra decena de poblaciones.

A partir de ese momento Pioquinto se reunió con Bruno Plácido Valerio, comandante de la autodefensa y analizaron la posibilidad de que la autodefensa entrara a la mera capital de Guerrero. Mario Moreno descalificó las acciones de la autodefensa y de sus aliados, Pioquinto entre ellos, además del dirigente de la Coparmex, Jaime Nava Romero, y aceptó asistir a una asamblea en El Ocotito el 28 de enero. En la reunión Pioquinto confrontó a Mario Moreno y lo acusó, a él y a su hermano Ricardo (un ex diputado local del PRI), de tener vínculos con la delincuencia. De regreso en la noche, un convoy de cuatro camionetas se le cerraron al vehículo en el que viajaba Damián Huato y le dispararon con rifles AK-47. La mujer de su hijo Walter, que viajaba con ellos, murió en el lugar a causa de las balas, mientras que Walter quedó herido.

El episodio recrudeció la disputa y Piquinto no quitó el dedo del renglón: Mario Moreno Arcos gobierna bajo el manto del narcotráfico en Chilpancingo y fue él quien mandó matarlo, denunció hasta el último momento.

Esta es la historia de Judith Coatl Cuaya. Ella salió a tomar un café con Gerardo Juárez el 20 de marzo y nunca regresó. Tenía 26 años.

Su cuerpo fue encontrado el 3 de julio, luego de que Gerardo Juárez fuera detenido por haber matado a Laura León Ortega, de 22 años, y confesara ambos feminicidios.