En Sinaloa, suman alrededor de 70 mujeres asesinadas de enero a octubre, de acuerdo con datos extraoficiales. La mayoría de estos homicidios han sido a balazos y permanecen impunes. Lo preocupante, además de la ausencia de autoridad, ley y castigo, es que la incidencia de agresiones a mujeres va en aumento en esta entidad.

Este 30 de octubre, integrantes del Colectivo de Mujeres de Sinaloa instalaron un altar de muertos frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Culiacán, en protesta por los feminicidios que se han tenido en Sinaloa y los altos índices de impunidad.

Los inconformes, liderados por María Teresa Guerra Ochoa, ex diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), activista y abogada especialista en derecho laboral, pusieron calaveras, veladoras, flores y mantas con las leyendas “¡Ni una más!” y “¡En memoria de las mujeres asesinadas en Sinaloa!”, con fotografías de las mujeres asesinadas en la entidad.

Entre las fotos destaca la de Sandra Luz Hernández, muerta balazos en Culiacán cuando investigaba la desaparición de su hijo, Édgar Guadalupe Hernández, en mayo de este año. Ninguno de los casos, ni el de la desaparición del joven –quien trabajaba en el despacho del procurador General de Justicia- ni el del asesinato de la activista, ha sido esclarecido.

Guerra Ochoa informó que en la entidad suman 66 mujeres asesinadas, además de otras tres que no han sido identificadas ni calificadas como feminicidios.

Por separado, reportes del Centro de Políticas de Género para la Equidad entre Mujeres y Hombres, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), indican que suman 68 mujeres ultimadas. La mayoría de ellas fue muerta a balazos, y el resto a cuchilladas o golpes; además, datos extraoficiales indican que al menos hay en la entidad 70 mujeres ultimadas, además de cuatro – tres de ellas madres de familia- desaparecidas por grupos armados o por agentes de las diferentes corporaciones policiacas, solo en Culiacán, la capital del estado.

Septiembre fue el mes con mayor incidencia de asesinatos en la entidad, con 11 casos. Durante el 2013 fueron asesinadas 65 mujeres, cuyo 50 por ciento fue calificado como feminicidio por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Guerra Ochoa señaló que es necesario que se le recuerde a las autoridades la inconformidad que existe por la falta de esclarecimiento, justicia y atención a los crímenes contra mujeres. Recordó que el gobierno de Mario López Valdez solo reconoce 19 de estos asesinatos como feminicidios.

Dijo que la ciudadanía está inconforme por la desatención e indiferencia de las autoridades de todos los niveles ante las agresiones contra las mujeres, lo que se refleja en una alta incidencia, ya que los homicidas saben que prevalece la impunidad y que no serán castigados.

Gobierno cómplice

Beatriz Rodríguez Pérez, doctora en ciencias sociales y titular del Centro de Políticas de Género, advirtió que la violencia contra las mujeres en Sinaloa ha aumentado porque los programas gubernamentales contra las actividades delictivas, y especialmente contra la violencia que afecta a las mujeres, han fracasado.

“Lo que pasa es que dejan de tener efectividad cuando los métodos o estrategias no funcionan para controlar, va aumentando la gravedad del hecho y terminan matándola, que es lo último que se le puede hacer a una mujer que no hace caso, desde la perspectiva del victimario. La violencia contra la mujer es para controlarla, no es un robo ni otro tipo de delitos”, sostuvo, en una entrevista publicada por el periódico Ríodoce.

- También tiene qué ver el manto de narcotráfico, armamentismo e impunidad ¿no?

- Por supuesto. Mira, el armamentismo afecta aunque no haya narcotráfico, porque busca el arma con la que se cometen este tipo de asesinatos y en mas del 65 por ciento ha sido con arma de fuego, entonces las campañas de despistolización deben orientarse a las armas que están en las casas y que se usan contra las mujeres.

Se nos ha olvidado generar una campaña que vaya a reconocer los riesgos que puede tener de no asumir medidas a tiempo. Como está involucrado el amor, la promesa del cambio, todo eso que se da en las parejas, pensamos que va a cambiar, pero nadie nos enseña a valorar cómo se va generando un comportamiento cada vez más agresivo y alevoso para saber cuándo la mujer tiene que correr, porque si no lo hace la van a matar.

Rodríguez Pérez manifestó que las campañas contra la violencia hacia las mujeres no va dirigida a las víctimas, a quien nadie protege.

“Si el gobierno no te protege y el estado no está cumpliendo como garante de seguridad para los ciudadanos, pues cuídate tú. Cuando menos hay que buscar alternativas para que sobrevivas, estrategias para la sobrevivencia”, sostuvo.

- Y el mismo gobierno también se pone del lado de los victimarios.

- Claro, de hecho está del lado de los victimarios al ser omiso, solapar, al estar en contubernio con los homicidas, al haber tanta impunidad, está del lado del victimario.

- ¿Operaría una Alerta de género?

- Operaría perfectamente porque se trataría, por obligación, que las instituciones se coordinen, cosa que no hay. Revisa las actas de las reuniones de los sistemas de violencia, del Cepavi (Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar), lo que quieras, y los funcionarios solo van a informar, pero no hay una estrategia de corresponsabilidad, de caminar por el mismo rumbo. No. Cada quien hace lo que quiere.

- ¿Son reuniones para la foto no más?

- Así es. Yo le digo a Consuelo Gutiérrez (directora de Cepavi) que ha tenido cuando menos la fortaleza de reunirlos, porque cuando yo estuve en el Cepavi nunca funcionó el consejo. Pero se reúnen para saber que está haciendo ella, no para que digan qué hacen todos los involucrados.

La especialista universitaria dijo que un prejuicio de parte de las autoridades es lo que ha evitado que se declare la Alerta de género, porque quienes están al frente del gobierno se preocupan más por cuidar la imagen que por la realidad.

“Hay un prejuicio de que va a haber una mala calificación para el gobierno, porque no lo hace, o hay omisión, y por eso no decretan la alerta. Cuando hay alertas sanitarias, la gente dice qué bueno, van a erradicarlo. Pues es lo mismo en la Alerta de género”.

- O sea las preocupa más la imagen.

- Por supuesto, todo mundo quiere sacarse la estrellita y nunca una paloma de rechazo.

Lectores de NAR, colegas y amigos, reenviamos esta solicitud de firmas para pedirle al presidente Obama que trate el tema de los niños centroamericanos en tránsito a los EEUU sin acompañantes adultos, como refugiados en un contexto de crisis humanitaria.

Firmar es muy sencillo, sigan en link Statement on Central American Children at the Border - Google Docs que los lleva a un documento de word compartido.

Por favor circulen ampliamente entre sus redes, la carta se pretende entregar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el 22 del mes en curso.

Aquí el enlace para firmar:

https://docs.google.com/document/d/101tV5zOTgyEJ6ci_4iI_uJXhWYcoJiNP5gLKoqtNhfc/edit

María del Refugio Hernández tenía la esperanza de recuperar a su hijo en enero pasado, después de 10 años. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación para que Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa, se lo entregara, pero la fundadora y directora del albergue La Gran Familia se negó a acatar la disposición 01/2014V.

El sábado 29 de junio, en el centro Diógenes de Barcelona, el proyecto Nuestra Aparente Rendición (NAR), fundado y coordinado por la escritora Lolita Bosch inauguró «México en tránsito», un ciclo de charlas que, en consonancia con el espíritu de NAR, quieren aprovechar la visita a España de cronistas, escritores, psicólogos, académicos, artistas, científicos, víctimas, activistas, que hoy estén trabajando —intelectual, práctica y artísticamente— por el conocimiento, la comprensión, el respeto y la paz en México, para convocar a la ciudadanía, y que sean estos representantes quienes expliquen cómo se encuentra el territorio mexicano y sus gentes cuando se cumple año y medio de la llegada al poder de Enrique Peña Nieto.

Estados Unidos estima que 60,000 niños del triángulo norte de Centroamérica entrarán sin papeles este año a su territorio. El presidente Obama ha declarado una crisis y ha pedido 3,700 millones de dólares para paliarla. ¿Por qué se van más niños que antes? ¿Centroamérica es ahora más violenta? ¿Hay leyes nuevas en Estados Unidos que los atraigan? La respuesta es no. Las otras respuestas las pone, entre otros, un coyote salvadoreño. 

Ayer los noticieros anunciaban con grandes titulares el rescate de niños y niñas “secuestrados” en el albergue de Michoacán operado por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa. De inmediato en redes sociales se comenzó a decir que trabajaba con La Tuta, que explotaba a los niños y niñas y que les alimentaba con basura. Pero hay una historia detrás de las notas periodísticas que simplemente reproducen lo dicho por una autoridad que ha demostrado ser consistentemente incapaz en cuanto a la protección de niñas, niños y jóvenes.

Rosa del Carmen Verduzco tenía doce años en 1947 cuando descubrió la existencia de cientos de niños a quienes la gente llamaba “los callejeros”. Comenzó a pedir a las personas adultas que ayudaran a esos niños y, en cuanto tuvo edad para ser escuchada, logró que varias familias les dieran comida a estos niños que vivían en el abandono y la miseria. Más tarde el gobierno de Zamora, Michoacán, y la iniciativa privada comenzaron a  ayudarla para resolver un problema que nadie más atendía. A fines de los años sesenta ya se conocía su propia casa como La casa hogar de Zamora, donde acogía a niños y niñas para darles alimentos, educación y clases de música. Entonces Rosa fue al cine a ver una película llamada De la familia y uno más, salió inspirada y decidió dar de alta su albergue como asociación civil sin fines de lucro  y llamarla La gran familia; porque para ella su trabajo consistía en dares una familia a quienes carecían de ella. (Para aquellos que vinculan el nombre con el cártel michoacano, nada más errado).

Durante seis décadas Rosa dedicó su vida a trabajar con estos niños y niñas. Seis mil han salido de ese hogar con estudios y habilidades para trabajar. Los niños la bautizaron como Mamá Rosa desde hace décadas, aunque algunos la llamaban la directora, porque su amor por la música clásica y por el arte la llevaron a convertir su albergue en una escuela de música en la cuál se crearon orquestas de música clásica, grupos de mariachis, quintetos de metales, marimbas y sinfónicas. Estos grupos dieron la vuelta al país, tocaron en Cuba y en festivales musicales varios; Mamá Rosa tiene cientos de fotografías de esos eventos que en su momento fueron documentados por la prensa.

Tal fue su prestigio que ex presidentes, senadoras, activistas, periodistas, escritores e intelectuales, poetas y músicos renombrados visitaron la casa hogar durante años para descubrir ese centro musical que funcionaba con puras donaciones, casi todas en especie. Con muy poco conocimiento administrativo pero harta convicción, Rosa del Carmen consiguió que la SEP reconociera los estudios de su casa hogar, luego de supervisar el modelo, también el INBA y CONACULTA celebraron y apoyaron esa curiosa escuela de música que daba sentido de vida a niños y niñas abandonados por sus padres, que había huido de la violencia doméstica, del abuso sexual, de la explotación laboral en barrios y ranchos aledaños.

Ciertamente Rosa es más parecida a una especie de Madre Teresa caritativa que a una activista moderna. Ahora tiene 79 años, está agotada y vive como siempre vivió: en la austeridad total, pues todo lo da a la casa hogar. Ella no es la única responsable, en las últimas dos décadas el DIF estatal, la alcaldía de Zamora y la Procuraduría de Justicia, recurrieron a Mamá Rosa para entregarle a niños, niñas y jóvenes huérfanos por el narcotráfico, o rescatados de familias que les violaban, les golpeaban, explotaban o simplemente les abandonaron en las calles. Con la crisis económica y social de los últimos años, la sociedad michoacana dejó de apoyar económicamente a La gran familia, lo mismo que el propio gobierno local, que ahora destina (supuestamente) todos sus recursos a la seguridad policíaca.

Rosa del Carmen llevaba años agotada, y como otros esfuerzos de la sociedad civil por salvar a la infancia atrapada entre una cultura narca y la creciente impunidad ante la violencia intrafamiliar, quedó aislada y sin recursos. Ya a nadie le interesaban las orquestas, porque todo lo que sale de Michoacán, dixit la prensa, son drogas, violencia y corrupción.

Ahora mismo el procurador general Murillo Karam y el nuevo gobernador michoacano han anunciado una terrible crisis al interior del albergue. Aseguran que la policía está documentando las condiciones en que vivían cientos de niñas y niños. No estoy allá para corroborar los dichos y o negarlos.

Revelan que estaban en situación carcelaria, pero lo que si sé es que Mamá Rosa es una anciana enferma de casi 80 años y poca fuerza física, que le ayudaban a trabajar en la casa una cocinera, maestras de música y un par de voluntarias. Que la puerta principal no tiene candados para impedir la salida de nadie. También sé que no hay sectas detrás de este esfuerzo, ni dinero tampoco.

Lo que sí sé es que Mamá Rosa ha dejado la vida haciendo un trabajo que le correspondía en gran medida la Estado y a la sociedad zamorana. Sé que al menos dos mil adultos dedicados hoy en día a la música que saben leer y escribir, fueron rescatados por ella del abandono callejero y de familias crueles; de un gobierno que ha ignorado a la juventud vulnerable. Si la autoridad seguía enviando a estos niños y niñas abusados con ella debió, por un lado, asegurarse del estado de las instalaciones y los recursos para alimentación y salud, por otro lado darle seguimiento judicial a los casos reportados por el DIF y la PGJM contra padres y madres maltratadores. A falta de recursos Mamá Rosa conseguía comida limpia de sobra de restaurantes y donaciones de supermercados para alimentarles, y no como se dice, comida podrida y descompuesta. Efectivamente debería de darles alimentos de primera, pero no tenían acceso a ellos. La  seguridad de la infancia nunca estuvo contemplada en el famoso Plan Michoacán como lo pidió Mamá Rosa durante un sexenio entero.

De ser cierto que esos niños y niñas se encuentran en condiciones de maltrato, abandono y rodeados de plagas animales, estamos frente a una situación profundamente dramática, mientras Rosa del Carmen está hospitalizada y rodeada de policías federales. No solamente porque una vez más estamos ante el consistente abandono de la infancia por parte del Estado: abdica a su responsabilidad de proteger y prevenir el abuso y abandono de niña, niños y adolescentes de acuerdo a los tratados internacionales y las leyes nacionales. También Debemos admitir, una vez más, que el debilitamiento y desmoronamiento de las asociaciones civiles mexicanas es un daño colateral de la aun negada guerra contra las drogas. En lugar de linchar a Mamá Rosa como una anciana cruel, habrá que investigar cuidadosamente los casos y juzgar con cautela en el marco de la ley.

Muchos de los padres y madres que reclamaban a sus hijos son maltratadores, les explotaban les violaban y les tenían trabajando en campos de mariguana. Habrá también que tener cuidado con que las autoridades se laven las manos nuevamente, como en otros casos similares, y devuelvan a esos niños y niñas al infierno del que salieron originalmente. Hay mucha investigación de Trabajo Social por delante.

Habrá que exigirle al gobernador Salvador Jara Guerreo que anteponga el interés superior de la infancia, que se reúnan a expertas y expertos en terapia infantil para atenderles la Universidad de la que fue rector bien podría apoyar (sabemos que la Segob no sabe hacerlo ni tiene los recursos humanos adecuados). Que se investigue caso por caso para saber quiénes son los padres, madres o tutores de esos niños y niñas albergados. Quiénes son los servidores públicos que dejaron de cumplir su responsabilidad de supervisar la operación del albergue. Esto resulta indispensable porque la experiencia nos dice que el DIF la PGR y las procuradurías locales siempre se lavan las manos, revictimizan a niños y niñas rescatados y, urgidos de un linchamiento directo, terminarán por quedar satisfechos con exhibir a Rosa del Carmen como una mujer que no es en realidad.

Luego de la noticia y su escándalo, habrá qué entender la lección: México necesita proteger y atender integralmente a niñas, niños y jóvenes. No podemos seguir negando la tragedia humanitaria de un país en que la autoridad se ha volcado a la persecución policíaca y deja siempre pendiente la prevención y la protección de la infancia con todos sus derechos. Urge la creación de espacios con recursos públicos en que la educación y el arte rescaten a las nuevas generaciones, como durante décadas lo logró efectivamente Rosa del Carmen Verduzco.

I.

En febrero de este año se confirmó una de las mayores masacres ocurridas en el noreste de México durante la llamada guerra del narco. En Allende fueron secuestrados, torturados, asesinados e incinerados clandestinamente cerca de 300 familiares, amigos, trabajadores y vecinos de un par de miembros de los Zetas que traicionaron a su banda y se fueron a Estados Unidos para colaborar con la DEA.

1.

Llegamos rayando las 11:00 de la mañana. El cabildo del ayuntamiento de Apaxtla estaba en un presídium frente a la población, en el zócalo de la cabecera municipal. Sería una sesión de cabildo abierto para festejar los 90 años de la creación del municipio. Más tarde habría bailables y declamación a cargo de secundarianos y secundarianas güeras y ojizarcas, y comeríamos una nieve especialidad del pueblo, cortesía del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, la organización ciudadana de la que emanó la autodefensa armada el 3 de noviembre de 2013.

Mentiras y temor rodean la instlación de gasoducto Morelos.

Por lo menos dos camionetas militares y cinco patrullas de la Policía Federal resguardaban la construcción del gasoducto Morelos en San Juan Amecac, esto ante la inconformidad de los habitantes de la comunidad, así como de los pobladores de Cohuecan y San Marcos Acteopan, por el proyecto.

Durante un recorrido por la zona, se pudo observar que dos vehículos Hummer militares y cinco patrullas de la policía federal vigilaban las obras del gasoducto a unos 200 metros de la entrada a San Juan Amecac. Poco después de que los periodistas nos acercamos para retratar y tomar nota de la situación se retiraron, incluso, los propios trabajadores optaron por irse, no sin antes advertirnos que “tuviéramos cuidado con las culebras” del lugar.

Algunos de los habitantes de Amecac, quienes prefirieron guardar anonimato por temor a ser detenidos, como sucedió con los opositores al gasoducto Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, señalaron que desde noviembre pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentó colocar los tubos, pero lograron que retiraran los que ya habían puesto. Ahora, para evitar la misma situación, los trabajos fueron resguardados por el ejército mexicano y la policía federal.

Este lunes, según dijeron, había más del doble de elementos del ejército y policías federales porque fue cuando llegaron los tubos del gasoducto y la maquinaria.

El propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala denunció que la presencia militar sería una forma de amedrentarlos.

NOS PREOCUPA UNA EXPLOSIÓN

En Cohuecan, el señor Godofredo dijo que aunque el gasoducto pase a unos 400 del municipio les preocupa que haya alguna fuga de gas que cause una explosión o contaminación en el aire.

“Eso de que pase la tubería por allí, pienso que no está bien (…) pienso que también es un peligro, de pronto no, pero cuando haya una explosión como la de Pemex, se roban ahí el combustible y hay explosiones, porque no falta que una tubería que se rompa o que se corte”, señaló Godofredo, mientras sostenía a su bebita de unos siete meses en los brazos.

Para el vecino de Cohuecan el Proyecto Integral Morelos (PIM), que llevará gas natural de Tlaxcala a Morelos pasando por 11 municipios poblanos, no se realizará debido a la oposición de las comunidades y porque perjudicaría el medio ambiente.

“Perjudicaría también la tierra, el aire que respira uno, del aire vive uno, respira uno, se contamina también el aire y yo creo que no está bien eso”, agregó.

NOS DIJERON MENTIRAS PARA QUE VENDIÉRAMOS

A unos 400 metros del zócalo de Cohuecan había maquinaria y unos diez trabajadores colocando los tubos del gasoducto. Unos 200 metros más adelante, en San Marcos Acteopan, lugareños trabajaban en un potrero.

Varias señoras, quienes también prefirieron ocultar sus nombres, comentaron que ellas sí vendieron sus terrenos porque de manera inicial les dijeron que ocuparían una pequeña parte, pero al final terminaron tomando más.

“Primero dijeron que iba a ser un camino pequeño y ahorita ya es mucho, están agarrando mucho”, dijo la más joven de las mujeres, de unos 30 años, a quien le da miedo de que vaya a explotar el gas o de que afecte el agua de los pozos.

Su madre, una señora de unos 60 años, comentó que existen rumores de que el proyecto va a afectar al pueblo, sin embargo, el presidente del comisariado ejidal dio permiso para que se ejecutara y ellas vendieron uno de sus terrenos porque sería un pedazo pequeño y porque les pagarían sus cultivos de sorgo, además de una renta mensual.

“Ahora lo que necesitamos es que cumplan y que tapen los tubos (para sembrar), porque ahora no han venido, porque nos iban a pagar la cosecha y la renta y ahora no han venido (…) que venga el ingeniero y que cumplen los que abrieron el terreno”, contó la señora. Las promesas habrían sido hechas por empleados de la CFE.

La madre e hija, quienes viven cerca del zócalo de Acteopan, señalaron que los trabajos se suspendieron por un rato pero que este martes fueron retomados.

HOY LLEGÓ TUBERÍA A SANTA ISABEL CHOLULA

De acuerdo con información de La Jornada de Oriente, en la última semana de mayo llegaron a Santa Isabel Cholula tráilers llenos de tubos para colocarlos en un terreno particular. El material y la maquinaria, al igual que sucedió en San Juan Amecac, fue resguardado por militares y policías federales.

Con el nombre de “Pasajero Seguro” la Policía Estatal realiza operativos en diferentes rutas de transporte público para poder informar a la ciudadanía como prevenir cualquier delito y es que además, acompañan por un tramo de la ruta elegida con lo cual los usuarios se sienten más tranquilos, dicen las autoridades además de que una unidad policiaca acompaña al camión.