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Como en las películas de asaltos magistrales, el gobierno de Guillermo Padrés quiere terminar robándose a sí mismo en un espectáculo dantesco. En la mañana del 30 de julio, a las 5 de la mañana, el palacio de gobierno fue atacada por un comando armado que inmovilizó a los guardias de seguridad y daño algunas oficinas. Según Navarro Sugich, Procurador de Justicia del Estado, no se sabe si el comando armado robo algo; sin embargo los medios locales sospechan que el evento se quiso ocultar a la opinión pública porque en un principio el ataque de los encapuchados se dio a conocer por redes sociales.

Este sospechoso golpe a las oficinas del gobierno estatal se da en el marco de la entrega-recepción del cambio de gobierno y de las acusaciones, por parte de autoridades mexicanas y norteamericanas, de lavado de dinero por parte de Padrés. De allí que la sospecha de que se cree es un autogolpe del gobierno estatal hecho para desaparecer información que pueda afectar a las esferas más altas del gobierno estatal. Así transcurren los últimos días de un gobierno que únicamente nos oculta información financiera, nunca fue claro cuando hablo de temas de seguridad, salud pública, así como sobre la contaminación del Río Sonora.

Los desplazados

A mediados de julio una nota circulo en varios medios locales, así como en uno que otro nacional, diciendo que elementos de la Policía Estatal ayudaban a alrededor de 40 familias del Ejido El Ejemplo a salir de sus casas. Sin embargo no se preciso que los habitantes de dicha población llevaban años en un proceso para abandonar sus casas porque poco a poco se acababan las actividades económicas que no estuvieran ligadas al crimen organizado. Al final únicamente se habitaban 5 viviendas que eran de dos familias, las cuales pidieron la ayuda policiaca para dejar sus hogares, porque ciertamente ya estaban muy desprotegidos en medio de una zona de trasiego y de mucha violencia en la entidad.

Independientemente de que sean 2 o 40 familias las que pidieron salir del Ejido El Ejemplo, la sensación de inseguridad en el municipio de Caborca, en Altar y en el Sasabe es algo que ha venido en aumento desde mucho tiempo atrás y al mismo tiempo cambiando la vida económica de la región, generando desplazamientos, que aunque directamente no tienen que ver con la violencia, indirectamente sí. Esto se debe a que si tomamos la muestra del Ejido El Ejemplo, el cual se dedicaba a la agricultura básicamente, va dejando esa actividad económica por su posición geográfica en la ruta de trasiego del desierto de Altar, generando así que sus pobladores cambien de actividad económica o se desplacen para conservar su modo de vida sin estar expuestos a una realidad a la cual no quieren pertenecer. A lo anterior se añaden los brotes de violencia que poco a poco van obligando a las personas a dejar sus casas para sentirse más seguras en otra población. De este modo el Ejido El Ejemplo se fue despoblando y ahora es un pueblo fantasma en medio del desierto.

La historia del Ejido El Ejemplo, valga la redundancia, sirve de ejemplo para ver como el narco cambia nuestra geografía directa o indirectamente. Porque ya sea generando cambios en la actividades económicas o aterrorizando a la población, los desplazamientos que provocan son uno de los tantos síntomas que provoca el narco en muchos poblaciones aisladas en la entidad y el país.

Los afectados

Cada vez son más los medios que comienzan a mostrar los daños a la salud que la contaminación en el Río Sonora está dejando en las poblaciones afectadas, ahora principalmente en los pobladores del Molino de Camou que pertenece al municipio de Hermosillo. Por desgracia las autoridades no hacen nada y dejan en el abandono a las personas de toda la cuenca sin siquiera advertirles de la contaminación por los metales pesados y que el agua que beben tarde o temprano les afectara la salud, menos les dicen que estas aguas deben ser tratadas por procesos como la osmosis inversa para separar los metales pesados del agua y que de nada sirve hervir el vital liquido. Lo peor de todo es que en junio las compuertas de la presa del molinito fueron abiertas, llevando así la contaminación hasta Hermosillo. Esto implica que ahora sí, la contaminación que se generó hace un año con el macro derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de tóxicos por parte de la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México, está afectando a más de un millón de personas.

Las reacciones en Hermosillo sobre la contaminación han sido lentas, a pesar de que en las poblaciones rurales del municipio ya son cientos los que manifiestan malestares en la salud por la exposición a los metales pesados en el agua que usan para consumo diario. En cambio, en los pueblos que llevan ya un año afectados por la contaminación, ya hay una conciencia social del daño que esta contaminación ha hecho y desde hace 5 meses habían mantenido tomada, junto con los mineros de la sección 65, la estación de rebombeo “Los Patos” de la mina de Buena Vista del Cobre. Sin embargo el 24 de julio esta estación fue recuperada por elementos federales, desalojando a los manifestantes del Río Sonora y de la sección 65.

Este 6 de agosto ya se va a cumplir un año del macro derrame y se espera que en Hermosillo por fin se pueda dar una manifestación en la cual se demande el derecho a la verdad, a que se le informe a más de 800 mil hermosillenses que tan contaminada esta el agua que se usa diariamente para consumo humano, así como las medidas que se tomaran para encontrar una verdadera solución al peligro al cual se está expuesto por la contaminación que genera la irresponsabilidad de Grupo México.

En el mes de julio de 2015 en Jalisco vivimos la renuncia del Fiscal General, Luis Carlos Nájera; sin embargo, esto no trajo un cambio de fondo en las estructuras de la seguridad del estado; al contrario, se mantiene el mismo sigilo e inacción, lo cual puede verse en la no detención de un joven que a plena luz del día asesinó a mujer y en la brillante acción de buscar a los desaparecidos en las casas de sus familiares. Así fue el mes de julio en Jalisco.

La renuncia del Fiscal General y sus herencias en materia de seguridad

6 de julio: Luis Carlos Nájera encabezó las labores de seguridad de Jalisco durante nueve años, seis como Secretario de Seguridad Pública en la administración de Emilio González Márquez (PAN) y tres como Fiscal General bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval (PRI). Su presencia coincidió con el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual apareció de manera pública en el año 2007.

Su papel como Fiscal General siempre estuvo en vuelto en la polémica, ya que su manera recia e, incluso, arrogante de conducir las labores de seguridad nunca lo hizo aceptar los niveles de violencia e inseguridad que Jalisco hoy vive y padece. Incluso, el 28 de noviembre del 2014 cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, anunció que Jalisco era uno de los cuatro focos rojos en materia de seguridad del país, Luis Carlos Nájera dijo que: “el estar ahí era una muestra de que en Jalisco se estaban haciendo bien las cosas”.

Jalisco hoy se encuentra entre los primeros cinco lugares de diversos delitos; por ejemplo, es primer lugar en extorsiones al concentrar el 20% de los casos del país, el segundo en desapariciones con 2 mil 969 desaparecidos. En cuanto a localización de fosas clandestinas, entre 2009 y 2015, en Jalisco se han localizado 146 fosas clandestinas de las que se han exhumado 263 cuerpos, lo que también nos hace ser el lugar número dos a nivel nacional. En cuanto a homicidios, Jalisco es el quinto estado en el país al contabilizar, entre 2013 y 2015, 3 mil 213 homicidios. En cuanto a secuestros somos el cuarto lugar en México.

Este es el tamaño de la herencia que Luis Carlos Nájera dejó mientras fue el encargado de las labores de seguridad en Jalisco, cargo que dejó el pasado 6 de julio cuando el gobernador, Aristóteles Sandoval, aceptó su renuncia. La separación de su cargo ocurrió por las presiones que el Gobierno de Jalisco tuvo de parte del Gobierno Federal, ya que después de los diversos narco-bloqueos del 1 de mayo se incrementó la desconfianza hacia Luis Carlos Nájera, ya que para la federación el ex Fiscal ya “no era de su confianza”, como tampoco lo era para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México, instancias que de manera coordinada y sin avisar al Gobierno de Jalisco iniciaron el 1 de mayo la Operación Jalisco.

Pero la historia, sin embargo, se tejió muchos años atrás cuando desde la federación se emprendieron diversas acciones para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG; sin embargo, por extrañas razones éste siempre lograba huir. Desde la federación se llegó a pensar que “el pitazo” provenía desde la Fiscalía de Jalisco; por ello, muchas de las siguientes operaciones como las dos capturas de Nemesio Oseguera González, “El Menchito”, la primera en enero del 2014 y la segunda en junio de este año, se hicieron sin avisar o reportar el operativo a Luis Carlos Nájera.

Estas razones políticas y de seguridad obligaron a Aristóteles Sandoval a remover su puesto como Fiscal General a Luis Carlos Nájera; no obstante, su salida se dio de manera victoriosa porque no hay -hasta el momento- ninguna investigación en su contra de parte de alguna autoridad jalisciense. Al contrario, al dejar el cargo, el gobernador le reconoció su firmeza y pasión, olvidando así que durante su tiempo como Fiscal General ocurrieron muchas de las peores tragedias que ha vivido Jalisco y en las cuales éste siempre minimizó hechos como la localización de 74 cuerpos en las fosas clandestinas de La Barca; la muerte de seis jóvenes y un adulto en Lagos de Moreno donde, incluso, éste entregó sus restos en cajas de madera con el logotipo del Gobierno de Jalisco; y los diversos narco-bloqueos que para él sólo fueron reacciones pero nunca brotes de violencia desbordada.

En sustitución de Luis Carlos Nájera, el gobernador de Jalisco nombró el 9 de julio a Eduardo Almaguer Ramírez, quien ya formaba parte de su gabinete como Secretario del Trabajo. Sin experiencia en materia de seguridad bastó con que Almaguer Ramírez fuera abogado para hacerse cargo de las labores de seguridad del estado. Al tomar el cargo como Fiscal General, las primeras palabras de Almaguer Ramírez fueron: “Estaremos trabajando en lo inmediato para fortalecer y eficientar la coordinación con el gobierno federal”.

Con este cambio en la Fiscalía General de Jalisco, el gobierno de Aristóteles Sandoval principalmente buscó mejorar su relación con el Gobierno Federal. Sin embargo, no sólo se trata de “fortalecer” la relación con la federación se trata de “recuperar” todo las relaciones que Luis Carlos Nájera rompió por la falta de seguridad que Jalisco vivió durante en los años que estuvo al frente de las labores de seguridad, ya que esto no sólo es un tema político se trata, principalmente, de un asunto social porque Jalisco hoy “está en números rojos”.

#GabrielaDijoNo

13 de julio: Gabriela Jacqueline Ayala, de 18 años, caminaba por Avenida México y su cruce con la calle Amado Nervo. Era un recorrido habitual para ella porque cerca de ahí se encontraba su lugar de trabajo; sin embargo, ese día Gabriela se topó con Luis Enrique Ruiz Ruvalcaba, un compañero de trabajo que la pretendía y que ese día le preguntó: “si quería ser su novia”. Ella le contestó que No, estas palabras bastaron para detonar la ira de Luis Enrique, ya que éste en plena calle sacó una pistola y le disparó a Gabriela.

La joven quedó tendida en la calle mientras que su agresor se fue caminando, si caminando, sin que nadie hiciera nada ni siquiera los elementos de la policía que se encontraban a escasas cuadras del lugar y que fueron advertidos del hecho por los transeúntes que corrieron hacía ellos después de escuchar los disparos.

Gabriela Jacqueline Ayala murió porque no aceptó ser novia de Luis Enrique. Murió porque la impunidad que se vive en Jalisco es tan grande que se puede sacar un arma y dispararla a plena luz del día en una de las avenidas más transitada para después huir tranquilamente. Hoy Luis Enrique Ruiz Ruvalcaba está prófugo pues ninguna autoridad lo ha logrado detener.

El asesinato de Gabriela no debería ser uno más de los feminicidios que se comenten en el estado, pues en lo que va del 2015 en Jalisco han muerto 83 mujeres, 62 de ellas de forma violenta. Estas razones hicieron que diversos colectivos feministas organizaran el 25 de julio, la acción denominada #GabrielaDijoNo, la cual consistió en congregarse en el lugar donde fue asesinada Gabriela para hacer ahí un altar para recordarla y guardar su memoria.

En Jalisco durante el actual gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval han sido asesinadas 325 mujeres; sin embargo, sólo se han abierto 78 investigaciones por el delito de feminicidio y únicamente siete hombres han sido sentenciados por este delito. Las autoridades insisten en que no hay necesidad de activar la “Alerta de Género”, pues Jalisco aún está por debajo de la media nacional en el asesinato de mujeres.

“Los desaparecidos son personas, no expedientes”: FUNDEJ

25 de julio: Una de las primeras acciones que emprendió el nuevo Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer, para buscar a los 2 mil 969 desaparecidos que tiene el estado consistió en ir a las casas de sus familiares para preguntarles: “Si ya apareció su desaparecido y/o si ellos saben cuál podría ser su paradero”. A través de esta “acción de confirmación”, la Fiscalía pretende depurar su propia base de datos porque, al parecer, no saben cuántas de las denuncias que se han presentado en sus diversas direcciones regionales o en su Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, están o no vigentes.

Desde el 1 de enero del 2006 hasta el 30 de junio del 2015 en Jalisco se han presentado 14 mil 879 indagatorias por desaparición de personas, de estas denuncias se desprenden un total de 16 mil 113 desaparecidos. Con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco se informa que de estas indagatorias se han logrado localizar con vida a 12 mil 624 personas y sin ella a 520. Lo cual hace que en Jalisco existan actualmente 2 mil 929 desaparecidos. La hipótesis de la Fiscalía es que muchos de éstos ya aparecieron y las familias simplemente no les avisan; por ello, es que deben confirmar esta información.

El Fiscal General, Eduardo Almaguer, nombró como responsable de la búsqueda de los desaparecidos de Jalisco a Violeta Cristina Meza Jiménez, quien desde inicios del año ha fungido como la coordinadora de las acciones periciales de Agencia del Ministerio Público 12/C. Sin embargo, su papel en esta Agencia ha sido muy cuestionado, pues Meza Jiménez ha sido quien ha negado a los integrantes de Familias Unidas por Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), el acceso a sus expedientes porque en ellos: “hay información no deben saber”.

“Yo ya no creo en los nuevos planes de búsqueda de las autoridades”, dice con firmeza Yolanda, quien busca desde el 27 de noviembre del 2012 a su esposo Agapito Castillo Díaz. Desde que éste desapareció, Yolanda no tiene ningún avance sobre la desaparición de su esposo pues en los casi tres años de búsqueda no ha recibido ni una llamada ni ninguna visita de los agentes investigadores: “Que vengan ahora a mi casa a preguntarme si sigue desaparecido mi esposo me parece absurdo porque la última vez que fui a ver mi expediente no había ningún avance”, precisó Yolanda.

Lo mismo pasa con Alfredo, padre de Edgar Rangel Martínez desaparecido desde el 13 de octubre del 2012: “Vas a la Fiscalía o la comandancia y nunca hay avances de nada. Ellos se esperan a que uno lleve información y aunque uno lleve datos no pasa nada. Yo sé quién amenazó a mi hijo personalmente y a través de Facebook pero esto no sirve de nada porque no los investigan. Yo les he dado muchos datos pero siempre es un volver a empezar pues desde que desapareció mi hijo hemos tenido cinco agentes investigadores”.

Las desapariciones de Agapito y Edgar forman parte de las 2 mil 969 indagatorias por desaparición de personas que la Fiscalía de Jalisco está “confirmando” en las visitas que ha comenzado a realizar en los domicilios que aparecen en las denuncias de desaparición. Su tarea, a decir del Fiscal General, es comprobar que sea cierto que personas como Agapito y Edgar en verdad están desaparecidas, ya que desde la autoridad parece haber desconfianza en las familias que aseguran que su ser querido no ha regresado pero también en su personal que manifiesta que éstos ya aparecieron pero su familia no les avisó de su retorno.

Quizá esta sea la razón por la cual, los agentes que están preguntando “casa por casa” el estatus de los desaparecidos, tienen que tomar fotografías de su visita y señalar “el privilegio” que es formar parte de estas acciones de confirmación, así pasó con Guadalupe, madre de David Alejandro Ávalos Rodríguez, quien desapareció el 25 de octubre del 2014.

“A mi casa fueron a visitarme el 22 de julio y me preguntaron que si ya había aparecido mi hijo pero yo les dije que no. Yo les pedí que me dijeran que sabían de él, pero no me dieron ninguna información. Lo único que me dijeron es que yo era una de las afortunadas que recibía las primeras visitas de la Fiscalía… yo les dije que eso no me llena para nada porque lo que yo quiero que me digan es dónde está mi hijo”, expresó Guadalupe.

Tocar casa por casa a los familiares de los desaparecidos y preguntar si ya aparecieron no resuelve el por qué las personas desaparecen, no abona a la detención de los implicados en las desapariciones ni genera el ambiente para evitar que en Jalisco sigan desapareciendo personas. Lo único que resuelve es la simulación de una búsqueda y la depuración de una base de datos donde la Fiscalía asegura haber resuelto 13 mil 144 desapariciones de las 14 mil 879 denuncias que tiene entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2015. 

Los primeros resultados que la Fiscalía de Jalisco ha dado a conocer sobre su “acción de confirmación” es que en la visita de 158 domicilios logró localizar a 84 personas, las cuales “simplemente” regresaron a sus casas y olvidaron avisar a la Fiscalía. Sin mayores detalles, la Fiscalía informó que esto ayuda a depurar su base de datos de personas desaparecidas, asegurando que en el estado sólo hay 2 mil 814 desaparecidos y no los 2 mil 969 que aparecen los datos que otorga su propia Unidad de Transparencia.

La Secretaría de Movilidad para un cuestionado ex jefe policíaco

27 de julio: Para hacerse cargo de las labores de movilidad en el estado, el gobernador Aristóteles Sandoval colocó a un policía y no a un experto, ya que en sustitución de Mauricio Gudiño Coronado nombró a Servando Sepúlveda Enríquez, el cual anteriormente había sido director de la Policía Municipal de Guadalajara puesto al que renunció porque se negó a realizar las pruebas de control de confianza. Esto ocurrió en el año 2012 cuando Aristóteles Sandoval era el presidente municipal de Guadalajara.

El papel de Sepúlveda Enríquez al frente de la Policía de Guadalajara fue durante cuestionado porque en el mes de marzo se presentaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara 16 narco-bloqueos después de la captura del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Erick Valencia, “El 85”. Sin embargo, de estos hechos no quedó registro alguno en las 141 cámaras de seguridad que a su mando tenía Sepúlveda Enríquez, pues por una falla generalizada todas estas se apagaron el día de los bloqueos.

A Sepúlveda Enríquez también se le recuerda por ser el abogado defensor del general de División José de Jesús Gutiérrez Rebolledo, quien fue encarcelado en 1997, por dar protección y seguridad al capo Amado Carrillo Fuentes. Sin importar estos antecedentes, Sepúlveda Flores es el nuevo Secretario de Movilidad desde el pasado 27 de julio.

Así fue el mes de julio en Jalisco, un mes donde se cumplieron tres meses de la Operación Jalisco, la cual sólo tiene 11 detenidos pero ningún sentenciado.

Horas después de que se difundiera el asesinato del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril y de otras cuatro mujeres en un apartamento de la Ciudad de México y tras las reiteradas amenazas que caían sobre de él desde que radicaba en Veracruz, reporteros y fotógrafos de Querétaro organizaron una caminata silenciosa por las principales calles del Centro Histórico, en donde armados con sus cámaras, grabadoras, libretas y velas, caminaron por varios minutos en las calles del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con Yunuen Avilés, fotoperiodista de Querétaro del periódico Plaza de Armas, lamentó lo sucedido pues resulta un duro golpe en contra del trabajo que muchos de ellos, reporteros y fotógrafos hacen todos los días y por ello exigió que el gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera, trabaje para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Son pocas veces en las que los representantes de los medios de comunicación se han reunido en un solo lugar fuera de los horarios de trabajo (o más bien, algunos fuera de los horarios intensos de trabajo) para convivir juntos, sin embargo en las últimas ocasiones no ha sido para eso, sino al contrario, para lamentar la muerte de algún activista, reportero, fotógrafo que también pesa en Querétaro.

Expresó que más allá de exigir solo justicia para el fotógrafo defeño, también se exige justicia para las demás víctimas de este ataque, que después de lo sucedido se ha dado cuenta de que fueron cuatro mujeres, entre ellas Nadia Vera, activista y Yesenia Quiroz Alfaro. “Nos estamos uniendo no solo en esta ocasión, ya se ha hecho en anteriores ocasiones dadas la vulnerabilidad con la que viven los periodistas, sobre todo en el estado de Veracruz, en el estado de Michoacán y en muchos otros, pero principalmente en el estado de Veracruz donde en el gobierno de Javier Duarte ya contando a Rubén, 14 fotoperiodistas asesinados”

Un miembro del sector turístico fue asesinado mientras regresaba a su domicilio en la Colonia Jardines de la Hacienda, cuando dos sujetos interceptaron el auto en el que viajaba por la noche junto con una compañera a la altura de la calle Hacienda El Vigil, en donde dos hombres al parecer les exigieron entregar unas maletas con dinero en efectivo que traían en la cajuela del vehículo, y al resistirse, abrieron fuego contra los dos ocupantes, hiriendo de muerte a Evelio Argueta Ticas y a Paulina Torres. De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Guías Turísticos del Estado de Querétaro hecho público a través internet por su presidente, Francisco Javier Félix Hernández, al parecer todavía estaba vivo cuando llamaron a las ambulancias.

De acuerdo con este escrito, fue la madre de Paulina Torres quien escuchó los disparos por lo que se procedió a llamar a las autoridades, las cuales cuando llegaron al lugar, Argueta Ticas ya había fallecido. Paulita Torres también resultó herida entre la pierna y la cadera. También lamentaron esta situación y dijeron que la imagen de Querétaro está manchada y exigieron a las autoridades atrapar a los responsables.

El abogado, Héctor Uribe Pérez fue asesinado atado de pies y manos y con el tiro de gracia en su casa en el municipio de El Marqués, exactamente en la comunidad de Agua Azul. Según las primeras investigaciones, la vivienda tenía desorden como si hubiera habido un robo. Fue una persona conocida por el abogado, quien se dice que era el presidente de la Confederación Nacional Campesina en ese municipio, al no poderlo localizar por teléfono, acudió a la vivienda, encontrándolo muerto al interior, por lo que se dio el reporte a las autoridades.

Un hombre de la tercera edad fue localizado muerto y aparentemente envuelto en una cobija en un paraje despoblado de la comunidad de Santa Matilda en el municipio de San Juan del Río. De acuerdo con los informes periodísticos locales, el hallazgo fue hecho a un costado de la carretera que conecta las poblaciones de La Llave y La Estancia en aquella demarcación.

Con un botín de casi medio millón de pesos, huyó una banda que asaltó la joyería Emwa ubicada en Plaza Galerías en la capital queretana. De acuerdo con las autoridades, un grupo armado ingresó al lugar y después de herir al guardia de seguridad. Debido a la gran movilización que hubo y al escuchar disparos, los clientes y otros locales comerciales cercanos se alarmaron y aunque se montó después de su salida de la plaza un operativo de seguridad, no se dio con los responsables del robo.

En un operativo realizado por la Procuraduría General de Justicia (PGJEQ) se localizaron 300 kilogramos de marihuana en una casa de la Colonia Reforma Agraria, por lo que al menos cuatro personas fueron detenidas por elementos estatales y al verse sorprendidos, trataron de ocultar escondiendo el producto, cosa que no sirvió de mucho pues fue localizada por los elementos de la Procuraduría.

Aunado a esto, en un autolavado de El Pueblito, en el municipio de Corregidora, elementos de la PGJEQ detectaron personas armadas en un vehículo de lujo, en donde se presumía, empacaban drogas sintéticas para su distribución. En este operativo fueron aseguradas al menos siete personas, dio a conocer el periódico Plaza de Armas.

De manera torpe, como quien no sabe qué hacer frente a la delincuencia organizada, las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal de Culiacán, y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resolvieron prohibir a los agentes de las policías locales y estatales el uso y portación de teléfonos celulares durante sus horarios de trabajo, luego de la aprehensión de ocho agentes que custodiaban y pasaban información sobre operativos al crimen organizado.

La medida fue anunciada a los agentes en Culiacán el último día de junio y aplicada a partir del día siguiente, sobre todo en esta ciudad capital, lo que provocó la inconformidad de los uniformados, quienes cuestionaron cómo van a comunicarse con sus familias si hay alguna emergencia. Dijeron además que la medida no es pareja, ya que sus jefes podrán portar estos aparatos de comunicación y será ese el que puedan usar, si sus superiores lo autorizan, para comunicarse con sus familiares y hacer llamadas personales.

“Nos quitan el celular a nosotros… y eso ¿pa qué?, si no quieren que se filtre información que se lo quiten a todos, que sean parejos, ¿Quién puede saber más que los jefes?”, expresó un agente de la policía municipal de Culiacán, quien pidió mantener el anonimato.

A finales de junio, el día 23 y por la noche, cuatro policías municipales fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina, en la colonia Universitarios, en Culiacán, al encontrárseles entre su equipo un teléfono Nextel. Los policías fueron acusados de pasar información al narcotráfico y de hacer las veces de “halcones” o “punteros”, -que pasan información sobre recorridos y operativos de las corporaciones policiacas, del Ejército y la Marina- y luego declararon ante el Ministerio Público y puestos en libertad.

Dos días después, tres de los cuatro agentes renunciaron a la corporación. Versiones extraoficiales indican que los uniformados fueron presionados por los jefes de la policía para que abandonaran el servicio público y enfrentaran solos el proceso penal iniciado en contra de ellos, por supuesta filtración de información a organizaciones delictivas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la medida incluirá a los agentes de la Estatal Preventiva y a Policía Ministerial, y de todas las corporaciones municipales, cuyos alcaldes empezaron a aceptarla y ponerla en marcha.

Información publicada en el semanario Ríodoce indica que en junio del 2013 el Congreso del Estado aprobó una iniciativa que presentó el ejecutivo para reformar algunas disposiciones del Código Penal y el de Procedimientos Penales de Sinaloa; entre ellos el artículo 293 Bis,  que considera como delito grave hechos que atenten contras las instituciones de seguridad pública y del estado.

El artículo establece que se aplicará pena de hasta quince años de cárcel y hasta dos mil días de multa a quien “aceche, vigile, espíe o proporcione información, sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a dichas instituciones o servidores públicos”.

También considera como conducta delictiva a quién “aceche o vigile en cualquier lugar o realice cualquier acto, tendientes a evitar la captura de algún delincuente o miembro de una asociación delictuosa u organización criminal”, conocido esto coloquialmente como “halconeo”.

Una fuente extraoficial informó a Ríodoce que algunos comandantes repartían los teléfonos celulares a otros agentes para que dieran información sobre algunos movimientos de las corporaciones federales, o para que recibieran instrucciones: “a veces los del radio nos reportan algo pero cuando llegamos y sale que es de la `clica´, pues nada más uno se hace menso o reporta al radio que son amigos de algún comandante”.

Para los agentes, esta medida, que les molesta, no servirá de nada. Arriba, dicen, con los jefes, está la verdadera filtración de información, la complicidad, los acuerdos para los negocios y la corrupción en beneficio de los criminales.

Agentes de la Dirección de Investigación del Delito (DID) de la Procuraduría General de Justicia liberaron a dos personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Colón, además de que en este operativo realizado, las autoridades un par de hombres fueron detenidos como presuntos responsables de este delito. De acuerdo con los primeros informes, el operativo policiaco se realizó en la comunidad de El Lindero, municipio de Colón en donde se tenía información sobre las víctimas. Las personas secuestradas fueron liberadas sin ningún contratiempo y a salvo.

Al parecer, los dos detenidos se encontraban cuidando a las víctimas cuando llegaron los policías, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público ubicado en el municipio de San Juan del Río.

En pleno día, una persona identificada como el empresario Luis Francisco Aguirre Mariscal, de Guanajato, fue atacado mientras cargaba gasolina en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 200 de la Carretera 57 rumbo a México. De acuerdo con varios informativos locales, Aguirre Mariscal se dirigía al Estado de México a una convención cuando en el trayecto decidieron parar a cargar combustible. Mientras el chofer bajó y se dirigió a la tienda de autoservicio, el empresario se quedó cerca de la camioneta en la que viajaban.

De acuerdo con los informes, un par de sujetos lo abordaron a bordo de una motocicleta y comenzó a forcejear con uno de ellos, momento en que el otro sujeto aprovecho para dispararle en cuatro ocasiones, hiriéndolo en el cuello, pulmón, hombro y en una pierna. Actualmente está grave en un hospital al que fue trasladado de inmediato tras el ataque.

El sobrino del candidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan, David Dorantes, fue atacado al ser baleada la camioneta en las que viajaba en aquel municipio en la Colonia Adolfo López Mateos.

Ya en San Juan del Río, en la Colonia Lomas de Guadalupe fue localizado un cuerpo envuelto en una cobija y fueron algunos habitantes de aquella zona quienes descubrieron el cuerpo en una jardinera de la Calle Canario. Después de que se dio la alerta a las autoridades, se confirmó que se trataba de una persona sin vida por lo que procedieron a acordonar el área.

También en San Juan del Río, autoridades detectaron una toma clandestina de combustible en la comunidad de Palmillas, después de que varios habitantes y vendedores de alimentos de la zona detectaron un fuerte olor a combustible por lo que llamaron a los números de emergencias quienes después de una búsqueda, localizaron la toma que probablemente habría sido utilizada recientemente. De acuerdo con algunos testigos, había gente sospechosa antes de que comenzara el olor a combustible que se había derramado en el área que fue asegurada para controlar el derrame.

Ya de regreso otra vez a la capital, el Periódico Plaza de Armas informó sobre un robo a las oficinas del Partido Nueva Alianza en la Colonia Balaustradas en donde un grupo de hombres armados llegaron hasta esas oficinas y con armas de fuego amagaron a quienes se encontraban ahí y se llevaron 500 mil pesos. Los hechos fueron denunciados minutos después al Ministerio Público.

Tras un reporte realizado a la autoridad federal en Querétaro, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó un operativo en el municipio de Cadereyta de Montes en donde se localizaron 25 personas de origen centroamericano que tenían como destino, llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos. En conjunto con elementos policiacos estatales y municipales, estas personas fueron detenidas a bordo de un autobús. De acuerdo con los primeros informes, había niños entre los detenidos, quienes fueron llevados hasta las instalaciones de INM para su repatriación.

Al tratar de adquirir varias cosas en una tienda del Boulevard Bernardo Quintana, dos sujetos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro porque de acuerdo con el reporte de una de las cajeras, dichas personas trataron de pagar con tarjetas de crédito clonadas. Al llegar, los policías se enrevistaron con los empleados de la tienda quienes argumentaron que las personas trataron de pagar con una tarjeta de débito apócrifa, por lo que al ser cuestionados sobre el hecho después de que se tratara de dar a la fuga, se le encontraron 24 tarjetas bancarias clonadas.

Después de haber tenido una pelea en las fiestas de la comunidad de La Monja, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, un elemento franco de la Policía Federal fue asesinado por desconocidos mientras se dirigía con otras personas rumbo a San Miguel de Allende, Guanajuato.

Las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) fueron atacadas a balazos por una persona que iba a bordo de un automóvil. De acuerdo con el titular de la dependencia, Héctor Benítez López, dicha situación pudo haber sido cometida por gente que ve a la autoridad como el enemigo o bien incluso, por un expolicía resentido. Afortunadamente, no se registró ningún lesionado por esta acción. De inmediato, elementos de esa corporación se dedicaron a “peinar” el área para dar con el responsable, por lo que derivado de esto, se localizó un automóvil abandonado

Una persona de alrededor de 40 años de edad fue asesinada en las inmediaciones de una tienda de conveniencia en la comunidad de Loma Linda en el municipio de San Juan del Río. De acuerdo con las primeras versiones, esta persona entró a la tienda y al salir, una persona que lo esperaba le disparó en varias ocasiones. Esto sucedió en la estación de servicio en el kilómetro 168 en dicha comunidad.

Con trece periodistas asesinados en lo que va de su fatídico sexenio y faltando 510 días para que éste concluya, el gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa lanzó uno de sus mensajes más temerarios y polémicos hacía la prensa veracruzana: “Pórtense bien, vienen tiempos difíciles, sabemos que hay reporteros coludidos con el crimen organizado”.

72 horas después de ese mensaje transmitido el día 30 de junio en una comida con reporteros y directores de medios en Poza Rica –ubicada a 276 kilómetros de la capital del Estado-, un reportero con dos décadas de experiencia en la nota roja, Juan Mendoza Salgado moría en circunstancias extrañas. Fue atropellado la madrugada del miércoles en el kilómetro tres de la carretera Santa Fé-San Julián, cerca de la caseta de cobro.

“Tenía lesiones de atropellamiento y las dos piernas fracturadas. No tenía huellas de tortura, ni perforación de bala o heridas punzocortantes”, explicó una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE). El comunicado era más escueto aún.

Las dudas se cernieron sobre sus colegas: ¿Por qué tenía un vendaje en la cabeza?, ¿Dónde está su taxi con el número económico 1962, el cual era su complemento económico?, ¿Por qué no hay derrape de llantas, sí es que el cafre que lo atropello, avistó el bulto en la obscuridad e intento frenar? y ¿por qué presentaba estallamiento de testículos?. Ninguna de esas interrogantes ha sido contestada por alguna autoridad, al cierre de esta edición. De mientras la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas (CEAPP) ya condenó el hecho en un comunicado y exhortó al gobierno de Duarte a esclarecer “este homicidio”. La esposa del reportero, Tayda Pavón tardó dos días para dar con su paradero en el Servicio Médico Forense (Semefo), un día antes, habría puesto la denuncia 701/2015 de la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador.

Mendoza Salgado, apodado “el cuñao” –así le decía a todos sus colegas-, trabajo durante 16 años en la fuente policíaca de El Dictamen y hace dos decidió independizarse y abrir su propio portal “Escribiendo la Verdad”, el treceavo periodista asesinado durante esta administración estatal, se une a los homicidios impunes de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez (27 de abril del 2012), del editor-reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero del 2015), del reportero de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio “Goyo” Jiménez (5 de febrero del 2013) y del locutor de la K Buena, Armando Saldaña (4 de mayo 2015), entre otros más.

La fiesta debe continuar…

En esta espiral de violencia, Duarte decidió continuar año con año con los festejos de la Libertad de Expresión –conmemorados el 7 de junio-, por única ocasión fueron postergados por el priista por coincidir con la jornada electoral federal, donde el PRI ganó 16 de 21 distritos. En Xalapa se reunió una semana después en Casa Veracruz solo con dueños y columnistas afines a su gobierno, en la antesala del convite a los empresarios de la prensa y los editorialistas les fueron “decomisados” teléfonos celulares y cámaras de foto y video: “Quería un encuentro informal y de camarería”, dijeron sus allegados. Con varias sillas vacías, algunos dueños de medios no se quisieron quedar a la foto oficial, salieron molestos pues no hubo viso de la “liberación de pagos” por publicidad oficial y favores electorales atrasados.

Duarte continuó su agenda de recuentro con medios en Veracruz y Boca del Río, la zona Córdoba-Orizaba y en Xalapa, ya con reporteros y camarógrafos diaristas, en esos puntos, recibió el desaire de los reporteros críticos a su gobierno, quienes declinaron la invitación.

A Poza Rica, se presentó el 30 de junio, el mensaje de 15 minutos, fue inédito en los 55 meses de su administración: “Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa, lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones”, dijo.

En ese momento, varios cubiertos de los comensales detuvieron su movimiento, los bocados en la boca dejaron de masticarse. Algunos reporteros miraron absortos al mandatario, otros rieron y unos cuantos se sintieron indignados, Duarte a un costado de la mesa principal y flanqueado por su tercer vocero, Juan Octavio Pavón continuó su letanía: “Hay momentos difíciles… bajo advertencia, no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre”.

El “pórtense bien, por favor” se repetiría cuatro veces más. En la última, acompañado de un chascarrillo coloquial: “No se hagan como que la virgen les habla”.

Al inicio de su mensaje en dicha ciudad, bastión petrolero, otrora del PRI, pues ahí ganó el PRD en la pasada elección federal, Duarte habría admitido que el castigo en las urnas, le habría mandado un mensaje ciudadano: “Estamos hasta la madre de la inseguridad”.

El priista habría ofrecido una receta: “Vamos a sacudir el árbol y caerán muchas manzanas podridas”.

“Medidas cautelares”

Apenas el once de junio pasado, Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y de la agencia AVC Noticias decidió exiliarse temporalmente de Veracruz por el seguimiento de hombres armados en sus actividades de trabajo y el monitoreo con video y fotografías de sujetos desconocidos en las afueras de su vivienda.

“Estoy extrañando, pero estoy tranquilo. En Veracruz ya me cagaba estar así, no se puede trabajar a gusto, es lo único que quiero hacer”, expresó Espinosa vía telefónica dos días después de su partida. Su salida se dio en el contexto de la brutal golpiza a ocho jóvenes –varios de ellos universitarios- a manos de hombres encapuchados tres días antes de los comicios y de la recolocación de la placa en la Plaza Lerdo, para bautizarla simbólicamente como Regina Martínez.

La Secretaria de Gobierno (Segob), la Subsecretaria de Gobierno, la Dirección de Política Regional y la Policía Vial de la SSP ya venían manteniendo un acoso constante sobre reporteros y fotoperiodistas, lo mismo en el zócalo que en restaurantes y cafés donde hay ruedas de prensa, o en las conferencias que ofrecían políticos de oposición.

El propio titular de la Segob, Gerardo Buganza había sido increpado por periodistas sobre el monitoreo constante de sus “espías” y “orejas”, Buganza negó los hechos, sin embargo, la Dirección de Política Regional admitió de su existencia y les dio el nombre de “actores” en el oficio UAIPSEGOB/231/2015, obtenido en la plataforma Infomex-Veracruz: “Su función es detectar los posibles conflictos que se presenten en la región para intervenir oportunamente en la solución de los mismos, gestionar y dar seguimiento a los asuntos planteados que presenten los grupos políticos y sociales de la región”.

Del 2013 a febrero del 2015, la CEAPP admitió que se han asistido a 83 periodistas en Veracruz con “medidas cautelares”. Incluso, ponderaba que tan solo en los dos primeros meses del 2015, a 5 comunicadores se les han tenido que poner “medidas cautelares de protección”, por amenazas tácitas e intimidación de cuerpos policíacos o por amenazas de muerte vía teléfono celular.

En el número de oficio CEAPP/UAI/010/2015 obtenido en la plataforma Infomex-Veracruz –a solicitud de este reportero- el organismo garante de los periodistas expresa que tan solo en el 2014, 23 reporteros tuvieron “medidas duras de protección” –entiéndase seguridad, custodia y vigilancia a su persona y/o familia- y 122 comunicadores fueron asistidos con “medidas blandas de protección”. Además, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) brindó 159 asesorías y acompañamientos legales, así como 90 “gestiones”, dice el documento en poder del reportero.

 “Un gobernador irresponsable”

Jorge Morales Vázquez, reportero de profesión y el único comisionado de la CEAPP alejado de los intereses del gobierno, autorizó a Proceso reproducir comentarios vertidos en sus redes sociales y que dan cuenta del manejo que se le da a los crímenes y vejaciones en contra de periodistas en Veracruz. Un documento titulado “libreta de apuntes” dice así: “No es la primera vez que el gobernador Javier Duarte ha hecho estas imputaciones, pues regularmente lo hace en privado, al igual que su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. He escuchado este tipo de afirmaciones chocantes como una forma de justificar los asesinatos y agresiones sistemáticas a periodistas en Veracruz y eximirse de toda reclamo y responsabilidad y de pasada, sepultar cualquier expectativa de justicia y seguridad”.

Morales asegura que hay “salidas falsas e irresponsables” de Duarte y de su staff de seguridad y procuración de justicia, “son cínicas, tramposas y marrulleras”. Jorge quien ha trabajado en periódicos como Imagen, El Heraldo, Dictamen, Milenio, Plumas Libres, entre otros, asegura que las recientes afirmaciones de que hay “reporteros coludidos con el hampa”, son frases al vació.

“He ponderado que estos casos (de reporteros coludidos con el crimen) se documenten y se lleven ante la justicia, la respuesta (gubernamental) ha sido de que no quieren escándalos y que será difícil probarlos judicialmente, por lo que he tomado sus comentarios como eso, simples chismes de radio pasillo. No es que no crea que haya periodistas ligados al crimen, esto es hasta estadístico, es imposible que en un estado infestado de narcos, no haya periodistas, como políticos, ligados a estos; pero no estoy de acuerdo con que un gobierno legal pueda valerse de un discurso tramposo para no hacer lo que debe hacer”, expone.

Morales advierte que con el último discurso de Duarte hacía la prensa se corre el riesgo de una criminalización “adelantada” a diestra y siniestra de periodistas: “Cualquier periodista agredido o asesinado será metido al costal de ajuste de cuentas”.

Ese contexto en el que habla Jorge Morales, ya fue retomado por el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien expresó que si hay reporteros ligados con el hampa, será materia de la Procuraduría General de la República (PGR) y no del ámbito local.

"(El gobernador) alude a temas de delincuencia organizada y la Fiscalía General del Estado es competente para indagar delitos del fuero común, no de delincuencia organizada. Son instancias federales las que tienen que ver con eso”, deslindo.

Entre el gremio reporteril, el último discurso de Duarte, causo enconó, irritación y sentimientos encontrados. Unos reporteros lo vieron como un “lavado de manos” –estilo Poncio Pilatos-, otros como una “amenaza velada”, otros más –dicho en las propias palabras de Duarte en su discurso político- como un “disparo en la pierna”, pues aseguran que en un Estado de Derecho quien “acusa, tiene la obligación de comprobar sus dichos”.

Son ya dos meses de la Operación Jalisco, una estrategia de seguridad que tiene como objetivo la captura de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual traería como consecuencia una disminución de la violencia en el estado; sin embargo, no ha pasado ni una cosa ni la otra, pues la detención y posterior arraigo de Rubén Oseguera González “El Menchito” -hijo de “El Mencho”, líder del CJNG- no garantiza que éste sea consignado por delitos de delincuencia organizada, así como tampoco la presencia de 12 mil militares ha hecho disminuir la violencia en el estado; al contrario, los operativos de la Operación Jalisco se han mantenido en secrecía después de que sus primeras operaciones en el municipio de Villa Purificación causaran la desaparición y muerte de civiles.

¿Y la justicia para las víctimas de Villa Purificación?

3 de junio: Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo y Fernando Gaspar González son algunos nombres de quienes fueron acribillados por el ejército la mañana del 1 de mayo del 2015 en el municipio de Villa Purificación.

Sus cuerpos fueron entregados un mes después a sus familiares, luego de que éstas emprendieran un proceso legal para que el ejército mexicano entregara los cuerpos, que habían retenido de manera ilegal, a las autoridades correspondientes para que estos pudieran ser identificados. Cuestión que no sucedió hasta un mes después debido a que se buscaron ocultar los hechos que apuntan hacía la realización de ejecuciones extrajudiciales.

Y son ejecuciones extrajudiciales porque ninguna de las víctimas identificadas tenía relación alguna con el crimen organizado, tal y como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscó relacionar cuando informó que estas muertes no ocurrieron el 1 de mayo sino entre los días 16 y 17 de ese mismo mes tras una balacera entre militares e integrantes del CJNG. La autopsia de ley de los ocho cuerpos que fueron trasladados de Vila Purificación al Servicio Médico Forense de Guadalajara arrojó que la fecha de defunción fue el 1 de mayo.

Otra irregularidad que se pretendió ocultar fueron las causas reales de la muerte; por ello, no fue fortuito que el ejército retuviera de manera ilegal los cuerpos por más de 15 días y que no hiciera nada por preservarlos, ya que de acuerdo a los testimonios de las familias los cuerpos estuvieron todo ese tiempo al aire libre.

En la revisión de las fotografías que les mostraron personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), los familiares pudieron constatar que tres de los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego en el cráneo y otro más tenía disparos por la espalda. También pudieron comprobar que otros tenían heridas en el pecho y tórax siendo que les habían informado que les colocaron chalecos antibalas luego de que sin causa aparente éstos fueran detenidos.

Tras un mes de lucha e insistencia, los cuerpos de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo y Fernando Gaspar González fueron entregados a sus familias el 3 de junio del 2015; sin embargo, cuatro más que también fueron remitidos al SEMEFO por los hechos de Villa Purificación no han sido identificados.

Los familiares de las víctimas de Villa Purificación han exigido a las autoridades que encabezan la

Se espera que en los próximos días se tengan los primeros resultados que la queja 3593/2015 que los familiares interpusieron ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la ejecución extrajudicial de sus familiares a manos del ejército.

EL CJNG, estrategias de terror

15 de junio: El horror es una acción humana generada por un miedo intenso. Ahora imagine Usted el tipo de miedo que es capaz de generarse cuando del cuello cuelga un cartucho de dinamita y se observa que a lo lejos quienes lo portan son dinamitados causando la celebración y risa de un grupo de sicarios pertenecientes al CJNG. Esta era la manera en que Heriberto Acevedo Cárdenas "El Gringo" eliminaba a sus víctimas. 

“El Gringo” hasta el 23 de marzo del 2015, día en que muriera luego de un enfrentamiento con la Fuerza Única de Jalisco (FUJ) en el municipio de Zacoalco de Torres, era uno de los principales capos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su muerte significó la ruptura del pacto de “no agresión” que el Cártel había impuesto al gobierno de Jalisco y, en consecuencia, fue el origen del espiral de violencia que se tradujo en el atentado en contra del comisionado de seguridad del estado, Alejandro Solorio Aréchiga (31 de marzo); la emboscada y muerte de 15 integrantes de la FUJ (7 de abril) y los narco-bloqueos que cimbraron a Jalisco, el pasado 1 de mayo.

El conocimiento de esta forma de exterminio usada por “El Gringo” mientras éste fue el líder del CJNG en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Cocula, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Zacoalco de Torres se hizo pública tras una filtración que se hizo al periódico Reforma de los videos que estaban en el celular que portada Heriberto Acevedo Cárdenas el día de su muerte. Esta forma de exterminio no había sido vista en ningún grupo del crimen organizado del país aunque sí es una práctica común entre grupos terroristas. Las preguntas centrales serían: ¿Por qué no se supo antes de esto si la detonación de un cartucho de dinamita puede escucharse a varios metros a la redonda? ¿Por qué esto no se investigó?

Funcionarios públicos, el nuevo blanco

19 de junio: Entre el cruce de las Avenidas López Mateos y Angulo, lugar donde fue asesinado el delegado del ISSTE en Jalisco, Javier Galván Guerrero, y la casa oficial del gobernador, Aristóteles Sandoval, hay una distancia aproximada de tres cuadras, lo cual supone que ésta debe ser una de las zonas más seguras del estado pero no es así porque esa mañana quien también fuera presidente municipal de Autlán fue asesinado mientras circulaba en su camioneta color blanca con placas 777-ZSP por un grupo de hombres armados que se le emparejaron para disparar en repetidas ocasiones sus armas de fuego.

Desde que inició la administración de Aristóteles Sandoval, el 1 de marzo del 2013 hasta el 30 de junio del 2015, han sido asesinados 110 funcionarios públicos en Jalisco, 81 de ellos murieron a causa por el uso de arma de fuego. Los asesinatos más sonados fueron los del Secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos (10/03/13), el del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres (03/08/14) y el del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel y a su asistente, Heriberto Núñez Ramos (22/09/14). Coincidentemente, estos tres funcionarios públicos tenían actividades en municipios del sur del estado.

En todos estos casos se detuvieron personas implicadas; sin embargo, no todos han sido consignados por homicidio, tal y como sucedió con los presuntos implicados en el homicidio de Javier Galván Guerrero, los cuales –según informó la Fiscalía- fueron consignados por “delincuencia organizada” dado a que los seis inculpados son integrantes de un grupo de la delincuencia organizada y se dedicaban a la venta de estupefacientes. Su vinculación con la muerte del delgado del ISSSTE sigue en investigación pero ya fueron presentados en los medios como autores del asesinato de uno de los hombres que, políticamente hablando, pertenecía al círculo de confianza del gobernador Aristóteles Sandoval.

Tres desaparecidos al día en Jalisco en 2015

21 de junio: Del 1 de enero el 31 de mayo del 2015, la Fiscalía General de Jalisco reporta 476 desapariciones, lo cual en promedio arroja tres desapariciones por día. Así que pese a los dichos oficiales de que “las desapariciones van a la baja” esto no puede ni sostenerse con los propios números que reporta la Fiscalía a través de su unidad de transparencia.

Esto es así porque más que acciones lo que ha hecho el gobierno de Aristóteles Sandoval en las “mesas de trabajo” que realiza para cumplir las demandas del colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) es “sólo escuchar” pero no generar acciones que de verdad apunten no sólo a la búsqueda y localización de los desaparecidos sino también a impedir y evitar que las desapariciones sigan sucediendo.

Por ello, el 21 de junio (día del padre), FUNDEJ salió nuevamente a manifestarse públicamente para decir que de muy poco han servido las tres mesas de trabajo que se han realizado con el Gobierno de Jalisco. Estas mesas de trabajo fueron el compromiso que el gobernador, Aristóteles Sandoval, asumió cuando se reunió con los integrantes del FUNDEJ, el pasado 15 de mayo. Sin embargo, en estas reuniones las familias de los desaparecidos “se están cansando de sólo ser escuchadas”.

En la reunión con el gobernador, FUNDEJ realizó ocho peticiones que son: 1) entrega de los expedientes, 2) realización de prueba de ADN a todos los familiares de desaparecidos, 3) renovación del personal de la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, 4) búsqueda inmediata ante cualquier desaparición, 5) correcta aplicación de la Alerta Ámber, 6) que el registro estatal de desaparecidos sea público, 7) realización de acuerdos con las compañías telefónicas para acceder a la sabana de las últimas llamadas del número del desaparecido y, finalmente, 8) alto a la victimización de las familias de los desaparecidos de parte del personal de la Fiscalía General.

De acuerdo a FUNDEJ, de estas ocho demandas sólo se ha cumplido parcialmente la referente a la toma de muestras de ADN. Las demás demandas siguen sin respuesta; aunque desde la cuenta de Twitter del Secretario de Gobierno, Roberto López Lara, se diga que: “Como lo instruyó el Gobernador Aristóteles Sandoval, celebramos la tercer reunión con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco; de sus peticiones, cuatro se han cubierto a cabalidad, en la próxima reunión continuaremos trabajando en las restantes”.

Lo cual ha resultado falso, pues las familias de FUNDEJ siguen sin acceder a los expedientes de sus casos, ya que el personal de la Agencia del Ministerio Público 12/C de personas no localizadas (ya no desaparecidas) dice que no pueden tener el expediente: “porque no son abogadas”, “porque en él hay cosas feas”, “porque luego se va a filtrar información” o “porque hay cosas de las que es mejor que no se enteren”, respuestas como estas son violatorias a sus derechos humanos y a sus derechos como víctimas pero también va en contra del acceso “total y no parcial” que el gobernador prometió a FUNDEJ.

Actualmente, en Jalisco existen 3 mil 153 desaparecidos, de éstos sólo 2 mil 148 aparecen en el Registro Nacional hasta su último corte de abril. La Fiscalía de Jalisco en la reuniones con FUNDEJ no explicado el por qué no reportan todos las denuncias de desapariciones que hay en el estado ni por qué no acceden a darles los expedientes a las familias, seguramente en éstos está la evidencia que comprueba que en Jalisco no se busca a los desaparecidos.

“El Menchito”: detenido, liberado y ahora arraigado

26 de junio: Bastaron 20 minutos para que elementos de la Sedena detuvieran a Rubén Oseguera González, “El Mechito”, en un fraccionamiento en la colonia Loma Blanca en Zapopan. En la operación “no hubo ni un solo disparo”, tal y como lo informo la tarde de ese día el Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, quien afirmó que “El Menchito” sería consignado por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Incluso, el hijo de Nemesio Oceguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue trasladado al penal de alta seguridad del Altiplano para ejercer la acción penal; sin embargo, ocho días después (el 1 de julio) fue liberado por faltas al debido proceso cometidas el día de su detención.

 Esta sería la segunda ocasión que “El Menchito” saldría en libertad, pues éste ya había sido detenido el 30 de enero del 2014 en Zapopan por efectivos del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina. En su detención le fueron confiscados 10 millones de pesos y 500 mil dólares, así como diversas armas de uso exclusivo del ejército. Tras esa detención, el Menchito” salió bien librado de las acusaciones en su contra, pues primero recibió un amparo (16/10/14) para salir del penal de máxima seguridad número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, con esto logró que lo trasladaran al penal de Puente Grande en Jalisco. Ahí llegó el 18 de diciembre del 2014 y ocho días después salió libre por “falta de pruebas”.

 En esta ocasión no tuvo la misma suerte, ya que al salir del penal del Altiplano fue reaprehendido por elementos de la PGR por su presunta vinculación en la desaparición de dos personas en el estado de Michoacán. Desde el 1 de julio, “El Mechito” estará 40 días arraigado hasta que la investigación que lleva a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ofrezca pruebas contundentes de su participación en dichas desapariciones de no ser así podría salir nuevamente libre.

 Al “Menchito” se le adjudica ser el encargado de administrar los recursos financieros al CJNG y de coordinar la compra-venta y trasiego de la droga proveniente de Sudamérica, además de encabezar el robo y la comercialización de combustible en el estado.

Este fue el mes de junio en Jalisco.

I.

Mientras la población del estado estaba en medio de la “borrachera democrática” que supuso el resultado de las elecciones para gobernador, la violencia incesante que azota el estado arremetía con furia mediática de nuevo. Tres son los hechos que, a menos de dos semanas de las elecciones del 7 de junio, recordarían a la población que hubo y hay una guerra, al grado de desatar psicosis y reacciones autoritarias del gobierno estatal. El día 19 un grupo armado ingreso a una bodega distribuidora de cerveza en García, a plena luz del día maniató y asesinó a las personas que estaban en el interior para después desnudar a algunas y huir, el saldo fue de 10 personas ejecutadas. Un día después, el 20, se registró un ataque a una vivienda en la colonia Independencia en Monterrey, el saldo fue de 4 personas ejecutadas, 3 de ellas mujeres: 2 menores de edad y una embarazada. El domingo 21, antes de que la luz del sol saliera, un número indeterminado de personas en una camioneta tipo van, abandonó tres cuerpos sin vida en el exclusivo y lujoso San Pedro Garza García: dos en avenidas principales y uno en una casa propiedad del Secretario de Seguridad Pública municipal. La reacción de la población fue de psicosis y por redes sociales la gente comenzó a pedir que no salieran en las noches de sus casas; en una acción inexplicable el ex conductor de TV, activista y empresario Gilberto Marcos, difundió un mensaje en Facebook que implicaba una amenaza del crimen organizado a la población: de nuevo la psicosis. El gobierno del estado reaccionó con reuniones urgentes de los funcionarios de seguridad y la instalación de retenes en el Área Metropolitana de Monterrey, retenes que la población en psicosis no reclamó como una agresión de sus derechos.

A principios de junio la población de Sabinas Hidalgo reportó la desaparición de al menos cinco personas, 4 mujeres y 1 hombre, en los límites con Agualeguas; a partir de ese reporte recibido en la página de Facebook de FUNDENL se recibieron al menos 3 más. Al final del mes los medios de comunicación reportaron el hallazgo de fosas clandestinas, con 3 o 4 personas, en el municipio de Higueras y unos días más tarde una fosa más en Vallecillo.

Al final del mes el recuento de ejecuciones oscilaba entre 44 y 50 según el medio que llevará el recuento; como ya se ha informado aquí antes estos recuentos no incluyen a las personas encontradas sin vida en fosas o a las víctimas de las violencias indirectas causadas por la guerra contra el narco como la violencia familiar o los feminicidios. Las cifras son mayores sin duda y por un momento la población lo recordó.

II

El resultado de la elección del 7 de junio de 2015 en Nuevo León fue algo que nadie esperaba: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente, ganó a PRI y PAN con una diferencia de más del 2 a 1 contra cada uno de ellos; ni los votos combinados de los dos partidos lograban alcanzarlo, obtuvo más de 1 millón de votos. Este fenómeno arrastró triunfos de partidos de oposición y de un candidato independiente en alcaldías pequeñas y medianas pero, PRI y PAN arrasarían en la mayoría de las alcaldías, así como en las diputaciones locales y federales. Nadie lo esperaba. El triunfo de “El Bronco” en las elecciones del 7 de junio ha aportado, sin duda, que la población neolonesa haya recuperado la autoestima cívica después de años de sufrimiento extremo por la guerra contra el narcotráfico y la corrupción de sus gobernantes. El gobernador electo, los poderes económico - políticos que lo impulsaron y los que se van alineando detrás de él han comenzado a capitalizar el triunfo con campañas publicitarias donde mencionan que la decisión fue masiva pero no hubo tal votación masiva sino una votación diferenciada de casi los mismos que siempre votan. Los organismos intermedios que, tradicionalmente, se han arrogado la representación de la ciudadanía (Cámaras empresariales, ONG financiadas por empresas, etc.) se han adelantado a colaborar con el nuevo gobierno y con ello la posible agenda se ha visto cargada hacia temas económicos como la corrupción y la deuda estatal en detrimento de los temas de Derechos Humanos; esto es algo que puede costar muy caro a la sociedad ya que no garantiza que las condiciones en que se enraizó la violencia extrema desaparezcan, por el contrario, al mantenerse generarían otra crisis. Los asesinatos y desapariciones constantes nos recuerdan que hay una guerra latente en el Noreste Mexicano y que, si el próximo gobierno no tiene entre sus prioridades restaurar la paz, tendremos un estado donde los indicadores macroeconómicos podrán ser buenos pero en la calle la población seguirá pagando impuestos de guerra al narcotráfico. La democracia en Nuevo León está ante uno de los principales retos de su historia: puede estar en la antesala de dar el paso de la democracia representativa a la democracia participativa si las y los ciudadanos hacen efectivos sus derechos políticos cómo lo promete el resultado del 7 de junio.

Después de la estruendosa victoria al menos dos organizaciones han comenzado a pedir a Jaime Rodríguez que cumpla con sus promesas de campaña: Únete Pueblo en el tema del transporte público y FUNDENL en el tema de la Desaparición de personas.

III

Otro signo de los tiempos que vive Nuevo León es la rebelión de los maestros de educación básica contra la Reforma Educativa que atenta contra sus derechos laborales. Si bien muchas y muchos de los profesores han acudido a las distintas protestas sociales tenía al menos 20 años que no protestaban como bloque. En un movimiento espontaneo al acercarse las fechas de la evaluación dictada por la Reforma, sin liderazgos definidos y rebasando todas las expectativas se realizó la primera marcha el 15 de junio; para la segunda y la tercera marcha, el 19 y 22 de junio, la convocatoria creció exponencialmente, los cálculos van de 5000 a 8000 manifestantes según quien lo informe. A partir de la segunda marcha los profesores tomaron la principal avenida de la ciudad: Constitución; algo que no habían realizado ninguna de las protestas de los últimos años por la violencia o distintas causas. La imagen histórica impacto a toda la sociedad. El movimiento está en vías de darse una estructura organizativa firme pero hay desconfianza entre la mayoría de que grupos de interés puedan apropiarse del movimiento y lucrar con él; el único grupo que había protestado en Nuevo León sobre este tema, hay que decirlo, es la CNTE local pero nunca recibió el apoyo masivo de los maestros en las calles, hoy es diferente, aunque no es la CNTE quien lidera esta fase. Queda aún en el aire la posible solidaridad de las distintas causas en Nuevo León con el movimiento magisterial, hasta ahorita algunas han participado de manera individual y con bajo perfil, pero sería saludable que los maestros fueran apoyados por todas y todos quienes luchan ya que el problema es de un sistema totalitario que afecta a niñas, niños y adolescentes principalmente, repercutiendo luego en toda la sociedad.

PD El 30 de junio la organización juvenil Educación para Todos informó de un triunfo legal por el que 4 adolescentes ya no deberán pagar la llamada cuota de rectoría en las preparatorias de la UANL, logrando con presión legal que se respete el principio de la gratuidad de la educación