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Acabaron las elecciones. El PRI vuelve al poder y los funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés están asustados. Los medios únicamente hablan de las investigaciones de la PGR contra el gobernador, de 10 mil millones de pesos que desaparecieron, de los planes de fuga de Roberto Romero, Secretario de Gobierno del Estado, y de cómo Navarro Sugich, procurador de Justicia, autoriza que los funcionarios traigan escoltas particulares. Junio ha sido un mes de paranoicos y de extasiados incapacitados para ver las tragedias humanitarias que pasan en la entidad.

Entre las notas que pasan desapercibidas para la sociedad sonorense es la de los 80 migrantes desaparecidos en el desierto, la cual únicamente aparece en Proceso y que ningún medio local reprodujo porque la atención estaba dirigida únicamente en la grilla postelectorera. El registro en el semanario nacional de la desaparición de los 80 migrantes se da el 16 de junio después de que organizaciones de la sociedad civil documentaron un presunto ataque a un grupo de entre 110 y 120 migrantes que viajaban en vehículos a manos de personas armadas y vestidas de militar el pasado 2 de junio en la frontera entre Sonora y Arizona.

Antes de ese suceso, en mayo, 11 jornaleros de Choix Sinaloa que viajaban a la costa de Hermosillo desaparecieron en el camino. La búsqueda infructuosa de estos pasó al olvido y casi por desapercibida en los titulares de los medios que únicamente sacaban portadas en función de la guerra entre priistas y panistas de las elecciones. Con la desaparición de 80 migrantes, ahora en el desierto, el patrón sigue siendo el mismo. A nadie le indigna la desaparición de quienes buscando una vida mejor, se exponen a un viaje al infernal desierto de Sonora, en donde el menor de los peligros es el calor. De acuerdo al testimonio de 13 migrantes que acompañaban a los 80 desaparecidos, vieron que hombres armados les disparaban y mataban a mitad del trayecto. Estos testigos no pueden dar más información porque huyeron.

Como en todo lo que involucra migrantes y desaparecidos, la información es muy poca y las instituciones como Instituto Nacional de Migración (INM) son incapaces de esclarecer dudas. Al final las organizaciones de la sociedad civil como FUNDAR, Amnistía Internacional o la Casa del Migrante de Saltillo son las que mejor nos pueden informar de todo lo que pasa con estos migrantes que en la marginación no despiertan el interés ni de las autoridades y de los medios locales.

El semáforo ya no está en verde

Muchas han sido las ocasiones en las que los funcionarios públicos como el Secretario de Seguridad de Estado, Ernesto Munro, y el Procurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich, nos han dicho que la entidad es segura, que el semáforo delictivo esta en verde; sin embargo, hoy ya no pueden decirnos lo mismo. En los meses de abril, mayo y junio el semáforo delictivo de Sonora se puso en rojo en homicidios, secuestros, lesiones y amarillo en robo de automóvil. Con esto se ve como la burbuja de seguridad que los funcionarios púbicos nos promovían, se revienta para dejar ver la farsa y la simulación. Algo que probablemente continuará ahora con nuevos actores y un nuevo discurso tricolor.

Querétaro, Querétaro, México. No es un tema nuevo el que se hable de desaparecidos en Querétaro, el lugar en donde hasta hace algunos años, se decía, no pasaba nada. Lamentablemente, sigue sin pasar nada: intimidaciones a periodistas, insultos a comunicadores, violaciones a los derechos humanos de quien se supone está para garantizar la seguridad y hostigamientos a activistas están a la espera de que algo realmente suceda y que se pueda encontrar justicia. No es un tema menos hablar de desapariciones, sean forzadas o no, como tampoco que se trate de intimidar a través del poder a los que desde sus trincheras levantan la voz por lo que ya no la tienen, por los que sin estar, están.

No hace falta irse a otros estados para encontrar pruebas de que este tipo de actitudes de parte de quienes ejercen la autoridad son una realidad en un lugar como Querétaro, en donde si bien se han capturado a algunos de los más buscados criminales, seguimos esperando respuesta de los migrantes desaparecidos y que desde la Sierra Gorda trataban de encontrar el sueño americano allá en un cercano (y lejano) 2010, año del bicentenario. Y de esta forma se pueden seguir recordando casos que uno a uno han llegado hasta las manos del T´ek´ei “Grupo Interdisciplinario por la Equidad” una ONG que apoya en el acompañamiento a familiares y víctimas en materias como derechos humanos, personas desaparecidas, feminicidios y trata. Aquí es donde colabora Aleida Quintana Ordaz, una joven universitaria que es la coordinadora en el tema de desaparición forzada y a mano de particulares y que denunció abusos y hostigamiento de parte de elementos del estado.

¿Cómo te das cuenta de la presión del gobierno por el trabajo que estás haciendo?

“Yo empecé a recibir este tipo de amenas y hostigamiento desde 2013, no puedo dar nombres pero fueron en varias ocasiones algunos servidores públicos que me decían, bueno, que no podía decir cifras en el estado, que no podía estar diciendo que existían esas problemáticas porque en muchas ocasiones se me dijo que podía hacer es crear conflicto y sobre todo que la inversión iba a disminuir, que por esos motivos yo no podía decir cifras; se me dieron entre comillas algunas opciones para seguir trabajando, incluso se me invitó a dejar el tema, porque me estaba poniendo en riesgo no podrían hacer nada por mí después, entre otras cosas que me estuvieron diciendo en diferentes ocasiones y de manera personal.

¿A raíz de esto, qué pasa, qué decisión tomas tú?

“la decisión que yo tomo es seguir con el trabajo que ya venía realizando. En realidad, esto casi no lo comenté con nadie, para mí era nuevo, todo lo que estaba yo viviendo y fue como muy frustrante saber que pues las autoridades lejos de ayudar a las familias, también me amedrentaban a quienes hacíamos un poco por esta problemática y sigo documentando casos y sigo dando a conocer estas omisiones, nunca hable sobre la violencia que se estaba vertiendo sobre mí, a la par empiezo a recibir hostigamiento telefónico y es a partir del año pasado, del 2014, ya me empiezan a seguir constantemente, hombres me siguieron hasta mi domicilio, me acosaban por ejemplo en algunas plazas públicas con fotografías, tomándome fotografías sin mi consentimiento en algunos eventos públicos del gobierno, por lo regular se me hostigaba de esa manera y pues bueno, se fueron sumando algunas otras acciones, por ese motivo, hace casi mes y medio decido con apoyo de instituciones nacionales e internacionales, retirarme del estado, porque yo ya no me sentía segura, en el último mes se incrementó este tipo de hostigamiento y decido por mi propia seguridad comenzarlo a platicar con algunas organizaciones civiles de Querétaro, les empiezo a contar lo que me estaba ocurriendo, empiezo a recibir apoyo de diferentes organizaciones a nivel estatal y nos vinculamos con activistas de renombre que empiezan a darme su opinión, unos consejos sobre todo de seguridad y se decide que por mi propia seguridad me tenía que salir del estado”

¿Ahorita no estás en Querétaro?

“No. Ahorita no me encuentro en Querétaro. Pero tengo que regresar porque tengo que hacer las denuncias correspondientes”.

¿Todavía hay denuncias?

“todavía no las hago”

¿Contra quién van a ir las denuncias?

“Por ahora esa información no te la puedo dar, pero me están asesorando en eso, se está tomando mucho en cuenta por mi seguridad, o sea, la seguridad va primero; hay una desconfianza de mi parte inmensa hacia las autoridades encargadas de procurar justicia no nada más en Querétaro sino a nivel federal, me preocupa mucho porque cuántos periodistas han sido asesinados, cuántos compañeros, yo soy antropóloga, existen muchos antropólogos que por su labor de investigación están desparecido o han sido asesinados, hay activistas en riesgo y activistas mujeres víctimas de feminicidios, de hostigamiento, hay una gran impunidad al respecto. Hasta el momento no conozco sentencia alguna en contra del asesinato de un periodista, de una activista; a mí me parece grave entonces lo que se denuncie va a ser tomando en cuenta con mi seguridad, no voy a denunciar porque confíe plenamente en las autoridades y porque piense que ya se van a rescatar, porque sinceramente no lo creo de esa manera, solamente lo hago como un procedimiento para un antecedente si algo más me llega a pasar y responsabilizar al estado, de que si algo me pasa, fueron ellos porque tengo documentado todo lo que me han hecho por fecha, con horario, con nombres, con números telefónico y pues con todas las amenazas que he recibido.

Desde la perspectiva que tienes, ¿cómo es el problema de las desapariciones  en Querétaro?

“Mira, yo veo la desaparición en Querétaro desde dos vías: sí hay desapariciones o ni siquiera se le puede llamar desaparición, se le tiene que llamar ausencia involuntaria, hay personas que sí se ausentan de manera voluntariamente, de todos los casos que nosotros hemos registrado, es la mínima parte. Qué pasa, ahorita se habla de la desaparición a manos de particulares cuando no está directamente involucrado algún agente de estado, cuando yo siempre he dicho, sí, podríamos estar  hablando de desaparición forzada, aunque el estado no los haya desaparecido directamente, se puede hablar de desaparición forzada por omisión, porque los encargados de procurar justicia, al conocer los casos y al saber que posiblemente la personas estén siendo víctima de otro delito como la trata, el secuestro o el homicidio, no están activando los protocolos de búsqueda de inmediato en el caso de menores y a las familias se les sigue victimizando, se les sigue negando su derecho de información del caso, pegar carteles, etcétera. Entonces yo veo como esas dos partes, que hay crimen organizado en Querétaro, claro que hay crimen organizado en Querétaro, hay bandas dedicadas a la desaparición de personas con fines de explotación en cualquiera de sus modalidades sí hay, y la Procuraduría incluso los ministerios públicos lo saben, porque hay casos en que las familias se enteran de alguna red van y quieren denunciar y los ministerios públicos les niegan su derecho a denunciar porque dicen que esas personas tienen protección de las autoridades, o sea, a ese grado estamos en Querétaro. Que no se hable de la desaparición en el estado también tiene que ver con intereses políticos, intereses económicos”

¿Cuántos casos tienen registrados ustedes?

“Mira, registrados, nosotros a través de estas solicitudes de acceso a la información, nuestro grupo fue el que dio a conocer el dato de las 1,270 mujeres reportadas como desaparecidas del 2009 al 2013; volvimos a hacer solicitudes de acceso a la información y bueno, la Procuraduría no nos ha contestado, menos estado haciendo revisión constante de la página oficial de la Procuraduría y la base de datos de desaparecidos, tengo los datos solo que ahorita no tengo mi computadora pero con muchísimo gusto te puedo enviar por correo, es una hojita en donde cerramos esa ficha de datos hace aproximadamente una semana y tiene los datos como actualizados, ahora te voy a decir, no son confiables porque la Procuraduría no publica todos los casos, no publica todas las fichas de desaparición  incluso borra las fichas de personas que aún siguen sin ser localizadas y bueno, es imprecisa esa información, sin embargo es la única con la que podemos contar que nos puede dar un panorama un poquitito más amplio de lo que está pasando en el estado pero la Procuraduría muy ágilmente omite datos en esas fichas que son fundamentales como el lugar de la desaparición por ejemplo, que nos podría ayudar incluso a hacer como un mapeo de cuáles son los municipios con más desapariciones. Ahora, en esta solicitud que sí nos contestaron de las 1,270 lo que sí nos desglosan es cuántas denuncias, averiguaciones previas o constancias de hechos se iniciaron en cada uno de los ministerios púbicos. Toda esa información pues sí la tenemos y por supuesto te la puedo hacer llegar y la más actualizada que tenemos pues es a base de la revisión de la página de la Procuraduría”

Es grave que la autoridad actúe así con activistas y asociaciones civiles que tratan de ofrecer una mano a la ciudadanía ¿no?

“Fíjate que a mí me parece grave y yo he llamado así como qué hago, pues hay mucha gente que se ha solidarizado, muchos compañeros de otras organizaciones, muchas personas a nivel nacional pero yo creo que el caso no se tendría que ver como que Aleida necesita protección, es la protección que se está pidiendo, es necesaria pero también creo que es un curita, es estar como pidiendo un curita y no tenemos que olvidar que no basta con que a mí me pongan protección y tenemos compañeros encarcelados injustamente, tenemos presos políticos y tenemos periodistas, académicos, estudiantes, activistas desaparecidos, asesinados y tenemos a un secretario de gobierno que le dijo “putarraco” a un periodista y que es un crimen, esa violencia quedó impune”.

Hoy decía el secretario de Gobierno que se te había ofrecido seguridad, ¿es cierto?

“Eso es mentira, como te digo, yo he estado incomunicada incluso, este número lo acabo de prender hoy y es imposible que yo haya hablado por teléfono con alguien el fin de semana, tengo otro número con el que me estoy comunicando y con personas de mucha confianza solamente. No he recibido ni una sola llamada; una compañera del grupo me dijo que le hablaron preguntando por mí porque querían localizarme sin embargo no se les dio número porque no es seguro, no confío, mis teléfonos estuvieron intervenidos hasta la fecha, he tenido que tomar otras acciones de seguridad con el apoyo de otras organizaciones, entonces no he recibido ninguna llamada, esa llamada es inexistente, mucho menos me han ofrecido protección, mucho menos me negué a esa protección. Me parece muy grave porque esto tiene que ver con una deslegitimación de algo que es justo, yo no estoy pidiendo nada, yo lo único que pido es que se haga justicia, yo lo único que pido es que no nada más es hostigamiento hacía mí sino hacia otros compañeros que también lo están viviendo y evitar que más lo vivan, no puede ser posible que no podamos vivir en paz en nuestro país, en un lugar tan bonito que hay muchas necesidades y que las pocas personas que estamos haciendo algo, por lo menos algo, no hacemos todos, hacemos lo que podemos, se nos violente de esta manera, es lo más indigno. A mí me quitaron mi seguridad, me quitaron mi tranquilidad, quitaron la tranquilidad a mi familia y creo que es la manera más indigna de tratar a la sociedad, o sea, amedrentarles por algo que están haciendo y que es justo y que es digno, entonces a mí me parece muy lamentable que mientan de esa manera porque tiene por objetivo, deslegitimizar incluso lo que yo estoy diciendo o lo que la red nacional de defensoras pedían, entonces ahorita decían que yo me negué, que me han ofrecido. Miguel Nava de la Defensoría también dio una nota en la que dijo que mi queja iba contra la Secretaría de Gobierno, no sé de dónde sacó esa información pero además está dando datos que me pueden estar poniendo en riesgo, pues se supone que él tendría que ser defensor de los derechos humanos y está dando información que debería ser confidencial, si en algún momento yo se la di porque no se la di en ningún momento y que esa información antes de que yo haga la denuncia ya me está poniendo en un riesgo mayor.

Hace unos minutos hablabas de tu familia, ¿tienes miedo?

“Sí, sí tengo miedo. Ahorita hay muchísima gente apoyando incluso se están tomando medidas de protección para mí, para mi familia, me siento más tranquila, de repente toda esta situación pues lo primero que hace es que te aísla, te aísla de tus redes de apoyo, recibes tanta violencia de tantas personas y de tantos lugares que de repente ya no confías en nadie. Platicarlo me ayudó muchísimo, lo platique con mi familia o sea, el apoyo existe de muchísimos lugares, como universitaria, soy de la Universidad Autónoma de Querétaro, también se me está apoyando desde la universidad, van a emprender acciones no nada más las instancias educativas  sino desde organizaciones civiles y eso para mí me da como un respaldo de no sentirme sola y saber incluso si algo me llega a pasar, hay medidas de prevención y medidas de acción o sea medidas reactivas ante cualquier cosa que pueda suceder, entonces me siento tranquila por ese lado.

Ya finalmente, ¿tu familia cómo ha tomado esta situación?

“Ha sido preocupante y es algo que a mí me parece sumamente invasivo, si bien, la agredida directamente  soy yo, me he dado cuenta como este tipo de violencia genera desconcierto, genera vulnerabilidad no solamente con mi familia sino también con redes de apoyo que están alrededor, o sea, de repente todas tus energías se van hacia esta problemática que no tendrían que estar pasando, fuerzas que podrían estarse ocupando en estar solucionando otras cosas, genera miedo, ahorita lo que estamos haciendo y que creo que va ayudar es que en Querétaro, las organizaciones sociales nos estamos agrupando, algo que no pasaba hace mucho tiempo, sí existían redes y todo pero creo que esto nos ha fortalecido y esto es un llamado de atención a los gobiernos para que se den cuenta que si algo le llega a pasar no nada más a mí, sino a cualquiera de nuestros compañeros, ya estamos preparados, ya tenemos acciones preventivas y acciones reacciones reactivas para cualquier cosa que pueda suceder y creo que es algo que está generando pues unión, que está generando mecanismos de prevención y de protección y que no solamente ahorita estamos viendo por mí, sino que estamos preparados para cualquier tipo de agresión que pueda cometer contra periodistas, contra académicos, estudiantes o cualquier otra persona que esté luchando a favor de los derechos humanos”

las fotografías: https://www.facebook.com/GrupoTekei/photos_stream 

Xalapa, Ver.-05 de junio del 2015.-(Apro).-A dos días de que se celebre el día de la Libertad de Expresión en Veracruz no hay nada que celebrar, coinciden reporteros de la capital del Estado.

En el cuarto año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la administración priista carga con la siguiente lápida: 12 asesinatos de reporteros -la mayoría de estos casos están irresueltos-, 3 reporteros desaparecidos en la entidad, una decena de exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.

En diversas entrevistas, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) –y el único de los 7 comisionados que no se encuentra alineado ya con el gobierno de Duarte- asegura que las garantías para el gremio cada vez se ven más vulneradas y el libre ejercicio de la profesión se vuelve más frágil, peor aún –apunta- el grado de corrupción y de no investigación de los Ministerios Públicos y de los cuerpos policíacos es cada vez más evidente.

A propósito del día de la Libertad de Expresión, NAR rememora los homicidios de periodistas veracruzanos y cuya investigación y justicia aún se encuentra aletargada por los sistemas de seguridad pública y de justicia veracruzanos.

Han pasado mil 133 días desde que la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez fue asesinada en el interior de su vivienda y la justicia no ha podido llegar completa. Ni la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE), ni la hoy Fiscalía General del Estado (FGE) han podido dar con el paradero del presunto segundo homicida José Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho” a quien parece habérselo tragado la tierra.

Mientras tanto el actual fiscal, Luis Ángel Bravo ya da por “resuelto” el homicidio de la periodista veracruzana con la sentencia de 38 años y dos meses de prisión que ya purga Jorge Hernández “El Silva”, un enfermo cero positivo y analfabeto, indiciado quien para los amigos de Regina solo se trató de un chivo expiatorio.

Apenas el tres de mayo pasado, durante la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzanana (FILU), el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda envió un mensaje al priista, Javier Duarte: “No les creemos, no les creemos, no les creemos”. La negativa enfática de Rodríguez aludía al resolutivo que dio la procuración de justicia veracruzana sobre el “móvil del robo”, como única causa del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz.

La crispación social del gremio periodístico continúa latente con los recientes asesinatos de Armando Saldaña, un reportero de la Ke Buena y del Sol de Córdoba y quien fue asesinado en un municipio de Oaxaca –limítrofe con Veracruz- y en el que las autoridades de la entidad se negaron a contabilizar en la fría estadística, aduciendo que el hecho violento ocurrió en otra jurisdicción ministerial.

Pendiente sigue el esclarecimiento total del levantón y posterior ejecución del reportero-editor de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, pues más de seis meses ha pasado desde su homicidio y al día de hoy solo hay  dos detenidos, Clemente Noé Rodríguez, ex policía intermunicipal y asesino confeso y José López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín y autor intelectual.

Sin embargo continúan en libertad, los ex policías El Harry, El Chelo, El Moy, El Piolín y El Olmos, oficiales a quienes la Fiscalía General del estado (FGE) sólo conoce por sus apodos. Libre.

En libertad continúa, el ex alcalde panista, Omar Cruz–desaforado por el Congreso local el pasado 26 de marzo–, pese a que en la investigación ministerial 01E/2015 de la FGE, Noé Rodríguez lo incrimina como el otro autor intelectual del homicidio del reportero medillense.

El homicidio de Gregorio “Goyo” Jiménez (Febrero 2014) se enturbió al inició de este año, pues los 6 aprehendidos ya obtuvieron uno de los tres amparos que se  necesitan para obtener su libertad, pues un juez determinó que los implicados fueron torturados para sacarles su rúbrica en la declaración confesa

Los indiciados en el asesinato de “Goyo” continúan en prisión, solo porque se les investiga su participación en otros homicidios ocurridos en el sur de la entidad.

Caso similar, ocurrió con el homicidio del reportero policíaco de Milenio, Víctor Manuel Baez, cuyo cuerpo mutilado fue arrojado, dentro de una bolsa negra, la madrugada del 14 de junio del 2012 a una cuadra de Palacio de Gobierno y con el siguiente mensaje: “Eso le pasa a quienes traicionan y se quieren pasar de listos, atentamente Los Zetas”.

De dicha ejecución, la extinta PGJ, con Amadeo Flores a cargo –hoy aunque Flores ya no trabaja en el gobierno priista, su hijo es magistrado- concluyó unas semanas después, que los “asesinos de Víctor Manuel Baez” habían muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales, muy cerca de la zona centro de Xalapa, con lo que la procuraduría dio carpetazo al asunto.

El “modus operandi” de la impartición de justicia a medias, sucedió en el triple homicidio que sacudió al periódico Notiver, con el asesinato de su columnista, Miguel Ángel López Velasco, su hijo y fotógrafo, Misael López Solana y la esposa de Velasco, Agustina Solana en junio del 2011, días después, el entonces Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez responsabilizó al ex agente de tránsito municipal, Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca como presunto asesino.

Sin embargo, en mayo del 2013, la misma PGJ, apoyada en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) “confirmó” que El Ñaca murió en Jalisco en un enfrentamiento con marinos, a partir de ahí, el gobierno de Duarte tuvo a bien dar “carpetazo” al homicidio de López Velasco y su familia.

Este domingo, en plena jornada electoral, reporteros de Xalapa harán un alto en la cobertura informativa y seguimiento de los comicios para protestar en la Plaza Lerdo –rebautizada como Plaza Regina Martínez- para condenar los asesinatos de 12 periodistas y de paso exigirle al gobernador, Duarte y al Fiscal General del Estado que “agote” las investigaciones para otorgar justicia a los reporteros privados de la vida y sancionar a los culpables.

Pretextando la veda electoral, el priista Duarte ha minimizado al máximo su aparición en público y aunque durante sus tres primeros años acostumbraba brindar y desayunar con reporteros afines a su gobierno, con quienes rifaban autos y obsequiaba computadoras y tabletas electrónicas, desde hace un año, dicho evento ha quedado suprimido, para evitar el escarnio público.

“Definiciones Legales”

Para el actual Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo, quien tiene a su cargo una entidad autónoma otorgada por el Congreso Local desde el 30 de enero pasado, hay homicidios de periodistas que ya tienen una “definición legal” en el ámbito local, razón por la que si la investigación continúa abierta, es competencia de la PGR.

“Las indagatorias iniciadas en años anteriores han tenido una definición legal que incluye la incompetencia de algunas de ellas, en virtud de la facultad de atracción ejercida por parte de la PGR, eso sí, las que aún permanecen en la Fiscalía, se agotan todas las líneas de investigación para lograr (sic) el esclarecimiento de los hechos que motivaron su inicio”.

Continua: “La verdad histórica y legal a la que se arriba en cada indagatoria, es producto de una investigación seria. El mensaje es que en Veracruz no hay impunidad para nadie”.

Sobre los tres años y días contando en el que el asesinato de Regina Martínez continua impune, el Fiscal, Luis Ángel Bravo contestó por escrito –a solicitud de Apro- que hay “voluntad política” y “disposición jurídica” para resolver el caso.

“En éste como en todos los casos la Fiscalía General del Estado no conduce su actuar por lineamientos políticos. Nuestro actuar se ciñe a un marco jurídico específico que nos obliga a actuar y agotar todos los medios legales, la base de la búsqueda es la colaboración. Todas las procuradurías y las Fiscalías del país, tenemos una coordinación específica para este tipo de búsquedas”.

Bravo Contreras resume que hay una orden de aprehensión contra “El Jarocho” que ha sido boletinada a toda la república, a través de los convenios de colaboración existentes, lo que incluye también la policía federal y a la plataforma México.

I.

El tercer fin de semana del mes visitó el estado la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida que convocó semanas atrás la Tribu Yaqui. Es Nuevo León un estado donde hay al menos tres emergencias emblemáticas relacionadas con el agua: El corte de agua a ejidatarios del municipio de Anáhuac, al norte del estado, para presionarlos a vender sus tierras; la contaminación del agua provocada por el derrame de petróleo de Pemex en Cadereyta y el aún latente proyecto Monterrey VI que endeudaría al estado por décadas y con el que se pretende traer agua desde Veracruz para el fracking. El sábado 16 la Caravana se reunió con habitantes de Cadereyta y crearon puentes para unir luchas y el domingo 17 se realizó un acto de protesta en la Explanada del Museo de Historia junto a la Macroplaza. En esta visita se compartieron luchas y visiones con miembros de la Coordinadora Nacional de Maestros de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Barzón de Chihuahua y otras luchas más para fortalecer la creación de redes de organización de la población victima de las violencias. Acá una crónica y fotos https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840226242722772.1073741833.740557672689630&type=3

II

El proceso electoral que lo contamina todo ha generado lo que la explosión de violencia desde 2009 no pudo hacer: que la población se involucre en política. El fenómeno del personaje y candidato independiente a la gubernatura “El Bronco” como catalizador de la indignación de la gente contra los partidos políticos hace que en la calle la gente hable de política. De todos los procesos electorales estatales de 2015 el de Nuevo León es tal vez el único donde es posible una participación masiva por arriba del promedio, esto aún y cuando la población es consciente de que Jaime Rodríguez Calderón tiene un historial dentro del sistema político pero parece no importarle. Las campañas se tornaron agresivas con el uso de familiares, videos, grabaciones, amenazas de bomba y más para denostar a los candidatos punteros o bien para mantener a la población con miedo. El paso más espectacular lo dio sin duda el candidato de Movimiento Ciudadano, ex panista y ex Secretario de Estado, Fernando Elizondo quien decidió renunciar a su candidatura para sumar a la de “El Bronco” y con ello formar una mancuerna muy competitiva que es posible que obtenga el triunfo el 7 de junio y así por primera vez en la historia del país un candidato no postulado por algún partido sería gobernador. La población habla de política y es posible que esto se pueda convertir en el inicio de procesos de organización importantes en el futuro independientemente del resultado de la elección.

III

La violencia continua a pesar de los esfuerzos por invisibilizarla con campañas publicitarias, un botón de muestra sucedió el día 3 de mayo cuando hombres armados atacaron a dos patrullas de la militarizada Fuerza Civil en el municipio de Vallecillo, al norte del estado y limítrofe con Tamaulipas. El ataque pudo haber tenido consecuencias desastrosas pero los elementos policiacos pudieron huir a tiempo, aunque en su huida no pudieron evitar que un elemento fuera asesinado, otro herido y una mujer policía secuestrada por los sicarios. La mujer policía fue liberada poco después por los atacantes y rescatada por policías de Tamaulipas. El esfuerzo del gobierno de Nuevo León fue enorme pero no pudo ocultar el hecho, incluso se dieron a conocer denuncias de presuntos elementos de Fuerza Civil que se quejaban del reducido número de balas que les proporcionan y del nulo apoyo aéreo el día del ataque. Mientras tanto el conteo de muertes en Nuevo León, realizado por el periódico El Norte, relacionadas con la guerra contra el narcotráfico en 2015 llega a 103 sin contabilizar los cuerpos encontrados en fosas.

IV

El sábado 16 de mayo Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León arrancó la toma de muestras para la creación de un biobanco de ADN independiente, este esfuerzo histórico y único en el país se da ante la incapacidad del estado para dar con el paradero de las y los Desaparecidos, ante el elevado número de cuerpos sin identificar en Nuevo León y enterrados en fosas comunes (casi mil), un esfuerzo que hace a un lado al estado para impulsar el empoderamiento de las víctimas.

Uno de los colectivos de reciente creación, Caminemos Juntos, dio el banderazo de inicio a un sueño largamente acariciado por sus integrantes desde hace meses: The Street Store Monterrey, el domingo 24 de mayo se realizó la primera edición de este proyecto que atiende a la población en situación de calle, los llamados indigentes pudieron acceder a ropa nueva o usada en buen estado, cortes de cabello y comida; un proyecto que sensibiliza a la gente acerca de esta población muchas veces invisibilizada y también devuelve algo de la dignidad arrebatada a estas personas.

Un par de hombres que habían sido secuestrados en el municipio de Colón, fueron liberados por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) los cuales también tuvieron la oportunidad de detener al menos dos personas como presuntos responsables de ese delito de privación ilegal de la libertad. El Operativo se realizó en la comunidad de El Lindero y en donde se ubicaba la casa de seguridad en donde las dos personas estaban retenidas. De acuerdo con los reportes policiacos, los dos detenidos tenían la encomienda de cuidar de los secuestrados en el domicilio en donde se hizo la liberación. 

Al ser trasladados al Ministerio Público del municipio de San Juan del Río, los supuestos delincuentes ya enfrentan procesos penales sin embargo hasta este momento no se ha dado a conocer el nombre de las víctimas ni desde cuándo es que estaban secuestradas en Colón.

Ya en la capital queretana, elementos de la Policía Federal y miembros de la Procuraduría General de la República adscritos a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada realizaron un operativo en el Fraccionamiento Milenio III. Y es que de acuerdo con fuentes extraoficiales, la autoridad estaba en búsqueda de un delincuente cuyo nombre no fue referido y quien supuestamente se refugió en aquel lugar.

Por la mañana, un grupo de elementos ingresaron al fraccionamiento antes mencionado y se dirigieron a la vivienda número 14 de la calle Sendero del Triunfo en donde con una orden de cateo entraron al domicilio. Esto fue  alrededor de las 08:00 horas y el operativo concluyó al filo de las 11:30 horas sin que se haya encontrado nada, pues las autoridades se retiraron de ese domicilio.

A pesar de que algunos habitantes de esa casa se encontraban en el lugar, desconocieron el motivo de dicho operativo pues aseguraron no tener ningún problema con la ley ni estar vinculados a nada ilícito, aunque no proporcionaron mayores datos de este evento. Se destaca que en ningún momento, las autoridades federales incautaron ningún bien de esa vivienda.

Elementos de la policía municipal de Pinal de Amoles lograron asegurar a un joven de alrededor de 20 años de edad que habría sido secuestrado en el Estado de México, quien encajuelado pudo ser llevado hasta ese municipio. De acuerdo a las versiones periodísticas, los secuestradores lo abandonaron en aquella demarcación y lo amenazaron con no contarle nada a la policía. Por lo que caminando llegó hasta la comunidad de La Escondida en donde pidió auxilio a los pobladores quienes de inmediato llamaron a las autoridades.

Ya en el municipio de Jalpan de Serra a donde fue trasladado, el joven dijo llamarse José Ramón Oses Mendiola, a quien se le buscaba y se sospechaba víctima de secuestro por las autoridades del Estado de México. De acuerdo con los reportes que le dio a las autoridades, caminaba en la ciudad de Toluca cuando dos sujetos lo “levantaron” y solicitaron información de un tercero. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de estos hechos y lo llevaron hasta su lugar de origen. 

Un hombre fue encontrado asesinado y envuelto en bolsas de plástico en el municipio de San Juan del Río y que de acuerdo con las autoridades tenía diversas heridas hechas con arma blanca. Sin embargo, hasta este momento las autoridades no habían identificado a esta persona y se calcula de edad entre los 30 y 35 años. Esta persona fue localizada en calles de la Colonia Lomas de Guadalupe por vecinos que reportaron el hallazgo de este cuerpos en la mañana por lo que tanto la policía municipal como la Policía de Investigación del Delito tomaron cartas en el asunto.

Mayo, como pocos meses durante los años recientes en Sinaloa, sumó alrededor de 120 asesinatos. Fue más violento, por el número de asesinatos –en su mayoría relacionados con el narcotráfico-, que cualquier mes de 2015 y también del año anterior.

Apenas el domingo 26, ocho personas fueron asesinadas a balazos. Entre las víctimas de la jornada funesta de ese día están tres personas que habían sido privadas de la libertad por un grupo armado y que al ver a elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de San Ignacio, los ejecutaron y se enfrentaron con los uniformados.

Pero el hecho más cruento fue en Culiacán, donde cinco personas, entre ellos cinco menores. Uno de los occisos era un menor de 13 años que aún cursaba la primaria en un plantel de esta ciudad capital, ubicado a solo tres cuadras del lugar de la múltiple ejecución.

Los occisos viajaban en una camioneta de modelo reciente, marca Mercedes Benz, negra. El automóvil circulaba por la calzada Heroico Colegio Militar, a pocos metros de la Novena Zona Militar, cuando fueron atacados por sicarios que viajaban en otro vehículo. En el lugar, los agentes investigadores de la Policía Ministerial encontraron 57 casquillos, todos ellos calibre 7.62, para fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo.

El gobernador Mario López Valdez trató de minimizar el índice delictivo y afirmó que los homicidios recientes, sobre todo los que se dieron durante mayo, se debían a las pugnas entre grupos criminales que se disputaban el mercado de droga al menudeo.

“Traemos algunos problemitas por la lucha contra el narcomenudeo, si ustedes ven el porcentaje de rivalidad delincuencial que se da en las ejecuciones andamos arriba de un 80, 85 por ciento; estamos implementado nuestros operativos de siempre, nuestros policías no descansan, cuando no andan en una parte andan en otra, con una fecha u otra pero, de que vamos a recuperar esto que se nos elevó en mayo lo vamos a recuperar", sostuvo, durante una gira de trabajo por el municipio de Mazatlán.

En el 2010, agregó, “salían por la noche y eran el doble de los asesinatos. Sin duda, los problemas que están surgiendo es entre ellos".

Dijo que no habrá operativos especiales, ya que los esfuerzos de las diferentes corporaciones federales y locales están rindiendo frutos, y llamó a la ciudadanía a no alarmarse.

"No, no, no se alarmen, vamos a poner orden y a rescatar los niveles que llevábamos y vamos a reducir los índices, incluso este año 2015 va a la baja a comparación de 2014, todos los años hemos ido descendiendo los índices delictivos y en robo de vehículos es mucho más; de 27 vehículos que se robaban cuando llegábamos hoy son nueve diarios y recuperamos el 40 por ciento, te brinca de un delito a otro. Este mes no ha sido bueno para nosotros, en los siguientes meses vamos a recuperar", sostuvo.

En una crónica publicada en el semanario Ríodoce, la periodista Miriam Ramírez escribió la siguiente crónica, titulada La muerte del niño grande:

“Mami, se murió un niño de la escuela. Hoy en los honores los niños grandes estaban llorando y las maestras estaban muy tristes ¿Verdad que el niño se va a ir al cielo, mami? ¿Va a estar en el cielo con mi nana, mami?”

Esta fue la conversación entre una madre y su hija de siete años que asiste al primer año de primaria en una escuela de Culiacán, la misma en la que estudiaba Alejandro, uno de los adolescentes asesinados el domingo pasado junto a otros tres menores de edad.

Alejandro murió a tan sólo dos cuadras de su escuela primaria. Fue un domingo por la tarde cuando el impacto de 57 balas de “cuerno de chivo” contra el vehículo en el que viajaba acabaron con sus 13 años.

Al día siguiente, cuando Alejandro ya no asistió a clases, sus compañeros de sexto año lloraron, las maestras trataron de mantenerse en pie pero las lágrimas fueron inevitables.

En los honores, toda la escuela le rindió un minuto de aplausos.

Ana, la pequeña de siete años, observó atenta el homenaje. La niña de primer año a veces juega con los niños grandes, los llama así porque ellos están en sexto. Ese lunes, Ana los vio llorar a todos. Le lloraban a Alejandro.

Por la tarde, al regresar a su casa, Ana le contó a su mamá que ella le había aplaudido muy fuerte al niño grande.

Alejandro fue asesinado junto a sus primos Jesús Adrián, de 15 años, Uriel de 17, Humberto de 16, y Manuel Cháidez Meza, de 24 años. Su tío, Cipriano García Sicairos, habría sido privado de su libertad por el grupo armado que los atacó.

Ese mismo lunes, mientras los niños lloraban a su compañero en una colonia al sur de Culiacán, del otro lado de la ciudad el procurador General de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, declaraba sobre este caso ante los medios de comunicación, acompañado del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Genaro García Castro, y el Coordinador General de Seguridad, Moisés Melo García.

La información oficial que dieron a conocer fue que las seis personas atacadas a balazos cuando circulaban por la calzada Heroico Colegio Militar eran originarias del poblado La Tembladora del Derrumbe, en el municipio de Canelas, Durango, y que habían llegado a Culiacán para asistir a una boda que se celebró un día antes del atentado.

La realidad es que Alejandro, al igual que sus primos, era de Canelas, pero vivía en Culiacán y estudiaba en una primaria de la colonia Emiliano Zapata.

La boda sí fue el sábado por la tarde, y la familia de Canelas sí estaba en Culiacán para el festejo, pero el domingo ya comenzaban a retirarse hacia el poblado en la sierra de Durango.

Alrededor de las 13:00 horas del domingo, Alejandro, sus primos y su tío Ciprianoviajaban en una camioneta negra. Estaban muy cerca de su domicilio cuando las balas los persiguieron por más de 80 metros.

Alejandro y Jesús Adrián quedaron muertos en el asiento trasero de la camioneta; Uriel y Manuel alcanzaron a salir pero sólo lograron caminar unos cuantos metros. Sus cuerpos quedaron tirados sobre el pavimento. Humberto aún estaba vivo cuando los paramédicos llegaron al lugar pero falleció minutos más tarde, camino al hospital.

Según la Procuraduría de Sinaloa, el tío de los adolescentes, quien conducía la camioneta negra Mercedes Benz en donde viajaban los seis, habría sido levantado por el grupo armado que los atacó.

Desde la Mercedes negra, un rastro de sangre goteó hasta el interior del baño de una gasolinera ubicada frente al lugar donde se dio el multihomicidio. Ahí adentro, la Procuraduría dijo haber encontrado una camiseta manchada con sangre.

Entre los primeros datos que la Procuraduría dio a conocer ese mismo lunes, se informó que Cipriano García había sido detenido en el 2011 por elementos del Ejército, junto a Daniel Cháidez Meza, hermano de Manuel, uno de los primos asesinados la tarde del domingo.

Según el boletín 4470/11, emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), en septiembre de 2011, a Cipriano y Daniel se les dictó auto de formal prisión por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el reporte de la PGR, elementos del Ejército recibieron una llamada anónima reportando gente armada al interior de un hotel ubicado en el bulevar Leyva Solano, en la colonia Centro de Culiacán.

Al llegar a la recepción, se encontró a Daniel con un arma fajada a la cintura, calibre 38 súper, abastecida con un cargador con seis cartuchos útiles. A Cipriano lo encontraron en una habitación del mismo hotel, en donde debajo de una almohada se localizó una subametralladora calibre .9 milímetros, en cuyo cargador había siete cartuchos.

Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos es el saldo que arroja la denominada “Operación Jalisco”, ésta inició sus acciones de seguridad, el pasado 1 de mayo. Su objetivo es combatir y terminar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, las bajas han sido principalmente civiles.

El estado de derecho, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia resultan totalmente inoperantes cuando se anteponen las balas como única estrategia de seguridad. Lo anterior, ha quedado absolutamente claro con las acciones que agentes federales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han realizado en el estado de Jalisco y en la frontera de éste con Michoacán.

Son ya más de 100 muertes de personas, todas ellas justificadas porque pareciera que el único camino hacia la paz se construye, contradictoriamente, a través de la muerte. Así lo entendieron el general José Luis Sánchez León (uno de los principales responsables por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México) y sus militares, cuando el 1 de mayo, al inicio de la Operación Jalisco: “no buscaron a quien se las hizo, sino a quien se las pagara”, así que tras la caída del helicóptero de la Sedena -donde murieron ocho de sus compañeros- asesinaron y desaparecieron a cerca de 40 personas en los alrededores de la comunidad de Villa Vieja, municipio de Villa Purificación, lugar donde integrantes del CJNG derribaron la aeronave en que viajaba un comando élite de operaciones militares. A continuación, el recuento de lo que ha significado el inicio de la Operación Jalisco.

1 de mayo: la pérdida de la seguridad y la ausencia del estado.

Los rumores se hicieron realidad y la aparente calma nos estalló a todos la mañana del 1 de mayo. Todos en Jalisco amanecimos con la noticia de que 25 municipios del estado estaban siendo víctimas de las acciones del terror de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), todo como una reacción al enfrentamiento que éste sostuvo la madrugada de ese día con integrantes de fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación. Más tarde nos enteraríamos que ese hecho marcó el inicio de la denominada Operación Jalisco.

El terrible saldo de este día fue de:

• 39 bloqueos de vialidades por la quema de 36 camiones y vehículos

• 3 intentos fallidos de bloqueos

• 25 municipios afectados (siete en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto fueron 18 municipios de Jalisco)

• 4 enfrentamientos armados (En uno de ellos se disparó un lanza cohetes desde tierra a un helicóptero militar, lo cual provocó que éste se desplomara).

• 12 puntos carreteros afectados

• 19 detenidos (10 de ellos ya fueron consignados a la PGR por los delitos de terrorismo y delincuencia organizada.)

• 12 muertos (ochos de ellos eran militares, uno policía estatal, un civil y las dos personas eran presuntos delincuentes)

• 19 heridos (13 elementos de las fuerzas federales, cinco civiles y un policía estatal).

• 26 rutas de transporte público suspendidas

• 11 sucursales bancarias incendiadas

• 19 gasolineras afectadas (5 incendiadas y en 14 existió la tentativa de incendio)

• 2 comercios particulares incendiados

La anterior información se dio a conocer de manera oficial en dos ruedas de prensa que concedió el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y en las cuales se negó a responder preguntas sobre la falta de acción inmediata de las fuerzas policiacas estatales y, más aún, del desconocimiento de su gobierno del inicio de la Operación Jalisco. El gobernador de dedicó sólo dar “cortes de caja” pero nunca asumió su responsabilidad. 

La respuesta, en cambio, vino de manera inmediata del gobierno federal y de su gabinete de seguridad, el cual se instaló un par de días en Jalisco para trazar un plan de acción que los lleve a la detención de los principales capos del CJNG, principalmente, buscan a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El líder del CJNG logró escapar esa mañana del 1 de mayo.

La Operación Jalisco es una acción de seguridad que encabeza la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, instancias que tendrán un Centro de Mando Único que será coordinado por el comandante de la V Región Militar, Miguel Gustavo González Cruz.

Una de las primeras acciones de la Operación Jalisco fue la neutralización de las operaciones del CJNG, así lo anunció el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Este funcionario federal indicó que las reacciones violentas de este Cártel se dieron a consecuencia de las labores que elementos federales realizaron en las primeras horas del 1 de mayo en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, fue en este último donde fue derribado el helicóptero de la Sedena (Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009). En el ataque murieron ocho soldados y 13 más resultaron heridos.

Tras el derribe de la aeronave militar, el propio Secretario del Gobierno Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, trasladó a Jalisco a todo el gabinete de seguridad y anunció la militarización de las labores de seguridad y la llegada de 10 mil militares a Jalisco.

Destacó que en la reunión para definir la estrategia de seguridad en el estado se realizara sin la presencia del Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera, el cual no es de la confianza del gobierno federal por los presuntos vínculos que éste tiene el crimen organizado. Pese a las sospechas, el gobernador de Jalisco no sólo lo ratificó y exoneró de toda responsabilidad.

Luis Carlos Nájera ha estado al frente de las labores de seguridad en Jalisco desde el año 2006 cuando fue nombrado Secretario de Seguridad Pública (SSP). Sus funciones le valieron ser el único funcionario en pasar de la administración de Emilio González Márquez (PAN) a la de Aristóteles Sandoval (PRI), éste último trasformó la SSP en una Fiscalía General y le dio el control de este mando único a Luis Carlos Nájera. El CJNG, antes conocido como “Matazetas”, surgió en 2007 cuando éste ya era Secretarios de Seguridad Pública.

En estos nueve años al frente de la seguridad del estado, la labor de Luis Carlos Nájera ha sido muy cuestionada porque en este mismo periodo de tiempo, la violencia en el estado se ha incrementado de manera alarmante. Desde el año 2006, en Jalisco incrementaron los homicidios, las desapariciones, las extorsiones y el hallazgo de fosas clandestinas. Este periodo también coincide con el crecimiento que ha tenido el CJNG, el cual pasó de ser una célula delictiva local a convertirse en uno de los principales cárteles nacionales.

No obstante, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, parece no estar muy preocupado pues asegura que él ha dado todo de sí para erradicar al crimen organizado de Jalisco e, incluso, en una comparecencia con diputados del Congreso Local expresó que “podría jurar ante una Biblia que no sabía que en Jalisco habría narco-bloqueos el 1 de mayo”.

Después de los hechos del 1 de mayo pero sobre todo después de la muerte de 15 policías de la Fuerza Única Jalisco (FUJ) producto de la emboscada que les tendieron integrantes del CJNG el pasado 7 de abril en el municipio de San Sebastián del Oeste, son muchos los elementos de la FUJ que de manera anónima han alzado la voz para denunciar como altos mandos de la Fiscalía General son los que están muy coludidos con el crimen organizado, pues cada que ellos detienen a algún sospechoso tienen que llamar a sus superiores y son éstos quienes les exigen que los suelten inmediatamente porque “son parte de la oficina”.

Villa Purificación: El Tlatlaya jalisciense

Villa Vieja, perteneciente al municipio de Villa Purificación (sur de Jalisco), es una pequeña comunidad donde la gente tiene la opción de trabajar en la cosecha de mango, en los aserraderos aledaños o en las minas de cobre que se encuentran cerca. Su vida era tranquila hasta que en la madrugada del 1 de mayo se inició ahí la Operación Jalisco con una balacera entre integrantes de un Grupo de Fuerzas Especiales de la Sedena que abordo de un helicóptero dispararon a sicarios del CJNG, éstos desde tierra los derribaron usando un lanza cohetes. Este hecho generó la muerte de nueve militares.

Ese día marcó el inicio de la actual desgracia que viven los habitantes de Villa Vieja, pues ahí fue cuando iniciaron las desapariciones de personas y las ejecuciones a manos de integrantes del ejército. Los pobladores, incluso, refieren que han sido más de 40 personas inocentes las que han sido asesinadas; el gobierno federal (que a su mando tiene la Operación Jalisco) sólo ha reconocido la muerte de ocho civiles.

Los cuerpos de estas ocho personas que murieron el 1 de mayo fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en Guadalajara, hasta el 19 de mayo. Todo el tiempo previo estuvieron bajo el resguardo del ejército y no existieron las medidas necesarias para garantizar su preservación. Los dejaron descomponerse al aire libre.

Las familias de Villa Vieja, a través del abogado Javier Díaz, interpusieron un amparo (666/2015) ante el Juzgado Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad de las personas que murieron luego de la primera acción de la Operación Jalisco.

Luego de esta acción legal comenzó la cadena silencios y omisiones, pues no se precisó por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena; cuáles fueron las causas reales de su muerte porque el lunes de 18 de mayo se había informado que eran “bajas” de un enfrentamiento que sostuvieron militares e integrantes del CJNG entre el 16 y 17 de mayo; sin embargo, después se confirmó que su muerte sucedió desde el 1 de mayo.

El 19 de mayo se informó que se lograron identificar a tres de los ocho cuerpos; sin embargo, no se dieron más detalles hasta el 21 de mayo en que se les informó a las familias que los resultados de ADN de los cinco cuerpos restantes sólo se los podrían dar en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicadas en el Distrito Federal.

Margarito Capetillo y Juan Antonio Gaona de la Mora han sido reportados como desaparecidos por sus familias. Ambos son habitantes de Villa Vieja y ambos desaparecieron ese 1 de mayo. Sus familias tienen derecho a saber qué pasó con ellos, a que les digan si uno de los cuerpos entregados al Semefo les pertenecen pero, sobre todo, tienen derecho a que se inicie una búsqueda en caso de que esto no sea así.

Tanhuato: disparo, luego investigo.

El 22 de mayo, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, la persecución de los presuntos líderes de la región ciénega del CJNG terminó en una de las acciones de seguridad más cruentas, pues en el rancho de El Sol, ubicado entre los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán, fueron abatidas (así gusta decir la autoridad) 42 personas.

La manera en que se realizó el operativo dejó muchas dudas porque no es posible que luego de tres horas de aparente balacera, las bajas se concentraran de manera tan desigual. La Policía Federal reportó la muerte de un oficial y las fotografías de estos hechos nos mostraron a 42 personas que murieron con marcas de tortura y con el tiro de gracia.

Seguro fue el enfrentamiento, seguro fue la inteligencia de seguridad que prefirió “abatir” antes de detener e investigar que en verdad todos los ahí presentes tuvieran o no vínculos con el crimen organizado. Algunos de ellos, simplemente les tocó estar en un mal momento y ante una pésima autoridad que sólo entiende de balas, pero no de procuración de justicia. En algunos casos sí se han comprobado los vínculos de los occisos con el CJNG, lo cual no justifica lo cruento de su muerte, pues si eran culpables debieron ser detenidos para que un juez (no una bala) decidiera su castigo. Sin embargo, todos fueron “abatidos”.

Al momento han sido identificadas 38 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, la mañana del 22 de mayo. 34 de estas personas eran oriundas del municipio de Ocotlán, Jalisco, lugar donde el 19 de marzo ocurrió una balacera entre integrantes del CJNG y elementos de la Gendarmería Federal. El saldo más de 30 personas muertas, cinco de ellas eran integrantes de las fuerzas federales.

Ocotlán es un pequeño municipio que se ubica a una hora de Guadalajara. Es una población pequeña que es mayormente conocida por el milagroso “señor de la misericordia” y por ser la capital de la industria del mueble en el país. Ahí fueron enterradas 34 de las personas que murieron en Tanhuato. Algunas de sus tumbas mostraron las flores de sus familiares y otras más grandes coronas de flores con las leyendas: “¡Qué Dios los bendiga, su amigo J.G.! ¡Los vamos a extrañar, Guerreros de Ocotlán”. Informes de seguridad elaborados por el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, reconocen como líder del CJNG en la región ciénega a Javier Guerrero Covarrubias. Esta región incluye varios municipios de Jalisco y Michoacán.

El CJNG, a través de un video, precisó que lo ocurrido en Tanhuato fue una venganza de parte de la Policía Federal contra ellos, razón por la cual anunciaron futuras represarías en contra de dichas autoridades. La Policía Federal, en cambio, anunció que el 28 de mayo capturó (no abatió) a Víctor Manuel García Orozco, presunto operador del CJNG en la región ciénega. A éste se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de dos elementos de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 de noviembre de 2013. La desaparición de estos agentes condujo a la localización de 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos. De Javier Guerrero Covarrubias no hay información, a pesar de que se sabe de manera extraoficial que el operativo del 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, pretendía lograr su captura.

Un mes de Operación Jalisco, sus resultados: muertes, desapariciones y masacres. Todo bajo la lógica de disparo, luego investigo. Hoy diversas familias de Ocotlán lloran a sus hijos, pues a muchos de estos 34 jóvenes se les negó el derecho de la vida y a otros el derecho al debido proceso. Las balas se antepusieron a toda posible investigación.

La dignidad de FUNDEJ se impuso al silencio oficial

La dignidad se impuso al silencio, pues tras 59 días de esperar respuesta del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) no sólo lograron que las autoridades reconocieran sus fallos en la búsqueda de sus familiares sino que también los comprometieron a crear mesas permanentes de trabajo para dar cumplimiento a las demandas que entregaron por escrito el pasado 18 de marzo.

Tener acceso a los expedientes de sus casos, contar a los resultados de las pruebas de ADN, obtener información sobre las exhumaciones que se hagan en fosas clandestinas de Jalisco y la revisión, caso por caso, de todas las familias que conforman FUNDEJ son algunas de las acciones que el propio Aristóteles Sandoval garantizó serían cumplidas por éste y por cada uno de los funcionarios de su administración implicados en la búsqueda de los desaparecidos de Jalisco. La reunión se llevó a cabo de manera privada el 15 de mayo.

En la reunión que solicitó FUNDEJ con el gobernador estuvieron también presentes el Secretario General de Gobierno, Roberto Lara; el Fiscal General, Luis Carlos Nájera; la Fiscal de Derechos Humanos, Lizzeth Hernández; el Ombusman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez; el delegado estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Juan Francisco García y Violeta Meza, una de las titulares de la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en los casos de desapariciones. Todos ellos aceptaron su responsabilidad y se comprometieron a participar de manera activa en las reuniones que se comenzarán a realizar hasta dar solución a las demandas de FUNDEJ.

“Ellos pensaron que no íbamos preparadas pero nosotros teníamos muy claro el por qué estábamos ahí. Así que leímos punto por punto para que nos dijeran cuáles serían sus soluciones”, explicó Guadalupe Aguilar. Ella recuerda como la lectura de cada una de las demandas significó un lastre para los funcionarios que estaban presentes porque sus declaraciones previas y sus explicaciones parciales en la reunión no fueron capaces de anteponerse a la verdad que viven cotidianamente las familias de los desaparecidos. 

Las familias de FUNDEJ tuvieron razones para sonreír porque la verdad y la dignidad se impusieron al silencio. Aunque habrá que confirmar si esa aparente sensibilización del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de verdad se convierte en acciones, pues el gobernador se comprometió a que de manera inmediata iniciarían las mesas de trabajo permanentes para resolver las desapariciones de las más de 2 mil 988 personas que no han regresado a casa en Jalisco desde el año 2006.

Así fue el mes de mayo del 2015 en Jalisco. Así fue el inicio de la terrible Operación Jalisco.

Las campañas electorales están en sus cierres y con ella la guerra sucia entre PRI y PAN que únicamente nos ha dejado ver la punta del iceberg de corrupción de la elite política en la entidad. En el espectáculo dantesco, lleno de casas lujosas, caballos pura sangre de millones de pesos y rancherías con establos donde los equinos son tratados como burgueses; las notas que genera la violencia en Sonora pasan casi por desapercibidas. Únicamente a principio de mayo aparecieron algunas notas sobre la violencia en Sonoyta y la desaparición de 7 jornaleros que de Choix, Sinaloa, tenían planeado ir a la costa de Hermosillo, pero nunca llegaron. Las notas de los desaparecidos casi paso por desapercibida, dejando ver la poca empatía que se tiene por las personas que viven del campo, mientras que las noticias de la masacre de Sonoyta fue poco a poco borrada de la memoria por los escándalos electorales.

Sonoyta tierra en disputa.

En un reportaje del semanario Círculo de Uniradio Noticias, se lleva un conteo de las muertes violentas en Sonora desde el 2011 hasta los primeros 130 días del 2015. Con este ejercicio de cifras institucionales, se quiere dar a entender que aunque la violencia ha disminuido en este último año, en cuanto a víctimas se refiere, la forma en que se dan los enfrentamientos han sido más impactantes socialmente hablando, porque ahora se dan con más frecuencia en la vía pública y en horarios en los que cualquiera puede ser testigo de los hechos.

Estas escenas comenzaron a generar desplazados en el municipio General Plutarco Elías Calles, de manera que a principios de mayo 2 mil 500 habitantes de los ejidos, temiendo ser víctimas de la violencia, dejaron sus casas rurales para acercarse a la parte urbana del municipio, Sonoyta, o de plano buscar mejor fortuna en ciudades como Mexicali o hasta Estados Unidos. El temor de los habitantes de dicho municipio no se da únicamente porque los enfrentamientos son de día en la vía pública, porque estos se han visto desde tiempo atrás, sino más bien porque aunque las cifras oficiales nos maquillen otra realidad, la violencia si se recrudeció en la región y la gente sabe que hay una disputa por el territorio.

El irresponsabilidad racista de Sugich

El municipio General Plutarco Elías Calles hace frontera con Luckeville, Arizona, una reserva papagá en la cual la Border Patrol no tiene acceso y que según el Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, Navarro Sugich, en su abyecta y racista visión de la realidad, el respeto a la reserva papagá de las autoridades norteamericanas genera condiciones especiales para que el crimen organizado sea más fuerte en la región.

Sin embargo debemos ser claros y ver que que a pesar de que la región sea ideal, por sus condiciones geográficas, así como políticas, para el trasiego de drogas y sea una ruta de migración por excelencia; las disputas en territorio mexicano por las rutas de trasiego obedecen a otros aspectos que tienen que ver con cómo se simula un combate al crimen organizado entre los carteles y las autoridades mexicanas del Ejercito, Policía Federal, Estatal y la Marina. En cambio la desafortunada declaración de Sugich obedece al racismo contra los grupos indígenas que lo ha caracterizado, desde la cacería de miembros de la Tribu Yaqui y la captura de los presos políticos yaquis de Mario Luna y Fernando Jiménez. Es obvio que un procurador que se dedica a cazar indígenas en el sur de la entidad, en el norte ve que en el respeto de los derechos de los pueblos originarios de USA esta el origen de la criminalidad de la región que le corresponde cuidar.

Al final la violencia de la región del desierto de Altar obedece a las políticas antidrogas y de combate al crimen organizado, así como a las leyes de la oferta y la demanda de la heroína mexicana y no al respeto del territorio papagó como asegura el racista del procurador sonorense, Carlos Navarro Sugich.

Ecos de 6 años atrás

Ya pasó el sexenio de Padrés, quien llegó al poder por un voto de castigo contra el PRI de Bours después del incendio de la guardería ABC. Durante el sexenio del panista, no se hiso nada por el reclamo de justicia de los hermosillenses y de los padres deudos de la terrible tragedia. En esta ocasión las elecciones son el 7 de junio, dos días después de que los sonorenses y más los hermosillenses, recordemos cívicamente el sexto aniversario de una herida que el panismo no ayudó a cerrar y que el priismo generó. Este 5 de junio volveremos a marchar y recordar a quienes nos lastimaron tan profundamente y nos hacen gritar todos los años #NiPerdonNiOlvido, #JusticiaABC.

Al cumplirse dos años del secuestro y ejecución de 13 jóvenes de Tepito, sus familiares les recuerdan y refuerzan la exigencia de justicia, y nuevos detalles son revelados en los expedientes de la causa penal.

Hace dos años, mientras llevaban la orden de levantar a un joven, un comando armado irrumpió en el Bar Heaven y decidió llevarse a todos los que en ese momento se encontraban junto a él en el after.

Tres meses duraron desaparecidos, y encontrados sus cuerpos en el Estado de México.

Las cinco mujeres fueron violadas sexualmente y los ocho hombres cortados con segueta. Todos enterrados en una fosa cavada con ese fin, cubierta con láminas y cemento en el rancho “La Negra”, del Estado de México.

Así lo ordenaron “Los Durango”, un grupo delictivo que en complicidad con “La Unión de Insurgentes”, planearon ejecutar a los de Tepito en venganza por el crimen de uno de sus “dealers” de la Condesa.

El expediente de la causa penal 247/2013 contiene esa y otras historias narradas por los autores del llamado “levantón de la Zona Rosa”.

‘Las tragedias se acumulan’

A dos años de lo ocurrido, familiares de algunos de los muertos colocaron flores y veladoras a los protagonistas del caso que conjugó narcotráfico, pleito por el territorio y protección de policías capitalinos.

Madres, hermanos y demás familiares recordaron afuera del local donde operaba el Heaven, ubicado en la calle de Lancaster, Zona Rosa, a los jóvenes que la madrugada del 26 de mayo del 2013 fueron sacados del bar, secuestrados y ejecutados.

Las madres de familia persisten en exigir justicia y adelantaron que la próxima semana realizarán una nueva movilización para que el caso de sus hijos no se olvide.

Asistieron casi todas las madres de los fallecidos: Julieta, madre de Jeniffer Robles; la de Yerzy Ortiz, Leticia Ponce; de Alán Omar Athiencia, Victoria; de Said Sánchez, Josefina; de Gabriela Ruiz, Mercedes; de Gabriela Téllez, Evangelina.

Una de sus principales demandas es que los policías involucrados con los responsables del secuestro y crimen sean procesados por desaparición forzada y no sólo por narcomenudeo.

Leticia Ponce, una de las madres que se ha caracterizado por confrontar directamente a las autoridades capitalinas, acusó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no ha brindado el apoyo vertido en la recomendación 19/2013 para la protección a los familiares de las víctimas.

Por la tarde, los familiares se reunieron en la Iglesia de San Francisco para participar en una misa en memoria de sus hijos y familiares.

“Después de que nos entregan los cuerpos ya nadie nos atiende. Las tragedias se acumulan, taparon el Heaven con Ayotzinapa”, dice Josefina, la madre de Said.

El origen de la venganza

Dos años después del hecho que sacudió al Distrito Federal, se ventilan los detalles de la ejecución en las declaraciones de algunos de los involucrados.

De los 25 hombres que supuestamente participaron en el operativo de aquella noche, al menos 15 enfrentan proceso penal en el DF.

Algunos reconocen que participaron como muros, sacaron a los jóvenes de la discoteca, sirvieron de vigías afuera del antro, los trasladaron en camionetas y otros más, reconocen que los cercenaron con seguetas.

De esta dramática historia se sabe que los motivos fueron estos, según consta en documentos: luego de que Horacio Vite Ángel fue asesinado en el Bar Black de la Condesa, el grupo “La Unión”, en el que trabajó como distribuidor de drogas, pidió apoyo a “Los Durango” para planear y ejecutar la venganza en contra de los jóvenes de Tepito.

La saña de ‘Los Durango’

“Estos putos que traemos chingaron a un amigo y les vamos a partir su madre y los vamos a enterrar”, se escuchó una voz decir al llegar al rancho “La Negra”, que se ubica en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México.

De acuerdo con el expediente 247/2013, hasta esa propiedad llevaron a los secuestrados de Tepito por órdenes “Los Durango”, dirigidos entre otros por “Pilo” “Meño”, “Chino” y “Ruco”.

A los hombres los ingresaron a un cuarto, a las mujeres a la cabina de un tráiler blanco que se encontraba al interior de la propiedad, donde les ordenaron desnudarse completamente.

Gabriela Tellez Zamudio, Jennifer Robles González, Monserrat Loza Fernández, Guadalupe Karen Morales Vargas y Gabriela Ruiz Martínez obedecieron.

César Rodolfo Pérez Velázquez y Manuel Jiménez Rodríguez fueron los encargados de cuidarlas.

“Permanecieron por tiempo prolongado arriba de la cabina del tráiler custodiándolas para que ellas no fueran a escapar.

“Y de hecho se percataban cuando las agraviadas en mención eran agredidas sexualmente ‘violadas’ por el activo del delito Pedro Francisco Paz López”, refiere uno de los apartados de la causa en poder de esta casa editorial.

A unos cien metros de ahí el resto de los sicarios del grupo “La Unión” y “Los Durango” se turnaron para cavar una fosa clandestina, todos vestidos con ropa negra que les habían entregado para este trabajo.

Uno de los implicados en el caso, Pedro Paz López, alias “Pancho Marihuano”, declaro ante las autoridades.

Los sicarios se las “pasaban”, unos a otros, refiere el implicado de las últimas horas que vivieron los jóvenes de Tepito.

Fueron cuatro elementos de “Los Durango” quienes, a decir del sicario y controlador de distribuidores de droga de la Zona Rosa, les ordenaron cómo hacer y luego tapar el gran hoyo que excavaron para enterrar los cuerpos.

“Al terminar nos quitamos la ropa negra, misma que dejamos en el rancho, y en ese lugar se quedó la segueta con que cortaron los cuerpos, y no vi qué hicieron con la ropa de ellos, y el cemento y cal que echamos en el hoyo ya estaba en el lugar, y en el coche que yo llevaba nos fuimos hasta el metro Moctezuma”, declaró el llamado “Pancho Marihuano” sobre lo ocurrido aquella noche, cuya historia acaparó por meses toda la atención.