NUESTRA APARENTE RENDICION

Nuestra Aparente Rendición

Nuestra Aparente Rendición

Gestión del Portal Nuestra Aparente Rendición.

Nació en Barcelona en 1970, pero ha vivido en Albons (Baix Empordà), Estados Unidos, la India y durante diez años en Ciudad de México. Es licenciada en filosofía por la Universidad de Barcelona, tiene un diplomado en escritura creativa de la Sociedad General de Escritores Mexicanos (SOGEM) y un posgrado en letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Escribe, a la vez, en catalán y castellano. Y su obra ha sido traducida al polaco, al alemán, al inglés, al gallego, al valenciano y al euskera. También ha publicado literatura infantil y juvenil, géneros con los que ha cosechado diferentes premios.

En 2004 ganó el Òmnium Cultural de Experimentación Literaria, en 2006 fue elegida Nuevo Talento FNAC y en 2009 fue finalista del Premi Salambó, el Amat-Piniella y el Premio Fundación Lara de Novela. En 2007, además, recibió el reconocimiento de los lectores y la crítica con los premios de literatura juvenil Protagonista Jove y Serra d’Or. Y en 2010 Edicions 62 le concedió el Premi Octavi Pallissa de creación para terminar una novela sobre la historia del narcotráfico mexicano en la que lleva seis años trabajando: Camps de caputxins abans de tot això / Campos de amapola antes de esto.

En 2007 dirigió en Barcelona el festival literario Fet a Mèxic. Y tras crear el Colectivo Fu de Literatura, dirigió un nuevo festival: Fet a Amèrica – Festival internacional de novela contemporánea en lengua castellana / Barcelona, otoño 2010. Además coordina, en colaboración con otros miembros del colectivo, otros proyectos literarios como la biblioteca para los presos de la prisión de Valledupar (Colombia) que apadrina Juan Marsé, o la biblioteca infantil para la Fundación Lydia Cacho.

En 2010 la adaptación de su novela Elisa Kiseljak ganó el Premio Especial del Jurado del 58 Festival de Cine de San Sebastián y fue seleccionada para el Festival de Londres BFI, el Festival de Estocolmo, el Festival de Toulouse, el Festival de Montreal Nouveau Cinema, el Festival de Marsella y el Festival de las Bahamas, entre otros.

Anteriormente, en el año 2000, había fundado con el escritor peruano-mexicano Mario Bellatin la Escuela Dinámica de Escritores en la Casa Refugio Citlaltépetl de la Ciudad de México, y antes fue maestra de literatura y filosofía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, también en la Ciudad de México, y dio clases en la UNAM y en el Orfeó Català de Mèxic. Hoy da, en distintos lugares, cursos de pensamiento y creación de novela contemporánea con un método propio.

Colabora o ha colaborado en diversos medios de comunicación, como los suplementos Babelia o Cultura/s; los periódicos El País, La Vanguàrdia o El Periódico y Público; o los medios mexicanos Letras Libres y El Universal. También ha participado en programas culturales para la televisión como Saló de lectura, l’Hora del lector y Ànima, donde ha hecho crítica de literatura y teatro; y para la radio, como Els Matins de Catalunya Ràdio o El Secret, donde en la actualidad hace crítica teatral. Actualmente, además, escribe columnas de opinión en Públic y crítica literaria para algunos medios catalanes y mexicanos.

En los últimos años ha publicado: Això que veus és un rostre (CCG Edicions, 2005 / Sexto Piso, 2009), Elisa Kiseljak, (La Campana, 2005), Tres historias europeas (Caballo de Troya, Debolsillo, 2006 / LaButxaca, 2010), La persona que fuimos (Mondadori, 2006 / Empúries, 2006), su antología personal de literatura mexicana Hecho en México (Mondadori, 2007), Insólita ilusión, insólita certeza (Mondadori, 2007 / Empúries, 2007), Una: la historia de Piiter y Py (Almadía, 2008), La familia de mi padre (Mondadori, 2008 / Empúries, 2008), Japón escrito (autoedición, Barcelona, 2009) y una antología personal de literatura catalana contemporánea (Voces de la literatura catalana - Empúries / Anagrama, 2010.) Próximamente aparecerá su primer ensayo narrativo sobre la escritura (Ahora, escribo, - Empúries / Periférica, 2010.) Publica su obra literaria en catalán en Empúries y en castellano en Literatura Mondadori, pero edita también en otras editoriales independientes como las españolas Anagrama y Periférica, las mexicanas Almadía y Sexto Piso, o la peruana Borrador Editores.

Gestiona el blog Nuestra Aparente Rendición sobre la violencia en México. E incursiona, además y siempre, en el teatro y la fotografía: géneros que le son íntimos, necesarios y cercanos para pensar la escritura.

URL del sitio web: http://www.lolitabosch.com

Los empresarios de Olegario Vázquez Raña y del cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el constructor Hipólito Gerard Rivero, son las beneficiarias con las licitaciones para la construcción de dos hospitales generales en los municipios de Culiacán y Mazatlán, cuya asignación de recursos está “atorada” en el Congreso del Estado.

La licitación se realizó en mayo pasado, pero ahora la legislatura local pospuso por razones políticas –frente al proceso electoral federal y para no perjudicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que sirve el mandatario estatal- la propuesta enviada por el gobernador Mario López Valdez, Malova, para asignarles a estas empresas una “garantía de pago” de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Faffe), por el crédito asignado a estas empresas, consideradas “tiburones” de la construcción hospitalaria de México.

Los diputados pospusieron la discusión también por las protestas sociales encabezadas por organismos como Parlamento Ciudadano, Congreso Abierto y los empresarios afiliados a Coparmex.

La empresa GIA, propiedad de Hipólito Gerard Rivera, cuñado del poderoso ex presidente Salinas, obtuvo la concesión – de acuerdo con la licitación EA-925006998-N54-2013- para operar y mantener el hospital Doctor Martiniano Carvajal, en Mazatlán, por el que se pagarán 239 millones de pesos anuales -19 millones de pesos más de lo aprobado por los diputados locales para esta obra-, y que en total representan cerca de 5 mil 975 millones de pesos durante 25 años.

La otra firma beneficiaria es el Grupo Empresarial Ángeles, que tiene como principal accionista a Olegario Vázquez Raña, exitoso en el mundo de los deportes, la industria hotelera, medios de comunicación y los negocios logrados fruto de sus relaciones con el poder político. Este consorcio ganó la licitación EA-925006998-N53-2013 para la construcción del hospital Bernardo Gastélum, de esta ciudad capital.

Para este propósito, recibirán alrededor de 347 millones de pesos al año, lo que da un total de 8 mil 675 millones de pesos por 25 años.

La principal impugnación la han presentado algunos diputados, secundados por dirigentes de organismos empresariales como Coparmex y de orden ciudadano. El obstáculo planteado es que el gobierno estatal –en su iniciativa presentada al Congreso el 30 de julio- pretende modificar los decretos 976 y 977 para asignar como “garantía de pago” el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo que ha sido calificado como innecesario y además discrecional, sin contar que afectaría el presupuesto para programas sociales, pensiones, jubilaciones y pagar deuda pública.

La diputada Sandra Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la administración estatal pretende asumir los riesgos que deriven de la construcción y operación de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, y exonerar así a las empresas.

Señaló que el artículo 111 de la Ley de Contrarios Públicos Privados del Estado impide que el Gobierno estatal asuma los riesgos que pertenecen al proveedor: "Ninguna modificación deberá implicar transferencias de riesgos del desarrollador (el proveedor) a la contratante (el Gobierno), en términos distintos a los pactados en el contrato original".

De acuerdo con legisladores inconformes, como la perredista Imelda Castro, el gobernador Malova pretende que este fondo federal sirva como garantía del crédito que solicitarán las empresas privadas al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El documento donde López Váldez plantea su propuesta, indica que los riesgos de la inversión de los constructores privados sea absorbido por el gobierno estatal, al comprometer el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas como garantía ante el crédito que contraten las empresas con Banobras.

Mariano Gómez, presidente de Coparmex en la entidad, señaló que este esquema es abusivo y nocivo para las finanzas estatales, y perjudican a la ciudadanía. Las presiones de los diputados y dirigentes empresariales y sociales que están en contra evitaron que los diputados –en su mayoría de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI)- aplazaran la discusión de este dictamen, que está actualmente en comisiones y que podrían ser turnado al pleno durante enero.



Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como asociaciones de escritores y personalidades de los ámbitos de la cultura y del periodismo, estamos muy preocupados por el doble mensaje que envía la edición mexicana del Hay Festival y, por ello, nos permitimos solicitarles que cree las condiciones para no servir como plataforma de promoción del gobernador o sea retirada la sede al estado de Veracruz.

Reconocemos la importante labor que realiza el Hay Festival, promoviendo la palabra y el debate. Como ustedes mismos afirman, se trata de “pensar el mundo como es y de imaginar cómo podría ser”, en una “gran conversación sobre el descubrimiento y la aventura intelectual”.

Creemos, sin embargo, que tan apasionante espíritu difícilmente se puede alcanzar en un ambiente como el que se presenta en Veracruz, bajo el mandato del gobernador Javier Duarte. Los objetivos del Hay Festival, lamentablemente, sólo han servido a una campaña del gobierno estatal que aparenta la prevalencia de un clima de libertad intelectual y crecimiento cultural. El gobierno de Duarte ha demostrado ser —sin exageraciones— el peor enemigo de la libertad de expresión, del derecho a la información y del pensamiento crítico en México.

Duarte llegó en 2010 al gobierno de Veracruz y, desde entonces, once reporteros han sido asesinados y cuatro más están desaparecidos.

La agresión más reciente sucedió el 2 de enero del 2015, en el municipio Medellín de Bravo: el periodista Moisés Sánchez fue sacado de su casa por un grupo armado. La procuraduría del estado informó que un ex policía confesó el homicidio y responsabilizó de su muerte al alcalde Omar Cruz. Aún no se confirma que un cuerpo encontrado sea el suyo.

Xalapa, capital del estado y sede del Hay Festival, es otro territorio peligroso para el ejercicio periodístico: el 28 de abril de 2012, ahí asesinaron a Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso; el 14 de junio de 2012, ahí mataron a Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor en “Milenio El Portal”.

Un dato más: Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas desplazados. Muchos viven con miedo. Las organizaciones defensoras de la prensa libre han realizado diversos reportes que documentan la terrible situación.

Entendemos que, por logística, un festival como este no puede moverse de un día a otro y sin tener sede alterna, pero una celebración de la libertad y la cultura, como es el Hay Festival, no puede realizarse en un contexto de violencia contra la libertad y la cultura. Lastima la memoria de los compañeros reporteros.

En los últimos Hay Festival ha habido posturas claras de escritores y periodistas que difícilmente han sido publicadas en la prensa veracruzana. Por ejemplo: el periodista Carl Bernstein ha dicho que Veracruz es el mejor ejemplo de ambiente hostil para el desarrollo de la prensa. La escritora Margo Glantz ha reprobado que en esa entidad se censure la libertad de expresión. El escritor británico Salman Rushdie ha pedido que se investigue la muerte de los reporteros asesinados en tiempos de Duarte. Para el corresponsal de guerra Jon Lee Anderson, el estado de violencia en México y la situación de la prensa, particularmente en Veracruz, “es notoria y notable”. El escritor Guillermo Osorno ha cuestionado la manera en que las autoridades de Veracruz “resuelven” los asesinatos de periodistas: “el gobierno dice que los crímenes son pasionales”. El escritor Peter Godwin ha dicho que ése es el estado más peligroso para ejercer el oficio de informar. El Club Internacional de Escritores, en el Hay Festival de 2012, leyó la lista de los periodistas víctimas y pidió que a los reporteros exiliados se les garantizara su seguridad.

Esperamos que sea tomada en cuenta la solicitud de que a Veracruz le sea retirada la sede por el uso político que le da al festival, se hagan públicas las razones y se pida al gobierno mexicano su compromiso para garantizar la libertad de expresión.

Atentamente,

Más de 300 firmas individuales y 25 organizaciones o colectivos. Y los nombres que se sumen a través de esta plataforma change.org

 

c. c. p. Lyndy Cooke, Nik Gowing, Revel Guest Chair, Samantha Maskrey, Jesse Norman, Francine Stock, Cristina Fuentes La Roche y Oscar Montes.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Article19, México y América Central (firma Darío Ramírez)

Article19 Internacional (Ricardo González)

Asociación de Periodistas Alemán Deutscher Journalisten-Verband (DJV)

Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Universidad de Texas en Austin (Rosental Calmon Alves)

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. CENCOS (Omar Rábago Vital, Director Ejecutivo). México

Comunicación e Información para la Mujer CIMAC (Lucía Lagunes, Directora) México y América Central

Cuadernos. Colectivo de Cronistas Iberoamericanos

Federacion europea de periodistas (FEP)

Freedom House (Mariclaire Acosta, directora-México)

Revista El Chamuco

Global Journalist Security (Frank Smyth)

La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Digital

National Association of Hispanic Journalists NAHJ (Pdte. Mekahlo Medina) Estados Unidos

National Association of Hispanic Journalists, Los Ángeles NAHJ-LA (Pdte. Antonio Mejías-Rentas) Estados Unidos

Ojos de Perro vs la Impunidad, colectivo, México

GrupoTelecápita. Arte, Pensamiento y Nuevos Relatos. Colectivo, México

PEN México (Rose Mary Espinosa) / PEN Guadalajara (Rita Gracián) /PEN San Miguel de Allende (Lucina Kathmann, Víctor Sahuatoba)

Periodistas de a Pie, México

Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Red de Periodistas de Puebla y Lado B (Puebla)

Reporteros Sin Fronteras, México

World Editors Forum de WAN-INFRA (Erik Bjerager)



PERSONAS

Abraham Cruzvillegas, artista, México

Alberto Chimal, escritor, México

Alberto Ruy Sánchez, escritor, México

Alberto Salcedo Ramos, periodista, Colombia

Aleida Calleja, periodista, México.

Alejandra Laurencich, escritora, Argentina

Alejandra Sánchez, cineasta mexicana

Alejandra Sánchez Insunza, periodista, México

Alejandro Almazán, periodista, México

Alejandro Espinoza Galindo, escritor, México

Alejandro Ortiz González, escritor, México

Alejandro Páez, escritor y periodistas, México

Alejandro Solalinde, sacerdote, México

Alfredo Corchado, escritor y periodista, México/Estados Unidos

Alma Guillermoprieto, periodista, México

Álvaro Delgado, periodista, México

Álvaro Enrigue, escritor, México

Amanda de la Garza, curadora, México

Ana Clavel, escritora, México

Ana Fontecilla Carbonell, investigadora, México

Ana Francis Mor, actriz, México

Ana Prieto, escritora y periodista, Argentina

Andrés Tapia, periodista y director editorial, México

Ángel Ortuño, poeta, México

Antonio Helguera, caricaturista, México

Antonio Ortuño, escritor, México

Antonio Ramos Revillas, escritor, México

Araly Castañón, periodista, México

Armando Vega-Gil, músico y escritor, México

Artur Domowslaski, periodista, Polonia

Attilio Bolzoni, periodista y escritor, Italia

Beatriz Rivas, escritora, México

Benito Taibo, periodista, México

Bernardo Fernández Brigada (BEF), escritor, México

Beto Buzali, divulgador cultural, México

Bilhá Calderón, periodista, Jerusalén

Blanche Petrich, periodista, México

Boris Muñoz, escritor y periodista, Venezuela

Braulio Peralta, periodista, México

Brian Nissen, pintor y escultor, Gran Bretaña/México

Carlos Dada, periodista y editor, El Salvador

Carlos Labbé, escritor, Chile

Carlos Martínez Assad, historiador y escritor, México

Carlos Pedroza, editor y publisher, México

Carolina Reymúndez, periodista, Argentina

Catalina Gayà, periodista, España

Catalina Ruiz-Navarro, periodista y escritora, Colombia / México

Cecilia González, periodista y escritora, México

Cecilia Suárez, actriz, México

Celia del Palacio Montiel, investigadora, México

César Cortés Vega, escritor y productor visual, México

Constanza Brunet, directora editorial, Argentina

Cristina Rivera Garza, escritora, México

Cynthia Rimsky, escritora, Chile

Damián Ortega, artista y editor, México

Daniel Alarcón, escritor y editor, Perú / Estados Unidos

Daniel Divinsky, director editorial, Argentina

Daniel Krauze, escritor, México

Daniel Lizárraga, periodista, México

Daniel Moreno, periodista y director editorial, México

Daniel Saldaña París, escritor, México

Daniel Samper Ospina, periodista, Colombia

Daniela Pastrana, periodista, México

Daniela Pasik escritora y periodista, Argentina

Daniela Rea Gómez, periodista, México

David Barba, periodista, España

Denise Dresser, escritora, México

Diego Fonseca, periodista, Argentina

Diego Mendiburu, periodista y director editorial, México

Diego Osorno, periodista y editor, México

Diego Sedano, documentalista, Estados Unidos

Dolors Miquel, escritora, España

Edmundo Paz Soldán, escritor, Bolivia

Edson Lechuga, escritor, México

Eduardo Abaroa, artista, México

Eduardo Antonio Parra, escritor, México

Eduardo Blancas, periodista, México

Eduardo Halfon, escritor, Guatemala/Estados Unidos

Eduardo Limón, periodista, México

Eduardo Montagner, escritor, México

Efraín Quiñonez León, investigador, México

Elena Poniatowska, escritora, México

Eileen Truax, periodista, México/Estados Unidos

Elia Baltazar, periodista, México

Elidio La Torre Lagares, escritor, Puerto Rico

Elisabeth Malkin, periodista, Estados Unidos

Élmer Mendoza, escritor, México

Eloísa Díez, documentalista argenmex

Elsa Osorio, escritora, Argentina

Eirinet López, editora de portal de noticias, México

Emiliano Ruiz Parra, periodista, México

Enric González, escritor y periodista, España

Enzia Verduchi, escritora, México

Erik Bjerager, periodista, Dinamarca.

Eugenio Tisselli Vélez, programador y escritor, México

Evelio Rosero, escritor, Colombia

Fabrizio Mejía Madrid, periodista y escritor, México

Federico Traeger, escritor, México

Felipe Fernández del Paso, escritor, México

Félix Bruzzone, escritor, Argentina

Fernanda García Lao, escritora, Argentina

Fernanda González Vilchis, directora editorial, México

Fernanda Melchor, escritora, México

Fernando De Anda (El Fer), caricaturista, México

Francesc Serés, escritor, España

Francisco Goldman, periodista y escritor, Guatemala / Estados Unidos

Francisco Martín Moreno, escritor, México

Fray Raúl Vera López, OP, obispo de Saltillo, México

Froylán Enciso, historiador y periodista, México

Gabriel Bauducco, periodista, Argentina/México

Gabriel Nuncio, escritor, cineasta, México

Gabriela Alemán, escritora, Ecuador

Gabriela Barrios Paiz, periodista, Guatemala

Gabriela Jáuregui, editora, México

Gabriela Polit, investigadora, Estados Unidos

Gabriela Rasgado, periodista, México

Gabriela Wiener, escritora, Perú

Gerardo Albarrán, periodista, México

Gerardo Lammers, periodista, México

Gloria Muñoz, periodista, México

Guillermo Osorno, escritor y periodista, México

Gustavo Bolívar, escritor, Colombia

Gustavo Egelhaaf, actor, México

Gustavo Faverón Patriau, escritor y periodista, Perú

Hanna Berumen, directora teatral, México

Héctor Abad Faciolince, escritor, Colombia

Héctor Feliciano, periodista, Puerto Rico

Héctor Pavón, escritor y periodista, Argentina

Helioflores, caricaturista, México

Hipólito Rodríguez, investigador, México

Homero Campa, periodista y editor, México

Ignacio Carvajal, reportero, México

Ignacio Plá, teatrista y etnólogo, México

Ignacio Rodríguez Reyna, editor, México

Ignacio Solares, dramaturgo, Mexico

Ioan Grillo, periodista, Gran Bretaña

Isabela Ponce, periodista, Ecuador

Isaura Leonardo, trabajadora de la cultura, México

Ismael Bojórquez, periodista y director, México

Israel Centeno, escritor, Venezuela

Jade Ramírez Cuevas V., periodista, México

Jacaranda Correa, documentalista, México

Jacqueline Fowks, periodista, Perú.

Jaime Mesa, escritor, México.

Javier Auyero, académico, Estados Unidos

Javier Bauluz, fotógrafo, España

Javier Garza Ramos, periodista, México

Javier Martínez Staines, gerente editorial, México

Javier Quintero, periodista, México

Javier Sicilia, poeta y escritor, México

Javier Sinay, escritor y periodista, Argentina

Javier Valdez Cárdenas, periodista, México

Jenaro Villamil, periodista y escritor, México

John Gibler, escritor, Estados Unidos

Jody Williams, Premio Nobel de la Paz, EU

Jordy Meléndez, periodista y director editorial, México

Jorge Elías, periodista, Argentina

Jorge F. Hernández, escritor, México

Jorge Harmodio, escritor, México

Jorge Israel Hernández, periodista y académico, México

Jorge Navarro, escritor, España

Jorge Ortega, poeta, México

Jorge Zepeda Patterson, escritor y director editorial, México

José Agustín, escritor, México

José Alfredo Sánchez Gutiérrez, periodista, México

José Eugenio Sánchez, poeta, México

José Luis Pardo, periodista, España

José Luis Sanz, periodista, El Salvador

José Gordon, periodista, México

José Hernández, caricaturista, México

José Luis Valencia, escritor, México

José María León, editor, Ecuador

José Miguel Cabrera, periodista, Ecuador

José Ramón Huerta, gerente editorial, México

Josefina Licitra, periodista, Argentina

Josep María Fonalleres, escritor, España

Juan Carlos Reyna, escritor y periodista, México

Juan José Barragán, director de agencia de noticias, México

Juan José Rodríguez, escritor, México

Juan Pablo Meneses, periodista, Chile

Juan Pablo Villalobos,escritor, México

Juan Villoro, escritor, México

Julián Herbert, escritor, México

Julio Villanueva Chang, editor y cronista, Perú

Junot Díaz, escritor, República Dominicana / Estados Unidos

Karla Rivera, periodista, México

Karla Zabludovsky, periodista, México

Katia D'Artigues, periodista, México

Keith Dannemiller, fotoperiodista, Estados Unidos

Kyzza Terrazas, cineasta y escritor, México

Leo Felipe Campos Sayago, editor, Venezuela

León Krauze, periodista, México

Leonardo Faccio, periodista, Argentina

Leonardo Padura, escritor, Cuba

Leonardo Valencia, escritor, Ecuador

Leonel Sagahón, diseñador, México

Lydia Cacho, escritora y periodista, México

Lirio Abbate, periodista y escritor, Italia

Lolita Bosch, escritora, España

Lorenzo Ribaldi, editor, Italia

Luciana Mantero, escritora y periodista, Argentina

Luigi Amara, escritor y editor, México

Luis Carlos Fuentes, escritor, México

Manuel Martínez Torres, periodista y editor, México

Marcela Turati, periodista, México

Marco Appel, periodista, Bélgica

Mardonio Carballo, poeta y periodista, México

Marlén Castro, reportera, México

Margarita de Orellana, historiadora y directora editorial, México

María Angulo, escritora y periodista, España

María Eugenia Ludueña, escritora y periodista, Argentina

María Idalia Gómez Silva, periodista, México

María Rivera, poeta, México

María Teresa Ronderos, periodista y escritora, Colombia

Mariana Enríquez, periodista y escritora, Argentina

Mariano Aparicio, fotógrafo, México

Mario Gutiérrez Vega, periodista, México

Mario Jursich, periodista, México

Marisol Gasé, cabaretera y columnista, México

Marta Aponte, escritora, Puerto Rico

Martín Caparrós, escritor y periodista, Argentina

Martín Rodríguez, periodista y director editorial, Guatemala

Martín Solares, escritor y editor, México

Miguel Cane, periodista, México

Minerva Hernández Trejo, artista multimedia, México

Mónica González Islas, fotoperiodista, México

Mónica González Mújica, periodista y directora, Chile

Mónica Lavín, escritora, México

Mussio Cárdenas Arellano, director y columnista de revista digital, México

Myriam Moscona, poeta, México

Nadia Villafuerte, escritora, México

Narciso Contreras, fotógrafo, México

Néstor Quiñones, artista plástico, México

Noam Chomsky, intelectual, Estados Unidos

Noé Aldama (La dama), caricaturista, México

Norma Trujillo Báez, periodista, México

Olga Lucía Lozano, diseñadora, Colombia

Óscar Martínez, periodista, El Salvador

Pablo Ferri, periodista, España

Pablo Rojas, editor, México

Paco Ignacio Taibo II, escritor y periodista, México

Paloma Saiz, escritora y promotora cultural, México

Paola Tinoco, editora y escritora, México

Patricia de Souza, escritora, Perú / Francia

Patricia Serrano, periodista, Argentina

Patricio Fernández, escritor y periodista, Chile

Patricio Ortiz, caricaturista, México

Patrick Timmons, periodista, Reino Unido

Paula Laverde, artista plástica, México

Paulo Lins, escritor, Brasil

Pável Granados, escritor, México

Rafael Barajas (El Fisgón), caricaturista, México

Rafael Gumucio, escritor, Chile

Rafael Lemus, escritor y crítico. México

Rafael Pineda (Rapé), caricaturista, México

Raquel Castro, escritora, México

Raziel Roldán, reportero, México

Regina Orozco, cabaretera, México

Ricardo Silva Romero, escritor y periodista, Colombia

Rodrigo Soberanes, reportero, México

Roberto Morales Ayala, director de diario, México

Roberto Valencia, periodista, El Salvador

Rocío Cerón, poeta, México

Rogelio Guedea, escritor, México

Rose Mary Espinosa, escritora, México

Rosío Córdova Plaza, investigadora, México

Rossana Reguillo, investigadora, Mexico

Rubén Luengas, periodista, México/Estados Unidos

Said El Kadaoui Moussaoui, escritor, Marruecos

Samanta Schweblin, escritora, Argentina

Sandra Frid, escritora, México

Sandra Lafuente, periodista, Venezuela

Sandra Rodríguez, periodista, México

Sandra Segura Segura, periodista, México

Sanjuana Martínez, periodista, México

Santiago Vaquera Vázquez, escritor, Estados Unidos

Sara Schulz, editora, México

Sara Sefchovich, escritora e investigadora, México

Sarah Minter, artista visual, México

Sayda Chiñas Córdova, reportera, México

Sergio Aguayo, escritor y académico, México

Sergio Troncoso, escritor, Estados Unidos / México

Silvia Molina, escritora, México

Silvia Núñez, directora de agencia de noticias, México

Silvia Soler, escritora, España

Témoris Grecko, periodista, México

Teresa Medrano, locutora y productora, México

Tryno Maldonado, escritor, México

Verónica Maza, periodista, México

Verónica Espinosa, periodista, México

Violeta Santiago, periodista, México

Vivian Abenshushan, escritora y editora, México

Wendy Guerra Torres, escritora, Cuba

Wilbert Torre, periodista, México

Xuan Bello, escritor, España

Yaotzin Botello, periodista, México/Alemania

Yezid Arteta Dávila, escritor, Colombia

Yolanda Yebra, periodista, Argentina

Yuri Herrera, escritor, México 

Zul de la Cueva, periodista y guionista, México

 

NOTA FINAL DE LOS RESPONSABLES DE ESTA CAMPAÑA

Esta carta la hemos escrito al enterarnos de la desaparición de Moisés Sánchez Cerezo, el reportero número 15 asesinado o desaparecido en tiempos de Javier Duarte, y cuando son miles los veracruzanos lastimados por diversas formas de violencia, como secuestros, extorsiones, homicidios, además de las agresiones constantes contra migrantes centroamericanos en territorio de Veracruz.

Antes de escribirla cada miembro de este colectivo exploró todas las vías de manifestación posibles –hicimos marchas y campañas en redes sociales, difundimos reportes sobre libertad de prensa, participamos en una misión de investigación sobre el homicidio de Gregorio Jiménez (el décimo periodista asesinado en el duartismo), escribimos reportajes y un libro sobre esta tragedia- y nos manifestamos, en público y en privado, sobre la forma en que dicho festival es utilizado para vender una imagen falsa de la realidad. Sabemos de otros colegas que han manifestado esta misma preocupación.

Repetimos lo que hemos dicho en este sano debate: No estamos contra el Hay Festival, estamos contra su uso político en un estado donde el periodismo cuesta la vida. En el camino, hemos escuchado las opiniones de editores, periodistas, escritores solidarios con nuestra demanda, pero preocupados por el posible cierre de los pocos espacios que podrían fomentar la cultura y el debate.

Hemos escuchado también a veracruzanos asqueados por la manera en que el gobierno se promueve a través del festival, pero que tampoco quieren que el festival abandone Veracruz y quedar cercados por la violencia y la impunidad. Y hemos escuchado a los organizadores del Hay Festival Internacional y Latinoamérica que se acercaron a nosotros y se ofrecieron a abrir un diálogo con periodistas, escritores y editores para analizar la situación.

Lamentamos, finalmente, que colegas veracruzanos críticos de la situación, tanto por miedo como por temor a represalias, no hayan firmado la carta. Ellos serán quienes tengan la última palabra en el diálogo al que fuimos invitados.

 

Responsables: Alejandro Almazán, Elia Baltazar, Lolita Bosch, Daniela Rea Gómez, Diego Fonseca, Javier Garza, Ricardo González, Témoris Grecko, Diego Enrique Osorno, Emiliano Ruiz Parra, Daniela Pastrana, Rafael Pineda Rapé, Wilbert Torre, Eileen Truax, Marcela Turati y José Luis Valencia.

 

PUEDEN SUMAR SU FIRMA AQUÍ

Fueron encontradas tres personas asesinadas sobre el Libramiento Norponiente de Querétaro, las cuales de acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJEQ) pudieron haber sido traídas desde Guanajuato y asesinadas en territorio queretano. De acuerdo a las declaraciones de la Procuraduría, estas personas al parecer fueron “levantadas” en Irapuato Guanajuato, junto con otras personas que sobrevivió al ataque y que luego de ser localizados, fue trasladado al Hospital General para que posteriormente rindiera su declaración. En una primera instancia se habló sobre dos personas muertas y una más que habría sobrevivido al ataque, sin embargo unos días después se confirmó un tercer cuerpo en una área cercana a donde se encontrarlos los primeros dos cadáveres. 

A pesar de que de manera extraoficial se hablara que probablemente estas personas estuvieran relacionadas con el robo de combustible a las instalaciones de PEMEX en la entidad y dicha situación pudiera ser producto de bandas rivales, el titular de la PGJEQ, Arsenio Durán Becerra, dijo que no tenían indicios para verificar esta hipótesis, por lo que habría que esperar las declaraciones de la personas que resultó lesionada en este atentado en la cercanía de la comunidad de Tlacote El Alto. Por lo pronto, de acuerdo a las autoridades, ya trabajan en conjunto con la Procuraduría de Guanajuato para esclarecer este crimen y dar con los responsables.

Dentro de los operativos que se han incrementado en la capital queretana en los recientes meses, han sido los de resguardo de las vías del tren a la altura de Santa María Magdalena debido a los constantes robos a los vagones de las empresas Kansas City Southern México y Ferromex en donde lo habitual es sustraer costales de alimentos y otros productos. Sin embargo en enero, los amantes de lo ajeno sustrajeron más de 90 motocicletas y solo cuatro de ellas fueron recuperados por la autoridad.

Según los primeros datos que se obtuvieron, fue que los ladrones descompusieron los sistemas ferroviarios para que el transporte se detuviera, cosa que aprovecharon para desmantelar los accesos de los vagones y robar 96 motocicletas que iban al norte del país. Sin embargo, a pesar de que por mucho tiempo estuvieron dedicándose al saqueo, ninguna autoridad llegó al lugar hasta horas después, ya que todo había sucedido. Incluso, algunos radioescuchas de integra 92.7 FM originarios de ahí, reportaban que se llamó a los números de emergencia mientras sucedía el ilícito, pero nunca llegaron.

 

Otros temas que se han incrementado en los últimos meses en Querétaro, es el robo de combustible en diversos puntos como San Juan del Río y Corregidora, por lo que en éste último municipio se detuvo a cuatro personas en la comunidad de Bravo, los cuales fueron sorprendidos por elementos de la policía municipal mientras patrullaban en las inmediaciones de aquella comunidad. Y aunque los sujetos estaban descargando costales de lechugas, según describe el periódico Plaza de Armas, al percatarse de la presencia de los uniformados, se echaron a correr lo que alertó a los elementos y se les dio alcance. Mientras que en la bodega en donde estaban, se encontraron tres contenedores de mil litros cada uno y al parecer al fondeo había restos de diésel. 

Por lo pronto, el recién nombrado comandante de la Décimo Séptima Zona Militar en Querétaro, Francisco Aguilar Hernández, quien entró después de la salida de Ángel Prior Valencia en enero, dijo que han firmado convenios tanto con la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto con Pemex para el resguardo de las instalaciones de dichas dependencias, sin embargo también dijo que al final de este mes, había todavía elementos militares apostados en algunas áreas en San Juan del Río en donde se localizaron tomas clandestinas.

“Es permanente, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene convenios con la Comisión Federal de Electricidad por una parte, con Pemex por la otra para llevar a cabo los recorridos, esto es permanente” dijo Aguilar Hernández al ser cuestionados sobre hasta tres detecciones de esa clase de tomas en aquel municipio.

Tras un operativo en el municipio de Cadereyta de Montes, la Procuraduría General de la República destruyó más de una tonelada y media de discos y películas piratas, actividades que fueron supervisadas por la dependencia federal así como peritos especializados en temas de propiedad intelectual y gente del Ministerio Público Federal.

Un par de sujetos provenientes de Michoacán, intentaron secuestrar a un taxista en San juan del Río, pues después de que abordaron la unidad lo amagaron con un arma blanca y le dieron la indicación de que manejara rumbo al municipio de  Tequisquiapan, sin embargo, en un retén de seguridad, los oficiales le marcaron el alto al taxi para la inspección rutinaria, actividad que aprovechó el taxista para alertar a los uniformados sobre las intenciones de los dos hombres que tras ser arrestados fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia.

 

 

Las madres contra la guerra.

“Fui madre por primera vez en 1971, el año en que Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, así que para mí esto es algo muy personal”.

Gretchen Burns Bergman es la fundadora de Moms United Against the War on Drugs o Mamás Unidas, una organización que agrupa a asociaciones de mujeres en Estados Unidos y uno de los integrantes más inesperados del movimiento a favor de la legalización del cannabis. Gretchen no es una profesional de la militancia pero, tras sufrir en carne propia las devastadoras consecuencias de la guerra inaugurada por Nixon, decidió actuar.

“¿Por qué un grupo de madres responsables que nunca han probado las drogas quiere legalizar la mariguana? Porque estamos cansadas de la violencia, de las muertes, de la pérdida de libertad y de derechos que ha causado la guerra contra las drogas, que se ha convertido en una guerra contra nuestros seres queridos, una guerra contra nuestras familias. No podemos seguir permitiendo que se castigue algo que debería considerarse como un problema de salud pública. Somos una mayoría silenciosa que ha decidido alzar la voz”.

Rubia, delgada, de grandes ojos azules, Gretchen es californiana, nacida y criada en San Diego. Tiene 66 años y dos hijos, Elan, de 42, y Erin de 39, ambos con problemas de adicción a las drogas desde que eran adolescentes. Para Gretchen, la pesadilla empezó en 1991, cuando Elan fue detenido por posesión de mariguana y enviado a la cárcel cuando sólo tenía 20 años. Así empezó una década de reincidencias que cambiaron su vida.

“Nunca habría pensado meterme en esto. Yo tenía una vida normal: había sido profesora de baile, me dedicaba a producir desfiles de moda. Pero consideraba que mi papel más importante era el de madre”, sostiene Gretchen.

Aunque no pensó que militaría en favor de la legalización, habla con el mismo discurso y la misma convicción de cualquier otro activista. “A mí no me gusta la mariguana. Nunca la he consumido. Pero creo que por la seguridad de nuestros hijos debemos regularizarla y gravar su venta, como cualquier otro producto, porque en este momento los que están regulando la mariguana son los cárteles de la droga”.

En 1999, Gretchen creó A New Path o Un Nuevo Camino, una asociación de familias en pro del tratamiento de la adicción a las drogas. Nadie las incluía en la conversación. La gente, dice, trataba a los adictos como a criminales pese a que tenían un problema de salud.

Con su decisión, Gretchen quiso derribar un muro de silencio.

“Las otras familias no se atrevían a hablar. El estigma que suponía tener un hijo adicto y sobre todo en prisión era muy grande. Y estaba ocurriendo a todos los niveles de la sociedad. Mis hijos vivían en un buen barrio, con todas las ventajas que conllevaba una vida en los suburbios, pero la adicción no hace distinciones y cruza todas las barreras”.

Otras madres, en otras partes del país, habían llegado a la misma conclusión y también habían decidido movilizarse por sus hijos.

Joy Strickland, presidenta de Mothers Against Teen Violence o Madres Contra la Violencia Adolescente, afroamericana, ejecutiva y de buen nivel económico, llegó a la militancia por otra vía, no menos dramática que la de Gretchen.

Su vida cambió una noche de verano de 1993. Su hijo, Chris, había salido esa noche con su amigo Kendrick. Ambos fueron asesinados cuando dos miembros de una pandilla de traficantes de drogas los atacaron para robarles el automóvil. Chris no tenía antecedentes, era un buen estudiante y acababa de entrar en Morehouse College, en Atlanta, una de los mejores universidades de Estados Unidos. Pero esa noche tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocados.

“Tuvimos que pasar por dos procesos criminales, porque había dos víctimas y dos acusados. Lo vivimos todo dos veces”, recuerda Joy. “En el primer juicio reviví los asesinatos en detalle pero nada tenía sentido. Mi hijo no debía haber muerto, no estaba implicado en ningún incidente, fue todo mala suerte. En aquel entonces estaba llena de ira. Pero sirvió de catalizador para hacer algo positivo y constructivo. No podía permitir que sus vidas se perdieran. Lo que hago es en homenaje a sus vidas y es algo que da sentido a la mía y me motiva”.

Al igual que Gretchen, Joy no es ninguna entusiasta de la mariguana: “Nunca he fumado un porro, nunca he tenido uno en la mano. Las mujeres como yo no nos identificamos en absoluto con las drogas, así que éste ha sido un camino peculiar para mí”.

Criada en Dallas, Joy, una mujer afable que habla con un acento tejano muy suave, dejó el mundo corporativo para dedicarse a su causa. “Soy el tipo de persona que debe actuar con base en lo que sabe. Era ejecutiva de IBM y me gradué en matemáticas. Me gusta resolver problemas, pero para eso hay que plantear las preguntas adecuadas. Y en esta cuestión existen muchas preguntas erróneas que te pueden llevar por caminos equivocados”.

Su misión, dice, es explicar y convencer, sin victimismo, recostada en la narrativa de la superación personal que tanto marca el discurso estadounidense y con la envidiable serenidad de alguien que ha aprendido a vivir con una tragedia personal.

Gretchen y Joy lideran Mamás Unidas, una plataforma creada en 2010 para federar a las asociaciones de madres que han surgido en todo Estados Unidos. “Usamos a propósito la palabra ‘mamás’ en vez de ‘madres’ porque tiene mucho más peso emocional y describe muy bien cómo nos vemos”, explica Gretchen.

Mujeres como ellas cumplen un papel muy peculiar dentro del movimiento a favor de la legalización del cannabis en Estados Unidos: brindan un rostro y un nombre al drama que viven miles de familias debido a la adicción, la prohibición y la guerra contra las drogas.

Estas madres no creen en los beneficios del consumo de cannabis, no escriben las propuestas de reformas de leyes, no reúnen fondos para impulsar campañas y no crean nuevos negocios ni buscan tajada en el cannabusiness. Participan del debate sobre la legalización, pero no son las personas que aparecen con mayor frecuencia en programas televisivos o conferencias o seminarios donde se discute el futuro de la política de drogas. Pero están ahí, y cuentan con el apoyo del movimiento y el respaldo financiero del profeta del cannabis, Ethan Nadelmannn. La razón es sencilla: humanizan la discusión al llevarla desde un mundo abstracto o una estadística a una vida de carne y hueso.

Por eso, para entender el camino que han recorrido estas dos mujeres hasta llegar a defender la legalización y su impacto en el debate en Estados Unidos, es necesario conocer primero algunas de las problemáticas que afectan a las familias cuando uno de sus miembros ha sido acusado o detenido por posesión o consumo de drogas.

En Estados Unidos, las drogas están reguladas a nivel federal por la Ley de Sustancias Controladas, firmada por Richard Nixon en 1970. Esta ley dividió a las drogas en categorías según el efecto provocado por su consumo y su utilidad terapéutica. La ley equiparó al cannabis con la heroína, las metanfetaminas o el LSD, a las que incluyó en la Categoría I, reservada para las sustancias “con un alto potencial de abuso” y sin ningún “uso medicinal”.

En 1986, durante el segundo mandato de Ronald Reagan, se aprobó otra norma, la Ley contra el Abuso de Drogas, que impuso penas mínimas para la posesión de drogas. La ley marcó el nacimiento de la llamada “mano dura” al forzar condenas extremadamente severas para crear un efecto disuasorio. Era la época de la “epidemia del crack” que golpeó a Estados Unidos entre mediados de los años 80 y principios de los 90. El gobierno decidió aplicar una política de castigo, rígida e inflexible, en la cual los consumidores y adictos fueron tratados como delincuentes.

Estas sentencias son la herencia más visible del andamiaje legal creado durante la era Reagan, una herencia que ha persistido hasta estos días y ha propiciado un aumento sin precedentes en la cantidad de personas que viven en prisión. Para esas personas, lo más duro, sin embargo, viene después, a la salida de prisión. En Estados Unidos, la vida de un convicto se prolonga mucho más allá de su sentencia por la Justicia.

Una persona condenada por un delito grave queda marcada durante años, a veces de por vida, incluso después de haber cumplido con su sentencia. El delito se convierte en una mancha imborrable en su historial criminal, un pasado que vuelve a aparecer una y otra vez en la información profesional, crediticia, legal y electoral de los felons, que pasan a convertirse en ciudadanos de segunda categoría.

Una condena por drogas conlleva la pérdida de algunos derechos básicos que son muy difíciles de recuperar, limita las oportunidades de educación y de trabajo, restringe el acceso a becas de estudio, a viviendas de protección social subsidiadas por el Estado y a la ayuda alimentaria que provee el gobierno federal. En algunos estados, implica la pérdida del derecho al voto.

En su libro sobre las encarcelaciones masivas en Estados Unidos, The New Jim Crow, un título que hace referencia a las leyes segregacionistas que imperaron en el sur del país, la abogada Michelle Alexander explica que estas sanciones civiles, aunque no se consideran un castigo por los tribunales, dificultan la reinserción de un convicto: “Es una forma colectiva de decirles que no son parte de la sociedad, que no pueden conducir, obtener un empleo, encontrar alojamiento o conseguir ayuda para sus hijos”.

Gretchen lo vivió personalmente con su hijo Elan, que luchó —y aún lucha— por reintegrarse a la sociedad, y ahora ayuda a jóvenes con problemas de drogas. A los convictos, dice Gretchen, nunca se les perdona del todo, sus vidas se convierten en una larga sucesión de exclusiones.

“La adicción es a veces más fácil de superar que las consecuencias de tener antecedentes penales”, asevera.

Joy y Gretchen no son las primeras madres en convertir su drama personal en una causa. A lo largo de la historia estadounidense reciente las familias han sido poderosos motores de la movilización ciudadana y del cambio social.



PROHIBICIÓN

El precedente más inmediato es la Prohibición, o Ley Seca, que imperó durante 13 años, entre 1920 y 1933, y bajo la cual floreció el crimen organizado y figuras de la talla de Al Capone o Lucky Luciano. Algunas de sus más fervientes partidarias, a favor y en contra, que contribuyeron primero a aprobar la ley y luego a abrogarla, fueron mujeres. Con el mismo argumento de proteger a la familia, primero del alcoholismo y luego de la violencia, las mujeres supieron canalizar las inquietudes de la sociedad de una época para convertirse en inesperados instrumentos de presión, en Washington y en los estados. Algo muy parecido ocurrió con el movimiento de los padres contra las drogas que se creó durante las dos presidencias de Ronald Reagan. A finales de los 70 y a principios de los 80, los profesionales de clase media de los suburbios se rebelaron contra la cultura hippie y su apología de las drogas.

“Las familias temían que sus hijos fueran a convertirse en una generación de zombis”, explica Emily Dufton, profesora de la Universidad George Washington y autora deParents, Peers and Pot, un libro que describe este movimiento.

Las familias se movilizaron cuando varios estados decidieron despenalizar la mariguana, entre 1973 y 1978, y empezaron a crear asociaciones de forma espontánea por todo el país. Marsha Schuchard, ama de casa de un barrio acomodado de Atlanta, Georgia, fue pionera al lanzarse a la militancia tras descubrir a su hija de 13 años fumando porros. Escandalizada, fundó Parent’s Resource Institute on Drug Education (PRIDE), una organización que se convirtió en el núcleo del movimiento. Estos nuevos “guerreros de los suburbios” cobraron una relevancia inesperada que llevó a una simbiosis entre las inquietudes de estos padres y las intenciones del gobierno: sus reivindicaciones encajaban a la perfección con el mensaje conservador del gobierno republicano. En 1983, ya había más de 4 mil asociaciones. Ese año Nancy Reagan lanzó su famosa campaña Just Say No para frenar el consumo de drogas entre los adolescentes, una iniciativa que tuvo un impacto muy profundo en el planteamiento de las políticas de prevención de la Casa Blanca.

El cannabis, que había gozado de un interludio glamoroso en los 70, volvió a convertirse en el enemigo público número uno.

“En muy poco tiempo, la mariguana —la droga más visible y accesible en las zonas residenciales blancas— pasó de ser una forma relativamente inocua de escapismo entre la clase media a transformarse en la sustancia más peligrosa de Estados Unidos, una droga que podía abrir la puerta a drogas más peligrosas y que ponía en riesgo el futuro de todo un país”, explica Dufton.

“Padres que no tenían experiencia previa como activistas se agruparon en torno a un tema muy emotivo. En escuelas, iglesias y comunidades de todo el país transformaron la mariguana en una amenaza”, agrega.

El movimiento contribuyó a frenar la incipiente despenalización que impulsó Jimmy Carter y consiguió, sobre todo, llevar la guerra contra las drogas a todos los hogares y convertir algo marginal en una causa muy personal para el estadounidense de a pie.

“Yo también pensaba así”, reconoce Joy. “Al principio, cuando empecé a militar, no hablaba de política de drogas, hablaba de padres de niños asesinados que intentaban recomponer sus vidas. Recibí el apoyo de mi comunidad, de la policía; era increíble”.

Pero Joy tuvo problemas para mantener ese respaldo cuando su postura fue evolucionando “al ver cómo la guerra contra las drogas perpetraba el modelo de negocio de los traficantes y propiciaba la relación entre violencia adolescente y guerra de pandillas”.

Las personas que primero la habían apoyado empezaron a distanciarse. “No los podía criticar —dice Joy— porque yo había pensando lo mismo. También pensaba que la policía era la única forma de mantener a las drogas fuera de mi comunidad”.

En 2008, escuchó por la radio al juez James Gray, que durante años ejerció en el condado de Orange, cerca de Los Ángeles. “Denunciaba la prohibición por crear el peor de los mundos, donde los traficantes seguían vendiendo drogas y los adictos estaban en prisión. Esa entrevista cambió totalmente mi percepción del problema”, recuerda.

Joy y Gretchen no son las únicas madres que decidieron respaldar la legalización a partir del drama que les tocó vivir.

Otras madres, con otras historias y otras razones, también se han movilizado a favor del cannabis y le han dado fuerza a una militancia que también ha pasado por el drama personal. Son madres que luchan por la salud de sus hijos, muchos de los cuales ni siquiera están aún en la adolescencia.

En Florida, los legisladores no pudieron resistirse a las súplicas de Peyton y Holley Moseley, cuya hija de 11 años, Ray Ann, sufría convulsiones diarias por epilepsia que sólo podía calmar con una variedad específica de cannabis. Un comité legislativo decidió, a principios de 2014, discutir, por primera vez, si permitía o no el uso de esa variedad que ayudaba a los niños que padecían tal enfermedad. Por la misma época, en el capitolio de Madison, la capital de Wisconsin, Sally Schaeffer pidió llorando a los legisladores que cambiaran la ley para salvar a su hija Lidia, de seis años, aquejada del mismo mal. A finales de 2013, el gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, se vio obligado, bajo la presión de la campaña organizada por Brian Wilson a favor de Vivian, su hija de dos años, también víctima de ataques epilépticos, a declararse a favor del uso terapéutico de la mariguana, controlado y vigilado.

El reclamo de estas familias, la presión de los padres para que sus hijos enfermos pudieran acceder a la única droga que les aportaba algo de alivio a sus vidas, contribuyó a profundizar el cambio de imagen del cannabis.

En casi todos estos casos, los padres se referían a una variedad de cannabis llamada Charlotte’s Web, rica en cannabidiol (CBD), uno de los compuestos químicos de la planta que tiene propiedades analgésicas y funciona como un anticonvulsivo. La variedad actúa sobre el sistema nervioso sin producir la clásica “volada” asociada al consumo de la droga porque tiene un nivel muy bajo de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Por eso, el primer nombre que se le dio a esta variedad fue Decepción Hippie.

Charlotte’s Web se vende como un aceite, llamado Alepsia, que sólo se encuentra en Denver, Colorado. Los hermanos Stanley, que poseen algunos de los cultivos más importantes del estado, producen esta planta. El nombre, además de ser un cuento para niños popular del poeta estadounidense E. B. White, surgió de una persona, la pequeña Charlotte Figi, de sólo siete años de edad. Charlotte sufría un tipo de epilepsia llamado Síndrome de Dravet y saltó a la fama en el verano boreal de 2013 cuando la cadena CNN reportó que la variedad de los hermanos Stanley había reducido de manera drástica su número de convulsiones, de unas 300 por semana a dos o tres al mes.

La historia de Charlotte’s Web tiene muchos de los condimentos que han contribuido al cambio de identidad del cannabis en Estados Unidos. Durante décadas, la hierba estuvo vinculada al crimen, la violencia o a las ambiciones maltrechas de jóvenes perdidos durante horas bajo los efectos psicotrópicos de la hierba. Era una amenaza para el futuro del país. Charlotte’s Web ofreció otra imagen: niños sumidos en un sufrimiento constante, atenazados por convulsiones provocadas por la epilepsia, recuperaban de pronto sus vidas gracias al cannabis. Sus padres, antes presos de la angustia, sonreían ante las cámaras de televisión y no dudaban en criticar la prohibición, devenida en un obstáculo para el tratamiento del mal que sufrían sus hijos.

Uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos, el doctor Sanjay Gupta, neurocirujano y corresponsal médico de la cadena de noticias CNN, llevó la historia de Charlotte Figi a los hogares del país en un documental llamado Weed. La emisión del documental llegó acompañado de un mea culpa de Gupta, quien escribió una columna titulada “Por qué cambié de opinión sobre la hierba”.

Unos años antes, en 2009, Gupta había escrito una columna de opinión en la revistaTime en la que se mostraba en contra de la legalización de la mariguana para su uso recreativo. En esas líneas, afirmaba que “fumar esa cosa” no era bueno para la salud. Gupta, una de las figuras más reconocidas de la televisión, quien dos años más tarde sería elegido por la revista Forbes como una de las diez celebridades más influyentes de Estados Unidos, no dudaba en sumarse a quienes comulgaban con una línea dura contra el cannabis.

En 2013, Gupta cambió repentinamente de opinión y pidió disculpas, al afirmar que no había investigado lo suficiente y no había mirado la realidad con la rigurosidad suficiente, ni había prestado atención “al largo coro de pacientes legítimos cuyos síntomas mejoraron con el cannabis”.

“Hemos sido sistemáticamente engañados durante casi 70 años en Estados Unidos, y me disculpo por mi propio papel en eso”, escribió Gupta.

Rápido de reflejos, un dispensario de Boulder, Colorado, bautizó a una de sus variedades de cannabis Gupta Kush tras el giro del médico, convertido en un súbito defensor de la hierba.

Su documental mostró los avatares de la pequeña Charlotte Figi, atenazada por las convulsiones, entre la vida y la muerte, con visitas frecuentes a la salas de emergencia de los hospitales. Uno de los medicamentos que probó para calmar sus convulsiones casi la mata. Un día su padre descubrió en Internet el reality show del dispensario de los hermanos DeAngelo, Harborside, en el que se veía la historia de Jason David. Su hijo también sufría ataques epilépticos y mejoró luego de comenzar a utilizar mariguana. Las últimas imágenes del documental de Gupta mostraban a Charlotte Figi aplaudiendo feliz, montando a caballo o andando en bicicleta.

En 2014, Gupta preparó otro documental, Cannabis Madness. El título jugaba con uno de los nombres más famosos en la historia de la mala reputación de la hierba en Estados Unidos: la película propagandística Reefer Madness, de 1936, en la que un grupo de jóvenes entra en un estado de frenesí tras fumar mariguana, el cual los lleva a una cadena dramática de eventos en la que se suceden un accidente de automóvil, un intento de violación y un asesinato. Uno de los personajes termina envuelto en un aparente estado de locura, y otro en un juicio por un crimen que no cometió.

Nada de eso se vio en Cannabis Madness. El documental de Gupta fue todo lo contrario: mostró los cultivos de los hermanos Stanley, a madres con lágrimas de felicidad por haber recuperado a sus hijos y al sofisticado invernadero de GW Pharmaceuticals, una empresa británica que cultiva una mariguana de alta calidad en un lugar secreto en el Reino Unido. La compañía produce medicamentos elaborados a base de cannabis, entre ellos unas gotas llamadas Sativex que se venden en 11 países, incluido Estados Unidos.

Gupta, un médico que tiene una de las mayores audiencias televisivas en Estados Unidos, ha planteado una sola inquietud en su imprevisto impulso a la legalización: el impacto de la droga en el cerebro de los jóvenes, más susceptibles en sus años de formación a los efectos del consumo de la hierba. Gupta ha dicho que no permitiría que sus hijos fumaran mariguana, como tampoco los dejaría beber alcohol antes de ser adultos.

La historia de Charlotte’s Web causó una auténtica conmoción entre el más de millón de estadounidenses que viven con epilepsia extrema. Algunas familias incluso se mudaron a Colorado y se convirtieron en “refugiados de la mariguana” para tratar de salvar a sus hijos. En abril de 2014, había 307 menores de edad inscritos en el registro del programa de mariguana medicinal estatal.

El fenómeno llevó a los hermanos Stanley a crear una organización, llamada Realm of Caring, destinada a facilitar el acceso al aceite que producen para estas familias.

Al frente de esa organización está otra madre, Heather Jackson. Su hijo, Zaki, probó 17 drogas legales diferentes para controlar sus convulsiones durante los primeros nueve años de su vida. Uno de los tratamientos lo transformó en un niño obeso. Nada funcionó, hasta que probó el cannabis de los hermanos Stanley. Sus convulsiones desaparecieron. Heather Jackson apareció en la televisión diciendo que gracias al cannabis por primera vez tenía la oportunidad de conocer a su hijo.

“Nunca pensé que estaría aquí. Soy una persona muy conservadora”, afirma Jackson, sobre su nuevo trabajo. “Pensaba que la mariguana mataba células cerebrales, te hacía estúpido y perezoso. Eso no puede estar más alejado de la realidad. Se puede abusar de todo, pero si utilizamos bien la planta, puede ser muy buena medicina”.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), que controla los medicamentos y alimentos que se consumen en Estados Unidos, no ha dado su visto bueno a Charlotte’s Web, y muchos médicos se resisten a recomendarla porque sus efectos a largo plazo todavía son desconocidos. La Sociedad Americana de Epilepsia ha reconocido que existe “evidencia anecdótica” a favor del uso del cannabis para el tratamiento de la condición, pero ha advertido sobre la falta de información sobre el impacto de su consumo por los niños. Nada de esto ha ahuyentado a los “refugiados de la mariguana”, decididos a ignorar el veredicto final de la ciencia ante la mejoría diaria que ven en sus hijos.

En Estados Unidos se han hecho pocos estudios sobre los efectos de la mariguana. Al ser una sustancia ilegal, los investigadores no pueden obtener fondos federales, tienen dificultades para acceder a muestras de la planta, financiamiento para su investigación o la aprobación requerida del Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés). Sólo un laboratorio, en la Universidad de Misisipi, tiene autorización para cultivar cannabis y estudiar su uso medicinal.

Ser una madre a favor de la mariguana no siempre ha sido fácil.

“El nivel de estigmatización es muy profundo y a veces se expresa de forma inesperada”, dice Gretchen. “Pienso en mi madre por ejemplo. Era una señora un poco antigua que sólo creía lo que leía. Así que empecé a escribir artículos. Tardó mucho en entender que su nieto tenía un problema porque al principio lo rechazó, sólo pensaba que era un chico malo”.

Muchos amigos siguen sin entender la militancia de Gretchen.

“No lo ven bien. Me vienen con prejuicios y me dicen que mis hijos tenían que haber hecho deporte y actividades. Mis hijos hacían de todo y sin embargo cayeron en el pozo de la droga. Estos comentarios también son una forma de criticarme como madre. Piensan que es culpa mía, que tuve que hacer algo mal. Y por eso es importante hablar. Al principio muchos no creían lo que estaba diciendo, pero otros lo recibieron como un soplo de aire fresco y a su vez empezaron a hablar de sus hijos o de sus sobrinos, y a contar sus historias”.

Aun así, muchas familias siguen encerradas en muros de silencio. “También conozco a madres que no hablan porque no quieren que sus problemas salgan del núcleo privado, del secreto. Yo tuve mucha suerte, mis dos hijos están a favor de que hable. Al principio era un poco complicado ¿Cuándo empieza mi historia y deja de ser la de ellos? Les pedí permiso para hablar públicamente y me animaron a hacerlo. Ahora me acompañan de vez en vez en mis conferencias”.

Cuando se reúne con otras madres, Gretchen siempre debe responder a la misma pregunta: ¿la legalización no aumentará el consumo de mariguana entre los adolescentes?

“Miremos lo que están consumiendo nuestros hijos y eduquémoslos, sobre todo en ese momento tan crucial que es la adolescencia, cuando empiezan a interactuar con la sociedad y ubicarse en la vida. Es mejor evitar que consuman drogas y nosotras no abogamos en absoluto por que lo hagan, pero si preguntas a cualquier alumno de escuela secundaria qué les resulta más fácil conseguir, tabaco, que está regulado y al que en principio no tienen acceso, o mariguana, que no está regulada, te dirán que mariguana. Así que creo que es un gran argumento a favor de la regularización”.

Según el NIDA, más del 12 por ciento de los niños de 13 años y 36 por ciento de los adolescentes de 18 años fumaron mariguana en 2012. Estos niveles se han mantenido constantes en los últimos cuatro años. La mayoría no la considera una droga peligrosa.

Joy ofrece una respuesta similar: no tiene sentido perpetuar la misma solución a un problema que no se resuelve.

“Tiene mucho que ver con la ignorancia. Yo misma no sabía nada sobre la política de drogas. Intento hacer entender a las personas con las que hablo de la relación entre la prohibición del alcohol en los 20 y 30 y la ola de crimen que generó, y lo que está pasando ahora. Está claro que la guerra contra las drogas no evita que las drogas caigan en manos de los niños ni elimina la violencia. ¿Por qué no hemos ganado ya? ¿Cuál es la estrategia de salida? Es lo que intento explicar”.

Joy dice que las personas más difíciles de convencer son las madres como ella. “Somos las que más nos oponemos a cualquier cambio en la guerra contra las drogas, somos muy conservadoras porque lo consideramos como una cuestión moral”.

Joy celebra reuniones en Dallas, abiertas al público, para que la gente pueda hablar sin temor. En ellas, intenta hacerles entender que todos los problemas están relacionados, y que el narcotráfico puede afectar sus vidas. Su próxima meta es acercarse a las organizaciones religiosas, que en Texas —como en otras partes de Estados Unidos— tienen un gran poder de convocatoria, cumplen un papel social y sirven de punto de encuentro en las grandes zonas suburbanas.

“La gente me escucha porque no soy una persona que ha guardado ira por lo que le ha pasado. He curado mis heridas. Por eso puedo hablar de las cosas que creo que hay que cambiar y no se trata de juzgar a otras personas, sino de ayudarlas a que cambien su visión del problema”.

También prosigue su labor con los legisladores, y estuvo muy cerca de convencerlos de aprobar un proyecto de ley de reparto de jeringuillas para prevenir el contagio de enfermedades entre adictos.

“Sorprendentemente, no fue difícil convencer a los diputados, incluso los del Tea Party”. La propuesta perdió tan sólo por un voto. De hecho la opinión pública está cambiando: en Texas, un estado que lleva más de 20 años eligiendo a gobernadores republicanos, el 58 por ciento de la población está ahora a favor de la legalización.

Joy tiene otro hijo, casado, que vive en Laguna Beach, California, y al que visita con frecuencia. “Recuerdo haberle dicho que se alejara totalmente de las drogas, y que si estaba experimentando yo iría a recogerlo donde fuera, a cualquier hora. Ahora que he aprendido sobre la mariguana, le diría que preferiría que fumara en casa, sin los niños, claro, pero que usara eso en vez de cualquier otra cosa. Porque es la droga más segura. Y mi hijo se queda de piedra y me dice que no lo puede creer”.

Joy esboza un carcajada: “Piensa que soy una madre muy cool”.

 

 

Ninguneados por las autoridades, relegados siempre, los parientes de los desaparecidos también eran invisibles. Nadie los escuchaba, nadie los atendía. La brutalidad y la proyección del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, empero, removió su dolor y provocó que se organizaran. Así, con sus propios medios y asumiendo el inmenso riesgo que implica, comenzaron a buscar a sus familiares por la sierra, a través de territorio narco, centímetro a centímetro. Desde que comenzaron a trabajar se han encontrado más de 60 fosas en Guerrero.

IGUALA, GRO. (Proceso).- Incontenibles, se lanzaron al cerro así nomás, a corazón abierto, sin comida ni agua pero con uñas, manos, picos, palas, barretas, varillas, machetes, mazos, lo que tuvieron a mano, para excavar hasta dar con sus familiares desaparecidos. Llevaban lentes oscuros, paliacates o gorras por el miedo a ser identificados, pues sabían bien que habían traspasado un territorio de sicarios. Eran unos 50 desenterradores.

Aquí hay una fosa”, gritó el que topó con los primeros huesos. Todos se acercaron al entierro clandestino. Algunos derramaron lágrimas silenciosas; varias mujeres se abrazaron y rezaron. Ese primer día encontraron ocho cuerpos. Desde entonces no ha parado el grito de “encontré una fosa”, “otra por acá”.

Desde ese domingo 16 de noviembre, ya bajo la supervisión de la PGR, que llegó a la semana siguiente cuando vio el incontenible destapadero de fosas, en Iguala han sido recuperados 39 cuerpos de entierros clandestinos y 75 –suma de cadáveres y restos– de la fosa común del panteón municipal.

En total 63 fosas han sido inspeccionadas: sólo 16 tenían restos; las otras, basura de los campamentos de los sicarios o ropas que podrían ser de las víctimas.

Pareciera que todo se conjugó para lograr esa estampida que no cesa: la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala condujo al hallazgo de seis fosas con 30 cuerpos calcinados; la angustiante noticia movió a familias con hijos desaparecidos en Iguala y sus alrededores a acudir a una reunión en la iglesia de San Gerardo; ahí encontraron que eran cientos de familias con el mismo dolor, la oferta de protección de la policía comunitaria (bajo las siglas de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG) para subir a buscar y el apoyo de un grupo forense (Ciencia Forense Ciudadana) que ofrecía tomar muestras de ADN.

Con ese equipo para qué necesitarían a la autoridad que nunca los había escuchado.

Hasta este momento las familias siguen peinando los cerros aledaños a esta ciudad, pese a las restricciones de la PGR, que ya no les permite excavar. Intactas las ganas de recuperar a su familiar, cada vez que ven tierra removida entierran unas varillas caseras fabricadas por herreros de Huitzuco y las golpean con un marro del que se burlan los antropólogos expertos. Al sacar el fierro le huelen la punta cual sabuesos entrenados para detectar el hedor a difunto. Luego lo vuelven a enterrar, así, centímetro a centímetro.

Esa participación conjunta que a las familias les hizo darse cuenta de que su dolor formaba parte de una estadística nacional (más de 22 mil desaparecidos), los empujó a fundarse como organización (se llaman Comité de Familias Víctimas de Desaparición Forzada) y a darse cuenta del desdén de las autoridades hacia la desaparición de personas. Un problema convertido en epidemia desde el sexenio de Felipe Calderón, que se ha intensificado con Enrique Peña Nieto y por el cual México comparecerá en febrero ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Sólo este grupo suma 318 casos.

Aunque el gobierno federal instaló carpas en el terreno de la iglesia de San Gerardo, el territorio de reunión de las familias, y ofrece atención psicológica, médica, legal y toma muestras genéticas, recibe denuncias penales y tiene a un equipo de ministerios públicos y peritos asignados a las búsquedas, para las familias no es suficiente.

Si ésa es la capacidad de respuesta que tiene la máxima autoridad es triste. Siempre nos dicen que entendamos, que no somos los únicos con este problema, que son 22 mil desaparecidos, que los antropólogos son insuficientes, pero si seguimos su ritmo vamos a tardar años en ir a los otros puntos donde sabemos que puede haber fosas”, dice Xitlali Miranda, secretaria de la agrupación.

Mario Vergara, a cargo del equipo de búsqueda, criticó que la Gendarmería dejó de brindarles protección con el argumento de que los designaron a todos a buscar a los 42 estudiantes que permanecen desaparecidos. Además, se les retiró una semana el apoyo de la Marina y se les dijo que las búsquedas se suspendían una semana; por su presión se mantuvieron.

El martes 20, Eliana García, encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, entregó al comité un plan de trabajo para los próximos meses, en el cual se establecen cuestiones como que las búsquedas serán de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde (aunque los viernes preparan los restos que enviarán al forense en el Distrito Federal), y que de marzo en adelante sólo se harán tres días por semana hasta terminar en junio.

La propuesta contiene algo nuevo: un plan de búsqueda en vida, en el que se incluye solicitud de información a compañías telefónicas, análisis de redes sociales e informáticas, rastreo de vehículos, tarjetas bancarias y búsqueda en cárceles, hospitales, albergues, asilos y anexos. A simple vista parece muy enfocado a citadinos de buen nivel socioeconómico y no a los campesinos que integran el comité.

Dicen que los esperemos, que no tienen suficiente personal para desenterrar e identificar cuerpos. Son los mismos los que hacen todo, que ya tienen el refri lleno de huesos y nosotros tenemos prisa, queremos avanzar”, explica Vergara.

La principal queja de quienes han subido a excavar, además de la lentitud de los protocolos, la inexperiencia e insuficiencia de personal, es por la antropóloga enviada por la PGR, a quien describen como burócrata, perezosa, inexperta, soberbia, de malos modos hacia las familias al sentirse desafiada.

En la PGR han descartado lugares que dicen que ya terminaron (de peinar), y nosotros seguimos encontrando fosas. Por eso tienen que volver. Nosotros somos de campo, sabemos dónde hay algo, dónde cavar. También nos damos cuenta quién no sabe usar una pala, ellos a lo mejor tienen experiencia de tanto leer, de sus clases, pero descartan zonas donde hay raíces, la antropóloga no distingue el olor de agua estancada de donde el olor es diferente”, dice Juan Jesús Canaán, quien busca a un sobrino desaparecido en 2008.

Él y Vergara coinciden en que varios peritos de la PGR pareciera que no hacen nada durante las búsquedas y las exhumaciones.

 

Búsqueda tardía

La anciana Luisa, madre de Carlos Escovar Bastián, desaparecido en enero de 2014, dice indignada: “Llevamos semanas ya subiendo al cerro todos los días sin alimento, sin beber agua, pero la lucha de nosotros es por hallar a nuestros familiares. Si usted nos acompañara y viera el dolor. Tapados con ramas, con piedras, hacen corralitos de piedra y basura y así están, como animales. Eso no es enterrar. No escarbamos mucho y ahí están. Encontramos chores, playeras, zapatitos de niño o niña, ropita, una credencial de elector de un muchacho de Teloloapan, los zapatos de una jovencita. Fueron a aventarlos ahí, donde se arma la zopilotera”.

Casi todos los cuerpos desenterrados ya son esqueletos. Muchos tienen la mordaza en la boca, la venda en los ojos, manos y piernas vendadas.

La PGR ha recibido 235 denuncias por desaparición en la zona; 25 son mujeres. Sin embargo, mucha gente aún no denuncia por desconfianza. El Comité tiene 100 denuncias más.

Según el análisis de Julia Alonso, la representante de Ciencia Forense Ciudadana, 30% de los desaparecidos son taxistas jornaleros y 60%, jornaleros o albañiles. La abrumadora mayoría son jóvenes, varones, delgados.

En cuanto a los perpetradores, 75% fueron policías municipales y seis casos se vinculan al 27 Batallón de Infantería del Ejército.

Durante el periodo de José Luis Abarca –el narcoalcalde apadrinado por políticos y militares, a quien se adjudica la orden de atacar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa– aumentaron las desapariciones, de acuerdo con el conteo realizado por la PGR: de los 235 casos reportados en la región, 110 ocurrieron en Iguala.

Este dato coincide con el reporte de la Secretaría de Gobernación publicado por el diario La Jornada, de que alrededor de 100 narcos trabajaban como policías municipales durante el tiempo de Abarca.

Si en 2011 hubo seis desapariciones, en 2012 la cifra escaló a 32; para 2013 brincó a 79 y de 2014 se tienen 42 registrados. El resto no tiene fecha.

De Cocula se denunciaron 13 desapariciones; de Taxco, 12; de Teloloapan, ocho.

 

Desenterradores ciudadanos

La iglesia de San Gerardo es la sede elegida por las familias y el lugar donde perdieron por primera vez el miedo a denunciar sus tragedias. El gobierno federal pronto instaló unas carpas en las que se veía en un principio a los empleados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sin saber qué servicios ofrecer. Hoy ahí se otorga asesoría legal. Bajo la explanada se toman registros y muestras. El área de psicología está llena de dibujos de niños que se duelen de alguna ausencia.

Las familias usan el salón de reuniones de la iglesia y un viejo galerón desocupado, al que convirtieron en comedor y sitio de reunión. Ahí se cuentan las penas, intercambian sus historias, planean las búsquedas y comen gratis. Han tomado dos veces las casetas por unas horas para financiar sus gastos.

Cuando usted está sano no ve nada, pero cuando está vendado se da cuenta de que hay otros vendados, quién está lastimado. Así estábamos, y dispersos, no había manera de unirse y preguntar por qué estás vendado”, explica Canaán, al mostrar el comedor lleno siempre de personas, algunas en crisis nerviosa, otras con hambre.

Un dato llama la atención: muchos llevan una misma camiseta negra con el lema “Hijo mientras no te entierre te seguiré buscando”. A diferencia de grupos de víctimas de otras partes del país que nunca quieren pensar que su familiar pudiera estar muerto, aquí buscan muertos, ellos y ellas se dedican a desenterrar.

El hallazgo de tanta fosa influyó.

La mayoría de la gente nos dice que están muertos, y con tantas fosas en los cerros… por eso empezamos a buscar en fosas, aunque nos guardamos un espacio para nosotros de que está vivo”, dice Vergara.

A dos meses de que iniciaron las búsquedas la situación ha cambiado paulatinamente.

Miguel Ángel Jiménez, el representante de la policía comunitaria, no ha regresado por un problema familiar, pero la UPOEG mantiene el contacto.

En tanto, los forenses ciudadanos cuyo acompañamiento dio impulso a la búsqueda ciudadana no habían aparecido por estos lugares hasta el jueves 22, cuando acudieron a renovar la promesa de las 500 muestras genéticas gratuitas.

El nuevo compromiso es empezar a tomar las muestras de ADN a fines de febrero. Según los representantes de la organización aún están en busca de un permiso para enviar las muestras a laboratorios extranjeros y otro para contrastar con los restos exhumados.

Pero su idea de quitarle a la PGR el monopolio de los procesos de identificación continúa.

Según un conteo de Animal Político hasta el año pasado se registraban 23 mil 600 desapariciones, y 2014 fue el año con más casos en el país: 5 mil 98 personas. La semana pasada La Jornada consignó que en México desaparecen 14 personas cada día.

Vivimos en un cementerio”, dice Canaán mientras desayuna frijol con chile.

La experiencia vivida en Iguala llamó la atención a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos oficiales por dar por terminado el caso Ayotzinapa y de establecer la versión oficial como la única, estas familias de sabuesos desenterradores siguen exhibiendo a escala internacional este país de fosas.

Han venido de otras partes y les contamos nuestra experiencia y les decimos: No esperen a que la autoridad venga a buscar, organícense, empiecen sus búsquedas. Ojalá sirvamos de ejemplo porque la autoridad ni quiere hacerlo ni tiene capacidad”, dice Miranda.

 

 

Reportaje Ganador del Premio Jalisco Periodismo 2014, Categoría Prensa Escrita.

Lupita, Naty y Mayra, como muchas otras madres de Jalisco, han tenido que escuchar decenas de veces las mismas preguntas: ¿En qué andaba metido su hijo? ¿Qué más sabe de él? ¿Ya apareció? Como si la pena de tener un hijo desaparecido no fuese suficiente han sido ellas, con sus propios medios, quienes han emprendido la búsqueda de José Luis, Dalia y Toño. Las autoridades en Jalisco ni buscan ni registran ni investigan las desapariciones.

 

Tres madres, tres historias: un mismo proceso

Desde que Dalia Guadalupe Cruz Guerrero desapareció el 30 de septiembre de 2010 ha sido su madre, Naty, la que ha tenido que dejarlo todo para salir a buscarla porque rápidamente entendió que a las autoridades esto no les importaba: “Tengo un gran coraje porque no sé si soy pendeja o muy tolerante porque bien sé que en estos casi cuatro años las autoridades no han hecho nada”. Dalia desapareció en los límites entre Jalisco y Zacatecas cuando viajaba en compañía de su esposo y dos amigos.

 

Naty recabó nombres y teléfonos de personas que podrían decir qué rumbo tomó el vehículo en el que viajaba su hija. Rastreó todos los indicios en su natal Ahualulco para saber quién o quiénes podrían estar involucrados; sin embargo, nada ha sido catalogado como importante para la Agencia No. 12/C, especializada en desapariciones, de la Fiscalía General. Ahí su expediente sólo ha cosechado polvo y ella “puras amarguras” que ha tenido que convertir en fuerzas porque Naty es quien ahora se hace cargo del hijo de Dalia.

Lupita tiene tres años y ocho meses buscando a su hijo José Luis Arana, el cual desapareció el 17 de enero de 2011 en Tonalá, luego de salir manejando su camioneta de una gasolinera. Ella, hasta ahora, ha sido la artífice de toda la información que se ha generado sobre el caso, aunque al principio no fue así porque ella confío en la autoridad.

Cuando José Luis desapareció, ella y su familia tuvieron que esperar 72 horas porque las autoridades les dijeron que “eso marcaba la ley”, hoy saben que no es así. También retiraron de redes sociales la foto de su hijo porque “eso entorpecía las investigaciones”, hoy saben que esto fue un error. Así esperaron hasta aquel 15 de abril de 2011 cuando Lupita decidió salir a buscar a su hijo cansada de recibir nada.

Lupita fue de las primeras madres que en un evento público increpó al ex presidente Felipe Calderón sobre los desaparecidos. Fue un 7 de septiembre de 2011 cuando armada de valor lo interrumpió para pedirle le ayudara a encontrar a José Luis. Calderón la escuchó, prometió ayudarla, pero todo quedó en promesas.

Ha “vivido las de Caín” porque ha hecho cosas inimaginables por encontrar a su hijo: es asidua visitante de la morgue, ha estado presente en las exhumaciones de las diversas fosas clandestinas encontradas en Jalisco, se ha entrevistado con procuradores, peritos e, incluso, con los que presuntamente se llevaron a José Luis. Como muy pocas, Lupita, conoce los recovecos del sistema de justicia local, pues ha mostrado sus ineficiencias en el registro de los desaparecidos, sus imprecisiones al momento de identificar a las víctimas y los constantes obstáculos que les ponen a las familias cuando, pese al miedo, deciden no sólo levantar las denuncias sino hacer ellas mismas las investigaciones.

Fue ella, y no la Fiscalía, la que localizó y trajo a Jalisco la camioneta en que desapareció su hijo, pues de tanto buscar logró encontrarla en un corralón en Manzanillo, Colima. El vehículo estaba ahí desde el 2 de marzo de 2011 relacionado con una balacera, pero nadie investigó nada a pesar de que la camioneta tenía reporte de robo desde enero de ese año.

Lupita viajó hasta Manzanillo y, como pudo, logró entrar al corralón para revisar el auto. Ahí encontró ropas de su hijo, manchas de sangre y los recibos que comprueban que el vehículo salió de Jalisco hacia Colima, el mismo día de la desaparición. Exigió a las autoridades que viajaran para realizar los peritajes correspondientes y trasladar la camioneta a Jalisco, ni una ni otra cosa pasó. Fue ella quien con su dinero, en junio de 2011, trajo la camioneta para que los peritos jaliscienses la pudieran examinar.

A la fecha, la camioneta fue regresada a la familia: “pero hemos descubierto que el peritaje no ha sido integrado a la averiguación previa”, comentó Lupita, para quien esto es una grave omisión porque ésta es clave en la investigación. Personal de la Fiscalía General, le comentó que pronto le entregarían el peritaje realizado dos años atrás. Esto no ha pasado.

Mayra, vive las mismas circunstancias, su hijo Antonio Reynoso desapareció el 30 de agosto de 2013 luego de ser detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco en la colonia Balcones de Santa María en San Pedro Tlaquepaque. Ese día, Toño, fue detenido junto con José Luis Álvarez, Cándido López, Mariano López y Víctor Luna por policías encapuchados que sin orden de allanamiento o aprehensión llegaron al lugar tripulando diversas patrullas que tenían tapadas las placas y el número de identificación. Mayra llegó al lugar justo cuando Toño era subido a una de las patrullas: “Yo vi a mi hijo, yo lo reconocí, yo lo vi sangrando, yo vi cómo se lo llevaban. En el expediente aseguran que brincó una barda y huyó, pero yo vi cómo se lo llevaron”, precisó Mayra. 

Sin embargo, ni Toño ni José Luis fueron presentados en ningún Ministerio para ser consignados por el delito de robo de vehículos del que se les acusaba, como sí lo hicieron con Víctor Luna y los hermanos Cándido y Mariano López, quienes fueron trasladados el 31 de agosto a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Central.

De José Luis se supo que había pagado 40 mil pesos a los policías para que lo dejaran libre, pues éste marcó -una semana después del hecho- para contárselo a la familia Reynoso Hernández y para saber qué había pasado con Toño, pues supuestamente él había pagado para que los liberaran a los dos. Cosa que no sucedió porque, como narra Víctor -uno de los detenidos-: “Toño fue bajado de la patrulla para recibir la descarga directa de la batería del vehículo, después lo pusieron en la parte trasera de la patrulla”.

De un año a la fecha, Mayra ha tenido que luchar contra todo el aparato institucional de la Fiscalía General, pues al tratarse de una desaparición cometida por policías ha tenido todo en su contra, pues el propio Fiscal, Luis Carlos Nájera, ha asegurado que: “Toño nunca desapareció porque nunca fue detenido. Toño está prófugo”.

Me siento muy desilusionada y me da mucho coraje porque parece que aquí la que miente soy yo, pero por qué yo habría de inventar la desaparición de mi hijo”, señala Mayra, quien al igual que Lupita y Naty ha descubierto que los desaparecidos no son tema ni prioridad para las autoridades, pues cada que va a pedir informes en la Agencia 12/C sobre su caso escuchan: “¡Usted que más sabe señora! ¿Tiene un nuevo dato? ¿Ya lo encontró?”.

 

La unión que se gesta tras la desaparición

Las historias de Lupita, Naty y Mayra tienen diversos puntos en común que terriblemente narran la situación de las familias de desaparecidos en Jalisco: nula investigación y procuración de justicia por parte de la Fiscalía General y la Agencia 12/C, re victimización y criminalización tanto del desaparecido como de sus familiares, inacción y opacidad en relación a la información sobre el avance de sus investigaciones. Esto aunado a que deben ser las víctimas quienes inicien la búsqueda porque si esto no sucede nadie desde la estructura institucionalidad buscará a sus familiares.

Lupita, Naty y Mayra forman parte de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) y desde sus vivencias han acompañado a otras madres en su proceso de búsqueda. Ellas recomiendan, ante la inoperancia de las autoridades locales, hacer por sus propios medios, la búsqueda de sus familiares. Piden no acudir ni a la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General ni a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque ahí sólo serán re victimizados y juzgados. También consideran importante, pese a los malos resultados, interponer su denuncia por la desaparición aquí en Jalisco pero después ir a ratificarla ante la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal porque sólo así podrán ejercer presión para que la Fiscalía General trabaje o, al menos, les dé acceso a sus expedientes, pues a muchas de las familias de desaparecidos esto se les niega.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública existen, desde 2007, en Jalisco 2 mil 230 personas desaparecidas. No obstante, estas cifras se ponen en duda cuando se sabe que en lo que va del año (hasta el 3 de agosto) se han presentado en la Agencia 12/C de la Fiscalía General: mil 745 denuncias por desaparición.

Ante la opacidad de la Fiscalía General sobre el tema no es posible saber cuántas de estas personas aparecieron y cuántas más continúan desaparecidas. Aquí en Jalisco, como bien lo saben Lupita, Naty y Mayra, hay una obsesión por desaparecer a los desaparecidos.

 

 

Desaparecer en Tala: entre el miedo y el silencio

El silencio es su relato porque hablar las cosas o hacerlas públicas en el municipio de Tala implica un riesgo para sus habitantes. Muchos prefieren callar porque quienes amenazan, extorsionan, levantan y desaparecen a las personas en este pequeño municipio de la región valles circulan armados todos los días por sus calles con el beneplácito de la autoridad.

Tala, con no más de 70 mil habitantes, está a tan sólo una hora de Guadalajara. Es un municipio pequeño reconocido por su ingenio de azúcar, por sus asentamientos arqueológicos y por la leyenda de los gigantes que dos veces arrasaron con todo. Hoy, el crimen organizado, es un nuevo gigante que amenaza con cumplir las antiguas leyendas.

Existe miedo porque lo único que es igualmente proporcional a desaparecer en Tala es el miedo que existe para denunciar a todos los hombres y mujeres que desaparecen casi a diario en este municipio. En menos de un año en este lugar han desaparecido más de 30 personas y en los últimos tres se registran más de 80 desapariciones.

“Aquí en Tala andamos con miedo, aquí hay muchos pero muchos desaparecidos pero a sus familias les da miedo denunciarlo, les da miedo siquiera compartir su foto o decir que se los llevaron los matones porque aquí las autoridades no hacen nada, no hay justicia”, precisó María Cipriana, quien busca a su hija María Juana Robles desde el año 2000. 

Ella es de las madres que en Tala más tiempo ha vivido este calvario, pues no sabe nada de su hija desde que se fue a trabajar a un centro nocturno en Ahuislulco, mismo lugar donde en mayo de 2012 fueron liberadas 12 personas secuestradas por presuntos integrantes de “Los Zetas y el Cártel del Milenio” quienes tenían planeado su muerte para dejarlos como un mensaje de venganza, tal y como sucedió con las 18 personas que fueron abandonadas el 9 de mayo de 2012 en la carretera a Chapala en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Las personas secuestradas en Tala, a decir de los testimonios de los victimarios, terminarían ese mismo día debajo de los Arcos del Milenio, lugar en donde meses antes (24/11/11) se encontraron 25 cadáveres.

En Tala la gente, sobre todo los jóvenes, son levantados y desaparecidos “al azar” como confesó, Juan Carlos Antonio Mercado, líder de Los Zetas en la región valles y responsable del secuestro de las 12 personas en Tala. Éste fue detenido en este municipio el 12 de mayo de 2012; sin embargo, los levantones y las desapariciones persisten.

 

Trastocando el relato: visibilizar y hablar de los desaparecidos en Tala

Cansados de esperar nada y ante la omisión de las autoridades municipales, las familias de los desaparecidos en Tala se congregaron el 31 de agosto en el Templo de San Francisco de Asís para ofrecer una misa a sus desaparecidos, para recordarlos y para recordarse que sólo unidos podrán salir a delante. 35 fueron los retratos de desaparecidos que se colocaron en una pizarra a un costado del altar: 29 hombres y seis mujeres. 

La misa se ofició un día después de que se celebrara el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas y sirvió como una manera de romper el silencio porque en Tala las cosas no están bien desde hace varios años y de eso hacen eco las charlas cotidianas, pero hace falta algo más: la solidaridad. Por ello, el vicario del templo, Alfredo Gómez, precisó en la homilía: “No estamos aquí para juzgarlos. No estamos aquí para decir que hicieron algo malo porque eso no lo sabemos. Estamos aquí para pedir que puedan volver a casa”.

Son muchas las razones por las cuales, María Cipriana, acudió ese día al templo; la principal, la desaparición de su hija María Juana Robles de la cual no sabe nada desde el año 2000 cuando la dejaron de ver en el centro nocturno en el que trabajaba en Ahuisculco. Su otra razón fue pedir por el descanso de su nieto e hijo de María Juana, Omar Alejandro Lozano Robles, al cual acribillaron, el 21 de junio de 2013, un par de gatilleros que todavía eran visibles, por la polvadera que levantaba su camioneta, cuando la policía municipal de Tala llegó al lugar de los hechos y se negó a ir tras ellos.

“De mi hija no he sabido nada. La he buscado por todos lados, le he pedido ayuda a las autoridades en Tala y nada. Ese día que desapareció fui al Ministerio Público y sólo me dijeron que peinarían la zona. Nunca me tomaron mi declaración”, explica María Cipriana, quien además recuerda cómo los distintos presidentes municipales de Tala prometieron ayudarla pero ni buscaron a su hija ni han hecho justicia en relación al homicidio de su nieto.

“El día en que me mataron a mi niño, nada hicieron. Sucedió cerca de mi casa, llegó una camioneta salió un matón le disparó a él y a otro amigo, salieron volados en el carro dejando una polvadera… Cuando llegó la patrulla, la mamá del otro muchacho les dijo: sigan a los matones, síganlos, allá van síganlos, ni uno se movió. Nos dijeron que con los casquillos bastaba, pero va un año dos meses y nada”, explicó María Cipriana. De acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hasta el 31 de agosto de 2014, en Tala sólo han existido dos homicidios. Las historias cotidianas que aquí se oyen no estarían de acuerdo con esto.

Encontrar a su hijo Gregorio Pérez Muñoz fue la causa por la que María de Jesús Muñoz, acudió a esa misa. Con unas rosas blancas y con un recuerdo bien reciente narró cómo no sabe nada de él desde el primero de agosto de este año cuando muy temprano salió de Tala con rumbo a la comunidad de La Venta en Zapopan. Ya no regreso.

“He ido a todos lados a buscarlo, pero nadie lo ha visto. Él trabajaba en las obras poniendo instalaciones eléctricas, él trabajaba ahí en una empresa en La Venta, pero tampoco ahí llegó esa mañana”, contó María de Jesús para quien todo esto es muy preocupante porque Gregorio siempre le avisaba en dónde andaba o a dónde iba; sin embargo, ese día cuando ella lo esperaba a las seis de la tarde, éste ya no volvió.

Ella no sabe qué ha pasado con su hijo, no sabe a dónde pudo haber ido porque ese día, a diferencia de otros, no se llevó sus cosas como siempre. María de Jesús, a pesar del miedo que existe en Tala, sí presentó su denuncia el 3 de agosto de 2014 en la Agencia 12/C, especializada en desapariciones, de la Fiscalía General. Ahí le asignaron la averiguación previa 1745/2014. Lo leyó Usted bien: mil 745, lo cual significa que en Jalisco hasta ese 3 de agosto se habían denunciado la desaparición de mil 745 personas.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública existen en Jalisco, desde 2007, 2 mil 230 personas desaparecidas. El número de averiguación previa asignado a María de Jesús pone en dudas la cifra oficial.

Los casos siguen, como el de Héctor Salvador Quintero Salazar, desaparecido el 31 de enero de 2014, de él se sabe que fue baleado y levantado en pleno centro de Tala por un grupo armado que se lo llevó por haberse negado a trabajar con ellos. Así también pasó con Gerardo Padilla Castillo, a quien dispararon y levantaron el 7 de diciembre de 2013 por las mismas razones. Lo mismo pasó con Salvador Salazar Vega, a quien se llevaron el 4 de abril de 2014 por negarse a colaborar con el crimen organizado.

Este modus operandis es el mismo que también denunciaron otras familias, las cuales solicitaron el anonimato, pues tienen miedo de directamente decir que a su esposo, hijo u hermano se lo llevaron por decir: NO. También temen expresarlo de manera pública porque saben que muchos de los que levantan y desaparecen a las personas en Tala también forman parte de la policía municipal o se pasean por las calles impunemente.

Por ello, todas las familias que estuvieron presentes en la misa saben que las 35 fotografías presentes en misa representan sólo a la mitad de los desaparecidos que tiene Tala, pues hubo familias que prefirieron no mandar su foto por el miedo que les provocaba el hecho de que a la misa fueran a ir los mismos que se llevaron a sus familiares. El miedo es latente.

Ante la ola de desapariciones, el presidente municipal de Tala, Antonio López Orozco, dijo que la responsabilidad de las investigaciones es únicamente de la Fiscalía General y que él lo único que puede hacer es acompañar a las víctimas: “Lo que me preocupa a mí es la estabilidad del municipio y el que se pueda evitar que se sigan dando estos hechos”, mencionó en entrevista para Milenio Jalisco (02/09/14). El alcalde confesó que desconoce cuántas personas desaparecidas hay en Tala y desde cuándo es que éstas han desaparecido.

 

Tan lejos de la paz, tan cerca de la Fuerza Única Regional

A escasos minutos de Tala se ubica el centro de operaciones de la Fuerza Única Regional (FUR), la cual es un grupo de elite que la Fiscalía General de Jalisco creó para realizar labores de seguridad e inteligencia en todo el estado. Se eligió a Tala, por su ubicación geográfica, para ser el punto estratégico de las labores de seguridad de este nuevo mando central; sin embargo, aquí desde la llegada de la FUR lo que se vive es mayor inseguridad e intimidación. 

“Con la llegada de la FUR a Tala lo que hemos tenido son más intimidaciones, pues entran en sus camionetas y nomas ven a los muchachos en bola y se les dejan ir con chorros de agua, así los detienen para obligarlos a decir sus nombres y apodos, a muchos de ellos les quitan los zapatos y se los cortan con navajas porque dicen que ahí guardan la droga. A mi sobrino le ha pasado dos veces y él no está metido en nada… pero ven a los que ahí andan haciendo cosas malas, los que levantan a la gente y a esos ni los tocan”, explicó desde el anonimato una madre.

Ese mismo relato fue confirmado por otros jóvenes quienes al escuchar el testimonio asintieron con la cabeza y recordaron los días y las horas en que tuvieron que llegar a casa mojados por los elementos de la FUR. Ninguno se animó a hablar porque acá en Tala hay cosas que no deben decirse en público. Una de ellas es que se tiene un desaparecido, pues acá –como en todo el estado- de este tema no se habla.

Por ahora su silencio es su relato; sin embargo, las familias en Tala se están conjuntando para denunciar los levantones y las desapariciones, pues como sus antecesores lo hicieron están conjuntando fuerzas para luchar contra ese gigante que les está robando la paz.

 

 

 

Una joven desaparece y al volver denuncia que estuvo en una casa de seguridad con otras mujeres, nadie investiga. Una profesora da una clase a nivel secundaria, las autoridades escolares y los padres se alarman porque es una mujer de género, su “solución” es crear un aula espejo para que los alumnos decidan tomar o no la clase con ella, la distinción de género resulta discriminatoria. El número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un año de estar encarcelado, sale libre por “falta de pruebas”. Un alcalde que se negó a dar una “disculpa pública” a las familias de los jóvenes que criminalizó ignora la disposición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se va de la presidencia municipal de Lagos de Moreno para contender por una diputación local. Sí, así inició el año 2015 en Jalisco.

 

¿Quién sigue la ruta de la trata detrás de las desapariciones de mujeres en Jalisco?

Cynthia Judith García Salcedo, de 19 años de edad, desapareció el 6 de enero del 2015. Ella es alumna de la Preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara. Tras su desaparición sus familiares hicieron públicos los presuntos acosos sexuales que ésta aparentemente sufría de parte del Comité Estudiantil de su escuela. Éstos se descartaron.

Cynthia desapareció en pleno centro de Guadalajara, lugar al que llegó después de haber visitado a su abuela en la colonia Atlas. Ella toma en el centro de la capital de Jalisco, el camión que la traslada a su casa en San Sebastianito en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, ella no llegó a casa ese día. 

La Fiscalía General de Jalisco y la propia Universidad de Guadalajara informaron que el día 10 de enero, Cynthia regresó “por su propio pie”. La razón de su “huida” fueron los problemas familiares y la falta de comunicación en su hogar. Ambas instituciones afirmaron que nunca padeció acoso y que sólo se ocultó de su familia en casa de una amiga. Nunca se ofrecieron pruebas para ratificar ambas cosas.

Extraoficialmente se conoció que Cynthia fue privada de su libertad por unos hombres que la llevaron a un sitio donde permaneció resguardada con otras jóvenes. La búsqueda de su familia y la visibilidad mediática de su desaparición hizo que la dejaran en libertad cuatro días después; sin embargo, no se ofreció información alguna de este lugar ni de quiénes podrían estar implicados en la posible trata de personas. 

Un hecho similar ya había ocurrido el 28 de mayo del 2014, en esa ocasión dos jóvenes de 16 años desaparecieron de un centro comercial en Zapopan. Ambas fueron trasladadas a una finca ubicada entre los límites de Jalisco y Colima. Una de ellas logró realizar una llamada donde expresó lo siguiente: “Vengan por nosotras. Nos tienen a muchas encerradas y en las noches nos sacan a fiestas con hombres armados”.

La Fiscalía General, un día después, informó que ambas menores fueron rescatadas pero no mencionó nada de lo que éstas habían denunciado y, por supuesto, nada se supo de la finca en donde aún estaban otras menores. La Fiscalía prefirió no entrar en detalles, cuestión que no cumple cuando sí hace públicos los presuntos problemas familiares que orillan, como asegura el Fiscal Luis Carlos Nájera, a las jóvenes de Jalisco a huir de sus hogares.

La mayoría de las veces que la Fiscalía General o su Fiscalía de Derechos Humanos se refieren a la desaparición de mujeres insisten en que éstas no desaparecen sino que huyen de sus casas a causa de conflictos derivados de la incomprensión familiar. Es tal su seguridad que, incluso, las variables estadísticas que usan para explicar la desaparición de mujeres en Jalisco incluyen indicadores como: 1) Se fue con el novio y 2) Se peleó con la familia.

En 2014, en Jalisco, se interpusieron mil 097 denuncias por desaparición de mujeres y 135 fueron asesinadas. La alerta de género no ha sido activada.

 

Su nombre es Andrea Carolina

Andrea Carolina es mujer de género, es su decisión. No viste como mujer ni es un travesti es: MUJER DE GÉNERO y se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Mixta No. 4, ubicada en la colonia Estancia del municipio de Zapopan.

Andrea Carolina tuvo que esperar seis años para reintegrarse a sus labores de enseñanza porque en 2009 fue separada de su cargo por el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA159/2009-E que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) realizó porque ella se presentó a laborar en ropa femenina. En su momento, el procedimiento resultó en amonestación y reubicación definitiva de su empleo. Ella defendió su derecho a decidir.

En noviembre del 2014, dicho procedimiento se anuló porque se incurrió en abuso de autoridad, pues no se le respetó a Andrea Carolina el debido proceso porque se violó su garantía de audiencia y defensa. Así que se hizo improcedente la amonestación y se restituyó como maestro frente a grupo a Sergio Alberto Márquez González, hoy Andrea Carolina. Ella tenía todo el derecho de regresar como profesora en enero del 2015.

Desde noviembre del 2014 hasta esa fecha ni la SEJ ni la Escuela Secundaria Mixta No. 4 implementaron alguna estrategia educativa o formativa en materia de derechos humanos que propiciara un escenario de no discriminación. No hicieron nada, razón que generó el espacio para que algunos de los padres se manifestaran en las instalaciones de la secundaria para exigir que Andrea Carolina se presentara a dar clases como el maestro Sergio: “En una primera petición se hizo que viniera vestido como está adscrito en la Secretaría, que es como el maestro Sergio y no como Andrea Carolina, que les hizo saber a los niños que será su nombre, ahorita ya no estamos en esa postura; queremos que nos den resultados óptimos y resultados que vayan en pro de nuestros niños, de nuestros hijos, y en pro de la calidad y de los principios que nosotros les hemos inculcado”, declaró Angélica Medina, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Mixta No. 4.

Las quejas de estos padres ocasionaron que Andrea Carolina tuviera que suspender sus labores docentes en tanto se resolvían las audiencias que éstos solicitaron ante la SEJ. En la primera reunión, celebrada el 23 de enero, Andrea Carolina pidió se respetara su derecho al silencio y fue ella misma quien expresó, a través de perfil de Facebook, su sentir: “Resulta difícil ser imparcial en la propia descripción de la persona. Sería mucho más acertado que me conocieran por la opinión que tienen las demás personas de mí, tanto de las amistades como de quienes discrepan, de manera que usted(es) pudiese formarse un criterio. Ser mujer es mi convicción, pero en realidad soy una mezcla del hombre como imposición familiar y de la sociedad como de la mujer que fui gestando paralelamente”.

Andrea Carolina, como precisa Guadalupe Ramos –integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)-: “es una mujer de género y no alguien que sólo se viste de mujer para dar clases. Ella vive una vida como mujer y así lo ha hecho en los últimos años; por ello, resulta, discriminatorio que la Secretaría de Educación de Jalisco estableciera como solución la creación de un aula espejo para que los alumnos tengan derecho a decidir tomar o no la clase con la profesora Andrea Carolina”.

El 27 de enero, el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, sin ningún sustento jurídico, normativo o pedagógico anunció que la solución a las demandas de los padres (no a la discriminación de la que es víctima Andrea Carolina) es crear un aula espejo: “Vamos a cumplimentar la parte de no discriminación y también estaremos revisando el tema del derecho de los padres y los alumnos a tomar clases con quien ellos decidan pertinente”.

Para Guadalupe Ramos esta “distinción” para la generación de un aula espejo es un acto discriminatorio porque no se genera esa aula por criterios educativos o pedagógicos sino únicamente por la condición de género que decidió adoptar Andrea Carolina: “La medida es violatoria porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva ya estableció que para que una distinción no se convierta en discriminación debe cumplir con las siguientes exigencias: perseguir un fin legítimo y tener carácter objetivo, esto implica la existencia de una diferencia sustancial y no meramente formal, además de que esa diferencia debe ser relevante y poseer una importancia suficiente para justificar un trato distinto, pues no basta con que sea útil o conveniente”.

En ese sentido, como explica la integrante de Cladem, “no hay en la solución de la SEJ proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios escogidos y los fines, ya que la medida no tiene sustento jurídico y, por ende, la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad propuesta lleva a la discriminación”.

Con aula espejo o sin ella, Andrea Carolina seguirá con sus clases: “Yo disfruto mucho la docencia y la razón que más se me ocurre de ello es que me encanta aprender, todos los días, lo que mejore la vida mía y de mis semejantes”.

  

El alcalde de Lagos de Moreno se va sin pedir disculpas

Lamentablemente una de las líneas de investigación habla de una probable, lo subrayo, probable relación de estos jóvenes con la delincuencia organizada, es una de las líneas que se está investigando y donde hay fuertes indicios en el tema”, esta fue la declaración que emitió el ahora alcalde con licencia del municipio de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza, cuando el 23 de julio del 2013 explicó la desaparición y muerte de Eduardo Isaías Ramírez Hernández (21 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), sucedida en su municipio el 7 de julio del 2013.

Las familias de cada uno de ellos no se quedaron con los brazos cruzados porque las declaraciones de quien ahora busca contender por la diputación local en el Distrito II aún siguen afectando sus vidas y vivencias cotidianas. Las familias interpusieron, el 23 de julio del 2013, la queja número 6092/2013/III en la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en contra del Alcalde de Lagos de Moreno por mancillar la dignidad y el nombre de sus familiares, razón por la cual exigieron que éste emitiera una disculpa pública por hacer vinculado sin sustentos ni pruebas a las siete víctimas con el crimen organizado.

La queja interpuesta por los familiares tuvo que esperar más de un año porque el Presidente Municipal se negó en diversas ocasiones a reconocer los hechos porque a su parecer éste nunca quiso criminalizar a nadie. Algo que las familias no aceptaron al ratificar su queja en la CEDHJ, el 5 de diciembre de 2013. Tras una “revisión exhaustiva”, la CEDHJ emitió el 9 de mayo de 2014 una resolución donde sólo conminó al Alcalde a publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno: “una aclaración puntual y detallada respecto de sus declaraciones”. No una disculpa, sólo una aclaración de lo dicho, lo cual como establece la Ley General de Víctimas estaría muy alejado del “reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades” (Art. 73, IV).

Don Armando, padre de Daniel Armando Espinoza, después de la resolución de la CEDHJ se dedicó a ir cada semana a la Presidencia Municipal de Lagos de Moreno para saber si en la Gaceta Municipal ya se habían publicado las aclaraciones del Alcalde, la respuesta era siempre la misma: “Aún no, regrese la semana que viene”. Así pasaron más de tres meses; incluso, cuando dicha “aclaración puntual” se publicó el 16 de julio de 2014.

Sin acceso a la aclaración y sin el tacto debido para notificar a los implicados, las familias se enteraron que el 19 de agosto del 2014 (un mes después) que “la aclaración puntual” ya había sido publicada en la Gaceta Municipal con diversas irregularidades; primero, en la aclaración del Alcalde se omitió el nombre de una de las víctimas, Rodrigo Espinoza Aguayo; segundo, en este no hubo un reconocimiento pleno del hecho ni se aceptaron las responsabilidades que se desprendieron de éste, pues en la página 25 de la Gaceta, Hugo René Ruiz Esparza, afirmó que en las declaraciones que emitió “no se hace ninguna afirmación categórica acerca de la relación de las víctimas con la delincuencia”.

La CEDHJ, el 18 de agosto del 2014, le notificó al Alcalde de Lagos de Moreno que estaba conforme con lo que éste había publicado en la Gaceta municipal. Esto como le dijera, el Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza, a Don Armando, padre de Daniel Armando Espinoza: “es un asunto ya delegado”.

Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atendió las quejas de los familiares que denunciaron las violaciones a la Ley General de Víctimas ante la negativa de ofrecerles “disculpas públicas”, así que en una resolución emitida el 11 de diciembre del 2014, la CEAV instó a Hugo René Ruiz Esparza, alcalde de Lagos de Moreno, a ofrecer una disculpa pública a las familias, pues eso quedó inconcluso con su “aclaración puntual”. La notificación de la CEAV recibió el acuse del municipio el 22 de diciembre del 2014, día en que Ruiz Esparza solicitó licencia para dejar la alcaldía y cumplir su sueño de ser diputado.

Las familias fueron notificadas de estas diligencias el 9 de enero del 2015. Las autoridades de Lagos de Moreno y el alcalde con licencia, Hugo René Ruiz Esparza, siguen sin ofrecer las disculpas que las familias merecen y ellos están obligados a dar.

 

Colofón

Por faltas de pruebas que lo vinculen al crimen organizado” un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado decretó auto de libertad a Rubén Oseguera González, alias “El Mechito”, hijo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual líder del CJNG. 

El Menchito” había sido detenido el 30 de enero del 2014 en Zapopan por efectivos del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina. En su detención le fueron confiscados 10 millones de pesos y 500 mil dólares, así como diversas armas de uso exclusivo del ejército. Al también conocido como “El Junior” se le adjudica, a sus 24 años, ser el encargado de administrar los recursos financieros del CJNG y de coordinar la compra-venta y trasiego de la droga proveniente de Sudamérica, además de encabezar el robo y la comercialización de combustible en el estado, así lo aseguró Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad.

Pese a ese historial y por falta de elementos para procesarlo, “El Menchito” salió bien librado de las acusaciones en su contra, pues primero recibió un amparo (16/10/14) para salir del penal de máxima seguridad número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, y ser trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco. Allí llegó el 18 de diciembre del 2014 y ocho días después fue puesto en libertad. La noticia se dio a conocer el 3 de enero del 2015.

 

“Al leer las notas la gente tenía que decir, ¿a mí qué? Los medios tenían que transmitir algo. Los periodistas tenían que salir a la calle, estar con las personas”, dijo Marcela Turati, remontándose a los orígenes de las inquietudes periodísticas que con el tiempo se convirtieron en la Red de Periodistas de a Pie, organización que ha reunido a cientos de periodistas en la búsqueda por hacer un periodismo social más humano, más cercano a la gente, que tradujera el horror y lograra cubrir el dolor que se vive en el país.

Y durante los últimos años a los periodistas en México “nos cambió la realidad”, dijo la premiada reportera en el conversatorio “Periodismo, derechos humanos y buenas prácticas” el martes 9 de diciembre en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, en el marco del cierre del Diplomado en Derechos Humanos y Buenas Prácticas para Periodistas, organizado en conjunto entre la institución educativa, Periodistas de a Pie y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Otra de las preguntas que inquietaba a Marcela es el cómo el periodista camina al lado de las víctimas, cómo cubrir el dolor. La situación actual ha obligado al gremio periodístico a cambiar, a dejar los egos y a trabajar en equipo; “hay que buscar al otro que es como yo. Los tiempos no están para trabajar solitos.”

Pese al panorama que se vive a nivel nacional, los periodistas no deben olvidar su papel, el sentido de su misión y la conciencia. Aunque quizá a la mayoría no les toque ver si va a generar un cambio su trabajo, lo que hacen día a día, en un futuro “ese pedacito de verdad que me toca publicar todos los días” puede servir a alguien para buscar claves del pasado, para una comisión de la verdad, para hacer justicia, y para ello también es necesario buscar las estrategias para mantener viva la indignación.

Cuando la violencia se desató con más fuerza en México, además de tener que capacitarse y cambiar las prácticas para salvar la vida y acceder a la información, los comunicadores tuvieron que enfrentarse a los medios que se deben a los poderosos. Ante los mecanismos de censura y las tendencias de muchos medios, Turati recalcó la importancia de la labor periodística y de la búsqueda de la verdad, de la necesidad de no rendirse, incluso si el medio decide no publicar una nota hay que buscar quién puede publicarla, ver de qué manera se puede dar a conocer. “La información es un bien público y nos toca (a los periodistas) ver cómo lo defendemos y cómo nos cuidamos”.

Al hablar de la situación en estados como Tamaulipas donde ya silenciaron al gremio, Turati dijo que a los periodistas les toca no dejar que se pierdan más espacios. Acciones pequeñas como las movilizaciones cuando desapareció y después fue encontrado asesinado el comunicador veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, la subasta que hicieron varios fotorreporteros y el informe que se hizo sobre la vida y el trabajo de Goyo son “pequeños actos de resistencia para defender el periodismo”. Defender la información, dijo una de las fundadoras de Periodistas de a Pie, es defender la vida. “Porque en los lugares donde no hay información va ganando la muerte”.

En el conversatorio también participó Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), quien también forma parte del Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. El especialista habló de los problemas a los que se enfrentan los reporteros al buscar información dentro del sistema de justicia, poniendo como ejemplo el nulo acceso público a las Averiguaciones Previas. Entonces, los comunicadores se ven orillados a hacerse de amigos en las Procuradurías de Justicia para saber qué dicen los documentos, y terminan transmitiendo y repitiendo la versión oficial.

“La práctica debería ser diferente”, dijo, y se preguntó cómo se puede construir un lenguaje común entre defensores y periodistas, respuesta que se intentó responder durante los casi cuatro meses del diplomado. También mencionó que es necesario conocer las leyes, las reformas, y entender que las leyes no cambian la realidad pero que sí son herramientas. Retomó la idea del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, –de quien tomó el nombre el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, una de las entidades convocantes del diplomado–, de que los Derechos Humanos no son una abstracción sino un concepto social que hay que historizar y poner en el contexto en que se vive.



La crisis de la enseñanza del periodismo

Al tomar la palabra, Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la licenciatura en Comunicación de la Ibero Puebla y del portal de transparencia “Con los Ojos Abiertos”, y representante de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), habló desde la academia, analizando la crisis que viven las carreras de comunicación y periodismo en México y la carencia en la formación de los reporteros en temas de ética periodista y de derecho.

Actualmente se han eliminado las materias vinculadas con los Derechos Humanos, eliminando paulatinamente la formación en esta área, lo que ha provocado que los periodistas en activo no tengan claro cuándo existen violaciones a sus garantías individuales, ni cuándo ellos mismos caen en estas prácticas. A veces, la “lógica esquizofrénica” de mandar cinco notas diarias, “haya nota o no”, ironizó, lleva a los periodistas a caer en prácticas que violan los derechos humanos de sus fuentes. Este déficit y esta ausencia no ha sido suplida por las universidades, sino por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gremiales, como la de Periodistas de a Pie.

La especialista mencionó varios problemas del periodismo en México, empezando por la dependencia de la publicidad oficial, caso particularmente alarmante en Puebla, pues se ejerce una censura indirecta y un control de los contenidos y la línea editorial por parte de las autoridades que dan recursos a los medios. Otro de los frentes desde donde se puede luchar es a nivel personal y de gremio, capacitándose e informándose para hacer un mejor periodismo, incluso si se trabaja en un medio oficialista. Hay una diferencia, dijo, cuando hay un periodista bien formado, cuando hay una nota bien hecha y con información correcta y bien documentada.

Vélez habló también de las audiencias, de cómo muchas veces los contenidos son malos porque los usuarios no están acostumbrados a exigir, a interactuar con los medios. “Somos poco conocedores de nuestros derechos como público y como audiencia”.



A más de cuatro meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, resulta inaceptable que solo exista el rastro de uno de ellos. En este caso no hay pruebas concluyentes que permitan a sus progenitores aceptar la hipótesis de que sus hijos están muertos e incinerados. ¿Acaso es el procurador Jesús Murillo Karam el único cadáver político? Para Francisco Patiño investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) la Procuraduría General de la República (PGR) debe ampliar las líneas de investigación a los hornos de empresas fundidoras ya que son las únicas capaces de convertir en cenizas a tantas personas.

Tal incredulidad es producto de una larga historia de abusos de la clase política que se combinó con la tenacidad de unos padres que se han convertido a nivel mundial en íconos de la resistencia. Ellos están llamados a desplazar a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, porque su lucha sobrevivirá más allá de este gobierno fallido que apostó al olvido y no funcionó. Son dos visiones irreconciliables: La oficial llama a la sociedad a no quedar atrapada en el pasado y la otra parte asegura que no puede superar la tragedia.

La parte ofendida le recuerda al mandatario la reunión que tuvieron en Los Pinos, donde le dijeron que si era incapaz de dar una respuesta se fuera de la Presidencia. No resultó suficiente que como parte de la indagatoria la PGR detuviera a 99 personas, entre las cuales se encuentran más de 50 policías municipales, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, considerados autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, y también cuatro autores materiales de lo sucedido a los estudiantes.

En este contexto, y tras un largo período vacacional, el pasado 26 de enero, se llevó con éxito la octava Acción Global por Ayotzinapa, asfixiaron la capital del país, (60 mil personas, según los organizadores, y 15 mil, de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino). Miles salieron a gritar su inconformidad desde las fronteras con Estados Unidos en Baja California y Chihuahua hasta Chiapas, para sumarse a la exigencia de que sean hallados los 43 estudiantes desaparecidos. Incluso en El Paso, Texas, y en su vecina Ciudad Juárez, hubo sendas marchas y se dio una protesta en medio del puente Paso del Norte, que une ambas localidades. Lo mismo sucedió en Jalisco, Morelos, Michoacán, Guerrero, estado de México, Colima, Querétaro, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León.

Los inconformes exigieron a la PGR que investigue la participación del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y aseguran que cuentan con pruebas para señalar que en la desaparición de los 43 participaron elementos del 27 batallón de Infantería, que se ubica en Iguala. El honor y la credibilidad de los militares han sido afectados y difícilmente podrán recuperarlo. Además ratificaron la decisión de no permitir que se lleven a cabo las elecciones de este año en esa entidad sureña. Buscan convocar a los guerrerenses a que no voten el próximo 7 de junio, su llamado es a organizarse y formar asambleas populares, el objetivo es encontrar otras formas de gobierno sin narco políticos.

Como consecuencia del conflicto pesa el escepticismo que promueve el voto nulo y la abstención. Factores que solo refuerzan el triunfo del voto duro de una partidocracia que sufre la fragmentación de renuncias internas sin alcanzar a afectar su arrogancia. Un caso claro es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que consideró un error el llamamiento a la no elección. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Navarrete lo secundó y dijo que impedir las elecciones es casi un acto fascista. Sin embargo, a ambos se le olvida que la piedra angular de la democracia son los electores. Estos ya se pronunciaron, el próximo 31 de enero realizarán la Asamblea Nacional Popular en la Normal de Ayotzinapa, y en el mismo lugar, el 5 de febrero, la Convención Nacional Popular, con la intención de impulsar la transformación del sistema político que tiene hundido al país.

Faltan cuatros años para que Enrique Peña Nieto entregue el poder. ¿La nación aguantará?  

Durante 2014 sumaron alrededor de 980 los asesinatos en Sinaloa, contra mil 200 que se tuvieron durante el 2013, de acuerdo con datos de las corporaciones policiacas.

Entre las víctimas destacan las 89 mujeres muertas violentamente, sobre todo con disparo de arma de fuego. Los meses de septiembre y noviembre, con 11 casos cada uno, fueron los que tuvieron mayor incidencia de mujeres asesinadas en la entidad.

El año cerró con una fuerte jornada violenta en Sinaloa, cuyas acciones se concentraron en los municipios de Culiacán, Ahome y Mocorito. Los días 24 y 25 de diciembre sumaron 12 personas muertas a balazos.

En Culiacán esta ciudad capital, un ataque perpetrado por un comando dejó tres personas muertas, dos de ellas en el lugar del atentado, avenida Xicoténcatl y calle Hidalgo, en la colonia Las Quintas, la tarde de este miércoles.

Los occisos viajaban en al menos dos vehículos, uno de ellos Honda blanco, modelo 2015, y una camioneta tipo Cheyenne, cuando el conductor de un automóvil les cerró el paso y empezó a dispararles.

Las víctimas no han sido identificadas, pero fuentes extraoficiales señalaron que uno de ellos fue agente de la Policía Estatal Preventiva, quien recientemente fue dado de baja por reprobar los exámenes de control y confianza.

Uno de los occisos quedó dentro del Honda y otro a pocos metros; uno más murió cuando era atendido en la clínica de Especialidades, ubicada por la carretera a Sanalona, a pocos metros del atentado. En el lugar había al menos 100 casquillos de calibres 9 milímetros, .223 y  7.62, para fusil AK-47.

También en Culiacán fueron asesinados a tiros Antonio Avendaño, conocido como El chiquillo Ántrax, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, la madrugada de este 25. El hoy occiso viajaba en un vehículo de lujo cuando fue atacado por hombres armados, quienes luego de lograr herirlo y de que detuviera la marcha de su automóvil, se bajaron para dispararle de cerca.

Aparentemente, la víctima formaba parte de la célula de sicarios Los Ántrax, quienes operan en el sur de esta ciudad capital para el Cártel de Sinaloa. En el lugar había casquillos de armas 9 milímetros, AR-15 y AK-47.

En la colonia Rosales fue muerto Roberto Carlos Roiz Márquez, de 28 años, por la calle Bachimeto, a pocos metros de la avenida Aldama. La víctima recibió tres balazos en la espalda, luego de haber estado con otras personas del lugar festejando la navidad.

En las cercanías del poblado Agua Blanca, también en Culiacán, fue encontrado el cadáver de un desconocido. La víctima estaba boca abajo, con las manos esposadas y varias lesiones de bala.

En Juan José Ríos, municipio de Ahome, fue encontrado muerto a tiros Ricardo Acosta, de 25 años. La víctima había sido privada de la libertad durante el martes pasado, según reportes de los familiares, quienes denunciaron ante la Policía Ministerial.

En las inmediaciones de la comunidad La milpa de Valenzuela, municipio de Mocorito, fueron ejecutadas cinco personas, tres de ellas identificadas como Fausto Varela Hernández, de 24 años, los hermanos Onésimo y Rafael Rivera Talamantes, de 22 y 28 años, y Andrés Rivera Araujo, de 26 años.

Presuntamente, las cinco fueron levantadas por un comando la noche del 24 y fueron encontrados en este lugar durante la mañana del jueves, cerca de los límites con el municipio de Badiraguato.

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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