"Disminución de un peso, no nos regresará a María Fernanda”
Soñaba con ser bailarina, disfrutaba leer Corazón de Tinta o Memorias de Idhún, pero sobre todo vivía el presente porque prefería estar abierta a sus sensaciones que pensar en lo que vendría, así describen sus amigos a María Fernanda Vázquez Vázquez, de 18 años, quien murió el 7 de marzo por la imprudencia del conductor de la ruta 368, perteneciente a la Alianza de Camioneros de Jalisco, la cual embistió la parada de autobús ubicada a las afueras de la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
María Fernanda al igual que Katy Cassandra, Marcelo, Viviana, Karla Karina, Óscar, Carla Sofía, María Guadalupe, Édgar, Xóchitl, Carlos, Pamela, Christian, Moisés, Juana Rosa, José Gabriel y Adrián esperaban, como cualquier día, que alguno de los camiones que circulan con exceso de velocidad frente a la Prepa 10 les hiciera la parada; sin embargo, no imaginaban que ese día la ruta 368 se impactaría contra ellos. Esa misma ruta, reportaron días después las autoridades, tenía 10 unidades que circulaban con graves irregularidades; por ejemplo, no contaban con placas, algunas no tenían frenos o amortiguadores y otras tenían fallas en el swicht del encendido del motor.
Esta tragedia terminó por evidenciar las pésimas condiciones en las que opera el transporte público en Jalisco, las cuales desde finales del año pasado han venido sistemáticamente señalando colectivos como #PosMeSaltoGDL, pero nada de esto hizo eco en los oídos de las autoridades, pues éstas con el aval del gobernador, Aristóteles Sandoval, y sin consultarlo con la ciudadanía acordaron, en diciembre de 2013, incrementar de seis a siete pesos la tarifa con la promesa de mejorar el servicio.
Sin embargo, no hubo mejoras y eso que Jalisco se jacta de tener una de las mejores leyes de movilidad y transporte de México, es más desde que esta ley entró en vigor, el 10 de agosto de 2013, han acontecido 155 decesos a causa del transporte público.
Por ello, resultaron extrañas las dolientes reacciones de las autoridades, pues antes de lamentable muerte de María Fernanda poco y nada se hacía para evitar más desgracias. Consintieron al transporte público y sus concesionarios hasta que éstos arrollaron el vaso que derramó sobre el gobierno la impunidad con la que operan y los dejan operar.
Días después de la tragedia y en pleno fin de semana (8 y 9 de marzo), las autoridades hicieron acto de presencia; primero, el Secretario de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, anunció que sacarían de circulación toda la ruta 368, y que retirarían la concesión (permiso) del camión que ocasionó la desgracia. También dijo que aplicarían “cero tolerancia” a los transportistas que no cumplieran con la Ley de Movilidad y Transporte.
Así mismo precisó que las causas del accidente, de acuerdo a los peritajes de la Fiscalía General, fueron el exceso de velocidad y la imprudencia del chofer, razón por la cual éste fue trasladado al Penal de Puente Grande, en donde podría alcanzar una pena entre los 25 y 50 años de prisión, no sólo por lo que corresponde al delito de lesiones sino también por el delito de homicidio de carácter intencional.
El segundo en aparición fue el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, quien interrumpiendo las señales de radio y televisión locales anunció que “al agotarse la paciencia con el transporte público” revertirían el aumento de un peso en la tarifa. Sencillo, echó abajo la acción que él mismo autorizó y responsabilizó a los concesionarios de incumplir con la Ley de Movilidad y Transporte y el “Acuerdo para un Nuevo Modelo de Transporte Público”, firmado en abril de 2013. En ambos documentos, el aumento de la tarifa sería proporcional a la mejora del servicio; lo único que llegó fue el aumento.
Con la evasión de su responsabilidad sobre el aumento de la tarifa, ese 9 de marzo, el gobernador tomó una medida populista que no ha sido determinante en la mejora del transporte, pues no ha cambiado las situación laboral de los choferes que realizan turnos entre 12 y 15 horas, que no cuentan con las prestaciones de ley, y que al no tener un sueldo fijo se ven forzados a surcar a toda velocidad las calles para subir más y más pasajeros con tal de cumplir la cuota del patrón y, entonces sí, comenzar a ganar su paga.
Como reacción a la muerte de María Fernanda y como protesta a la medidas asumidas por el gobierno, la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Guadalajara tomó las calles el 10 de marzo en una marcha multitudinaria denominada: “Cero Tolerancia al Transporte Público”, misma que terminaría con un mitin en la Plaza de la Liberación, ubicada en pleno centro de Guadalajara y a un costado del Palacio de Gobierno.
Con un beso rojo marcado en sus mejillas y en sus manos una gran manta con la leyenda “Te amamos Fer”, estudiantes de la Prepa 10 llegaron desde muy temprano a las afueras del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara donde arrancaría la marcha.
El beso en color rojo, precisaron, representaba la alegría con la que María Fernanda se pintaba los labios para llenarlos de besos: “Ella era así, Fer era muy cariñosa”, contó Eva compañera de María Fernanda en el grupo Sexto F de la Preparatoria 10.
“Todos estamos aquí por ella”, precisó otro de sus compañeros que interrumpió la entrevista para gritar: “justicia, justicia”. Ellos tenían razón porque la sensación a cada paso y a cada grito era que: “Todos eran María Fernanda”, “Todos eran Prepa 10”.
Ya en la Plaza, el Rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo, exigió al gobernador: “realizar un cambio radical en el transporte público porque la gente ya no puede más”. Así mismo solicitó a los más de 30 mil estudiantes, trabajadores y académicos de la UdeG que guardasen un minuto de silencio en memoria de María Fernanda.
El silencio fue amplio y fuerte; por ello, su hermana desde el estrado llamó a: “No tolerar estos hechos, en esta ocasión fue Fernanda pero mañana puede ser cualquiera. Les pido, en nombre de la familia, que no se olviden de esto”. Los asistentes aplaudieron y alzaron las cartulinas donde se podía leer: “Un peso, no nos regresará a María Fernanda”.
La comunidad universitaria se comprometió, en voz del rector, a presentar el plan para crear un sistema estatizado de transporte, como el que tiene la Ciudad de México, y un Observatorio Ciudadano que vigile al transporte público: “Ambas medidas restituirán al transporte ese sentido de servicio público”, afirmaron la autoridades universitarias.
Las respuestas del gobierno ante la marcha no se dejaron esperar y, a la par de la manifestación, desde su cuenta de Twitter, el Secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, anunció la renuncia por “razones de salud” del titular de Transporte Público, Javier Jaramillo. Más tarde se dijo que éste no cumplió con las expectativas del cargo.
Después de la marcha, fue el propio Aristóteles Sandoval quien recibió a las autoridades universitarias y anunció la creación del Observatorio Ciudadano del Transporte Público. Seis días después, el 16 de marzo, se harían públicas las modificaciones al Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo Masivo de Taxi y Radiotaxi donde se establecería “el derecho de revocación”, con el cual el gobernador -a través de la Secretaría de Movilidad- podrá: “extinguir cualquier concesión, cualquier permiso, cualquier permiso temporal por causas de utilidad pública o por causas de interés social”.
Estas modificaciones, irónica y lamentablemente, se presentaron el mismo día en que el transporte público causó la muerte de José Guadalupe Rodríguez de 70 años, aumentado así a 15 el número de víctimas del transporte en lo que va del año. La revocación de concesiones, el cambio en el servicio y la política “cero tolerancia” no fueron suficientes.
La violencia en el futbol
El partido parecía no ofrecer nada más para ninguno de los contrincantes ni para los aficionados del Estadio Jalisco que acudieron el pasado 22 de marzo a presenciar el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, la igualdad en el marcador, sin embargo, era totalmente desproporcional al número de aficionados de las Chivas rayadas de Guadalajara que golpeaban en la parte superior del estadio (Cabecera Sur, Zona C) a un grupo de 20 policías que acudió hasta ellos para evitar que siguieran prendiendo bengalas.
Eran 20 policías y por más de 15 minutos fueron dejados a su suerte mientras recibían interminables golpes de decenas de “aficionados” que descargaban su ira contra unos uniformados a los que de nada les sirvieron sus macanas, escudos y cascos. Dos de ellos terminaron inconscientes y ocho más fueron lesionados.
Inicialmente se dijo que el operativo no falló, que todo se mantuvo bajo control y que la reacción no fue tardía, después se supo que fallaron las medidas de seguridad, que existió sobrecupo en el estadio y que, por lo menos, en dos entradas del inmueble no se hizo la revisión correspondiente y que –posiblemente ahí- se introdujeron las bengalas y otros explosivos detonados por la porra de las Chivas.
Se dijo también que fueron los policías quienes provocaron a los aficionados porque fueron los primeros los que llegaron repartiendo golpes en cumplimiento de una orden que se giró desde el palco donde estaba el gobernador, Aristóteles Sandoval, viendo el partido con el dueño del Atlas, Ricardo Salinas Pliego, también propietario de Tv Azteca.
“Alfa 13”, después identificado como Ricardo Villareal, escolta del gobernador, pidió por radio al sud director operativo de la policía de Guadalajara, José de Jesús de Anda, “mandar a quitar las bengalas a los barristas”. La orden después sería confirmada por el director operativo, Alfredo Jiménez Sánchez, quien a pesar de no estar en el lugar, indicó a un pequeño grupo de policías ir a la parte alta del estadio a cumplir la orden.
Saber esta versión fue posible por la filtración a la prensa de las conversaciones entre los mandos policíacos y la escolta del gobernador el día de los hechos. Luego de conocerse esto, el 27 de marzo, se ordenó el cese del titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Carlos Mercado Casillas, del director y del supervisor Operativo, Alfredo Jiménez Sánchez y José de Jesús de Anda. En relación al escolta, nada se ha precisado; lo único que se evidenció es que los funcionarios cesados incurrieron en errores y omisiones que abonaron a generar la trifulca casi al final del partido entre Chivas y Atlas.
A toro pasado, el gobierno del estado dobló la seguridad en los estadios, anunció nuevas medidas de protección que ya fueron aplicadas el pasado 31 de marzo cuando en el Estadio Omnilife (casa de las Chivas) se jugó el clásico nacional Chivas-América. Además el congreso local está por aprobar una ley para establecer sanciones penales a quienes participen en trifulcas dentro y fuera de los estadios de futbol.
Una acción similar se aprobó el 2 de abril en el Senado de la República, en esta ley que espera ser promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, se establecen penas de “hasta cuatro años y medio de cárcel para los aficionados que causen destrozos en recintos deportivos o introduzcan en ellos armas o explosivos”, además incluye la creación de “un padrón donde se registre a las personas que incurran en conductas violentas de manera que las autoridades les impidan ingresar a inmuebles”.
La Fiscalía General ha anunciado que aún sigue tras la pista de otros “aficionados” que participaron en la trifulca en el estadio Jalisco y, para ello, ha pedido a la ciudadanía su cooperación para encontrarlos. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión ha participado activamente en este proceso y su director, Sergio Ramírez, lanzó en redes sociales la campaña #CazaBarrista. Como si la violencia acontecida en el estadio no fuera suficiente, desde el medio público se incita a la violencia también a través del uso del lenguaje.
En relación a los agresores de los policías, hasta el día de hoy (3 de abril), se ha logrado la detención de 12 personas, ocho ya fueron consignados y cuatro están en calidad de detenidos. Los policías agredidos ya fueron dados alta.
El estadio Jalisco, al menos para los juegos de Atlas, está vetado y la promesa de disminuir la violencia en los estadios está vigente en el discurso político jalisciense que, al menos por un momento, dejó de lado el asunto del transporte público.
La reacción gubernamental en Jalisco, parece estar en las coyunturas. Habrá que esperar qué sucede mañana.
