¿Cuántas balas pueden dispararse en once horas de tiroteo? ¿Cuántos desaparecidos se requieren para que se asuma con seriedad el problema? ¿Cuántas muertes de mujeres serán necesarias para que se reconozca la alerta de género? ¿Cuántos informes de gobierno tendrán que pasar en Jalisco para que se reconozca la gravedad de las cosas?
El 8 de febrero, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó su Segundo Informe de Gobierno bajo el lema “Juntos cambiando Jalisco”, en éste hizo énfasis de los avances en materia de seguridad y protección a los derechos humanos; sin embargo, la realidad que se vive en el estado está muy alejada del “bienestar” que se pregona desde el ejecutivo estatal. Este recuento de algunos hechos sucedidos en Jalisco, tan sólo en febrero, se presenta como un contra informe que pone en duda los logros de la actual administración.
Las desapariciones, herencias del pasado que se multiplicaron en el presente
05 de febrero de 2015: Al término de la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres, el gobernador de Jalisco declaró que en el estado sólo existen dos mil desaparecidos y que éstos corresponden a administraciones pasadas que a su parecer: “cubrieron, solaparon e encubrieron las desapariciones”, asegurando que esto no es lo que ocurre actualmente en su administración porque en ella: “hoy se transparentan las desapariciones y se está actuando con firmeza, con decisión".
Desde que el actual gobernador, Aristóteles Sandoval, asumió el cargo en 2013 se han registrado en el estado 4 mil 826 indagatorias por desaparición, estas denuncias presentadas en la Fiscalía General y en su Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, han derivado en la desaparición de 5 mil 130 personas, esto de acuerdo a la información otorgada vía transparencia en los oficios LTAIPJ/FG/807/2014 y LTAIPJ/FG/002/2015.
De este gran número de desapariciones, la Fiscalía General asegura haber localizado con vida a 3 mil 395 personas y en muerte a 192, lo cual deja un total de mil 543 personas que aún siguen desaparecidas. A pesar de la existencia de estos datos oficiales, el gobernador insiste en que esto es un tema heredado de pasadas administraciones; sin embargo, el 58% de las desapariciones que han ocurrido en Jalisco, desde el 2006, sucedieron bajo su mandato. El total de desaparecidos, hasta el 31 de enero del 2015, es de 2 mil 879.
"Este fue un tema heredado, que a la fecha, ustedes vieron cuántas fosas clandestinas encontraron, que tenían ahí años, esto es desde años pasados, es un tema heredado que ahora estamos yendo a fondo y estamos atacando de manera directa e inclusive hemos integrado personal para ir a apoyar a estas familias que sufren del dolor", expresó Aristóteles Sandoval; sin embargo, lo que olvidó decir es que su actual Fiscal General, Luis Carlos Nájera, es uno de los elementos que contribuyeron a heredar las desapariciones, ya que éste fungió como Secretario de Seguridad Pública en la administración pasada.
De acuerdo a la información otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en 2013 desaparecieron 703 personas, en 2014, 738. Ambas cifras duplican el número de casos que se habían acontecido en el estado durante 2011 y 2012, años en donde la violencia en el estado registró sus niveles más altos.
Algo que tampoco no empata con la realidad es el nivel de eficiencia con que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, resuelve las indagatorias por desaparición, pues en lo que va del actual gobierno se asegura que esta instancia ha resuelto 3 mil 183 de las 4 mil 624 investigaciones sobre desapariciones presentadas en dichos años. Lo cual le da un porcentaje de efectividad del 69%. Sin embargo, en dicha agencia sólo laboran cuatro agentes investigadores, lo cual implica que cada uno de ellos resolvió en dos años: 796 casos. Es decir, dos casos al día.
Cuestión que resulta titánica si se tiene como antecedente que la mayoría de las personas que integran Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) nunca han recibido una llamada de la Fiscalía General para informarles algún avance en las desapariciones de sus familiares y para prueba está la petición que en conjunto realizaron 18 familias a la Fiscalía de Derechos Humanos que encabeza Lizzeth del Carmen Hernández.
Desde el pasado 17 de diciembre del 2014, FUNDEJ solicitó por escrito a esta dependencia: 1) Una ficha cronológica del total de indagatorias que se han realizado para la búsqueda de sus familiares, 2) Copia de los resultados de ADN de las pruebas que se les realizaron y 3) Una petición particular del caso que incluía desde acceso al expediente, copias de peritajes a cámaras de seguridad, acceso a sabanas de llamadas del número de su familiar desaparecidos o la comparecencia con algunos de los presuntos detenidos.
La petición que fue recibida el 18 de diciembre por la Fiscalía de Derechos Humanos obtuvo contestación el día 7 de enero del 2014, tal y como habían establecido las familias de FUNDEJ; sin embargo, la información otorgada fue violatoria a sus derechos humanos, tal y como expresó el colectivo en un comunicado publicado en su blog el 6 de febrero: “La información entregada por la Fiscalía de Derechos no garantiza ni respeta los derechos elementales contenidos en la Ley General de Víctimas porque la información ni está completa ni es lo suficientemente clara, ya que las fichas informativas NO SON FICHAS INFORMATIVAS porque ninguna de ellas expone de manera cronológica las acciones investigativas y periciales que se han realizado desde que los familiares presentaron la denuncia por desaparición en la Agencia del Ministerio Público Número 12/C”.
Agregando que: “NO HAY ACCIONES NI AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES, pues lo que se expresa en las fichas entregadas a FUNDEJ –en muchos de los casos- es una nueva versión de la declaración inicial de la desaparición (…) NO HAY AVANCE ALGUNO EN LOS 18 CASOS”.
En una nueva petición, FUNDEJ le señaló a la Fiscalía de Derechos Humanos cómo la información que les entregó está violentando la atención integral y la protección de los derechos humanos que supuestamente esta instancia debiera respetar, así que le exigió que cumpla con sus obligaciones y entregue de manera clara y contundente la información que previamente le habían solicitado. FUNDEJ dio como fecha límite el día 18 de febrero.
Al día de hoy (04/03/15), no se les ha entregado nada, lo cual pone en duda el alto nivel de eficacia en la resolución de las desapariciones, pues en estas 18 familias no hay avances. Aristóteles Sandoval en su mandato ha multiplicado la herencia que dijo recibir, pues en su administración han ocurrido el 58% de los casos de desaparición que presenta Jalisco desde el año 2006. Jalisco es el segundo estado con más desaparecidos del país.
Los feminicidios que no importan
05 de febrero: “No hay necesidad de levantar la alerta de género porque el número de feminicidios no es alarmante”, expresó el gobernador, Aristóteles Sandoval a la pregunta de la periodista Gricelda Torres. No obstante, se dijo preocupado por el tema.
Desde que el priísta asumió el cargo en Jalisco han sido asesinadas 271 mujeres, 121 de ellas murieron a causa de un arma de fuego, 48 por un arma punzo-cortante, 45 a golpes, 30 por estrangulación y 26 más por otro tipo de causas que no especifica el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en su base estadística de autopsias por homicidio. Sin embargo, no todos los homicidios de mujeres se tipifican como feminicidios porque a decir de la autoridad en ellos no existen elementos concretos que confirmen que fue una causa de género la que ocasionó la muerte de estas mujeres.
En 2013, los casos que fueron consignados como feminicidios fueron 20 mientras que, en 2014, éstos se incrementaron a 34. En lo que va del 2015, sólo se ha consignado a dos personas por este delito que ya es vigente en Jalisco desde el 23 de septiembre del 2012.
Si cruzamos estos datos con el total de mujeres asesinadas en el estado en la presente administración se tiene que sólo 1 de cada cuatro homicidios a mujereses consignado como feminicidio. Pese a ello,la situación no parece ser tan grave como para que el gobernador, la Fiscalía General o el Instituto Jalisciense de las Mujeres consideren necesario activar la Alerta de Género que está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
Organizaciones como el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) aseguran que las cifras de feminicidio en el estado son aún más grandes, pues 8 de cada 10 feminicidios que se comenten no se consignan como tales. Esta misma organización además afirma que en lo que va del 2015 tienen registrados 12 feminicidios, sólo dos de ellos se han juzgado como tales.
11 horas de balacera en Puerto Vallarta
18 de febrero: A las nueve de la mañana se comenzaron a escuchar los primeros disparos en las inmediaciones de los departamentos Villas Río, en Puerto Vallarta. Los vecinos comenzaron a registrar, a través de sus teléfonos celulares, el intercambio de disparos entre el presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, identificado como Reynaldo Bedolla Palma (alias “El Comandante”), y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y Fuerza Única Jalisco. Sí, 11 horas duró el intercambio de balas entre los integrantes de estos corporativos policíacos y éste único individuo que se parapetó en el cuarto piso de los departamentos 6-G.
La información oficial indica que el enfrentamiento se dio porque los elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía fueron a buscar a Bedolla Palma para cuestionarlo sobre su presunta participación en la desaparición de dos personas: Humberto Gómez Arévalo, regidor independiente del municipio de Puerto Vallarta, y Erika Cueto, maestra de baile. Ambos desaparecieron en Puerto Vallarta, el primero el 15 de enero del 2015, y ella, el 12 de noviembre del 2014.
A decir de la Fiscalía General de Jalisco, el enfrentamiento se prolongó por el fuerte arsenal con que contaba Bedolla Palma en su departamento, razón por la cual los policías investigadores que fueron a buscarlo no tuvieron más remedio que solicitar refuerzos para contener los disparos de este único delincuente, el cual logró repeler las acciones de cuatro corporaciones policíacas por más de once horas hasta que murió luego de intentar huir.
En el enfrentamiento también murió el soldado, José Guadalupe Hernández Saucedo. El rescate de este soldado puede verse en diversos videos que fueron difundidos por vecinos del lugar. En éstos también se observa el malestar de los soldados hacia la Fuerza Única, pues le piden detener los disparos para rescatar a su compañero y éstos no lo hacen.
Reynaldo Bedolla Palma, a quien se señala como líder del CJNG en Puerto Vallarta, ya había sido arrestado en mayo de 2012; sin embargo, salió libre cinco meses después “por falta de elementos para procesarlo". Lo que no queda claro, en la información oficial difundida, es que si se sabía que éste era líder de la plaza porqué se mandaron sólo a policías investigadores a interrogarlo cuando se supone que la Fiscalía ya tenía el testimonio de una persona que no sólo lo vinculaba con las desapariciones sino también por su rol en el CJNG.
De hecho fue el testimonio de este detenido, del que no sé sabe mucho, lo que permitió el hallazgo de los cuerpos de dos personas en un predio denominado Cerro El Pirulí en Puerto Vallarta. En el boletín de prensa No. 109 emitido por la Fiscalía General se habló de la posible conexión de estos cuerpos y las desapariciones previamente señaladas; sin embargo, esto se hizo sin contar con los exámenes de identidad genética, lo cual resulta violatorio a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
En Puerto Vallarta desde el año 2006 han desaparecido 116 personas y el hallazgo de los dos cuerpos representa la identificación de la primera fosa clandestina en dicho municipio. La Fiscalía, por su parte, ha preferido llamar a esto “inhumaciones clandestinas”, con ello busca, desde lo semántico, quitar la fuerte carga delictiva del hecho. Los hechos, no obstante, son más que contundentes.
Colofón
Pese a los aires de esperanza anunciados en el Segundo Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval, los hechos acá redactados son apenas una muestra del grado de violencia y violación a los derechos humanos que se vive en Jalisco.
El repunte de la violencia y los modus operandis de los grupos criminales son cada vez más cruentos, pues las notas de seguridad cada día refieren más casos de personas que mueren calcinadas o desmembradas. La conexión entre estos hechos es inexistentes y persiste la noción de que son eventos aislados generados por la disputa entre diversas organizaciones delictivas. En lo que va del año han sido asesinadas en Jalisco 201 personas, de éstas muertes 116 ocurrieron por el uso de armas de fuego. No todo es bienestar.
