Junio de 2016 será recordado por la detención en los Estados Unidos de Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien desde el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General de Jalisco orquestaba acciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico; sin embargo, esto que viene a evidenciar la filtración del narcotráfico en las labores de seguridad en el estado apenas mereció un boletín de prensa de parte de la Fiscalía pero no toda una investigación interna para depurar el personal que pudo haber estado involucrado en estos hechos.
Junio también será recordado porque se cumplieron tres años de la desaparición y muerte de los jóvenes Andrés Barba y Luis Antonio Ortiz. Sus familias aseguran que durante estos años no han habido avances en su investigación y que, en consecuencia, los asesinos de sus hijos están en total y completa libertad. Esto fue junio de 2016 en Jalisco.
Fraude, lavado de dinero y compra de testigos protegidos desde la Fiscalía
Los vínculos entre elementos de la Fiscalía General de Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzaron a evidenciarse de manera clara en el mes de junio cuando autoridades de los Estados Unidos, el 17 de junio, detuvieron a una persona con el nombre de Sergio Guadalupe Adame Ochoa; sin embargo, éste no era un hombre cualquiera detenido en Texas por participar en actividades ilícitas como fraude y lavado de dinero, no. Adame Ochoa era además un informante clave de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Sin embargo, su rol como informante para el combate al narcotráfico de parte de las instituciones estadounidenses se combinaba con su abierta participación con diversos cárteles del narcotráfico desde que éste actuó como Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, instancia que –incluso– lo nombró Fiscal Especial en Tamaulipas contra la delincuencia organizada. Su último cargo público fue en la Fiscalía General de Jalisco donde no era un funcionario cualquiera dentro del organigrama sino que tenía a su cargo la dirección del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad.
Su rol en la Fiscalía General de Jalisco era central para el combate del crimen porque por a través del centro bajo su mando circulaban todas las comunicaciones de las radiofrecuencias policiales del estado, razón por la cual él tenía conocimiento de todos los hechos delictivos que se reportaban, así como de las detenciones que de éstos surgían.
Esta información, a decir de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Jalisco, debía ser materia prima para la generación de acciones de inteligencia para el control y el abatimiento del crimen organizado en la región. Estas tareas las desarrolló Adame Ochoa en Jalisco desde el 16 de noviembre de 2016 hasta julio del año 2015 cuando se le despidió de la Fiscalía por no pasar las pruebas de control y confianza, mismas que no había pasado anteriormente pero que no habían derivado en su despido porque era personal de confianza del ex Fiscal General, Luis Carlos Nájera, cesado en junio de 2015 tras su errático accionar en los narcobloqueos que vivió Jalisco el 1 de mayo de ese mismo año.
En la detención de Adame Ochoa en Texas también se detuvo a 14 personas más, las cuales operaban en los Estados Unidos, desde el año 2000, una red de operaciones de lavado de dinero, así como de importación y compra-venta de cocaína. Las actividades concretas con las que la Fiscalía de los Estados Unidos vincula a Adame Ochoa se centran en la realización de fraudes bancarios y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a la justicia norteamericana los delitos por los que se le está enjuiciando fueron cometidos durante los años en que éste laboró dentro de la Fiscalía General de Jalisco.
Sin embargo, esta no es toda la historia de Adame Ochoa porque en la audiencia pública celebrada el 30 de junio pasado, los agentes que llevan el caso en su contra informaron que durante todo este tiempo el ex funcionario de Jalisco también colaboró de manera secreta con la CIA, la cual lo utilizaba como enlace entre áreas de seguridad de los Estados Unidos e integrantes del narcotráfico; su función era ofrecerles beneficios y protección a cambio de información.
Este rol con la CIA, a decir del agente del Servicio de Impuestos Internos, Steve Pennington, era mal utilizado por Adame Ochoa porque usaba “este poder” para pedir fuertes sumas de dinero a los narcotraficantes que reclutaba como informantes; este dinero –como publicó el San Antonio Express News– era empleado por Adame Ochoa para fondear las operaciones inmobiliarias que le servían para la consecución de enormes préstamos que después utilizaba para lavar el dinero obtenía por el trasiego de cocaína a los Estados Unidos. Un negocio redondo que operaba desde la Fiscalía General de Jalisco.
El día en que se dio a conocer su detención, las actuales autoridades de la Fiscalía General de Jalisco se deslindaron de Adame Ochoa al informar que éste fue despedido de la institución por no haber pasado los exámenes de control y confianza; sin embargo, el actual Fiscal General, Eduardo Almaguer, no anunció el inicio de ninguna investigación interna para determinar si algunos de los actuales funcionarios o ex funcionarios del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad tenían conocimientos de estos hechos o si, incluso, habían sido co-partícipes. Eduardo Almaguer sólo dijo que su administración no tiene ninguna relación con Sergio Guadalupe Adame Ochoa.
Tres años de impunidad y olvido.
Andrés Barba y Luis Antonio Ortiz desaparecieron el 21 de junio de 2013 después de que abordaron un taxi en la Plaza Ciudadela, ubicada en Zapopan. El video de la plaza comercial permitió observar que ambos menores abordaron el taxi en compañía de otro menor de nombre Isaac Álvarez Buenrostro, el cual hasta el momento es la única persona sentenciada tanto por la privación de la libertad como por la muerte de ambos menores.
Ocho días fueron los que Andrés y Luis Antonio estuvieron desaparecidos porque el 1 de julio de 2013, sus cuerpos fueron localizados enterrados en La Cebada, un rancho ubicado en las inmediaciones del Bosque de La Primavera.
Durante todo ese tiempo, el ex Fiscal General, Luis Carlos Nájera, aseguró que el móvil del crimen había sido las presuntas conductas de bullying que las víctimas habían realizado contra Leonardo Carrasco Niebla, hijo de José Ángel Carrasco Coronel, alias “El Changel”, quien es sobrino de Ignacio Nacho Coronel.
Sin aportar muchas pruebas, el ex Fiscal General convirtió a las víctimas en victimarios y encasilló su muerte como una venganza y no como una acción de violencia e impunidad. En las indagatorias del caso también se supo que quien indicó a Isaac Álvarez que engañara a Andrés y Luis Carlos fue Andrés Vega Tovar, alias “El Vega”, él convenció –de acuerdo a mensajes de Facebook mostrados por la Fiscalía– a Luis Carlos de ir a la plaza para después irse en un taxi a un punto de encuentro donde les dirían como “entrarle al narcomenudeo”.
A la fecha –pese al oficio de localización y presentación contenido en la Averiguación Previa 8533/2013– Andrés Vega Tovar, Leonardo Carrasco Niebla y José Ángel Carrasco Niebla no han sido detenidos por la desaparición y muerte de Andrés y Luis Carlos; tampoco se tienen mayores datos de otros involucrados en los hechos como “El Moncho” o “Caballo”, conductor del taxi donde se vio por última vez a los menores, así como de José Ramón González Niebla, Jesús Alfredo Noriega y Javier Chaires Niebla a quienes cita como presuntos cómplices Isaac Álvarez en sus declaraciones.
Dos de los implicados en la desaparición y muerte de Andrés y Luis Carlos son hijos del narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel, alias “El Changel”, quien en su momento se dijo sería el sucesor de su tío “Nacho Coronel” en las operaciones del Cártel de Sinaloa en Jalisco; sin embargo, éste fue detenido en 2013 en la Ciudad de México; sin embargo, autoridades aseguran que éste aún encabeza las operaciones del Cártel en el estado.
En entrevista concedida al periódico El Informador, Luis Barba –padre de Andrés- mencionó que pese al gran conocimiento que se tiene de los responsables de la muerte de su hijo no hay ningún avance en materia de justicia: “Lo que a mí me demuestra que no hay ninguna intención de citar a los señalados; nosotros hemos presentado un documento en el que se ha exigido que se giren esas órdenes, pero no quieren echarle ganas al tema”, explicó.
El único avance en el caso no es a favor de las familias de Andrés y Luis Carlos; al contrario, éste favorece al único detenido, Isaac Álvarez Buenrostro, quien a pesar de purgar una condena de siete años podría salir libre luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Jalisco invalidó su sentencia, en noviembre de 2015, por violaciones al debido proceso.
Este recurso está aún en revisión; sin embargo, la justicia para Andrés y Luis Carlos debe esperar aún más porque a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, “están buscando a los responsables pero no han logrado dar con ellos”.