El ataque que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fue un caso que ha sacudido y conmocionado a gran parte del país. Fiel a su tradición, la sociedad del DF no ha sido la excepción, y ha protagonizado las movilizaciones más grandes con la exigencia del esclarecimiento del caso.

Semana a semana en las redes sociales, de voz en voz, en las universidades, en las calles, en el transporte público se han organizado las marchas. Históricamente la Ciudad de México ha sido el escenario de las gestas sociales más grandes de los últimos tiempos, y ahora la razón para volver a salir a las calles ha sido la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes.

El caminar pacíficamente por las calles de la avenida Paseo de la Reforma y el Centro Histórico con consignas que retumban y hacen eco entre los grandes edificios, no ha sido lo único que ha ocurrido durante las movilizaciones. Grupos de encapuchados, algunos de ellos autodenominados anarquistas, han tomado la actitud de generar violencia, la cual es respondida por los granaderos con más violencia desmedida.

Siempre es al finalizar las marchas, cuando el ciudadano de a pie ya ha cumplido y regresa a su hogar, cuando se desatan los choques, se ven volar las bombas molotovs y los gases lacrimógenos. Las detenciones de los cuerpos de policías se dan indiscriminadamente, y durante noviembre se detuvieron a varios estudiantes, quienes fueron tratados como criminales pero al final ante la falta de pruebas quedaron en libertad debido a que no se les pudo comprobar ningún delito.

El sábado 8 de noviembre, miles de ciudadanos se organizaron para caminar rumbo al zócalo en la tarde noche con veladoras en las manos. La movilización fue emotiva y el grito de justicia por los normalistas de Ayotzinapa retumbó en el DF. Una vez instalados en la plancha de la Plaza de la Constitución, la gente comenzó a retirarse. De pronto un pequeño grupo de encapuchados comenzó a atacar la puerta principal de Palacio Nacional. Y la violencia explotó.

Luego de un enfrentamiento entre miembros del Estado Mayor Presidencial y los jóvenes violentos, quienes festejaban que el fuego consumió por unos breves segundos la puerta de madera, la persecución policial se desató, de pronto ya había 18 personas detenidos, la mayoría de ellos estudiantes de distintas universidades. Horas después todos quedaron libres, algunos por pagar fianzas y otros porque no se les pudo comprobar nada.

El 20 de noviembre se dio en las calles del DF una de las movilizaciones más grandes de la historia en la ciudad. Ríos y ríos de gentes llegaban al Zócalo capitalino desde tres puntos de la ciudad: el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La Plaza de la Constitución estaba repleta, y los contingentes no dejaban de arribar. El ambiente era festivo y melancólico, la gente gritaba y gritaba consignas, y también celebraban la gran convocatoria que se había juntado. De pronto se comenzaron a escuchar explosiones en el costado de Palacio Nacional, el cual se encontraba custodiado por granaderos. Y una vez más se desató la violencia. Grupo de encapuchados se enfrentaron a granaderos.

Luego de minutos de tensión y de un violento intercambio de agresiones, los grupos de policías arremetieron contras todos los presentes en el Zócalo, muchos de ellos, la mayoría, ciudadanos que nada tenía que ver con los actos vandálicos. Familias fueron golpeadas, jóvenes intimidados y hasta personas que se encontraban en restaurantes de las zonas sufrieron las agresiones. El saldo fue de 11 estudiantes detenidos, y decenas de heridos.

Los aprehendidos respondían a los nombres de Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzín Andrade González, Ramón Domínguez Patlán (nombre que dio en su declaración Isaac Domínguez Ayala), Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo, Francisco García Martínez y el chileno Laurence Maxwel, quienes fueron trasladados al penal federal de Villa Aldama, Veracruz; mientras que Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Anali González, fueron enviadas al penal de Tepic, Nayarit.

Defensores de derechos humanos acusaron que a los jóvenes se les estaba dando trato de delincuentes de alta peligrosidad. Las pruebas por las que se les acusaba eran dichos de los granaderos, quienes acusaban a los jóvenes de pertenecer a grupos subversivos porque entre ellos se llamaban "compas". La exigencia creció y la sociedad tuvo una nueva razón para salir a las calles: 11 jóvenes detenidos, golpeados y trasladados a penales de manera arbitraria.

El sábado 29 de noviembre los 9 hombres y las 2 mujeres dejaron los penales donde se encontraban recluidos. La razón fue porque los delitos de los que se les acusaba no pudieron ser sustentados. Una vez más los cuerpos de policías realizaron detenciones arbitrarias e indiscriminadas.

Los grupos de "anarquistas", como ellos mismos se nombran, han provocado la sospecha de la sociedad civil. Se les ha acusado de ser infiltrados del gobierno para provocar la violencia en las manifestaciones pacíficas. Lo cierto es que en cada marcha ha quedado al descubierto la inoperancia de los cuerpos de granaderos quienes ven en los ciudadanos a potenciales vándalos cuyo delito principal es manifestarse.