De manera torpe, como quien no sabe qué hacer frente a la delincuencia organizada, las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal de Culiacán, y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resolvieron prohibir a los agentes de las policías locales y estatales el uso y portación de teléfonos celulares durante sus horarios de trabajo, luego de la aprehensión de ocho agentes que custodiaban y pasaban información sobre operativos al crimen organizado.

La medida fue anunciada a los agentes en Culiacán el último día de junio y aplicada a partir del día siguiente, sobre todo en esta ciudad capital, lo que provocó la inconformidad de los uniformados, quienes cuestionaron cómo van a comunicarse con sus familias si hay alguna emergencia. Dijeron además que la medida no es pareja, ya que sus jefes podrán portar estos aparatos de comunicación y será ese el que puedan usar, si sus superiores lo autorizan, para comunicarse con sus familiares y hacer llamadas personales.

“Nos quitan el celular a nosotros… y eso ¿pa qué?, si no quieren que se filtre información que se lo quiten a todos, que sean parejos, ¿Quién puede saber más que los jefes?”, expresó un agente de la policía municipal de Culiacán, quien pidió mantener el anonimato.

A finales de junio, el día 23 y por la noche, cuatro policías municipales fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina, en la colonia Universitarios, en Culiacán, al encontrárseles entre su equipo un teléfono Nextel. Los policías fueron acusados de pasar información al narcotráfico y de hacer las veces de “halcones” o “punteros”, -que pasan información sobre recorridos y operativos de las corporaciones policiacas, del Ejército y la Marina- y luego declararon ante el Ministerio Público y puestos en libertad.

Dos días después, tres de los cuatro agentes renunciaron a la corporación. Versiones extraoficiales indican que los uniformados fueron presionados por los jefes de la policía para que abandonaran el servicio público y enfrentaran solos el proceso penal iniciado en contra de ellos, por supuesta filtración de información a organizaciones delictivas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la medida incluirá a los agentes de la Estatal Preventiva y a Policía Ministerial, y de todas las corporaciones municipales, cuyos alcaldes empezaron a aceptarla y ponerla en marcha.

Información publicada en el semanario Ríodoce indica que en junio del 2013 el Congreso del Estado aprobó una iniciativa que presentó el ejecutivo para reformar algunas disposiciones del Código Penal y el de Procedimientos Penales de Sinaloa; entre ellos el artículo 293 Bis,  que considera como delito grave hechos que atenten contras las instituciones de seguridad pública y del estado.

El artículo establece que se aplicará pena de hasta quince años de cárcel y hasta dos mil días de multa a quien “aceche, vigile, espíe o proporcione información, sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a dichas instituciones o servidores públicos”.

También considera como conducta delictiva a quién “aceche o vigile en cualquier lugar o realice cualquier acto, tendientes a evitar la captura de algún delincuente o miembro de una asociación delictuosa u organización criminal”, conocido esto coloquialmente como “halconeo”.

Una fuente extraoficial informó a Ríodoce que algunos comandantes repartían los teléfonos celulares a otros agentes para que dieran información sobre algunos movimientos de las corporaciones federales, o para que recibieran instrucciones: “a veces los del radio nos reportan algo pero cuando llegamos y sale que es de la `clica´, pues nada más uno se hace menso o reporta al radio que son amigos de algún comandante”.

Para los agentes, esta medida, que les molesta, no servirá de nada. Arriba, dicen, con los jefes, está la verdadera filtración de información, la complicidad, los acuerdos para los negocios y la corrupción en beneficio de los criminales.