Los violentos operativos de la Secretaría de Marina Armada de México en la zona serrana del municipio de Tamazula, en el estado de Durango, provocaron el desplazamiento de alrededor de mil personas que ahora se mantienen refugiadas en el municipio sinaloense de Cosalá, colindante con esa región.
Los operativos iniciaron el 10 de octubre y algunos de los desplazados tuvieron que caminar durante cerca de cuatro días entre el monte, hasta llegar a Cosalá. Con los pies llagados, piernas raspadas y con puntos rojos por piquetes de moscos llegaron niños y mujeres a esta región sinaloense, huyendo de las acciones de la marina.
Los ataques perpetrados por los uniformados dejaron casas baleadas y algunos techos perforados. Los testimonios de los habitantes de al menos ocho comunidades, entre ellas El Limón y El Verano, indican que los marinos les dispararon desde helicópteros artillados y los obligaron a mantenerse en sus viviendas o huir al monte.
Algunos de los desplazados señalaron que los marinos les gritaban que permanecieran en sus casas, y que si salían podían confundirlos con delincuentes y dispararles. Lo que evitó que muchos salieran de sus viviendas y por lo tanto el abastecimiento de agua y víveres.
La nueva página de terror se inscribió en los operativos que realiza el gobierno federal para recapturar a Joaquín Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa, quien presuntamente estuvo en esta región duranguense, donde aparentemente sufrió heridas mientras huía de los marinos: en medio quedaron jóvenes, mujeres y niños, que padecieron hambre y frío durante estas acciones, obligándolos a desplazarse de sus comunidades.
Los primeros reportes
Al lugar acudieron activistas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), dirigidos por Óscar Loza y Leonel Aguirre Meza, quienes, luego de dialogar con los marinos, lograron que éstos, que mantenían retenes en la región, permitieran el paso de civiles para que se refugiaran en Cosalá. Las víctimas fueron trasladadas en camiones y camionetas, acompañados por los activistas.
Durante reuniones con los desplazados y con autoridades municipales sinaloenses, los civiles afectados señalaron que fueron perseguidos, hostigados y torturados por la marina, quienes además los amenazaron con dispararles si abandonaban sus hogares. Señalaron que los uniformados se enfrentaron con civiles, quienes lograron derribar un helicóptero, aunque esto no fue confirmado por las autoridades.
En uno de los videos proporcionados por los habitantes de la región, se observan varias aeronaves, entre ellos helicópteros artillados, disparando hacia las montañas. Las detonaciones de armas de diferente calibre se escuchan con claridad.
“Si nos miran los guachos nos van a tirar, güey. Los boludos (helicópteros)… por eso hay que escondernos bien”, expresó uno de los civiles que grabó el video y que busca, junto con otros, protegerse del operativo. El documento fue entregado a los defensores de los derechos humanos.
El primer contingente de refugiados fue de alrededor de 50, para luego sumar 200 a mediados de octubre y para el día 20 sumaban cerca de mil. Todos ellos, de acuerdo con reportes de las autoridades municipales, fueron atendidos con comida, ropa y cobijas, algunos en las instalaciones del DIF de Cosalá, y otros en casas de amigos y familiares.
La diputada Lucero Sánchez López dijo ante el pleno del legislativo que la Marina había detenido a ocho jóvenes, a quienes no consignó ante el Ministerio Público ni informó públicamente sobre su detención, por lo que fueron calificados como desaparecidos. Los jóvenes, cuyas identidades no fueron proporcionadas, no han regresado a sus casas y se teme por sus vidas.
“No se vale que por abusos de poder queden más de 200 familias sin patrimonio simplemente porque se les antoja violar los derechos humanos de las personas. Debemos asumir y respetar las recomendaciones de las instituciones internacionales, las cuales en los últimos años se han dado cuenta del abuso de las autoridades”, sostuvo, en tribuna, durante la sesión de la semana pasada.
El alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, manifestó que “la gente aunque esté hospedada en Cosalá con familias, con amigos, conocidos de esta región, esta gente sigue estando en Cosalá y nosotros tenemos la obligación de seguirles dando ayuda humanitaria”.
Los casos de abusos, como viviendas baleadas, detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura, denunciados por las víctimas, están siendo investigadas por las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
Las protestas
El 21 de octubre, unas 500 personas se manifestaron en la Unidad Administrativa, sede del gobierno estatal, en Culiacán, para protestar por los abusos cometidos por la Secretaría de Marina Armada de México, en la zona serrana de Sinaloa y Durango.
Los inconformes mostraban pancartas en los que exigían la visita de periodistas y que los medios no publicaran solo lo que dice el gobierno sobre estos operativos, cuyo objetivo es la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El chapo, líder del Cártel de Sinaloa. También demandan la intervención de organismos defensores de los derechos humanos y del presidente de la República.
Los inconformes señalaron que proceden de los municipios de Cosalá, en Sinaloa, y Tamazula, estado de Durango, pero omitieron sus nombres. Una comisión de manifestantes fue recibida por Gerardo Vargas Landeros, secretario General de Gobierno, quien les prometió realizar gestiones ante las autoridades federales y atender las necesidades de las personas víctimas de la violencia, incluyendo los desplazados.
Afirmaron que la Marina los hostiga y permanentemente los molesta, con el pretexto de los operativos contra el narcotráfico. Vargas Landeros les pidió a los inconformes cesar las protestas, pero éstas se mantuvieron durante cerca de dos horas. Algunos de los manifestantes acudieron al parque Ernesto Millán Escalante, ubicado al sur de la ciudad, donde está el campamento provisional de los marinos, a quienes les gritaron que no los querían en Sinaloa y que preferían a Guzmán Loera, porque les da trabajo y genera ingresos.
“Aquí el que nos da trabajo es El chapo y ojalá que nunca lo agarren”, dijo uno de ellos a un elemento de la Secretaría de Marina, cuyos soldados bloquearon el paso de los civiles.