Tanto en Hermosillo como en San Luís Río Colorados ha habido atentados contra funcionarios públicos dedicados a resguardar la seguridad de los sonorenses. En el primer caso, el del ex jefe de la policía municipal de San Luis Río Colorado Francisco Vázquez Bustamante, la victima acababa de dejar su puesto como jefe de la policía; mientras que en el caso del subdirector del Centro Federal de Readaptación Social número 11, Oliver Alexander Díaz Martínez, este aun estaba en funciones.
Es difícil que las dos muertes estén vinculadas, sin embargo se dan en un marco social de cambios de fuerzas en toda la entidad. El primer caso, ocurrido el lunes 14 de septiembre y se dio en las calles de San Luis Río Colorado alrededor de las ocho de la noche, a unas escasas horas de que terminara el cargo Vázquez Bustamante, y después de haberse ganado muchas enemistades por haber monopolizado la violencia en el aislado municipio.
La fama que le precedía a este monopolizador de la violencia no era muy buena, durante una parte de la administración padrecista, Vázquez nunca escatimo en daños cuando persiguió y amedrentó a defensores de derechos humanos, o cuando fabricó pruebas contra ciudadanos inocentes, menos cuando protegió a miembros del crimen organizado, o peor aún, cuando actuaba como el crimen organizado allanando domicilios sin ninguna orden de cateo. Si, en San Luis Río Colorado la violencia se personifica en el jefe de la Policía Municipal y esto únicamente nos da una pequeña muestra del vínculo existente entre crimen organizado y gobierno.
Por otra parte, en el caso del asesinado subdirector del Cefereso número 11, aun no tenemos muchos datos de la investigación que está haciendo la Procuraduría del Estado, debido a que se está manejando con bastante secrecía, sin embargo, lo que la policía ya dio a conocer en la prensa es que a Díaz Martínez lo estuvieron vigilando y que en el lugar de los hechos se levantaron casquillos percutidos de armas largas.
Antes de que se diera el cambio de gobierno en la entidad, varios empleados del sistema penitenciario de Sonora renunciaron y salieron de la entidad, entre ellos el director general de los CERESOS en el Estado de Sonora, Ricardo Ornelas Saavedra, dejando un vacío en el sistema de justicia que aunque ya tienen su remplazo, deja en evidente que la lucha por el monopolio de la violencia está en disputa.
Difícil es todavía relacionar el asesinato de Díaz Martínez con la renuncia de Ornelas, pero vuelvo a lo mismo que mencioné con el asesinato de Vázquez en San Luis; todos estos hechos ocurren en el marco de una coyuntura política que está haciendo que se reorganicen los monopolios y los poderes en la entidad, y obviamente que el de la violencia no es la excepción. Lo anterior implica que los pactos entre crimen organizado y fuerzas del orden tienen nuevos actores que reclaman con plomo y sangre sus intereses.
Este clima de cambios, de reorganización de fuerzas y poderes facticos poco a poco atrapa a los ciudadanos en una especie de fuego cruzado y en un estado de zozobra. Quizás el caso más alarmante sea el de la defensora de derechos humanos de San Luis, Martha Solórzano, quien únicamente ve que el nuevo jefe de la policía de su municipio es el protegido del anterior, alguien que destaco por su brutalidad, corrupción y su forma tan cínica de perpetuar la impunidad.
Otra vez los feminicidios
La violencia contra la mujer no da marcha atrás a pesar de que ya se ha tipificado el feminicidio. Esto en gran medida se debe a que no se ha dejado de trabajar en los protocolos de investigación con perspectiva de género para que los ministerios públicos realmente puedan investigar los femenicidios como se debe de hacer. Estos protocolos son los que en su momento podrán permitir a los ministerios públicos generar mecanismos más eficientes para la prevención de estos crímenes contra la mujer, dándoles así garantías más eficientes de seguridad para una vida libre de violencia. Desafortunadamente, en medio de las elecciones, los cambios políticos que se han generado en los últimos meses, así como en el deseo de muchos por iniciar una casería de brujas contra los funcionarios de la administración padresista que desfalcaron al Estado, se ha olvidado la agenda de las mujeres que están desprotegidas por una agenda mediática en la cual se recuerda, a manera de paliativo, que por fin Sonora tiene una gobernadora.
El que ahora Sonora tenga gobernadora no ha servido para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia. Unos días antes de que Claudia tomara protesta, en Hermosillo se dio un feminicidio en la colonia Virreyes, el cual el nuevo Procurador de Justicia del Estado de Sonora, Rodolfo Montes de Oca, lo consideró como un simple homicidio. A este femincidio se le suman otros dos ocurridos en el primer fin de semana de octubre, uno en la población de San Pedro en el municipio de Hermosillo y otro en Cajeme. Aun desconocemos si estos dos femincidios volverán ser considerados como simples homicidios por parte del Procurador de Justicia, pero poco a poco la indignación que generan estos crimines están encendiendo la chispa de las activistas feministas y de la sociedad civil a través de las redes sociales, para volver a poner la agenda de la mujer entre las necesidades que tiene este entidad para corregir el rumbo y que la nueva gobernadora en verdad proteja la vida y seguridad de las mujeres.
