Con trece periodistas asesinados en lo que va de su fatídico sexenio y faltando 510 días para que éste concluya, el gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa lanzó uno de sus mensajes más temerarios y polémicos hacía la prensa veracruzana: “Pórtense bien, vienen tiempos difíciles, sabemos que hay reporteros coludidos con el crimen organizado”.

72 horas después de ese mensaje transmitido el día 30 de junio en una comida con reporteros y directores de medios en Poza Rica –ubicada a 276 kilómetros de la capital del Estado-, un reportero con dos décadas de experiencia en la nota roja, Juan Mendoza Salgado moría en circunstancias extrañas. Fue atropellado la madrugada del miércoles en el kilómetro tres de la carretera Santa Fé-San Julián, cerca de la caseta de cobro.

“Tenía lesiones de atropellamiento y las dos piernas fracturadas. No tenía huellas de tortura, ni perforación de bala o heridas punzocortantes”, explicó una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE). El comunicado era más escueto aún.

Las dudas se cernieron sobre sus colegas: ¿Por qué tenía un vendaje en la cabeza?, ¿Dónde está su taxi con el número económico 1962, el cual era su complemento económico?, ¿Por qué no hay derrape de llantas, sí es que el cafre que lo atropello, avistó el bulto en la obscuridad e intento frenar? y ¿por qué presentaba estallamiento de testículos?. Ninguna de esas interrogantes ha sido contestada por alguna autoridad, al cierre de esta edición. De mientras la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas (CEAPP) ya condenó el hecho en un comunicado y exhortó al gobierno de Duarte a esclarecer “este homicidio”. La esposa del reportero, Tayda Pavón tardó dos días para dar con su paradero en el Servicio Médico Forense (Semefo), un día antes, habría puesto la denuncia 701/2015 de la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador.

Mendoza Salgado, apodado “el cuñao” –así le decía a todos sus colegas-, trabajo durante 16 años en la fuente policíaca de El Dictamen y hace dos decidió independizarse y abrir su propio portal “Escribiendo la Verdad”, el treceavo periodista asesinado durante esta administración estatal, se une a los homicidios impunes de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez (27 de abril del 2012), del editor-reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero del 2015), del reportero de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio “Goyo” Jiménez (5 de febrero del 2013) y del locutor de la K Buena, Armando Saldaña (4 de mayo 2015), entre otros más.

La fiesta debe continuar…

En esta espiral de violencia, Duarte decidió continuar año con año con los festejos de la Libertad de Expresión –conmemorados el 7 de junio-, por única ocasión fueron postergados por el priista por coincidir con la jornada electoral federal, donde el PRI ganó 16 de 21 distritos. En Xalapa se reunió una semana después en Casa Veracruz solo con dueños y columnistas afines a su gobierno, en la antesala del convite a los empresarios de la prensa y los editorialistas les fueron “decomisados” teléfonos celulares y cámaras de foto y video: “Quería un encuentro informal y de camarería”, dijeron sus allegados. Con varias sillas vacías, algunos dueños de medios no se quisieron quedar a la foto oficial, salieron molestos pues no hubo viso de la “liberación de pagos” por publicidad oficial y favores electorales atrasados.

Duarte continuó su agenda de recuentro con medios en Veracruz y Boca del Río, la zona Córdoba-Orizaba y en Xalapa, ya con reporteros y camarógrafos diaristas, en esos puntos, recibió el desaire de los reporteros críticos a su gobierno, quienes declinaron la invitación.

A Poza Rica, se presentó el 30 de junio, el mensaje de 15 minutos, fue inédito en los 55 meses de su administración: “Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa, lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones”, dijo.

En ese momento, varios cubiertos de los comensales detuvieron su movimiento, los bocados en la boca dejaron de masticarse. Algunos reporteros miraron absortos al mandatario, otros rieron y unos cuantos se sintieron indignados, Duarte a un costado de la mesa principal y flanqueado por su tercer vocero, Juan Octavio Pavón continuó su letanía: “Hay momentos difíciles… bajo advertencia, no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre”.

El “pórtense bien, por favor” se repetiría cuatro veces más. En la última, acompañado de un chascarrillo coloquial: “No se hagan como que la virgen les habla”.

Al inicio de su mensaje en dicha ciudad, bastión petrolero, otrora del PRI, pues ahí ganó el PRD en la pasada elección federal, Duarte habría admitido que el castigo en las urnas, le habría mandado un mensaje ciudadano: “Estamos hasta la madre de la inseguridad”.

El priista habría ofrecido una receta: “Vamos a sacudir el árbol y caerán muchas manzanas podridas”.

“Medidas cautelares”

Apenas el once de junio pasado, Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y de la agencia AVC Noticias decidió exiliarse temporalmente de Veracruz por el seguimiento de hombres armados en sus actividades de trabajo y el monitoreo con video y fotografías de sujetos desconocidos en las afueras de su vivienda.

“Estoy extrañando, pero estoy tranquilo. En Veracruz ya me cagaba estar así, no se puede trabajar a gusto, es lo único que quiero hacer”, expresó Espinosa vía telefónica dos días después de su partida. Su salida se dio en el contexto de la brutal golpiza a ocho jóvenes –varios de ellos universitarios- a manos de hombres encapuchados tres días antes de los comicios y de la recolocación de la placa en la Plaza Lerdo, para bautizarla simbólicamente como Regina Martínez.

La Secretaria de Gobierno (Segob), la Subsecretaria de Gobierno, la Dirección de Política Regional y la Policía Vial de la SSP ya venían manteniendo un acoso constante sobre reporteros y fotoperiodistas, lo mismo en el zócalo que en restaurantes y cafés donde hay ruedas de prensa, o en las conferencias que ofrecían políticos de oposición.

El propio titular de la Segob, Gerardo Buganza había sido increpado por periodistas sobre el monitoreo constante de sus “espías” y “orejas”, Buganza negó los hechos, sin embargo, la Dirección de Política Regional admitió de su existencia y les dio el nombre de “actores” en el oficio UAIPSEGOB/231/2015, obtenido en la plataforma Infomex-Veracruz: “Su función es detectar los posibles conflictos que se presenten en la región para intervenir oportunamente en la solución de los mismos, gestionar y dar seguimiento a los asuntos planteados que presenten los grupos políticos y sociales de la región”.

Del 2013 a febrero del 2015, la CEAPP admitió que se han asistido a 83 periodistas en Veracruz con “medidas cautelares”. Incluso, ponderaba que tan solo en los dos primeros meses del 2015, a 5 comunicadores se les han tenido que poner “medidas cautelares de protección”, por amenazas tácitas e intimidación de cuerpos policíacos o por amenazas de muerte vía teléfono celular.

En el número de oficio CEAPP/UAI/010/2015 obtenido en la plataforma Infomex-Veracruz –a solicitud de este reportero- el organismo garante de los periodistas expresa que tan solo en el 2014, 23 reporteros tuvieron “medidas duras de protección” –entiéndase seguridad, custodia y vigilancia a su persona y/o familia- y 122 comunicadores fueron asistidos con “medidas blandas de protección”. Además, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) brindó 159 asesorías y acompañamientos legales, así como 90 “gestiones”, dice el documento en poder del reportero.

 “Un gobernador irresponsable”

Jorge Morales Vázquez, reportero de profesión y el único comisionado de la CEAPP alejado de los intereses del gobierno, autorizó a Proceso reproducir comentarios vertidos en sus redes sociales y que dan cuenta del manejo que se le da a los crímenes y vejaciones en contra de periodistas en Veracruz. Un documento titulado “libreta de apuntes” dice así: “No es la primera vez que el gobernador Javier Duarte ha hecho estas imputaciones, pues regularmente lo hace en privado, al igual que su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. He escuchado este tipo de afirmaciones chocantes como una forma de justificar los asesinatos y agresiones sistemáticas a periodistas en Veracruz y eximirse de toda reclamo y responsabilidad y de pasada, sepultar cualquier expectativa de justicia y seguridad”.

Morales asegura que hay “salidas falsas e irresponsables” de Duarte y de su staff de seguridad y procuración de justicia, “son cínicas, tramposas y marrulleras”. Jorge quien ha trabajado en periódicos como Imagen, El Heraldo, Dictamen, Milenio, Plumas Libres, entre otros, asegura que las recientes afirmaciones de que hay “reporteros coludidos con el hampa”, son frases al vació.

“He ponderado que estos casos (de reporteros coludidos con el crimen) se documenten y se lleven ante la justicia, la respuesta (gubernamental) ha sido de que no quieren escándalos y que será difícil probarlos judicialmente, por lo que he tomado sus comentarios como eso, simples chismes de radio pasillo. No es que no crea que haya periodistas ligados al crimen, esto es hasta estadístico, es imposible que en un estado infestado de narcos, no haya periodistas, como políticos, ligados a estos; pero no estoy de acuerdo con que un gobierno legal pueda valerse de un discurso tramposo para no hacer lo que debe hacer”, expone.

Morales advierte que con el último discurso de Duarte hacía la prensa se corre el riesgo de una criminalización “adelantada” a diestra y siniestra de periodistas: “Cualquier periodista agredido o asesinado será metido al costal de ajuste de cuentas”.

Ese contexto en el que habla Jorge Morales, ya fue retomado por el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien expresó que si hay reporteros ligados con el hampa, será materia de la Procuraduría General de la República (PGR) y no del ámbito local.

"(El gobernador) alude a temas de delincuencia organizada y la Fiscalía General del Estado es competente para indagar delitos del fuero común, no de delincuencia organizada. Son instancias federales las que tienen que ver con eso”, deslindo.

Entre el gremio reporteril, el último discurso de Duarte, causo enconó, irritación y sentimientos encontrados. Unos reporteros lo vieron como un “lavado de manos” –estilo Poncio Pilatos-, otros como una “amenaza velada”, otros más –dicho en las propias palabras de Duarte en su discurso político- como un “disparo en la pierna”, pues aseguran que en un Estado de Derecho quien “acusa, tiene la obligación de comprobar sus dichos”.