La guerra contra las drogas es una guerra contra la ciudadanía. La ausencia de un análisis del impacto de decisiones políticas en la cotidianidad del individuo nos deja sin las métricas correctas que permitan evaluar desde una perspectiva diferente los fenómenos sociales que nos producen dolor y desánimo. La verdad es que hemos estado repitiendo a perpetuidad los mismos errores que nos han herido y destinado a celebrar o a llorar el fracaso.
Los puntos de venta y distribución de marihuana son económicamente rentables, increíblemente competitivos y muy atractivos, sobre todo en una economía permanentemente deprimida.
La violencia del narco está más orientada a defender y atacar para mantener los puntos que aseguran mayor rentabilidad económica. Podemos inferir que la guerra intestina que existe entre los integrantes de ese mundo se autoalimenta de la clandestinidad impuesta por la prohibición, la ausencia total de controles del estado y la diversidad y amplitud de la clientela.
Por otro lado, considerando que el sistema de corrección de Puerto Rico mantiene una tasa de reincidencia de 66%, es importante subrayar que las personas arrestadas y encarceladas por la posesión de cantidades relativamente pequeñas de la sustancia con probabilidad volverán a la cárcel a consumir el limitado recurso fiscal en una actividad absolutamente improductiva. Además, los jóvenes perderán sus becas y sus expedientes serán afectados negativamente.
Legalización
Ya veinticinco países han legalizado la marihuana y quince estados de la nación americana han despenalizado su uso, mientras que treinta y dos estados han impuesto alguna disposición para tolerar su uso. Dos estados, Washington y Colorado, han legalizado el uso de la marihuana hasta llevarlo a la misma condición que el alcohol.
Considerando que la violencia y corrupción del narcotráfico no derivan de la naturaleza de las drogas, sino de la prohibición, es importante señalar que, disminuido este incentivo de clandestinidad que tenemos al día de hoy, la repercusión en la disminución de la violencia relacionada con el narcotráfico será un hecho constatable.
Las alegaciones de daños primarios (cáncer y otros) son incluso menores que los que provoca el uso de acetaminofén y otros fármacos. Sin embargo, los daños secundarios que sí se generan, no de las propias sustancias, sino de los controles prohibicionistas en general (por ejemplo, el uso clandestino de jeringuillas y su relación con el VIH) sí son inmensamente impactantes en la salud pública.
Aunque la pieza presentada no implica la legalización per se de una sustancia, este paso habrá de desinflar la enorme presión que se traduce usualmente en violencia callejera, disminuirá la densidad poblacional de las cárceles y no en detrimento de la sociedad, pues no habrán de llegar a prisión personas que no exhiben uso problemático de drogas o cuya única actividad delictiva sea fumarse un porro. Si en algún momento llegáramos a considerar la legalización de la oferta y la producción, podríamos dar por un hecho la eliminación del narcotráfico.
La relación entre el uso de la marihuana como entrada a otras drogas más fuertes no implica, en ningún estudio serio, una relación causal. No hay un efecto directo de la marihuana que lleve mágicamente a las personas al uso de drogas más fuertes. De hecho, el informe de la ONU sobre drogas correspondiente a 2011, expone que entre 125 y 200 millones de personas han consumido cannabis, pero solo de 12 a 20 millones han consumido algún opiáceo. Esto quiere decir que hay 10 veces más personas que han consumido cannabis que opiáceos. ¿Cómo se puede seriamente afirmar que la adicción a las drogas suaves, como lo es cannabis, conduce inexorablemente a las drogas duras, como la heroína?
Y si por casualidad o fe creemos que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes, veamos como referente histórico los años de la prohibición del alcohol. Todos sabemos por lecturas o por otros medios documentados que esa guerra fue muy similar a lo que es hoy la guerra contra el narcotráfico, pero en este caso me voy a referir a los datos positivos. Es decir, despenalizar el uso de la marihuana no implica un estímulo a su uso. Esto lo podemos corroborar con los cientos y miles de personas que reciben servicios en Iniciativa Comunitaria. Además, se han hecho comparaciones históricas entre los esfuerzos en los años 20 y 30 de los Estados Unidos por controlar los abusos del alcohol y las estrategias desplegadas en esos mismos años por otros países como Australia y buena parte de Europa. Igualmente, todos los estudios han mostrado que Holanda, que tiene despenalizado de facto el consumo de marihuana, y donde es legal para un adulto adquirirla en sitios específicos (los llamados “coffee shops”) tiene tasas de consumo menores que Estados Unidos. Un estudio publicado en 2006 por Douglas McVay en el libro Drogas y sociedad (Drugs and Society) muestra que, en 2001, en Estados Unidos, el 37% de personas mayores de 12 años había consumido marihuana, mientras en Holanda esa cifra era de 17%. Y, finalmente, el caso portugués muestra lo mismo. Ese país despenalizó el consumo de todas las drogas en 2001. Varios estudios, como el de Glenn Greenwald de 2009 para el Cato Institute, muestran que ese país, en las poblaciones jóvenes de mayor riesgo, presenta tasas de consumo menores a las que tenía cuando penalizaba el consumo, e incluso menores a las de países europeos que penalizan el consumo.
Es importante señalar que la ilegalidad actual de la marihuana es un permiso de facto al enriquecimiento del narcotraficante sin ningún beneficio al estado o a la ciudadanía. Además, el producto, por ser el fruto de condiciones de clandestinidad, usualmente es genéticamente alterado, adulterado por insecticidas y productos tóxicos que sí tienen el potencial de producir daños importantes a la salud. De hecho, se dice que la prohibición ha alterado los porcentajes del THC (tetrahidrocannabinol) hasta un 40%, cuando en los lugares donde la marihuana se ha cultivado legalmente esos porcentajes son regulados por el Estado, y podrían estar entre un 4.9% y un 10%.
Aprobar el proyecto que presenta el senador Miguel Pereira es un acto de sabio humanismo. Obviamente a este proyecto le faltan elementos importantísimos para ser totalmente salubrista. Entre ellos puedo señalar:
- La ausencia de un medio de adquisición, distribución y regulación de estas actividades que impida que el punto de venta de drogas se fortalezca aún más. Considerando que la imposición de regulaciones, permisos y otros procesos burocráticos implicarán el cobro de aranceles e impuestos, de este mismo presupuesto anticipado podría desarrollarse una nueva instancia gubernamental, reguladora de este proceso y dedicada exclusivamente al mismo. En Uruguay se creó el IRCCA, siglas que corresponden al Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que asumió la plantación, el cultivo y la cosecha, así como la industrialización y expendio del cannabis (en Estados Unidos se estima que la imposición de aranceles podría producir cerca de 47, 7 billones –miles de millones– de dólares anuales).
- Otro elemento que debe considerarse es la forma de presentar el potencial producto. El proyecto solo habla de posesión de una onza, pero ¿en qué forma? En un asunto tan serio como este, no deben existir ambigüedades que tomen otros giros (la marihuana se puede consumir en jarabe, gotas, aceites, extractos y preparaciones tópicas).
- Es importante definir la relación de mercado con los 4,000 productores legales de marihuana en los Estados Unidos y su forma de hacer negocio entre los estados y los territorios.
- Poder considerar, como se hace en España y otros lugares, la tolerancia a que, como alternativa al punto, las personas, antes de certificarse para tener acceso a un banco de semillas controlado por la oficialidad, puedan cosechar una cantidad mínima de plantas que sea proporcional a su uso personal.
Concluyo afirmando que sería para mí un logro que Puerto Rico sea un país libre totalmente de drogas, pero esa no es la realidad y no existe ni la más mínima probabilidad de realizar ese estado ideal. Nos toca, pues, ser sabios y prudentes y manejar las circunstancias a favor y no en contra nuestra. La guerra contra las drogas no tiene ni un solo elemento beneficioso para la ciudadanía y sí para una industria militar que se nutre de la inseguridad, la incertidumbre y el dolor. Ya es tiempo de hacer cambios estructurales, por lo que felicito al senador Pereira y a los legisladores que con mucha valentía han elevado este oscuro asunto a un plano de prioridad. ¿Cuántos jóvenes necesitamos ver en la morgue para que se active nuestra conciencia de salud y solidaridad? No sé, pero les aseguro que si el fin es consolidar el estado de violencia hasta convertirnos en un vergonzoso narco estado, haciendo lo mismo vamos por buen camino.
