NUESTRA APARENTE RENDICION

Lomnitz y Glockner: Una postura contra la criminalización de las drogas

Foto: Guillermo Arias Camarena Foto: Guillermo Arias Camarena Foto: Guillermo Arias Camarena

En México hay un dicho, de reciente cosecha, que dice: “Si no suena lógico entonces tiene sonido metálico”.

¿Qué significa? Que si la forma de trabajar de una institución parece no tener sentido entonces alguien se está beneficiando económicamente de ella. Los estadounidenses harían bien en aprenderse esta fórmula de vigilancia a lo Sancho Panza.

Tomemos el ejemplo de la política contra las drogas. Las drogas son un asunto de salud pública. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, se ha convertido en un asunto criminal.

Tres strikes y en vez de ir a parar al hospital vas a la cárcel. ¿Acaso suena lógico? ¿Podemos descubrir el hilo de plata detrás de la histeria de la política contra las drogas?

 

Desde la época en que Ronald Reagan inició la cruzada contra las drogas, la población penitenciaria de los Estados Unidos se ha más que cuadriplicado hasta alcanzar los 2.3 millones de internos. Más del 3% de la población estadounidense está en la prisión, gozando de libertad condicional o está libre bajo fianza. El grueso de estos hombres y mujeres han sido condenados por crímenes relacionados con las drogas, y son, mayoritariamente, afroamericanos y latinos. ¿Acaso suena lógico? A día de hoy el Estado de California invierte más en prisiones que en educación superior. ¿Esto tiene sentido?

Hay un sonido “clic, clac, clic” que hace que las políticas antidroga sigan funcionando y está relacionado con el negocio de las prisiones y la seguridad (¡clic!), el negocio de los controles migratorios (¡clac, clic!) y con el negocio de la venta de armas (¡caching!). Todas estas son industrias en crecimiento en una economía en depresión.

Obviamente, criticar la corrupción y los intereses públicos y privados en beneficio de unos pocos no es el trabajo de la Asociación Americana de Antropología. ¡Gracias a Dios!

Por favor borre lo anterior y agradezca a su fetiche de confianza.

Sin embargo hay abusos institucionales que entran en el ámbito de esta asociación profesional. Esto incluye prácticas que promuevan la discriminación racial, étnica o nacional, las violaciones de derechos humanos y los arreglos institucionales que impidan o dificulten la práctica etnográfica. La política contra las drogas de los Estados Unidos es causante de todas las anteriores.

La conexión entre la criminalización de las drogas y las relaciones raciales en los Estados Unidos ha sido muy estudiada y no la revisaremos en esta ocasión. Sin embargo, la relación entre la criminalización de las drogas y las desigualdades a través de la frontera merecen una atención especial.

Desde que México comenzó su guerra contra las drogas en 2006 —patrocinada por Washington— ha habido más de 40, 000 muertes violentas relacionadas con las drogas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cree que son más de 50, 000. En 2006 la tasa de homicidio de México era de 9 entre 100,000 habitantes, y apenas superaba la tasa de los Estados Unidos y era una tercera parte de la de Brasil. Cuatro años más tarde la tasa mexicana es similar a la de Brasil. A pesar de que el grueso de los narcóticos van en dirección a los Estados Unidos no ha habido el mismo aumento vertiginoso en la tasa estadounidense de homicidios durante este período (un clic apenas perceptible se escucha).

Ciudad Juárez es una de las ciudades más peligrosas del mundo —Bagdad es más segura. Siga usted el camino de las drogas de Ciudad Juárez a El Paso (si es que puede transportarlas por la frontera sin la ayuda de un cártel) y encontrará la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos. ¿Acaso suena lógico? Comprar, vender y portar armas es ilegal en México, pero el negocio es protegido en Texas y Arizona. ¿Acaso esto es lógico si tomamos en consideración la criminalización de las drogas en los Estados Unidos? Entonces siga el dinero.

La política contra las drogas de los Estados Unidos tiene efectos directos en la discriminación contra mexicanos y centroamericanos. No sabemos a ciencia cierta cuánto ha costado la guerra mexicana contra las drogas. No es un cálculo sencillo ya que muchos de los costos son contraídos a nivel local y estatal y los costos indirectos son demasiados. A nivel federal, los gastos presupuestales en seguridad han aumentado de 4.8% a 6.6% de 2005 a 2010. Podemos decir que con un aumento oficial y documentado de 3.2 millones de pobres de 2008 a 2010, la política antidroga de los Estados Unidos ha estimulado la inmigración, al mismo tiempo se ha fomentado la criminalización del inmigrante. Las violaciones de derechos humanos debidas a las políticas de inmigración que han ocurrido en lugares como Alabama, Arizona y Georgia son una preocupación legítima para la Asociación Americana de Antropología; también lo son las violaciones de derechos humanos expuestas en el reporte de Human’s Rights Watch sobre la guerra contra las drogas en México.

Finalmente, hay una implicación directa de la política antidrogas y la práctica de la antropología.

Preocupados por las implicaciones de la guerra contra las drogas en la práctica de la antropología, llevamos a cabo un pequeño grupo de enfoque con 6 estudiantes de antropología de diferentes universidades mexicanas. Cada autor sostuvo varias entrevistas personales con cada estudiante y también hubo discusiones grupales para tratar estos temas. Aquí están algunos de los puntos tratados en este ejercicio.

Los antropólogos estadounidenses que conocen la antropología mexicana saben que el trabajo de campo es central para la práctica de la disciplina en México. De hecho, los programas de antropología normalmente incluyen un trabajo de campo obligatorio como componente esencial de su programa. Algunos de estos trabajos de campo han tenido que ser cancelados o recortados por falta de apoyo y por la confusión que genera la situación actual de inseguridad. La posibilidad de los estudiantes mexicanos para llevar a cabo trabajo de campo está en serio peligro.

Varias escuelas han tomado medidas informales para desincentivar los trabajos de campo en regiones específicas; otras han eliminado el trabajo de campo individual y lo han substituido con expediciones colectivas. Con frecuencia, los profesores se muestran incapaces de saber cómo actuar ante rumores o reportes de prensa sobre la inseguridad en comunidades rurales y urbanas donde se tienen planeados los trabajos de sus alumnos. En las universidades mexicanas los cambios curriculares son lentos y precavidos, por lo que ante la situación de inseguridad no ha habido una respuesta general que se refleje en la manera como se enseñan los métodos de la antropología. Debido a que las condiciones de seguridad se han deteriorado rápidamente, la mayoría de estas medidas han sido tomadas ad hoc por estudiantes y maestros, por lo que no han podido ser racionalizadas como políticas formales. Sin embargo, la inquietud debida a la inseguridad está ahí y los peligros son reales.

El Colegio de Antropólogos y Etnólogos de México no cuenta con una línea telefónica de emergencia y tampoco lleva la cuenta de los antropólogos que han sido asesinados, violados o secuestrados durante su trabajo de campo. Debería haberlo hecho. Y también la Asociación Americana de Antropología. Sin embargo, aún no contamos con una organización que recopile y denuncie este tipo de hechos de la forma que lo haría un periodista.

La protección ante estos nuevos riesgos conectados con el trabajo de campo es un tema que ha sido tratado insistentemente en varias conversaciones. En México, como en otros lados, los estudiantes llevan a cabo el grueso de la investigación antropológica. Empero no gozan de seguro médico o de vida para gestionar los riesgos a los que se enfrentan. Reciben poco apoyo y ni siquiera obtienen el reconocimiento de que cierta ayuda es necesaria. En México el trabajo de campo suele funcionar a través de subvenciones públicas o privadas, por medio de las cuales los investigadores principales contratan estudiantes universitarios o de posgrado para llevar a cabo la investigación. Los estudiantes que llevan a cabo el trabajo de campo rara vez cuentan con seguros de vida o de gastos médicos asociados a los riesgos de la investigación. Las universidades que promueven el trabajo de campo rara vez cubren este tipo de seguros por lo que los estudiantes trabajan sin protección.

Es el momento para que los antropólogos estadounidenses se involucren activamente en el movimiento para despenalizar las drogas en los Estados Unidos, y para que apoyen a sus colegas del otro lado de la frontera sur. Actualmente la política anti-drogas de los Estados Unidos va en contra del interés público ya que ha fallado en reducir el consumo y su remedio favorito –la prisión– es peor que la enfermedad que pretende curar. La política estadounidense esta destrozando México, está aumentando la inmigración hacia los Estados Unidos y justificando la discriminación contra los inmigrantes.

Si estas razones parecen insuficientes para movilizar nuestra asociación, deseamos añadir una última consideración: la política contra las drogas de los Estados Unidos esta convirtiendo la práctica de la antropología en México en una actividad de alto riesgo justo en el momento cuando nuestras investigaciones son más necesarias.

Información adicional

  • Publicado originalmente en:: Claudio Lomnitz y Valentina Glockner
  • Biografía: Claudio Lomnitz, Profesor de Antropología en la Universidad de Columbia. Valentina Glockner, Estudiante del Doctorado en Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Publicado originalmente en inglés en Anthropology News, traducción de Alejandro Vélez.

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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