Con la autoridad que le da medio siglo como observador, analista y mediador en cientos de conflictos de todo orden a través del mundo, Johan Galtung nos dijo que, en virtud de la violencia descontrolada y la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para afrontarla, era apremiante considerar que tropas de Cascos Azules de Naciones Unidas intervinieran «en ciertas zonas del país como fuerza preventiva y de protección a la población civil».

Esto me vino a la mente después de ver, no sin sorpresa, fotografías donde miembros del Ejército y la Armada se entrometían en la casa de Regina, que fue la escena del crimen.

Políticos, académicos, líderes sociales y periodistas diseminan a través de los medios masivos su convicción de que las Fuerzas Armadas mexicanas son confiables, al margen de que existan «elementos» corruptos. Yo lo dudo. Y volví a durarlo al ver esas imágenes de militares y marinos husmeando en la casa de Regina: no puedo evitar preguntarme si en realidad acudieron a manipular, borrar o hurtar evidencias del homicidio.

Lo sostengo pensando, especialmente, en el informe Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México [Artículo 19, México, marzo 2012], correspondiente a las agresiones contra periodistas en 2011 y que identifica a servidores públicos federales ―militares entre ellos― y estatales como perpetradores de la mayoría de dichas agresiones ―es decir, del 41.86% de los casos documentados.

Tampoco doy crédito a las instituciones estatales de seguridad y justicia: desde que Javier Duarte tomó posesión del gobierno de Veracruz [diciembre 2010] han muerto con violencia nuestros colegas Noel López Olguín [Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad; su cadáver fue hallado en junio de 2011]; Miguel Ángel López Velasco y Misael López [Notiver, en junio], y Yolanda Ordaz de la Cruz [Notiver, en julio], y ninguno de tales hechos ha sido esclarecido. Igual que Calderón, Duarte y su administración se han limitado a dar pésames, como si no fueran gobierno. Pensando bien de ellos, en el mejor de los casos ambos gobernantes y sus subordinados son unos ineptos afligidos.

Los asesinos de Regina actuaron asumiendo, probablemente, el riesgo que implicaba el atentar contra una periodista prestigiada, perteneciente al cuerpo de redacción de un medio influyente y prestigiado como lo es el semanario Proceso, conscientes de los amplios márgenes de impunidad a su favor —lo que se refuerza con otro dato del Informe de Artículo 19: Veracruz se halla a la cabeza de los estados con mayor número de agresiones contra los periodistas.

Ni las instituciones policiales y judiciales de Veracruz, ni las fuerzas federales garantizan siquiera el adecuado manejo de la escena del crimen, además de que es razonable sospechar que podrían, por mala fe o impericia, alterar el material sensible significativo o desviar la investigación para proteger a los asesinos.

Y si al final no ocurriera nada de esto y actuaran con eficiencia y profesionalismo, el sistema de justicia penal se encargaría de enterrar el asunto en el cementerio de la burocracia. El sistema local no ha esclarecido un solo caso ni llevado a juicio y condenado a uno solo de los asesinos de periodistas y, de acuerdo con el Informe de Artículo 19, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, desde su creación hace seis años hasta hoy ha logrado apenas una sentencia condenatoria entre 27 casos atendidos.

Es necesaria, pues, una fuerza institucional capaz y confiable, que provea seguridad a los ciudadanos, incluidos los periodistas, en zonas del país como Veracruz, y dé certeza a la investigación, comenzando por la adecuada preservación del lugar de los hechos. ¿Tendrían que ser los Cascos Azules, como propone Galtung? Es una posibilidad cada vez más digna de considerar.

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