NUESTRA APARENTE RENDICION

¿Cuál es el estado emocional del presidente Felipe Calderón? Cuatro meses antes de que concluya su gobierno, sus intervenciones durante la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública [agosto 2, 2012] permiten entrever que quizás experimente una fase negadora o que pretende convencernos de que funcionó su política de seguridad pública y justicia penal ―caracterizada por el uso inapropiado del concepto «guerra»; la militarización de la seguridad; el montaje de «tribunales paralelos»; la violación de derechos humanos, y el énfasis en que hay ciudadanos eliminables.

En su discurso de apertura, repitió algo que es ya cliché hasta entre periodistas: «Esta expansión del crimen tomó por sorpresa a instituciones de seguridad y justicia obsoletas. México padecía las consecuencias de un modelo de seguridad que terminó por ser inoperante y, también, propiciatorio de la corrupción».

Al hablar en pasado se erige en hito, sin pruebas y con palabras autoelogiosas, cargadas de legalismos que su política de seguridad y justicia no honró: «Ante esa crítica situación y sin instituciones de seguridad capaces de hacer frente a ese nuevo fenómeno delincuencial, era una obligación ética, política y constitucional del Ejecutivo Federal cumplir y hacer cumplir la ley en defensa de los ciudadanos. Emplear los recursos del Estado para garantizar la seguridad de las familias mexicanas era, como he dicho antes y lo sostengo ahora, un imperativo categórico para el Estado».

México no es más seguro ni más justo, en parte porque su política de seguridad y justicia se enfocó en el impacto mediático, capitalizando, reforzando y nutriendo un sistema de medios precarizado, monopólico en los niveles nacional, regional y local; que entrega todos los días a la sociedad noticias producidas sin estándares deontológicos establecidos y transparentes, y que a través de la «violencia simbólica» mantiene a los ciudadanos intimidados más que informados, sobreestimulando las fibras de los «miedos sociales» hasta grados patológicos.

Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Calderón resumió su «estrategia integral» de seguridad y justicia en «tres ejes de acción»; a saber, 1) el combate radical al crimen organizado; 2) la reconstrucción institucional ante la ineptitud y la corrupción, y 3) «el fortalecimiento del tejido social, de la cultura de legalidad y participación ciudadana».

En algún momento sin embargo, al clausurar la sesión, refiriéndose a la masacre de Villas de Salvárcar [Ciudad Juárez, enero 31, 2010], dejó asomar su real percepción discriminatoria de la justicia y los ciudadanos, al afirmar que en aquella tragedia fueron «injustamente asesinados un grupo de jóvenes y adolescentes», reafirmando la convicción persistente de su régimen en cuanto a que hay asesinatos justos ―principio medieval basado en «la vindicta pública», o sea, en que hay ciudadanos que por sus actos, o supuestos actos asociados al mal, al pecado, deben ser eliminados como mecanismo social ejemplarizante.

Antes, al hablar del segundo eje de acción de su «estrategia integral», ponderó la reforma del sistema de justicia penal que entró en vigor en junio de 2008, omitiendo aspectos fundamentales para comprender su autoritaria visión: por ejemplo, 1) que a su gobierno debemos el que se haya elevado a rango constitucional, en el Artículo 16, la figura del arraigo, «medida de investigación» violatoria del debido proceso porque produce la privación de la libertad sin que necesariamente existan cargos penales e indicios consistentes; 2) que la reforma procesal penal en curso ha ido sufriendo remiendos en los marcos normativos estatales; 3) que policías, ministerios públicos, jueces y defensores públicos carecen, en general, de la cultura para que México transite de su actual modelo inquisitorio hacia el acusatorio, y 4) que no se ha hecho la suficiente inversión financiera y política para conseguirlo.

Cuando escuchaba al presidente Calderón haciendo este corte de su México de ensueño, me vino a la memoria un fragmento de la «Causa penal 85/2011-IV», relativa al secuestro y asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega y otras seis personas [Cuernavaca, marzo 28, 2011], donde entre las «probanzas» contra los supuestos asesinos y su pertenencia a un denominado «cártel del Pacífico sur», el Ministerio Público de la Federación ofrece «la constancia de acceso a Internet en la dirección http://es.wikipedia.org/wiki/Cártel_de_los_Beltrán_Leyva que corresponde a la enciclopedia Wikipedia, detalla los integrantes de dicho cártel…», añadiendo enseguida el copy/paste supuestamente probatorio [p. 124].

Esta aberrante perla procesal, tan elocuente como realista, enturbia el feliz paisaje pintado por Felipe Calderón ante sus mudos oyentes en aquella sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

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NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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