Como periodista, mi papel ha sido intentar sensibilizarlos sobre ciertas políticas, enfoques, costumbres y prácticas de la comunicación institucional perniciosas para los derechos humanos y las mismas instituciones, y proveerles una perspectiva y herramientas para que comuniquen bajo el principio de proporcionalidad de derechos, de modo que al mismo tiempo que cumplen con su obligación de rendir cuentas y transparentar el sistema, protejan los derechos de las personas víctimas o imputadas de delito.

He tenido o sabido de vivencias estimulantes, pero de otras deprimentes y sobrecogedoras, muchas de ellas protagonizadas por jueces penales y magistrados. Enseguida enlisto algunas, no para denostar a sus protagonistas o al Poder Judicial, sino para llamar la atención, insistir en que los ciudadanos debemos asegurarnos de que los servidores públicos que tienen constitucionalmente el monopolio de la verdad judicial ―los juzgadores― respeten, comprendan, interpreten, interioricen, administren y reivindiquen socialmente la Justicia con apego a los derechos humanos o de plano se vayan, pues su proceder daña a los ciudadanos que sufren, producen o son acusados de producir delitos, así como al Poder Judicial, cuya independencia, credibilidad, transparencia y eficacia es crucial para nuestra calidad de vida.

Con jueces y magistrados anclados en la vieja mentalidad autoritaria difícilmente lograremos transitar del modelo inquisitorio de justicia procesal penal al acusatorio, y los mexicanos seguiremos teniendo una Justicia costosa, abusiva e inepta.

He visto o tenido noticia cercana de jueces o magistrados que:

1. Agazapados en la opacidad institucional, minan, boicotean y desprestigian toda posibilidad de cambio.
2. Se niegan a participar en los programas de formación y actualización.
3. Se niegan a permanecer en las aulas durante el plan de estudios completo y a firmar los formularios de asistencia, exigiendo privilegios.
4. Exigen las constancias de participación sin asistir a cursos y talleres, para librar así el «trámite».
5. Llegan a cursos y talleres ebrios, habiéndose atrevido a amenazar a instructores o personal de apoyo.
6. En los procesos judiciales, desconocen u obvian leyes como las relativas a la violencia contra las mujeres, permitiendo a ministerios públicos, en connivencia con defensores, aplicar tipos penales que «suavicen» las consecuencias para los agresores.
7. Entorpecen el acceso del público a las audiencias, excluyendo a los periodistas o impidiendo que estos ingresen con sus herramientas básicas de trabajo, como libreta y pluma ―no me refiero a medidas restrictivas en favor, por ejemplo, de los derechos de personas menores de 18 años o víctimas de delitos como violencia familiar, violación o delincuencia organizada.
8. Permiten que durante las audiencias, de cara al público, ministerios públicos lean sus alegatos, no obstante que el sistema acusatorio se fundamenta en la oralidad.
9. Confunden las audiencias procesales, pretendiendo tomar determinaciones que no corresponden con la etapa procesal de que se trata en cada caso.
10. Desde el iPad o la laptop, leen las resoluciones que en realidad les escribieron previamente sus secretarios ―con quienes se comunican a través de “Skype” o “Messenger”, muchas veces desentendiéndose del transcurrir de las audiencias.
11. Aleccionan «en corto» a periodistas sobre formas de violar las restricciones legales en favor de víctimas o imputadas de delito; por ejemplo, indicándoles la manera en la que puedan «arreglarse» con la policía o la procuraduría para acceder a escenas del crimen sin arriesgarse a ser detenidos o procesados por alterarlas, o para que «les presenten a los presuntos para fotografiarlos».
12. En fin, promueven abiertamente la idea «populista punitiva» de que las fuerzas de seguridad del Estado pueden violar legítimamente derechos humanos en casos de personas «malas» o «de mente criminal».

 

Todavía la semana pasada, en un taller en Sinaloa, cuando me referí a la práctica sistemática de la tortura y el uso abusivo de la fuerza en las detenciones que realizan policías, militares y marinos, y a que esto suele ser ignorado o alentado por los jueces, uno de ellos, mirándome con hostilidad, delante de sus pares me reprochó: «Y entonces, ¿cómo quiere usted que le haga la policía para detener a los criminales?».