Hoy lunes 20 de febrero de 2012 algunos columnistas han ubicado estos terribles hechos en el contexto nacional, señalando que estos asesinatos en el penal de Apodaca son parte de una cadena de sucesos de sangre en centros penitenciarios como los de Juárez o Tijuana, en donde también se han registrado homicidios, en violentas circunstancias a los que los funcionarios estatales y federales dan carpetazo con la etiqueta de “motín”.
Sin embargo, el caso del sistema penitenciario de Nuevo León tiene particularidades que le dan a los 44 asesinatos del penal de Apodaca un cariz más terrible que el que de por sí tiene una matanza de esas dimensiones; cariz que tiene que ver con lo anómalo del funcionamiento habitual de las instituciones de administración de ese sistema penitenciario y de la percepción que los nuevoleoneses tienen de él.
Tenemos a una autoridad estatal que por decenios ha dejado a las cárceles en un limbo jurídico y administrativo, en manos de funcionarios que más que rendir cuentas a la sociedad, han convertido al sistema penitenciario en un negocio particular, una industria que opera completamente al margen de la ley y cuya materia prima son personas pobres que no tienen con qué defenderse en un sistema penal completamente venal, estructuralmente corrompido, que permite que los criminales con recursos tengan muchas maneras de evadirlo, en tanto que provoca la condena de muchos inocentes.
Esta es la realidad que se tenía antes, mucho antes de que los cárteles “sentaran sus reales” en Nuevo León (cómo preconizó recursivamente el clásico Coco Coindreau), y es el estado de cosas que permitió que esos cárteles pudieran fácilmente tomar el control de la estructura de mando penitenciaria, como relevo natural de esos funcionarios cuya única motivación era la ganancia monetaria y el abuso del poder.
Todas las voces que advirtieron el tic-tac de esta bomba de tiempo fueron ignoradas y vilipendiadas, como en el caso de la Hermana Consuelo Morales, quien desde su organización, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), insistió desde los años 90 en que si no se echaba mano a esas islas jurídicas que son los penales, las consecuencias serían desastrosas. Ni siquiera el que CADHAC haya llevado la denuncia de esta situación al plano internacional fue suficiente para que las autoridades estatales emanadas del PRI y del PAN movieran un dedo.
¿Para qué iba un gobierno estatal desgastar sus preciosas energías en someter al imperio de la ley a las cárceles?, ¿qué beneficios tendría un gobernador, un procurador, si atendiera las constantes denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los penales?. Nuestros funcionarios democráticamente electos no vieron, y no lo ven aun tras los maderos de esos 44 ataúdes, qué tajada política se puede cortar de ese pastel explosivo, ya que tienen a la opinión pública de su lado, pues es de todos sabido que quien está en la cárcel es porque se lo merece, y se tiene una seguridad plena de que “nosotros” jamás tendremos que ver con ese submundo de citatorios, barandillas, abogados, jueces, actos de formal prisión, consignaciones.
La dichosa opinión pública acude al espectáculo del asesinato e incineración de presos con ese ánimo terapéutico que a decir de Camilo José Cela, llevaban los campesinos españoles de la preguerra que acudían a ver a los condenados a morir en el garrote, ya que, “el pueblo sencillo lo único que pide es un poco de sangre”. Los 44, cada uno de ellos, se merecía la muerte que tuvo, es de “los otros”, muy otros, los que no son ni serán jamás “nosotros”, y el campesino vuelve a su labor con el alma purificada y la renovada certeza de su inocencia perpetua.
Es así como en Nuevo León esa combinación de una casta de burócratas en el poder del sistema penitenciario -ahora compartido o cedido a los cárteles-, con una ciudadanía educada en la lógica de la ley fuga, de las respuestas prontas y expeditas que aplauden la eliminación de quienes no son como uno; es que tenemos como consecuencia una matanza de proporciones tales que deberían movernos a la reflexión por lo menos, o a tener como desenlace la reestructura de ese aparato penitenciario.
Ni una cosa ni otra pasarán.
“Mátenlos en caliente”, ordenó Porfirio Díaz y tras cumplido el mandato con la premura que la orden implicó, la frase quedó en la memoria de muchos mexicanos como una anécdota festiva de lo que debe hacer un buen gobernante, sin que nadie se tomara la molestia de recordar o de saber siquiera quiénes fueron los sujetos pasivos de aquél arranque justiciero del tirano. Igualmente, los 44 asesinados del penal de Apodaca pasarán rápidamente al olvido y de su muerte sólo tendremos un recuento cuando algo equivalente vuelva a suceder, pues no se moverá un dedo gubernamental para que las causas de tal desastre sean atendidas.
