Otra tumba para la impunidad
En la comunidad de las Lomas, municipio de Coyuca de Benítez, a 35 kilómetros del turístico puerto de Acapulco Guerrero, yace desde hace casi dos años el cuerpo de María Elvira Hernández Galeana. El expediente de su caso, reposa en la impunidad.
Con sólo 36 años de edad, el lunes 28 de junio del año 2010 se sumó a las estadísticas de los periodistas asesinados en el contexto de violencia que se vive en el país, desatada por la guerra contra el crimen organizado.
Ella, que participó en diversos encuentros de periodistas para manifestarse contra la violencia y exigir un alto a los ataques contra el gremio, murió en un contexto similar al que reprobaba. Atacada a balazos la noche del 28 de junio.
Un cibercafé de su propiedad fue el escenario de este crimen, cuando un par de sujetos irrumpieron para atentar a balazos contra la vida de Hernández Galeana, según las consignas de los medios de locales, y donde resultó ileso un joven de 17 años quien fue identificado como hijo de la periodista.
En medio del repudio internacional y pronunciamientos de organismos defensores de los Derechos Humanos, el cuerpo de la periodista dejó de ver la luz a las 10h de la mañana del miércoles 30 de enero cuando fue sepultada.
No iba sola. La editora del semanario Nueva Línea fue velada en el número 13 de la calle Jacarandas, dentro de la comunidad de las Lomas, y enterrada junto a su esposo Juan Francisco Rodríguez Ríos, también periodista asesinado en la misma escena.
Aunque la revista de circulación nacional Proceso consignó que ambos tenían “el tiro de gracia”, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero abrieron una línea de investigación que relaciona la actividad profesional de los periodistas con el asesinato, según consta en el reporte de las Relatorías de la ONU y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos [CIDH].
Los reporteros locales rechazaron la hipótesis de un asalto como móvil principal de este asesinato, y declararon a agencias de noticias su posicionamiento donde dejaron claro que el negocio de los periodistas no era un lugar donde fluyeran grandes sumas de efectivo, según el reporte del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas.
El caso captó la atención de los medios y organismos internacionales, pero sólo mereció un exhorto de la Legislatura del Estado de Guanajuato al Procurador General de Justicia David Augusto Sotelo Rosas “para que en el ámbito de su competencia se agilice la investigación para sujetar a proceso al o los responsables de los homicidios del corresponsal del Sol de Acapulco en Coyuca de Benítez, Juan Francisco Rodríguez Ríos, y su esposa, María Elvira Hernández Galeana”.
En este mismo exhorto llamaron al Procurador a que pidiera la extracción del caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, en caso de tener las evidencias necesarias.
La relatoría para la Libertad de expresión de la CIDH, se pronunció ante el asesinato múltiple de este matrimonio de periodistas, para que existan protocolos especiales de investigación con los que las autoridades se vean obligadas a agotar las evidencias que puedan mantener las hipótesis que relacionen el ejercicio de su profesión con el homicidio.
Luego de que la Relatoría solicitó al Estado mexicano detalles sobre el caso, recibió respuesta el 12 de noviembre de 2010, cinco meses después de los hechos, donde informó que la investigación se encontraba en trámite ante un Juez Penal del Fuero Común del Estado de Guerrero.
El expediente es letra muerta. Nada se conoce sobre el estatus que guarda el caso de la periodista y su esposo, Juan Francisco Rodríguez Ríos, que horas antes había realizado, como reportero del Sol de Acapulco, la cobertura del 15 aniversario de la Masacre de Aguas Blancas: en el que murieron 17 campesinos y en el que está presuntamente involucrada la policía judicial del estado de Guerrero de acuerdo con el Informe 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 18 de febrero de 1998.