Pero no fue sino hasta el gobierno de uno de los dos primeros presidentes de la primera década del siglo XXI que el recrudecimiento de la violencia relacionada con los cárteles del narco cobró una escalada sin precedentes, y que las fuerzas armadas del Estado se vigorizaron como parte de una estrategia presidencial para combatirlos. Las víctimas de esta violencia, lo sabemos ahora, se han llegado a contar por decenas de miles.
Alentado por una retórica discursiva iniciada por el Richard Nixon en los años setenta, el presidente de este país latinoamericano se sumó a la así llamada “guerra contra las drogas” en nuestra época. Como parte de esta guerra, firmó con el entonces presidente George W. Bush un acuerdo bilateral para llevar a cabo una estrategia anti-narcótica que permitiera el envío de recursos estadounidenses a un fondo financiero para tal fin, así como el abastecimiento de equipo bélico y tecnológico estadounidense para combatir el trasiego de drogas. Dicho acuerdo, sobra decirlo, restaba soberanía al país y, en efecto, permitía la injerencia de los intereses del gobierno de los Estados Unidos en asuntos internos.
Durante esta guerra contra el narcotráfico ocurrieron toda clase de atropellos perpetrados por las fuerzas armadas del Estado: levantones, desapariciones, tortura y asesinatos de cientos de civiles que luego eran hechos pasar como presuntos delincuentes ante la opinión pública para justificar el baño de sangre que realizó el gobierno.
Ante esta incontrolable ola de violencia, el fracaso de la estrategia que envió al Ejército a las calles para hacer trabajo policial y ante la inoperancia del Estado –que dejó de garantizar la seguridad en varias regiones del país–, en una segunda fase de esta guerra contra las drogas surgieron grupos civiles armados auspiciados por ganaderos, empresarios del agro y hasta por los mismos narcotraficantes de cárteles contrarios. Estos grupos fueron conocidos como autodefensas.
No hablo de Michoacán ni de Guerrero. Lo que acabo de contar es la historia de Colombia en la década de los noventa y la primera mitad de la década pasada.
Hay lecciones que los gobiernos de México deberían aprender de esta experiencia si no desean que, como en el caso colombiano, la reciente firma de pactos con las autodefensas michoacanas –propiciadas por la propia ineficacia del Estado– terminen en la misma tragedia colombiana: con al menos dos décadas más de violencia cada vez más cruenta. La perspectiva de que esto ocurra, según los expertos en el tema, es bastante alta.
Como en México en estos días, durante los años ochenta en Colombia empezaron a agruparse los ciudadanos en torno a las llamadas autodefensas. Es decir: se erradicó el monopolio del uso la fuerza del Estado y fue “privatizado” legalmente por estos oligopolios. Y no sólo eso, sino que, en la práctica, además se privatizaron por ende la ley y la justicia. Con el paso del tiempo, las autodefensas colombianas cooptaron así las funciones del Estado y se volvieron el principal factor de violencia contra la población civil en las siguientes dos décadas. 8,903 asesinatos selectivos; 1,166 masacres; 25,000 desapariciones forzadas: ése fue el saldo dejado por las autodefensas en Colombia según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica de aquel país.
Frente a la urgente necesidad de protegerse de la extorsión, los secuestros, asesinatos y abusos de los grupos criminales del narco, desoídos por un gobierno inoperante que muchas veces está coludido con los cárteles, el reclamo legítimo de estos grupos de la población civil de protegerse a sí mismos es incuestionable. Sin embargo, según la experiencia colombiana, si a cada ciudadano le es permitido armarse y suplantar funciones del Estado, muy pronto esta necesidad de autodefenderse escalará: rápidamente esos ciudadanos armados con precariedad requerirán de un armamento similar al de sus enemigos, los cárteles de la droga. Esta necesidad imperante de aumentar su capacidad de fuego los vuelve altamente volátiles y susceptibles de aliarse con cárteles rivales a los que combaten para aumentar su arsenal. El nivel de violencia se vuelve, por tanto, exponencial y entra una espiral imparable. Además, los grupos de autodefensa, como nos dice la historia colombiana, no son sólo presa deseable para los cárteles, sino que se vuelven susceptibles de ser utilizados por los propios gobiernos para llevar a cabo turbios fines paramilitares. ¿Será ésa la verdadera intención del gobierno de Peña Nieto al sentarse a firmar los acuerdos con las autodefensas michoacanos e incorporarlos a las fuerzas federales en los pasados días?
Las fuerzas del Estado se han mostrado autoritarias y violentas contra la protesta civil y la ciudadanía que no le queda otro remedio más que defenderse a sí misma; pero, en cambio, se han visto que son cómplices y cobardes frente a los muchos cárteles criminales que continúan asesinando, extorsionando y secuestrando en nuestro país.
Una estrategia que fortaleciera previamente el tejido social y que llevara a cabo políticas de prevención social del delito jamás fueron instauradas para evitar el escenario actual. Son vecinos, hermanos, primos, tíos, los que se están matando unos a otros en Michoacán y Guerrero. Paramilitarizar a los ciudadanos y confrontar a las comunidades jamás será la respuesta para fortalecer al Estado y mucho menos para erradicar a grupos criminales con los que el gobierno, en cambio, se ha mostrado débil, permisivo y hasta cómplice. El aparato represivo del Estado jamás será la respuesta, sino, como lo ha sido hasta hoy en nuestro país, la simiente para el descontento social y la progresiva deslegitimación de las instituciones.
