En el proceso de selección del candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del estado de Michoacán, hay quien asegura que el gobernador Leonel Godoy Rangel, tiene una cosa en clara: lo que está en juego es su propia libertad. Desde hace mucho la guadaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), pende sobre la suerte de los ex gobernadores. El de Michoacán sabe bien que lo tienen en la mira al igual que al gobernador de Morelos, Marco Adame, o al de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, así como al de Durango, Ismael Hernández, o al de Jalisco, Emilio González y al de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien hace poco reconoció que no tiene capacidad para hacer frente al problema que genera la guerra entre bandas del crimen organizado.
En este escenario no es descabellado pensar que Godoy Rangel, en caso de que su candidato del PRD no tuviera posibilidades reales de ganar, sugiriera “el plan B” para pactar con el Partido Revolucionarios Institucional (PRI).
Desde el otro lado de la cancha, la obsesión de Los Pinos de ganar Michoacán lleva la policía preventiva (PFP), actuar como órgano de propaganda, cuyos elementos en Morelia, han detenido a siete de los jefes (deLa Familia), de esa plaza. Desde la óptica oficial la tregua decembrina anunciada por La Familia tiene como objetivo que sus integrantes tengan libertad para cometer delitos, generando un supuesto vacío de autoridad, para demostrar que sólo ellos pueden controlar a los delincuentes. – Bueno eso ya lo sabemos-.
Quien se iba a imaginar que así estaría Michoacán, en el lejano año de 1985, cuando le avisaron a Cristóbal Arias Solís, entonces secretario de Gobierno de estado de Michoacán, que habían encontrado el cuerpo sin vida del agente de la Agencia Antidrogas estadounidense Enrique Camarena Salazar. El joven secretario de Gobierno interrumpió la agenda del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y éste, al entender la magnitud del acontecimiento, fue a ver lo sucedido.
Entre los involucrados en la muerte de Camarena Salazar estuvo el comandante de la Policía Judicial federal Armando Pavón Reyes, quien fue detenido el 26 de junio del 2006, a solicitud del gobierno estadounidense, que lo reclamaba para juzgarlo por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y muerte de Camarena Salazar, ejecutado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Durante más de cuatro meses, Pavón Reyes, permaneció detenido en el Reclusorio Norte: el gobierno mexicano negó su extradición a Estados Unidos, al considerar que la solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se ajustaba a los términos del Tratado de Extradición entre ambos países. El ex jefe policiaco fue procesado en México por el delito de cohecho, en relación con el caso, pues se le acusó de haber recibido 60 millones de pesos de Caro Quintero, para permitirle escapar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un año después, el 28 de julio de 2007, el ex comandante de la Policía Judicial federal falleció de un extraño infarto en su casa de Cuernavaca, Morelos.
Han pasado 25 años del asesinato de Camarena Salazar. Desde entonces Arias Solís ha estudiado la relación entre el narcotráfico y la clase política basándose en lo acontecido en Colombia. En su diagnostico no parece haber futuro a corto plazo.
Arias Solís se siente, conforme pasa por los distintos cargos públicos, que nunca ha estado involucrado con el crimen organizado. Hoy pasea tranquilo por el sur de la ciudad de México y recuerda que sus amigos le reclaman que “se quedó en corto” en los juicios contra el hoy gobernador de Michoacán. Arias Solís analiza la situación desde la post política, considera que no hay cabida para creer en los partidos políticos. ¿Tiene razón?
