La guerra del Estado contra el narcotráfico, entre otras cosas, se ha utilizado para intervenir a los gobiernos estatales. Desde el 2000 los mandatarios no tenían frenos. El ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, decidió doblegar al mandatario michoacano Leonel Godoy Rangel (2008- 2012). El 15 de septiembre del 2008, el entonces gobernador, hizo sonar la última campanada y estalló una bomba, luego vino otra, las cuales terminaron con su administración. Comenzó la persecución de las autoridades federales contra él y se extendió a su hermano Julio César Godoy Toscano, acusado de ser parte de la estructura de La Familia Michoacana. Extra oficialmente se sabe que esa noche fue producto de una conspiración entre el Gobierno federal y el crimen organizado. Al año siguiente, el 26 de mayo, se implementó el “Michoacanazo”, las fuerzas federales detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez, acusados de ser cómplices del narcotráfico, después de no comprobárseles nada, los dejaron libres; sin embargo, no todos fueron juzgados con la misma vara: En Morelos con Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) se disparó la inseguridad; en Coahuila, Humberto Moreira Valdés (2005-2011), dejó endeudada la entidad y se le incriminó en el lavado de dinero y en Veracruz, a Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) se le vinculó con Los Zetas.
Los narcotraficantes, cada vez han ido tomando más notoriedad en los procesos electorales: obligan a declinar a candidatos a puestos de elección popular, chantajean o liquidan a presidentes municipales. El 28 de junio de 2010 asesinaron al candidato del PRI a gobernador por Tamaulipas: Rodolfo Torre Cantú. Su hermano Egidio, tomó su lugar y ganó la elección; un año más tarde en Michoacán, Luisa María Calderón alias Cocoa, llevaba la delantera al priísta: Fausto Vallejo Figueroa. El día de la elección la tendencia cambió, los narcos estaban amenazando en Tierra Caliente a los perredistas y panistas quienes se abstuvieron de salir a votar ante el temor de que sus familiares fueran asesinados. El gobierno de Vallejo Figueroa, naufragó y él terminó pidiendo licencia, mientras que Jesús Reyna García, gobernador interino en el 2014, sigue hundido en la cárcel. En una charla informal le expresé a Cocoa, que había sido víctima de un “levantón electoral”, ella se sorprendió pero no lo negó.
Dos años después, la historia no podía ser diferente, el escenario fue de nueva cuenta Tamaulipas, con el supuesto secuestro del futbolista Alan Pulido, plagado de inconsistencias y en medio de un reñido proceso electoral donde gano el candidato del PAN: Francisco García Cabeza de Vaca. En las redes sociales, lo sucedido fue calificado como una farsa, sin duda las instituciones han perdido credibilidad ante la opinión pública.
¿Qué podemos esperar en el 2018? La violencia será utilizada como un arma electoral para atemorizar y someter a la población que no tiene los medios que le permitan salvaguardar su vida. México no es un “Estado fallido”, más bien es una nación que en muchas regiones ha aprendido a sobrevivir bajo la amenaza del narcotráfico que cobra impuestos e impone la ley del terror. Los ciudadanos se han convertido en su rehén y observan cómo han ido disminuyendo sus derechos civiles. Las guardias de autodefensa en Michoacán, los linchamientos en varios municipios, si bien, tienen diferentes motivaciones coinciden en que son fenómenos provocados por la incapacidad de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos que prefirieron unirse a los criminales.
