NUESTRA APARENTE RENDICIÓN QUEREMOS CONSTRUIR PAZ Y DIÁLOGO. POR ESO ESTAMOS AQUÍ

Estimado papa Francisco:

Antes que nada, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a nuestro país. Nos hubiera gustado recibirlo de manera festiva, con cantos y regalos, pero nuestros corazones están fríos de tristeza y desesperanza. Sucede que este país tan maravilloso está inmerso en una crisis humanitaria sin precedentes y el gobierno que lo recibe ha tratado, por todos los medios, de esconderla, maquillarla y menospreciarla. Es por esta razón que hemos decidido dirigirnos a usted de manera respetuosa para que se entere de primera mano de lo que sucede en el país.

Creemos necesario que sepa que a cinco kilómetros de la Nunciatura Apostólica donde se hospedará fueron asesinadas cinco personas, entre ellas un fotógrafo y una defensora de derechos humanos. Después de seis meses, el crimen sigue impune. Lo mismo ha sucedido con el caso de los 12 jóvenes que estaban terminando su noche en el Bar Heaven y fueron desaparecidos y asesinados. El lugar de los hechos está a una calle de la avenida más emblemática del país, Paseo de la Reforma.

Sabemos también que oficiará una misa en Ecatepec, Estado de México donde se prevé que asistan más de dos millones de personas. Cuando esté oficiando misa, le pedimos que recuerde que está en el municipio con más feminicidios del país. Según organizaciones de derechos humanos, en apenas dos años han sido asesinadas 110 mujeres. Defensores de derechos humanos y periodistas afirman que las autoridades no hacen nada y que inventan cualquier cosa para tapar los crímenes. 

Cuando vaya a Chiapas estamos seguros que recordará, inevitablemente, la labor del jtatik Samuel Ruiz. Esperamos que le dedique algunas palabras. Tenga por seguro que los indígenas de las comunidades zapatistas lo estarán escuchando desde la selva y los altos del estado más pobre del país.  Muchos migrantes centroamericanos también estarán atentos a su visita, pues ahí inicia su trayecto hacia los Estados Unidos, si es que las organizaciones criminales —ayudadas por funcionarios estatales— no los extorsionan, secuestran o desaparecen. Además, Chiapas es considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un punto rojo en la ruta de trata de personas. Muchas mujeres viven esclavitud sexual en las ciudades que colindan con la frontera sur.

¿Sabe que Michoacán fue la primera entidad en ser militarizada? Esto sucedió en 2006 y desde entonces no ha habido paz en la entidad. Grupos criminales de diverso cuño han aterrorizado a la población a punta de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos. En un esfuerzo desesperado por defenderse, algunos ciudadanos decidieron tomar lar armas a inicios de 2015. En vez de apoyarlos, el gobierno los dividió y se aprovechó de ellos apostando por una estrategia paramilitar muy parecida a la que usó el gobierno colombiano para intentar debilitar a los cárteles. Sobra decir que el daño social de esta estrategia es inconmensurable. 

En su viaje a Ciudad Juárez se dará cuenta que su gente es sencilla, amable y trabajadora. A primera vista, nada le diría a usted que la ciudad llegó a ser considerada la más peligrosa del mundo, pero si platica con sus habitantes quizá le de la razón al periodista estadounidense Charles Bowden que, ya en 1998, afirmaba que Ciudad Juárez era el terrible laboratorio de nuestro futuro. No se deje engañar por los políticos y empresarios que le dirán que Juárez es un modelo de éxito, aunque la incidencia de asesinatos haya menguado las diferentes violencias siguen impactando a los habitantes de la ciudad fronteriza.

Muchos de los políticos y funcionarios públicos que se acercarán a pedir su bendición han sido culpables por acción o por omisión de crímenes atroces. Para que esté enterado de estos crímenes y del daño social que han causado le hemos preparado un resumen con lo que consideramos debe saber en esta su primer visita oficial a México.

Desapariciones forzadas e involuntarias

No hay crimen más cruel e inhumano que la desaparición forzada. Como se ha visto en Argentina, Chile, Guatemala, Perú y decenas de países, es una muestra fehaciente de cómo agentes del Estado olvidan su obligación de proteger a su población y la atacan de la peor forma posible. En México han sido desaparecidas más personas que en todo el período de la dictadura argentina y más que en la Guerra de los Balcanes. Aunque el gobierno reconoce poco más de 27,000 casos[1], desde la sociedad civil estamos seguros que son muchos más. No es una mera corazonada o una exageración. Organizaciones de derechos humanos[2] han puesto en evidencia las bases de datos y su opacidad. También han destacada la falta de lineamientos y parámetros para saber de qué manera se reciben las denuncias. Tampoco se  sabe si el conteo que se recibe de las procuradurías es por casos o por personas, y hacen falta criterios para discernir entre diferentes situaciones de desaparición. Un ejemplo de lo anterior es que los migrantes centroamericanos desaparecidos en suelo mexicano no están contabilizados en ningún lado.

Aunque no se tengan cifras exactas, la magnitud del problema es clara y el gobierno no ha respondido ante la emergencia. Al contrario, ha hecho todo lo posible por entorpecer las investigaciones, mentirle a los familiares y archivar los casos. Pareciera preocuparle más la imagen internacional que obtener justicia y reparar, en lo posible, a las decenas de miles de víctimas que se han acumulado por la geografía mexicana. En este sentido, para nosotros es claro que el Estado mexicano viola de manera flagrante el artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Aunque políticos y funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno salgan a los medios a denunciar que las desapariciones son cometidas por el “crimen organizado”, cada vez es más claro que en la mayoría de los casos hay autorización, apoyo o aquiescencia por parte agentes del Estado: policías, soldados, marinos, presidentes municipales, gobernadores, etc. Esto ha llevado a algunos familiares a hablar de “crimen autorizado”. El caso de los 48 estudiantes normalistas desaparecidos, asesinados o heridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2015 en Iguala, Guerrero es la prueba más clara de lo anterior. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)[3] y los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)[4] han demostrado que la supuesta “verdad histórica” de los hechos no es más que papel mojado.

Ante este clima de impunidad, a los familiares de personas desaparecidas no les ha quedado otro camino que buscar a los suyos con sus propios medios. Esas búsquedas han conducido a hallazgos macabros: campos de trabajo forzado, casas de “seguridad”, centros de procesamiento de cuerpos y fosas clandestinas. Esto último nos demuestra que en México se ha perdido el respeto a la vida, pero también a la muerte. Lo más desesperante para los familiares es ver que día tras día se encuentran cuerpos en fosas comunes y el gobierno no tiene la capacidad, los profesionales o la voluntad para identificarlos.

Le pedimos que escuche las palabras de la madre de un policía federal desaparecido: “Muchas familias estamos muertas en vida, laceradas, con duelos congelados, porque nos arrebataron lo que más amábamos en la vida: nuestros seres queridos, que algún día salieron de sus casas sin nunca más volver. No están muertos, no están vivos. ¿Dónde están?”.

Homicidios

En México estamos experimentando el abaratamiento de la vida y de la muerte de las personas debido a la actuación de los grupos del crimen organizado y a la participación de las instituciones federales de seguridad (SEDENA, SEMAR y  Policía Federal) en labores de seguridad pública. Una prueba de esta situación es que de enero de 2006 a diciembre de 2014 han sido asesinadas 175 138 personas[5], la mayor parte de ellas han sido hombres jóvenes entre 15 y 29 años. Asimismo, muchos de estos hechos han sido cometidos con extrema violencia como dan cuenta las decapitaciones y los cuerpos cercenados o torturados que han sido colgados de puentes o aventados en espacios públicos a lo largo del país. Uno de los primeros acontecimientos de este tipo tuvo lugar en septiembre de 2006, cuando arrojaron cinco cabezas humanas a una pista de baile en Uruapan, Michoacán.

A partir de 2006, la sociedad mexicana no solo se ha tenido que “acostumbrar” a estas muestras inhumanas de horror sino que ante estos hechos las autoridades han adoptado un discurso que consiste en que estas personas a las que les ha sido arrebatada la vida “andaban en malos pasos” y que, por ende, se han matado entre ellos. Lamentablemente, esto no se ha quedado en el mero espectro narrativo pues ha conllevado la criminalización de las víctimas sin que haya de por medio investigación alguna y, por supuesto, la falta de acceso a la justicia. En este contexto, miles de personas inocentes asesinadas han sido ligadas a grupos delincuenciales como si ello fuera justificación para semejantes hechos violentos. Un ejemplo de ello es lo que fue declarado por el ex presidente Calderón respecto a los jóvenes asesinados durante 2010 en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Otra muestra clara de que esto continúa repitiéndose sistemáticamente se refleja en los homicidios de periodistas, como se puede apreciar en las declaraciones de las autoridades de Veracruz respecto a la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la periodista Anabel Flores ocurrido en febrero de 2016.

En relación con los homicidios de periodistas, la incidencia de este tipo de hechos ha alcanzado tales niveles que México es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo de acuerdo con organismos internacionales. A partir de datos oficiales de la PGR, fueron asesinados 102 periodistas de 2000 a 2014 en nuestro país[6]. Esta situación es claramente violatoria de derechos humanos y no solo se le atribuye a la actuación de los grupos delincuenciales sino a autoridades y otros actores sociales, pues varios de estos periodistas investigaban posibles hechos de corrupción o conflictos de interés.

Bajo esta perspectiva, el homicidio se ha convertido en una herramienta eficiente para garantizar cualquier agenda sociopolítica y para controlar determinados territorios. Inclusive, esto se ha hecho extensivo al interior de los centros penitenciarios, en los cuales se han cometido una serie de homicidios como resultado de los conflictos entre grupos delictivos y la corrupción institucional. Uno de los ejemplos más recientes es lo sucedido el 11 de febrero de 2016 en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” en Monterrey, Nuevo León donde una riña entre dos facciones del grupo delictivo de Los Zetas dio como resultado el asesinato de 49 personas, algunas de ellas eran inocentes que se encontraban purgando penas por delitos que no cometieron.

Los efectos de la incidencia de por lo menos 175,138 homicidios son muy grandes y no están siendo considerados con la importancia que se requiere. Por ejemplo, esta violencia homicida que esta siendo ejercida está derivando en la pérdida de esperanza de años de vida de las personas además de que está dejando miles de huérfanos que le han visto directamente los ojos a la muerte, sin que alguien impida que los homicidios de sus padres queden impunes.

Ejecuciones extrajudiciales

Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato han dejado de representar solamente nombres de lugares de la geografía mexicana. Ahora son referentes internacionales de ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Pero son tan solo los casos más conocidos en un país que vive en un estado de guerra y que ha visto como más de 175,138 personas han sido asesinadas en diez años, la mayoría en circunstancias poco claras, tanto por miembros del crimen organizado como por agentes del Estado.

En el reporte[7] que realizó el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heynes, en 2013 resaltó que muchos de estos asesinatos están vinculados a la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y, en específico al despliegue militar que la administración del presidente Felipe Calderón ordenó y que la actual administración mantiene en varias regiones del país. El Relator Especial hace énfasis en los problemas derivados de que cuerpos militares desempeñen funciones de seguridad publica y en la falta de rendición de cuentas cuando se dan este tipo de ejecuciones, sobre todo cuando estos crímenes se juzgan en tribunales militares.

En el informe[8] sobre el caso Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) demuestra, con pruebas documentales, que el 30 de junio de 2014 hubo órdenes directas de personal militar para abatir a presuntos delincuentes. Esto transforma radicalmente el acontecimiento donde fueron asesinadas 22 personas y que originalmente fue reportado como un enfrentamiento. El informe también destaca la revictimización que han sufrido los testigos y sobrevivientes por parte del Estado mexicano, cuestión que también es tratada en el informe del Relator especial.

En muchos otros casos, como menciona el Comité Cerezo[9], las ejecuciones extrajudiciales están siendo usadas como herramientas para acallar y amedrentar a los defensores de derechos humanos y a los luchadores sociales. El Comité lleva una cuenta de 106 casos de defensores de derechos humanos ejecutados por agentes estatales, miembros del crimen organizado o grupos para militares a partir del 2006.

Feminicidios

Los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la década de los noventa no solo situaron a México en el centro de la atención de la prensa y de organismos internacionales sino que evidenciaron una forma de violencia homicida ejercida contra las mujeres por cuestión de género. Contrario a lo que se suele referir, este fenómeno no solo ha sido propio de esa ciudad fronteriza sino que se encuentra presente en la mayor parte de las entidades federativas. Sin embargo, esto se ha tratado de hacer invisible debido a que no es redituable políticamente. Un ejemplo de esto es lo que le sucedió a Nadia Muciño, una joven del Estado de México que con la vida por delante decide casarse con un policía municipal y tener dos hijos, Carlos y Pepe. Estos planes los emprendió sin imaginar que su esposo por años la golpearía hasta que un día la asesinaría en  2005 y sus hijos encontrarían su cuerpo inerte. Tampoco se imaginó que el resultado de las investigaciones de su feminicidio sería que determinarían que ella se había suicidado aunque todas las pruebas periciales indicarán una realidad completamente distinta.

La historia de Nadia Muciño no es la única de este tipo en nuestro país, existen miles de mujeres con la misma suerte de Nadia. Son feminicidios que no son reconocidos como tales debido a que funcionarios consideran que esa suerte se la buscaron las mismas mujeres.  Esto ha tenido como resultado que las Alertas de Género diseñadas para tratar de evitar una mayor incidencia de estos delitos no sean activadas. Además de esto, el Estado mexicano no ha cumplido cabalmente con sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la correspondiente al Campo Algodonero. Por último, es fundamental destacar la falta de tipificación del feminicidio en algunas entidades federativas.

Muchas autoridades suelen desestimar este delito y este tipo de violencia pues argumentan que las cifras no reflejan una situación crítica. Eso es cierto pues las estadísticas de las procuradurías no representan la incidencia total de feminicidios, ya que, como en el caso de Nadia, se suelen clasificar como suicidios u homicidios imprudenciales. Una aproximación a las dimensiones de este fenómeno se puede tener a partir de los registros administrativos de homicidios de mujeres de las secretarías de salud, los cuales refieren que fueron asesinadas 2,349 mujeres durante 2014. Esto implica que, en promedio, 6 mujeres fueron privadas de la vida diariamente.

Secuestro

Desde la década de los noventa, el secuestro es un importante problema de seguridad pública que no ha sido atendido eficientemente. Tan solo en los últimos 10 años, por lo menos, han sido secuestradas 11,443[10] personas de acuerdo con datos oficiales obtenidos a partir de las denuncias interpuestas antes las procuradurías estatales de justicia. No obstante, esta cifra no refleja en lo absoluto la incidencia total de secuestros. En México, durante 2014, “de 102 mil 883 plagios registrados, sólo hubo denuncia en el 1 por ciento de ellos”[11]. Esta falta de denuncia por parte de las víctimas principalmente se debe a cuestiones atribuibles a la autoridad (por miedo a represalias, desconfianza, actitud hostil, entre otras). Se han registrado muchos casos de funcionarios de instituciones de seguridad y de procuración de justicia que se encuentran coludidos con los grupos delincuenciales que cometieron el secuestro o bien que exigen cierto pago a los familiares de las víctimas para comenzar con las investigaciones correspondientes. No obstante, estos no son los únicos secuestros no contabilizados pues existen casos aún más críticos que las autoridades han preferido ignorar, como aquellos que se han llevado a cabo con fines distintos al extorsivo o los secuestros de migrantes.

En los últimos años, debido a la evolución de los grupos del crimen organizado y a la corrupción de las instituciones gubernamentales, los secuestros se han convertido en un evento plausible para todo migrante que atraviesa nuestro país para llegar a Estados Unidos. Una pequeña muestra cuantitativa de su dimensión es la cantidad de migrantes secuestrados rescatados por la Policía Federal de 2007 a 2014 (71,415 casos).[12] Mientras que un ejemplo de su gravedad son los despojos, lesiones y violaciones que acompañan su secuestro. Hay que considerar también la imposibilidad de tener acceso a la justicia debido a la participación de autoridades locales y migratorias en la privación ilegal de la libertad, como lo ha documentado la propia CNDH.

Aunado a ello, en nuestro país existe un alto grado de impunidad alrededor del secuestro que lo ha convertido en una actividad económica bastante llamativa y redituable para ciertos sectores sociales. Esto se deriva de una nula y débil investigación de los casos que, en muchas ocasiones, culmina exclusivamente con el pago del rescate que es requerido sin que se detenga y sentencie a los responsables. Inclusive, hay centenas de secuestros en los cuales el pago del rescate simplemente no ha garantizado que las víctimas permanezcan con vida y aproximadamente el 80% han quedado impunes. Esta amarga realidad en materia de administración de justicia, viene acompañada de tratos revictimizantes hacia las víctimas (directas e indirectas), mediante los cuales los funcionarios suelen colocar el rumbo de las investigaciones sobre los hombros de las víctimas al igual que en los cases de desaparición. De esta manera, tanto grupos delincuenciales como autoridades han jugado un papel importante en la evolución y crecimiento del secuestro en México durante los últimos años.

Tortura

“La tortura es generalizada en México”. Esa fue la conclusión a la que llegó Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU en su visita a México. En vez de aceptar las recomendaciones del informe[13], el gobierno mexicano, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, prefirió desacreditar al Relator Especial y calificar sus conclusiones como “irresponsables y poco éticas”[14]. No obstante, creemos que la irresponsabilidad y la falta de ética están del lado de un gobierno que permite, alienta y ejecuta la tortura con fines de castigo e investigación.

Además de ser generalizada, es una práctica que ha sido utilizada y solapada durante décadas, al menos desde la llamada “Guerra sucia” o “terrorismo de Estado” (1968-1982).  Tanto la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad de Guerrero[15] (COMVERDAD) como la llevada a cabo por Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado[16] (FEMOSPP) han demostrado que en ese período la tortura se practicó como política de Estado en conjunto con otros crímenes y graves violaciones a derechos humanos.

Es importante destacar de nuevo el contexto de la “Guerra contra el crimen organizado” como campo fértil para la tortura. Entre 2006 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene registradas más de 4,000 denuncias por tortura y tan solo cuenta con 30 agentes para investigarla[17], lo que garantiza que la mayoría se quedarán en la impunidad. Pero los casos de tortura deben ser muchos más, ya que son pocas las víctimas que se animan a denunciar públicamente que fueron torturadas.

Nadie merece ser torturado, ni el peor criminal. El problema reside en que en el sistema penal inquisitivo que regía México el testimonio siempre ha sido considerado como la reina de las pruebas en una investigación criminal. Esto ha convertido el proceso penal en México una fabrica de culpables a base de tortura.

Trata de personas

La esclavitud y explotación forzada de personas no ha dejado de ser una realidad en México.  Este delito es cometido en nuestro país no solo con fines sexuales sino para trabajos forzados y tráfico de órganos. Justamente, debido a esta circunstancia varios expertos en la materia han declarado que cualquier persona está en riesgo de ser una víctima.

Respecto a los casos de trata de personas cometidos con fines sexuales, sabemos que de acuerdo con cifras de la UNICEF[18], hay más de 16,000 niñas y niños sometidos a esclavitud sexual en México. Mientras que hay otras organizaciones de la sociedad civil que calculan que asciende a 70,000 la cifra de niñas y niños sujetos a esta forma de explotación. Debe considerarse que no solo los menores de edad padecen este ilícito sino también una importante cantidad de mujeres. Esto alcanza tales dimensiones que por ejemplo en Tenancingo, Tlaxcala, la trata de mujeres con fines sexuales es una de las principales actividades económicas de la población.

Las autoridades de diversos niveles de gobierno han jugado un papel primordial para la evolución, incremento y permanencia de la trata de personas en México, ya que suelen ser los demandantes de estos servicios con pleno conocimiento del delito que está siendo cometido. Existen varios casos de políticos y autoridades de distintos partidos vinculados con este tipo de actividades que han sido dados a conocer por periodistas.

Como se mencionó anteriormente, la trata de personas con fines de trabajos forzados  y de venta de órganos constituyen otra dolorosa realidad en nuestro país.  Su desarrollo y permanencia, sobre todo, está relacionada con las actividades que detentan los grupos del crimen organizado, pues en el primero de los casos le permite a las organizaciones contar con mano de obra para actividades como el sicariato o para el empaquetamiento y transporte de droga.  Mientras que mediante el tráfico de órganos han logrado diversificar sus fuentes de ingresos como fue dado a conocer mediante algunas investigaciones periodísticas en Michoacán.

Desplazamiento forzado

El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IMDC) acaba de publicar su informe de 2015[19] y en él estima que, al menos, han sido desplazadas por violencia 281,400 personas en México. Como en las desapariciones o los casos de tortura, resulta sumamente complicado tener datos fiables sobre esta otra arista de la crisis humanitaria que vive el país. Esto sucede porque no hay un andamiaje institucional que atienda el fenómeno ni a nivel regional y mucho menos a nivel nacional.

No hay una decisión tan difícil como abandonar el lugar de residencia, pero decenas de miles de mexicanos la han tenido que tomar por cuestiones como el incremento de la inseguridad, el asesinato o la desaparición de un familiar o las amenazas y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado o agentes estatales. En cualquiera de los casos, hombres, mujeres, niños y adultos mayores abandonan sus casas y buscan el refugio que les puedan brindar familiares o el anonimato de las grandes ciudades. En su huida, además de perder su patrimonio, pueden perder documentos de identidad como credenciales de elector o actas de nacimiento que les harán más complicada la transición.

En este apartado es importante mencionar también a los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen por causa de la violencia. Consideramos que deben ser considerados como desplazados y ser atendidos como tal, aunque su objetivo solo sea transitar por el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos.  Los delitos y violaciones a derechos humanos que sufren por parte de agentes del Estado y las organizaciones criminales suelen ser invisibilizados, hasta que suceden masacres como la de San Fernando en 2010.