Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México: Amnistía Internacional.
La Secretaria de Gobernación, a través de Roberto Campa Cifrián Subsecretario de Derechos Humanos, afirma que la mayoría de los casos que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENPED) se trata de personas no localizadas y no de desapariciones forzadas o a manos de particulares. También afirma que la mayoría de las personas, más del 90%, son encontradas con vida.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México considera que las declaraciones del funcionario de la Secretaría de Gobernación no hacen más que confirmar la falta de mecanismos de búsqueda e investigación para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y la falta de atención adecuada a las mismas. Esto muestra el trato indolente hacía los familiares de personas desaparecidas y se suma al maltrato que sufren cotidianamente por parte de las autoridades.
Los familiares que conforman el movimiento, así como organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, “nos reconocemos en la experiencia del maltrato que reciben los familiares por parte de las autoridades en los casos documentados por Amnistía Internacional y en los obstáculos que enfrentan para la búsqueda y la investigación”.
En relación a las declaraciones del Subsecretario Campa Cifrián sobre el RENPED en México puntualiza lo siguiente:
- El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) al día de hoy registra un total de 27,659 personas desaparecidas, de las cuales 989 corresponden a averiguaciones previas en el fuero federal, y 26,670 corresponden al fuero común.
- Del total de Desapariciones registradas 12,848 fueron reportadas a partir del año 2013. Es decir, el 40% se registran durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
- El registro no refiere información estadística que permita conocer cuáles casos corresponden a desapariciones forzada, desaparición por particulares u otros delitos, así como desapariciones voluntarias o extravíos.
- De acuerdo a estándares internacionales, la desaparición forzada es un delito continuado, por lo que la administración actual no puede dejar de hacerse responsable por desapariciones forzadas que hubieran iniciado en administraciones anteriores, incluyendo aquellas cometidas durante el periodo conocido como guerra sucia y que no aparecen reflejadas en el RENPED.
- La información estadística disponible no permite conocer cuántas personas han sido encontradas, en qué condiciones ni cuál ha sido el avance de las investigaciones para determinar si los hechos corresponden a un delito. Tampoco ofrece ninguna información estadística que se haya encontrado al 90% de las personas encontradas con vida.
- La Procuraduría General de la República hizo pública una base de datos que refleja un total de 926 Averiguaciones Previas iniciadas por esa institución entre enero de 2014 a junio de 2015 por desaparición de personas, de las cuales 106 casos fueron clasificados como desaparición forzada en los términos del Código Penal Federal , Artículo 215-A. De ese universo, según cifras oficiales, fueron encontradas 73 personas con vida y 14 sin vida, mientras que a 208 ya no se les busca, pero no se especifica por qué razón dejaron de buscar a esas personas. Es decir, el porcentaje de personas encontradas con vida es 7.8 %, lo cual no se acerca, ni de lejos al 90% que asegura el Sub Secretario Campa.
- Según información anterior, el RENPED debería reflejar al menos 631 personas desaparecidas entre 2014 y 2015 (restando a la cifra 926 averiguaciones previas el número de personas encontradas con vida, sin vida, y que la PGR no busca); sin embargo, el RENPED solo contabiliza 393 Averiguaciones Previas del Fuero Federal en este periodo, por lo que deja fuera al menos 238 casos registrados por la PGR. De tal forma, son las contradicciones en las cifras oficiales las que profundizan la falta de credibilidad y confusión.
- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó al Estado mexicano, en una de sus recomendaciones prioritarias emitidas en febrero de 2015, a “adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas con fiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”. Además, este registró deberá “incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales”. Por esta razón, de ninguna manera el gobierno puede transferir la responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil de generar las estadísticas que ellos han sido incapaces de realizar o de acusarlas de buscar de desinformar o/y causar confusión.
Ante estos hechos, la organización señala que, a pesar de que su deseo más profundo es que todas las personas desaparecidas sean encontradas con vida, “no encontramos ninguna información estadística que sustente las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos Campa Cifrián en relación de que el 90% de las personas desaparecidas han sido encontradas con vida, además de la falta de evidencia que respalde lo dicho. Los familiares de personas desaparecidas que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México somos testigos de la dolosa realidad de que nuestros seres queridos no han regresado con nosotros y de que en la mayoría de los casos, ni siquiera se les busca de la manera más adecuada, no se investigan los hecho,s a pesar de la información que aportamos poniendo en riesgo nuestras vidas”.
“El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y las organizaciones que acompañamos a las familias, expresamos nuestra indignación sobre la banalización de nuestro dolor y el intento de minimizar la crisis de desaparición de personas en México. No es manipulando las cifras ni cerrando los ojos como se resuelve el problema. Frente a esto, exigimos que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desaparición por Particulares establezca y regule la creación de un Registro Único de Personas Desaparecidas confiable, que cumpla con las recomendaciones del Comité Contra las Desaparición Forzada de la ONU, que reconozca la magnitud de la problemática y que cuente con los mecanismos de composición civil y gubernamental como buena práctica y legitimidad del mismo; es decir, tomar en cuenta los trabajos que comités y organizaciones están realizando en la documentación real de las desapariciones”. Con esto finaliza la denuncia del movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
