Para los defensores de derechos humanos Manuel Olivares Hernández y Abel Barrera Hernández, el gobierno de Guerrero ha puesto especial atención en brindarle seguridad a aquellos grupos que tienen poder económico y político, como el caso de los empresarios y los alcaldes, que se mueven por el territorio del estado rodeados de un aparato policiaco excesivo.
“La justicia y el acceso a ella tiene un precio y sólo es asequible para aquellos que tienen poder económico y político”, reprocha el director de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares. Aunque a decir de Abel Barrera, director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “eso no sería necesario si el Estado fuera capaz de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.
Ambos fueron entrevistados por separado sobre las medidas de seguridad que se les da a Pioquinto Damian Huato, dirigente de comerciantes de Chilpancingo, y a Jaime Nava Romero, presidente de la Coparmex en la capital; a los alcaldes de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz; de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, y de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos. Y al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Pioquinto Damián sufrió un atentado en enero pasado luego de una larga confrontación con el alcalde Moreno, a quien acusó de trabajar para la banda de Los rojos. Pioquinto venía de El Ocotito cuando en la entrada a Chilpancingo unas camionetas se le emparejaron y les dispararon con AK-47. En el atentado murió su nuera, Laura Rosas Brito. Desde entonces Piquinto y su familia —los que se quedaron en México— se mueve con policías y el edificio donde vive está siempre vigilado.
A Jaime Nava, dirigente de la Coparmex, le pusieron camioneta blindada y guardias una vez que quisieron matar a Pioquinto. Jaime, también, mantiene un estrecho acercamiento con el líder de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio. Bruno, por cierto, se traslada en una blindada desde que encabeza la autodefensa y sus efectivos han detenido a centenares de hombres señalados de trabajar para bandas delictivas en los municipios donde tienen presencia. Pero empezó a tener vigilancia policiaca desde el atentado contra Pioquinto.
La alcaldesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez, vive resguardada por policías del estado, además de su policía municipal, desde mayo pasado que se enfrentó a balazos con la autodefensa de Bruno, en Tierra Colorada, en un episodio que la Procuraduría General de Justicia no ha terminado de aclarar. Mientras que al alcalde Moreno Arcos lo custodian con mayor celo desde que atentaron contra Pioquinto Damian, a pesar de que el dirigente de comerciantes nunca dejó de decir que fue él quien lo mandó matar.
Y el primero de todos, el primer alcalde que fue custodiado hasta por policías federales fue el de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares. Su caso ha ido y venido en la prensa de medio mundo y su municipio igual, desde que en septiembre de 2012 fue capturado por integrantes de La familia michoacana y grabado haciendo compromisos con los hombres de un capo local llamado sólo “Señor Pez”.
“Para los defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales el asunto de la protección se trivializa —reprocha Abel Barrera Hernández—. Eso pasó en el caso de Luis Olivares Enríquez”, asesinado el 10 de noviembre de 2013. Ocho días antes de que fuera asesinado, el dirigente de la Unión de Productores de la Costa Grande recibió una amenaza macabra: junto al cadáver asesinado de su primo David Romero Téllez, le dejaron un mensaje de que el siguiente era él.
Luis solicitó medidas cautelares mediante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, pero se dilataron tanto en brindarlas que cuando se las quisieron dar ya lo habían asesinado. Junto con él mataron también a su mujer, Ana Lilia Gatica Rómulo, en el lugar donde ambos vivían: la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de Benítez.
Al menos hay tres casos más de este tipo: la ejecución de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra de Sur, asesinada en Atoyac el 20 de octubre de 2013; el asesinato de Raymundo Velázquez Flores y otros dos de sus compañeros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, ocurrido en Coyuca de Benítez el 6 de agosto de ese mismo año; y la ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, junto con dos compañeros, a principio de junio de 2013 en Iguala.
“Hay una gran desigualdad e inequidad en la impartición de justicia y en garantizar la seguridad pública —considera Abel Barrera—. Los defensores y dirigentes que mantenemos una actitud crítica al gobierno nos convertimos en actores incómodos para el sistema y ese trato se nos da. Así que cuando pedimos algún tipo de medida, aunque sea mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una actitud vengativa del gobierno”.
—¿De qué modo?
—Se dilatan o nos la brindan de manera parcial. Parece que el gobierno dice: “ahora que necesitan de mí, no estoy”.
—¿A qué se lo atribuye?
—El gobierno lo que quiere es lealtad y si uno no está dispuesto a perder su independencia, ése es el precio.
Manuel Olivares dice: “La inseguridad ha rebasado al Estado, y el problema es que el Estado no quiere reconocerlo, no quiere ver dónde están los errores y en vez de eso opta por ponerle seguridad a empresarios y políticos. Al final vemos el resultado: dirigentes asesinados, como Luis Olivares”.
—¿A este paso habrá que ponerle seguridad a todos? —se le pregunta al coordinar de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
—No. Sólo bastaría con que hubiera un buen sistema de protección a defensores de derechos humanos.
—¿Así como lo hay para los empresarios y los políticos?
—Tampoco, porque con los políticos y los empresarios se ven medidas aparatosas, desproporcionadas, que lo único que evidencian es la impotencia del sistema ante la inseguridad y el avance de la violencia sembrada por la delincuencia.
Abel Barrera ilustra: “Las medidas cautelares que se deben de brindar a defensores y dirigentes amenazados van desde la investigación del origen de las amenazas, el castigo a los autores, para que no quede el antecedente de que se puede amenazar y asesinar impunemente; la otra tiene que ver con eso mismo, y es el reconocimiento a la importancia que tienen los defensores en una sociedad desigual como la nuestra”.
—Ha ocurrido lo contrario, ¿no lo ve así?
—Sí, hay en Guerrero un ambiente de permisividad a este tipo de conductas delictivas contra defensores y dirigentes sociales. Y los ejemplos abundan, desde los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (torturados y asesinados en febrero de 2009), hasta el asesinato de Juventina Villa Mojica (ejecutada en diciembre de 2011 junto con su hijo de 14 años, Rey Santana Villa), y los asesinatos de Rocío Mesino Mesino y Arturo Hernández Cardona.
“Y hay otras medidas cautelares que se deben cumplir. Por ejemplo infraestructura”.
—¿De qué tipo?
—Cámaras de seguridad en las oficinas de las ONG o de las organizaciones que han recibido amenazas. En este caso se han resuelto de manera parcial, porque aunque sí se instalan, no se les da mantenimiento y terminan por averiarse y dejan de funcionar. Hay otras medidas más duras, quizá de última instancia: el acompañamiento policiaco de dirigentes o defensores de manera permanente o sólo cuando se trata de traslados de gente amenazada.
—¿De verdad les ayuda eso?
—Es cierto, no, pero es por qué no hay confianza en la policía. Y otra cosa: andar con policías nos pone en condiciones de mayor vulnerabilidad.
—¿Qué queda entonces?
—Tomar medidas de autoprotección. No hacer mucha vida social, tomar rutas distintas de vez en vez, y no ponerse en situaciones de riesgo, como ir a sitios lejanos en los que de antemano nuestra seguridad no esté garantizada. Eso nos ha funcionado más.
—¿Así seguirán?
—Sí mientras no cambie el estado de cosas, mientras que no se sigan las convenciones internacionales y la Declaración Internacional de Defensa de los Derechos Humanos.
—También ocurre que cuando la gente reclama por la inseguridad y los asesinatos que siguen ocurriendo a una cuadra de donde uno vive el gobierno dice que no puede ponerle un policía a cada ciudadano.
—El gobierno no comprende o tiene una marcada desproporción en lo que significa seguridad. No se trata de eso, no se trata de poner un policía por ciudadano, es obvio que eso es imposible. No se trata de más policías,. sino de mejor justicia, mejor investigación de los crímenes y mayor transparencia en el actuar de los mandos policiacos. El modelo de la Policía Comunitaria es un modelo a seguir; son policías aquellos que gozan de mejor integridad y confianza ante el pueblo.
—¿Cuál considera que sea la vía? ¿vigilancia permanente como en el caso de los empresarios y los políticos?
—Necesitamos policías que rindan cuentas y mandos que sean vigilados; limpiar las estructuras de seguridad y justicia corroídas por la corrupción y la impunidad; además, necesitamos ciudadanos bien organizados que estén dispuestos a exigirle cuentas a sus gobernantes.
