La realidad es terca y cada uno de sus hechos confirma que la inseguridad que se vive en Jalisco es alarmante. Sin embargo, esto no preocupa mucho a las autoridades porque pese a las balaceras, a la muerte de un regidor, al anuncio de un atentado contra un alto mando policiaco: “aquí no pasa nada”. Este fue marzo en Jalisco.
Ignora gobernador solicitud de reunión con familiares de desaparecidos
18 de marzo: Miguel Ángel Chávez Cárdenas desapareció el 16 de mayo del 2014 en el municipio de Guadalajara, desapareció a escasas cuadras de Casa Jalisco, hogar oficial del gobernador Aristóteles Sandoval. Nadie vio ni registró nada, tampoco lo hizo el sistema de video-cámaras que se ubica alrededor de este recinto gubernamental. Según afirma la Fiscalía General del Estado, ese día las cámaras operaban de manera irregular. No servían.
La búsqueda de Miguel Ángel, de 55 años, duró sólo un par de meses porque en la Averiguación Previa 677/2014 no hay ningún avance desde julio de ese año. Su hermana, Esperanza, no ha dejado de buscarlo porque sabe muy bien que si no lo hace ella, nadie lo hará. Por ello, el 18 de marzo cargó hasta Palacio de Gobierno una manta con la leyenda “Nos Faltan Todos”. Ella, al igual que otras víctimas, integra el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), el cual decidió romper toda inercia para solicitar al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, una serie de exigencias que sus subalternos, en la Fiscalía General de Jalisco, han sido incapaces de cumplir.
“Ante la nula respuesta de la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, del Gobierno del Estado de Jalisco, hemos tenido que unirnos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco para exigir que cada instancia involucrada en trabajar para la búsqueda de nuestros familiares haga lo correspondiente”, fueron las palabras con las que el colectivo inició la lectura pública de su carta de exigencias frente a Palacio de Gobierno.
Entre las exigencias que hacen las familias de FUNDEJ al gobernador, destacan:
-
Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a cada una de las familias que levantaron denuncia por desaparición.
-
Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue copia.
-
Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, sea completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro.
-
Que de inmediato se cree una Unidad de Búsqueda Rápida ya sea para casos recientes como para casos antiguos.
-
Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de desapariciones en Jalisco desde 2006 a la fecha.
-
Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco firme acuerdos con compañías de Telecomunicaciones para tener acceso de una forma rápida a las sábanas de llamadas de los números telefónicos de las personas desaparecidas.
-
Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos objeto en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General.
Esta es una de las principales razones por las que las familias que integran FUNDEJ han decidido no hablar más con el personal de la Fiscalía General y, por ello, insisten en que el gobernador debe cumplir sus demandas para que así éste pueda sostener su discurso de “preocupación y alarma” con acciones concretas que demuestren que sí hay voluntad de buscar a los desaparecidos del estado. Por ello, exigen que las atienda personalmente; sin embargo, hasta el día en que se escribió este texto (4 de abril) han pasado 19 días y no ha existido respuesta alguna a la solicitud de atención y reunión con el gobernador.
Ocotlán: una noche de terror
19 de marzo: Todo transcurría de manera habitual en la calle Manuel Martínez en su cruce con Centenario, esto en la colonia Mascota en el municipio de Ocotlán, lugar ubicado a una hora de Guadalajara. Los vecinos, como de costumbre, estaban fuera de sus casas platicando. Eran las nueve de la noche.
De pronto, un joven descendió de una camioneta estacionada en el cruce de ambas calles y se dirigió hacia la vivienda marcada con el número 562 sobre la calle Manuel Martínez. Los vecinos que se encontraban platicando observaron como éste corrió de regreso y al pasar frente a ellos sacó un arma que detonó al aire. Ahí fue cuando inició todo porque inmediatamente un grupo de policías de la Gendarmería Nacional, grupo de elite de la Policía Federal, descendieron de sus patrullas para comenzar a disparar sus armas largas.
La balacera se desató generando un caos entre los vecinos que corrían despavoridos a sus casas para resguardarse de la lluvia de balas que duró más de una hora porque de la vivienda ya señalada también comenzaron a dispararse diversas armas. Era un fuego cruzado, una especie de emboscada fortuita, en donde los gendarmes y los vecinos quedaron atrapados bajo la ráfaga de balas que venían de dos frentes. En la balacera murieron 15 personas (5 gendarmes, 8 civiles y dos integrantes del crimen organizado).
“¿De esto cómo se puede recuperar? ¿Cómo puede sacarse uno el miedo de escuchar las balas y del impacto de ver los muertos sobre la calle en que había vivido tranquila?”, expresó de manera contundente una de las vecinas de la calle Manuel Martínez, la cual tuvo que resanar por su propia cuenta los 138 impactos de bala que recibió la fachada de su casa: “Todo ha cambiado aquí para mal, estamos asustados y ariscos porque apenas escuchamos un ruido y brincamos de miedo… Yo recuerdo que después de ver a los policías disparar corrimos a meternos a la casa, nos tiramos al piso y ahí oramos para que nada nos pasara”.
Las versiones de los vecinos contrastan mucho con la primera explicación oficial que se dio esa noche por parte de la Policía Federal, ya que esta instancia a través de un boletín de prensa manifestó que: “a bordo de siete unidades realizaban labores de patrullaje y reconocimiento en la colonia La Mascota en el municipio de Ocotlán, Jalisco, cuando una de las camionetas avanzó junto a un vehículo de color blanco, estacionado sobre la calle Manuel Martínez casi esquina con Oxnard. Al paso del convoy oficial y sin mediar palabra, uno de los individuos sacó un arma larga y disparó contra los agentes federales”.
En esa versión no se informó que tras la detonación al aire de uno de los presuntos delincuentes fueron los gendarmes quienes comenzaron a disparar. Ese dato fue omitido pese a que los testimoniales de los vecinos coinciden en que los hechos no ocurrieron como informó la Policía Federal en un boletín de prensa que ya fue borrado de su página web.
Un día después, el 20 de marzo, el Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera, informó que tras el ataque a los elementos de la Gendarmería Nacional estaban integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin dar más detalles al respecto precisó que sobre el tema la instancia que se encargaría de dar información será la Policía Federal y que la Fiscalía realizará sólo labores de colaboración; sin embargo, sí aclaro que Jalisco es un estado seguro aunque con riesgo para los grupos delictivos y los elementos policíacos que participan en labores de combate al crimen: “La gente común puede salir a las calles para hacer su vida normal, pero el riesgo es ese: encontrarse en medio de un enfrentamiento y perder la vida como la perdieron cuatro personas inocentes (en Ocotlán)”.
Sobre los motivos reales que desataron la balacera poco es lo que se sabe, pues ni la Policía Federal o la Fiscalía General han aclarado los rumores de que el enfrentamiento pudo darse para facilitar la huida de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del CJNG, el cual se encontraba esa noche en Ocotlán, tal y como se informó en Proceso Jalisco.
Los vecinos de la colonia Mascota siguen en alerta y no pueden olvidar lo ocurrido, pues hay un viento frío que recorre sus calles y les recuerda lo que ahí ocurrió; por ello, a su paso por la calle Manuel Martínez: transeúntes, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos particulares o de servicio público no pueden no voltear a ver la vivienda blanca marcada con el número 562 y acordonada por etiquetas del Ministerio Público.
Esa vivienda que, a diferencia de las otras 31 casas afectadas que ya fueron resanadas y pintadas las autoridades de Ocotlán, aún conserva los impactos de las balas de alto calibre y la sangre que no fue limpiada de su entrada. Por este motivo, todos los que por ahí pasan la miran y se asoman por una de las ventanas principales desde donde aún se pueden ver las cajas de balas que ese día se alimentaron las armas que fueron disparadas desde ese domicilio. La gente mira la casa y las veladoras blancas que, como afirman los vecinos, han sido colocadas todos los días después de que ocurriera la balacera entre “los buenos y los malos”, como afirmó el Fiscal, Luis Carlos Nájera, pasó alrededor de este hecho. Sin embargo, los vecinos no creen en esas posturas porque llevan tiempo padeciendo la inseguridad y violencia que acontece en Ocotlán.
Los vecinos, a la fecha, no saben cómo les serán reparados los daños a sus casas y vehículos, pues lo único que han recibido es ayuda para arreglar sus fachadas pero no para los daños al interior de sus casas y, mucho menos, la atención para resarcir las afectaciones de salud, física y mental, que sufrieron luego de vivir una experiencia como la del 19 de marzo.
Al respecto, fue la población de Ocotlán la que dio el primer paso al realizar una marcha por la paz el pasado 28 de marzo, ahí entregaron una serie de peticiones a las autoridades ocotlenses para recuperar la tranquilidad. Tres días después, el 31 de marzo, se ofició una misa con el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, en el atrio del Templo del Señor de la Misericordia, templo principal de Ocotlán.
Sobre los presuntos responsables de estos hechos sólo se ha informado la detención de seis personas que ya han declarado en el Ministerio Público Federal. También se sabe que diversos integrantes de la policía municipal de Ocotlán desertaron después de los hechos. De la posible huida ese día de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, sólo silencio.
Del abatimiento del capo al atentado contra el mando de la Fuerza Única Jalisco
23 de marzo: Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”, fue abatido por elementos de la policía estatal en el municipio de Zacoalco de Torres. Él era quien tenía el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Cocula, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y en el lugar donde éste fue asesinado tras un enfrentamiento directo entre su grupo y la policía estatal.
De acuerdo a la Fiscalía General, Acevedo Cárdenas orquestó el ataque a un convoy del Ejército Mexicano, en donde perdieron la vida cuatro soldados en el municipio de Guachinango, esto ocurrió el 12 de mayo de 2014. También se sabe que fue el responsable de sobornar al director de la Policía Municipal de Cocula, lo cual originó el desarme de esa corporación el pasado 8 de diciembre del 2014; y del asesinato de dos policías investigadores en Tlajomulco de Zúñiga en julio de ese mismo año.
Sobre Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”, ya corrían dos órdenes de aprehensión y se le investigaba por su vinculación en otras diez averiguaciones previas. Por ello, su abatimiento fue catalogado por la Fiscalía General como un duro golpe en contra del CJNG, pues éste sujeto era uno de sus capos más fuertes. Acevedo Cárdenas, ascendió en el Cártel por los servicios de seguridad que brindó a Abundio Mendoza Gaytán, alias “El Güero Abundio”, uno de los líderes del CJNG. Tanto “El Gringo” como “El Güero Abundio”, ya habían sido detenidos enenero de 2012, pero fueron liberados meses más tarde.
A los pocos días de que la policía estatal abatiera a “El Gringo”, el 30 de marzo en el municipio de Zapopan, cerca de la colonia Río Blanco, ocurrió una balacera entre sicarios del CJNG y elementos de la Fuerza Única Jalisco que acompañaban como escoltas al comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga, el cual se trasladó al lugar no por cuestiones de trabajo sino por un tema personal.
En el sitio un camión torton les cerró el paso para facilitar que desde otros vehículos se pudiera disparar contra el mando policiaco: “Fuimos atacados con armas de grueso calibre, repelimos la agresión y los delincuentes huyeron del sitio”, informó de propia voz Solorio Aréchiga, quien además confirmó que ya había recibido amenazas de muerte que éste y el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, atribuyen al actuar de la policía estatal en Zacoalco.
Sobre la emboscada de quien también comanda a la FUJ, Luis Carlos Nájera informó que se investiga al interior de la Fiscalía porque la manera en que se dieron los hechos indica que los delincuentes tenían conocimiento de los movimientos del comisionado: “No nos rajamos, no nos echamos para atrás, aunque aprovechen la traición, las ventajas que les da el anonimato”. Alrededor de estos hechos no se detuvo a ninguna persona.
Asesinan a regidor de Tlaquepaque
28 de marzo: Feliciano García Fierro, regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Tlaquepaque, fue asesinado por un grupo de hombres armados que llegó hasta las oficinas de la empresa de transporte público “Servicios y Transporte”, la cual éste comandaba a la par de sus actividades como funcionario público.
Siendo las 13 horas de ese día y en plena reunión con personal de la ruta 275-B, éste y su hijo fueron víctimas de una agresión que, según afirma la Fiscalía General, podría provenir del crimen organizado. Sin precisar más detalles, Luis Carlos Nájera afirmó que esto podía deducirse por el modus operandis en que se dieron los hechos y el tipo de armas utilizadas.
Desde que la actual administración estatal está al mando han sido asesinados en Jalisco 87 servidores públicos, 68 de ellos han muerto por el uso de armas de fuego. Alrededor de sus muertes existe poca información y en muchos casos se afirmó que el crimen organizado estaba detrás de ellos; sin embargo, no se han presentado ni las pruebas ni a los culpables.
Colofón
¿Después de todo esto se puede decir que no hay por qué alarmarse? ¿Hasta qué niveles ha llegado el crimen organizado que es capaz de perpetrar estos hechos? ¿Será que, como dice el Fiscal General, el riesgo que ahora tenemos es salir a la calle en un mal día? ¿Y la seguridad que tendrían que brindarnos en este estado de bienestar?
