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Octubre en Jalisco: La rampante impunidad

Octubre en Jalisco: La rampante impunidad Darwin Franco

El hijo del Secretario de Gobierno se ve involucrado en una riña donde pierda la vida un joven y ni siquiera se le cita a declarar siendo que éste tiene en su contra una demanda penal por agresiones. El gobierno asegura que trabaja para localizar a todos los desaparecidos y, sin embargo, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) abandona las mesas de trabajo con el gobierno porque éste no busca a sus seres queridos.

Las poderosas influencias

Sus amigos lo conocen como “La Parca”, apodo que se ha ganado por su carácter temperamental y por la manera en que utiliza la posición de poder de su padre para amedrentar a otros jóvenes. Su nombre es Roberto López Rivera y es hijo del actual Secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.

López Rivera en este año se ha visto involucrado en dos actos de agresión. El primero sucedió el pasado 24 de abril cuando en un restaurante arremetió con pistola en mano contra Sergio Miguel Martín Castellanos, de 20 años. La agresión sucedió en un restaurante del municipio de Zapopan porque a López Rivera no le pareció que Sergio Miguel ayudara a su ex novia, así que en el baño del dicho restaurante lo golpeó, encañonó y amenazó.

Estos hechos generaron que la familia de Sergio Miguel presentara una denuncia penal en contra del hijo del Secretario General de Gobierno. La denuncia fue ratificada el 19 de junio por la familia de Sergio Miguel, ellos afirman que desde ese día han recibido amenazas. Sin embargo, Patricia Castellanos, madre de Sergio Miguel, no ha dejado de exigir justicia y ha pedido a las personas que pierdan el miedo y denuncien los abusos de poder.

Seis meses después de estas agresiones, Roberto López Rivera se vio involucrado en un segundo incidente dentro del bar Cocos Locos, ubicado también en el municipio de Zapopan. En estos hechos murió Luis Iván Murillo Vargas, de 21 años, quien supuestamente era amigo de López de Rivera. Murillo Vargas  fue asesinado a balazos por Brandon Ortega Velarde, 18 años, y Cristian Eduardo Rodríguez Zamora, 19 años. Ambos fueron detenidos y consignados por homicidio por la Fiscalía General de Jalisco.

Cuando se comenzó a vincular a López Rivera en estos hechos fue el propio Fiscal General, Eduardo Almaguer, quien salió a desmentir que el hijo del Secretario General de Gobierno estuviese involucrado en el homicidio e, incluso, dijo que López Rivera ni siquiera se encontraba en el lugar. Los videos del bar dados a conocer por Mural confirmaron que al momento del homicidio de Murillo Vargas, el hijo de Roberto López Lara sí estaba presente.

Ante tal evidencia, el Secretario General de Gobierno no tuvo más que aceptar públicamente que, en efecto, su hijo sí estaba ahí pero que éste se alejó cuando escuchó los disparos y que en esta ocasión éste se encontraba sin su escolta. Por ello, no hubo necesidad de que la Fiscalía lo citara a declarar.

Quizá también esta vez, como cuando se hizo pública la denuncia en contra de su hijo por agresiones e intimidaciones, el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, sólo reprendió a su hijo “como todo padre debe hacerlo”. Lo reprendió de palabra pero en acciones ha obstaculizado el actuar de la Fiscalía General de Jalisco, la cual a cuenta gotas ha avanzado para esclarecer y castigar a Roberto López Rivera por las agresiones que cometiera en contra de Sergio Miguel Martín Castellanos. Impunidad rampante.

Abandona FUNDEJ mesas de trabajo sobre desaparecidos

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) abandonó el pasado 9 de octubre las mesas de trabajo con el Gobierno de Jalisco porque ninguna de las más de 300 familias que integran este colectivo ha obtenido un resultado positivo respecto a la búsqueda e investigación que supuestamente realiza la Fiscalía General de sus seres queridos, así lo informaron a través de un comunicado donde enfatizaron que de parte del gobernador, Aristóteles Sandoval, no ha existido un real interés por resolver lo que consideran es el problema más importante para su administración.

En Jalisco, desde el año 2006 hasta el 31 de septiembre de 2015 han desaparecido 3 mil 215 personas. El 60% de estas desapariciones sucedieron bajo la administración Aristóteles Sandoval, quien continuamente ha declarado que este problema es una herencia de pasadas administraciones. Esto, quizá, explica por qué su palabra fue perdiendo valor en cada una de las cinco mesas de trabajo que FUNDEJ sostuvo con funcionarios de su gobierno, pues en ninguna de ellas se hizo cumplir la promesa que Aristóteles Sandoval hizo a las madres de los desaparecidos: “encontrar a sus hijos”.

El inicio de las mesas de trabajo que FUNDEJ tuvo con el Gobierno de Jalisco se originó el pasado 18 de marzo cuando este colectivo solicitó por escrito una reunión con el gobernador para exigirle solución a sus ocho demandas:

  • Entrega de los expedientes que contienen sus investigaciones
  • Realización de prueba de ADN a todos los familiares de desaparecidos
  • Renovación del personal de la Agencia del Ministerio Público 12/C,
  • Búsqueda inmediata ante cualquier desaparición
  • Correcta aplicación de la Alerta Ámber
  • Que el registro estatal de desaparecidos sea público
  • Realización de acuerdos con las compañías telefónicas para acceder a la sabana de las últimas llamadas del número del desaparecido
  • Alto a la victimización de las familias de los desaparecidos de parte del personal de la Fiscalía General

Sin embargo, la reunión con el mandatario jalisciense no sucedió hasta 59 días después, ya que fue el 15 de mayo cuando éste no sólo recibió a la peticionaria FUNDEJ sino también a otras organizaciones como Carriolas Vacías, Fundación FIND y Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C., las cuales acudieron al llamado del gobernador para hacer una “verdadera cruzada por los desaparecidos de Jalisco”; no obstante, lo que siempre se comentó en las mesas de trabajo no fueron las necesidades o propuestas de estas otras organizaciones sino las ocho demandas que presentó FUNDEJ.

En esa primera reunión, el gobernador Aristóteles Sandoval instruyó la creación de mesas de trabajo donde deberían de acudir los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Jalisco, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas (SEAV), el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la encargada de la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones; así como el delegado estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Juan Francisco García, quien acudió a petición de FUNDEJ. La CEAV fue el único organismo federal que participó en este ejercicio, el gobernador –a diferencia de lo que ocurrió con otros estados que realizaron mesas de trabajo similares- jamás realizó una invitación para participar a las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. 

Cinco mesas de trabajo se realizaron entre el gobierno de Jalisco y FUNDEJ; sin embargo, para este colectivo ninguna de sus ocho demandas se cumplieron a cabalidad: “por la falta de interés que existe de parte del Gobierno de Jalisco para buscar no sólo a los desaparecidos de FUNDEJ sino también a todos los desaparecidos del estado, pues desde que nos sentamos a trabajar con el gobierno desaparecieron 341 jaliscienses más”, explicó este colectivo conformado por familiares de desaparecidos de todo el estado.

A pesar de que el Secretario de Gobierno, Roberto López Lara, afirmara el 22 de junio, en sus redes sociales que, al menos, siete de las ocho demandas de FUNDEJ estaban resueltas, la realidad de cada una de estas familias está muy distante de los dichos de este funcionario, ya que tras la revisión de los casos más de 300 casos que integran se concluyó que:

  • No todas las familias de FUNDEJ tienen acceso a las copias de su expediente.
  • No todas las familias tienen los resultados de sus exámenes de ADN.
  • La Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, no cuenta con el número de ministerios públicos y policías investigadores suficientes para afrontar la gravedad del problema de las desapariciones.
  • No se tienen resultados claros del trabajo realizado por la Unidad de Búsqueda Rápida que se creó para dar cuenta de los casos recientes y antiguos.
  • La Alerta Ámber Jalisco no se ha vuelto una herramienta de ayuda ni de búsqueda inmediata porque no todas las desapariciones de menores de edad ameritan la activación de dicha Alerta.
  • No todas las familias de FUNDEJ tienen acceso a la sábana de llamadas de los teléfonos de sus desaparecidos como tampoco a las cámaras de video-vigilancia del lugar donde ocurrió la desaparición.
  • La Fiscalía General no ha hecho pública la información de desapariciones en Jalisco por género, mes, año, municipio y delegación desde 2006 a la fecha.

 “Que nosotros dejemos estas mesas de trabajo no significa que el gobierno no tenga la obligación de seguir buscando a todos los más de 3 mil 215 desaparecidos que tenemos en Jalisco. La investigación, búsqueda y localización de todos ellos seguirá siendo obligación del gobierno de Aristóteles Sandoval y de la Fiscalía General que ahora encabeza Eduardo Almaguer”, explicó FUNDEJ en su comunicado, ya que para las familias era vital decir que su retiro de las mesas no exime al Gobierno de Jalisco de cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos, de castigar a los culpables y de generar las medidas para evitar que las desapariciones sigan sucediendo. En 2015 han desaparecido tres personas por día.

Reacomodo de la plaza, incremento de violencia

Todos lo conocían como “El Dany Quintero”, el cual era dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación fungía como el jefe de plaza en Guadalajara. Su centro de operaciones se ubicada en las inmediaciones del tradicional mercado de San Juan de Dios y desde ahí extendía su dominio a través de nueve zonas que le servían para distribuir el trasiego y la venta de todo tipo de droga. “El Dany” era el jefe y la autoridad lo sabía.

Su captura, no obstante, no sucedió en Jalisco sino en las paradisíacas playas de Quintana Roo donde éste fue capturado el pasado 13 de octubre en un operativo implementado por el Ejército mexicano, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la Policía Federal. “Dany Quintero” formaba parte de los 122 criminales más buscados por el gobierno

Desde su captura, se incrementó considerablemente los homicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara al alcanzar 72, la cifra mensual más alta en lo que va del año. Estos homicidios representaron el 70% de todos los homicidios cometidos en todo Jalisco. La Fiscalía General, la cual no supo nada del operativo para detener a “El Dany”, dijo que todo estaba bajo control. Para ellos, la violencia es ya algo normal.

 

 

 

 

 

Información adicional

  • Por: : Darwin Franco
  • Fecha: 5 de noviembre de 2015

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