Jalisco, donde aparentemente no pasa nada, fue incluido entre los cuatro estados que recibirán atención especial en materia de seguridad como parte de las “10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México” que anunció el Gobierno Federal, el pasado 27 de noviembre.
De manera inmediata, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval dijo que no hay porque preocuparse ya que aquí, a diferencia de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, las medidas serían “preventivas no correctivas”, pues desde su percepción vivimos en un estado de gracia y paz. Sin embargo, el mandatario olvidó (quizá lo ignora) que Jalisco es el segundo estado con más desaparecidos en México y que en lo que van de su mandato (del 01/03/13 al 30/11/14) han sido asesinadas dos mil 155 personas, de las cuales mil 318 murieron a causa de un arma de fuego. También dejó de mencionar que en noviembre del 2013 fueron localizados 74 cuerpos en 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca y de las cuales su administración ha mantenido un absoluto silencio.
Quienes no olvidaron esto fueron los ciudadanos de Jalisco quienes, nuevamente, tomaron las calles para recordarle al mandatario la crisis de inseguridad que vivimos y para exigirle asuma con seriedad tanto el tema de las desapariciones como las agresiones e intimidaciones que la Fuerza Única Jalisco, su policía de elite, ha cometido en contra de quienes supuestamente deben que proteger. Así fue noviembre del 2014 en Jalisco.
Fosas clandestinas de La Barca: Un año de silencio e impunidad
Los reflectores están colocados en Iguala, en sus fosas y en los 43 normalistas que nos faltan a todos, pero aquí en Jalisco desde hace un año no tenemos noticia alguna de la identidad de los 74 cuerpos que fueron exhumados en 37 fosas clandestinas localizadas en el municipio de La Barca entre noviembre del 2013 y enero del 2014.
Sí, leyó Usted bien: 74 cuerpos. Cuerpos que fueron enterrados en las orillas del río Lerma y detrás de los sembradíos de maíz que hacen difusos los límites entre Jalisco y Michoacán. El municipio de La Barca, ubicada en la región de la ciénega, es conocido por ser líder en la producción de maíz en México, pero también por el silencio de sus fosas.
Nadie sabía de la existencia de estas fosas aunque sí se sabía que siguiendo la calle de Los Leones podría ingresarse al mismo infierno, pues ahí entre los maizales, en el predio conocido como El Rincón, se veían ingresar a camionetas con hombres armados seguidos de patrullas municipales que llevaban a varios hombres en su parte trasera y, al cabo de unas horas, se les veía salir sin ellos: ¿Quiénes eran? ¿Por qué los enterraron ahí?
Todo inició el 7 de noviembre de 2013 cuando se montó un operativo para localizar a los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago. Estos agentes se reportaron como desaparecidos en la frontera entre Jalisco y Michoacán, desde el 3 de noviembre. Buscándolos a ellos, encontraron a 74.
El operativo de búsqueda se incrementó cuando en el kilómetro 4 de carretera Sahuayo-Vista Hermosa, en la comunidad de Briseñas, se encontró calcinada la camioneta de los agentes. A partir de esto, se detuvo a 25 personas, entre ellos 22 policías del municipio de Vista Hermosa (Michoacán). De las indagatorias y confesiones, se supo que en los límites entre Jalisco y Michoacán existían diversas fosas clandestinas usadas, presuntamente, por integrantes del Cártel Jalisco NuevaGeneración o miembros de Los Caballeros Templarios.
Estos datos no han sido corroborados ni por la PGR ni por la Fiscalía de Jalisco, pues ésta última institución aún insiste en que en Jalisco no los mataron: sólo los enterraron.
Semanas después, el 21 de noviembre, personal de la Policía Federal Ministerial, la milicia, policías municipales de ambos estados y peritos forenses de Jalisco montaron un operativo en un terreno amplio ubicado en la carretera que une a La Barca con Briseñas, sitio donde comenzó el horror que derivó en la exhumación de 67 cuerpos. 67 vidas.
Al conocerse las dimensiones de la tragedia y al irse multiplicando el número de fosas, la PGR (instancia que atrajo el caso y tiene a su cargo las pesquisas) decidió suspender el operativo a principios de diciembre. Sin embargo, éste se reinició de manera sorpresiva el 16 de enero exhumando siete cuerpos más. Dejando la tragedia en 74 cuerpos.
Las pesquisas sostienen que las víctimas posiblemente podrían pertenecer o ser bajas colaterales de la disputa que mantiene por la plaza el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios. No obstante, no se han presentado las pruebas que corroboren el dicho de la autoridad.
De estas 74 personas, a la fecha, no sabemos nada, salvo que ninguno de sus cuerpos pertenece a los elementos desaparecidos de la PGR, También nos ha informado, vía solicitudes de transparencia (Oficio: SJAI/DGAJ/09227/2014), que sólo se ha confirmado la identidad de 10 cuerpos e, incluso, seis de éstos ya fueron entregados a sus familiares.
Al resto de los cuerpos (64), que aún permanecen en las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal, ya se les practicó un perfil genético que arrojó que 58 de ellos son de hombres y seis de mujeres. Sin embargo, se desconoce quiénes son estas 64 personas.
Las autoridades han sido muy sigilosas y han optado por dar a cuenta gotas la información sobre las fosas localizadas en La Barca, tan precavidas han sido que se negaron a informar la identidad de los diez cuerpos identificados.
El operativo de búsqueda terminó desde enero de este año. Se sospecha que en el lugar podrían localizarse más fosas; sin embargo, todo trabajo ha sido suspendido. Hoy es fecha que no se tienen a personas detenidas o consignadas por la muerte de estas 74 personas.
FUJ: Represión y tortura policial
En tan sólo un mes, 18 elementos de diversas corporaciones policiacas del estado han sido consignados por abuso de autoridad, extorsión, robo calificado, lesiones, intimidación y tortura. Entre estos elementos destaca la aprehensión de 10 integrantes de la Fuerza Única Jalisco (FUJ), cuerpo de elite integrado por los mejores policías del estado.
Desde su cuestionada creación tanto el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, como el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, han defendido a su plan maestro de seguridad estatal; sin embargo, esta verdad ha comenzado a derrumbarse por la manera arbitraria en que los integrantes de la FUJ practican sus funciones de seguridad.
En algunos casos que, ya fueron documentados y que derivaron en la detención de los agentes, se supo que sin mayores motivos integrantes de la FUJ detuvieron a un menor de edad que bajó de un vehículo para realizar unas compras. Quien lo acompañaba al ver la detención arbitraria siguió a las patrullas y sufrió el mismo destino: golpes, tortura e intimidación. A ambos los trasladaron a otro lugar (no a una comandancia) para extorsionarlos, pues si no daban dinero serían asesinados o se les fincarían cargos para permanecer presos mucho tiempo (El Informador, 22/11/14).
Otra agresión sucedió dentro de una casa particular que comparte espacio con un negocio de llantas. A este lugar llegaron los integrantes de la FUJ exigiendo se confesara una supuesta posesión de drogas y armas. En ese lugar no había nada; sin embargo, los policías amagaron, golpearon y torturaron a tres hombres. También los despojaron de pertenencias y dinero, y sin comprobarse ningún delito los trasladaron al penal de Puente Grande donde estuvieron presos 72 horas (Reporte Índigo, 06/11/14).
Desde la creación de la FUJ, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 54 quejas en contra de este organismo de seguridad al cual se le acusa, principalmente, de agresión, detenciones arbitrarias e intimidación. El comandante en jefe de la FUJ, Alejandro Solorio Aréchiga, incluso, ha asegurado que esas denuncias son ficticias y que es el crimen organizado el que, al ver el poderío del mando único, paga a la gente para que éstas presenten quejas en la Comisión. “Se sienten intimidados”, aseguró.
Los que sí se sintieron intimidados fueron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza quienes el 26 de noviembre en la carretera La Barca-Santa Rosa fueran retenidos por diversas patrullas de la FUJ. Los elementos de seguridad pública buscaron intimidarlos por el apoyo que los estudiantes brindaron a campesinos que bloquearon una caseta para protestan por los bajos precios del maíz. Los estudiantes de Atequiza, vía comunicado de prensa, denunciaron el constante acoso que han recibido por la policía al ser ellos quienes encabezan las protestas en Jalisco a favor de Ayotzinapa.
Las calles y su revolución son nuestras
¿Cómo se escucha la voz de diez mil personas cuando deciden contar juntas del 1 hasta el 43?: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, JUSTICIA!
Este conteo de dignidad se escuchó una y otra vez en los diversos colectivos que integraron una multitudinaria marcha (de las más grandes en la historia de Guadalajara) en apoyo a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los cuales nos fueron arrebatos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando policías de ese municipio y del vecino, Cocula, los entregaron a integrantes del Cártel de Guerreros Unidos. Las autoridades, aunque cansadas, insistieron en que posiblemente éstos ya fueron asesinados.
Eso, sin embargo, no es lo que piensan los más de diez mil jaliscienses que tomaron las calles el 20 de noviembre al grito unísono de: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
La marcha que realizó un recorrido por las avenidas Juárez y Alcalde estuvo integrada por diversos colectivos estudiantiles y ciudadanos que unieron sus voces para denunciar que aquí en Jalisco también hay miles de desaparecidos (2 mil 300 según la cifras oficiales); por ello, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco distribuyó 140 fotos con sus rostros para que no se olvide que somos el segundo estado con más desaparecidos.
Pero también somos uno de los estados con mayor número de feminicidios en el país, así lo recordaron en la marcha las integrantes del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, quienes levantaron la voz para precisar que: Los crímenes contra mujeres también son crímenes de estado. En lo que va de la actual administración, han sido asesinadas 225 mujeres. 104 de ellas con arma de fuego.
Quienes comandaban la marcha eran los normalistas de Atequiza. Ellos, durante los 2.9 kilómetros que duró la marcha cargaron tres ataúdes que representaban el duelo que tienen por la muerte de Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava, la cual sucedió el mismo día en que desaparecieron sus 43 compañeros.
En el mitin uno de los oradores de Atequiza tomó el micrófono ofreció uno de los momentos más significativos de la marcha: “Nos duele lo que está pasando porque muchos de los desaparecidos eran nuestros amigos… nos duele saber que sus padres y hermanos lloran por encontrarlos (…) compañeros me duele México por la porquería en que se está convirtiendo y los gobernadores que están haciendo…”, sin concluir la idea y de manera coincidente (no por coincidencia) los miles que tomaron la avenida Alcalde comenzaron a gritar: ¡Revolución, revolución, revolución! Al tiempo que las campanas del Santuario (templo ubicado frente al Palacio Federal donde acabó el mitin) comenzaron a sonar como replicando el grito revolucionario que, por un momento, erizó la piel de todos.
El miedo al silencio y al olvido.
Camisetas blancas. Retratos en blanco y negro sobre el pecho. Miradas presentes, pero singularmente ausentes. Así se presentaron los familiares de los estudiantes normalistas en su paso por Guadalajara y como parte de la Caravana que recorrió el país para desmentir los dichos oficiales y para exigir justicia para los tres estudiantes asesinados y los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Una de las primeras en hablar frente a la prensa fue Bertha, madre de Julio César Ramírez Nava, quien muriera a causa de los disparos de la policía municipal de Iguala. Ella era la única que portaba a color la foto de su hijo sobre su pecho, ella terriblemente ya lo tenía, sin embargo, eso no calma su indignación ni la búsqueda de vida y justicia que emprendió con el resto de los padres: “Nuestra prioridad es encontrar a los muchachos con vida… yo mamá de Julio César puedo decir que ya tuve a mi muchacho, pero ellos (mirando al resto) no los tienen y por eso no vamos a descansar hasta que los entreguen”, mencionó.
En rueda de prensa celebrada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, los padres insistieron en que no tomarán como ciertas las explicaciones dadas a conocer por la Procuraduría General de la República porque no aceptan la supuesta muerte de sus hijos y, menos aún, cuando no existen las pruebas científicas que así lo testifiquen. Su tarea, aseguran, es evidenciar a este “gobierno que solo sabe darnos muerte”, como precisó Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes sobrevivientes y hombre valiente que encaró a Peña Nieto. Felipe, quien también es el vocero del Comité de Padres los desaparecidos, aseguró que su mayor temor no está en el gobierno sino: “en el silencio de la gente, su silencio nos aterra”.
Luego de la conferencia de prensa, los padres tuvieron un emotivo encuentro con la comunidad estudiantil y los familiares de los desaparecidos de Jalisco. Al terminar esto marcharon hacia el centro de la ciudad donde dieron un mitin y prendieron fuego a 43 antorchas que iluminaron el centro de Guadalajara bajo el lema de: ¡No están solos!
Colofón
En la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el 29 de noviembre, la protesta por la desaparición de los 43 normalistas fue de corbata y de discursos armados pero no sentidos. Muchos de los presentes, montados en el vacío #TodosSomosAyotzinapa pronunciado por Peña Nieto, encontraron su excusa política.
Al menos la comunidad político-intelectual que pasea por la FIL ahora no hizo mutis como cuando poco antes de inaugurar la Feria se encontraron los cuerpos de 26 personas debajo de los Arcos del Milenio (2011), como cuando fuera del mismo recinto la policía golpeó de manera violenta a jóvenes que se manifestaban por la toma de posesión de Peña Nieto (2012) o como cuando la Caravana de Madres Centroamericanas acudieron a la explanada de la FIL para mostrar la foto de sus hijos pero fueron rápidamente acordonadas por elementos de seguridad (2013). En 2014, escritores como Paco Ignacio Taibo, Juan Villoro, Armando Vega Gil y Benito Taibo rompieron el silencio y la distancia mostrada Ferias atrás y acompañaron la marcha a favor de Ayotzinapa que salió de la FIL, el 1 de diciembre. La crítica de las letras se cruzó, al menos por un momento, con la indignación de las calles.
